En medio de las investigaciones judiciales por sus vinculaciones con los Panamá Papers y del proyecto de blanqueo de capitales, el presidente Mauricio Macri insiste en convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal. La nueva maniobra fue colar esta iniciativa en el proyecto de traspaso de la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires. Allí, en su artículo 2, propone incluir a en las transferencias a la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo cuya función es registrar y fiscalizar las sociedades tanto nacionales como extranjeras. La estrategia incluye irregularidades en la tramitación de la causa judicial donde la actual procuradora Alejandra Gils Carbó logró frenar esta iniciativa cuando Macri era jefe de gobierno porteño.
El nuevo proyecto, que ingresó al Senado el 1 de junio, busca modificar el artículo 10 de la ley 24.588, norma que garantiza los derechos del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Ese artículo establece: “El Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia continuarán en jurisdicción del Estado Nacional”. Con las firmas del Ministro de Justicia Germán Garavano y el Jefe de Gabinete Marcos Peña, el proyecto plantea transferir ambos registros a la ciudad “sin perjuicio de las competencias y la información de carácter federal que deban permanecer en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”. Justamente, en el caso de la IGJ, es competencia del Estado Nacional para que los controles sobre sociedades sean efectivos, amén de que el proyecto ni siquiera aclara quien se quedaría con esas facultades. Con su traspaso a la ciudad, Macri busca retomar lo que ya intentó como jefe de Gobierno porteño: desregular los controles a sociedades extranjeras y convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal, tal como adelantó Artepolítica. Esta reincidencia no es casual, ya que la IGJ es un lugar clave para cualquier proyecto empresarial. Tampoco es casual que su presidente, Sergio Brodsky, sea cercano a Daniel Angelici, delfín de Macri en su terruño boquense y de fuerte influencia en sectores del Poder Judicial.
En 2008, cuando era jefe de Gobierno, Macri logró la sanción de la ley 2.875 que creaba un “Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas” con competencias en la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el registro y control de las sociedades extranjeras. Así, duplicaba las funciones de la IGJ y pretendía que las sociedades pudieran optar en que organismo inscribirse. La clave estaba en que el organismo porteño tendría requisitos y controles más opacos y laxos que el nacional. El 2 de febrero de 2009, la entonces Fiscal General General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gils Carbó presentó una medida cautelar ya que esta ley infringía varias normas, incluida la Constitución. En cuanto al registro paralelo, Gils Carbó alertó: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”. A su vez, la fiscal insistió en los beneficios que podían obtener sociedades extranjeras con esta idea de Macri: “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”.
En 2003, la IGJ había creado un nuevo “Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero” para mejorar el control sobre operaciones de fraude impositivo en las que se utilizan sociedades offshore. En su presentación, Gils Carbó relata: “Hasta entonces, era una práctica tolerada que un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultara sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. También es el sistema que se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada. (…) esta clase de sociedades pantalla permite ocultar al verdadero titular del patrimonio gracias a un régimen de confidencialidad ofrecido por los centros offshore”. En definitiva, Macri no solo pretendía quitarle la función a la IGJ, sino permitir que las sociedades extranjeras evitaran este registro.
En cuanto a la Constitución, Gils Carbó afirmó que la ley 2.875 incumple los artículos 31 y 129 de la Constitución (al sobrepasar las facultades de la ciudad), así como ignora las leyes nacionales 22.315, que establece competencias de la IGJ, y 24.558, que garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Esta última ley es la que ahora pretende modificar Macri de forma subrepticia en al proyecto sobre traspaso de la Justicia Nacional a la órbita porteña.
La estrategia también tiene su pata judicial. El 23 de febredo de 2016, al poco tiempo de que Macri asumiera la presidencia, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez anuló la cautelar que bloqueaba la posibilidad de convertir a Buenos Aires en un paraíso fiscal. El 3 de marzo la nueva fiscal de la causa, Gabriela Boquín, apeló. El Fiscal General Contencioso Administrativo hizo lo propio el 29 del mismo mes. Ante esto, la jueza subrogante Marra Giménez tenía 5 días para elevar la causa a la Cámara, pero el mismo día que se cumplía ese plazo el gobierno porteño presentó un pedido de levantamiento de la cautelar. O sea, el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió con la iniciativa de Macri de que Buenos Aires pueda convertirse en paraíso fiscal. La jueza subrogante Marra Giménez le dió lugar a este pedido, con el objetivo de demorar la causa original y abrir la posibilidad de resolver en otro expediente paralelo. Mientras, avanza con el proyecto legislativo de traspasar la IGJ a la ciudad. Un juego de pinzas.
La fiscal Boquín rechazó esta jugada de la jueza subrogante Marra Giménez, a quien recusó, y volvió a alertar: “Sigue vigente la cuestión de la grave inseguridad jurídica que acarrearía la doble registración, a lo que se ha sumado la pretensión de control de sociedades comerciales- incluidas las extranjeras -que hoy en su categoría de off shore conmocionan a la opinión pública”. La fiscal Boquín denuncia además que, por un lado, el Estado Nacional fue notificado del estado de la causa pero el nuevo gobierno guardó silencio. Y, por el otro, que la IGJ ni siquiera fue notificada de la resolución que le quita competencias que tiene por ley.
La cuestión, ahora, se juega a dos bandas: la judicial, donde Macri aún puede lograr una resolución favorable de la ley porteña que habilita que la ciudad sea un paraíso fiscal; y la parlamentaria, que intenta traspasar la IGJ directamente a la ciudad.
