La política de aumentos del precio del gas está fundamentada en el siguiente argumento (resumido en una línea): la tarifa anterior no alcanzaba a cubrir el costo de producción real y ese saldo lo cubría el Estado vía subsidios.
Independientemente de la letra chica, el argumento funcionó y funciona. Sin embargo, la cuestión no acaba ahí y el devenir de la implementación del aumento así lo demuestra. En un programa de televisión, un economista lo describía: “el gobierno tenía el arco vacío y le pegó afuera”. Quería decir: tenía la convicción de hacerlo y, más difícil, el terreno social fértil para ejecutarlo. Cualquier encuesta arrojaría hoy un índice alto de “se pagaba poco”. Lo único que restaba era empujar la pelota al arco. Es cierto que la metáfora del arco distorsiona un poco el verdadero proceso, en especial cuando se trata de establecer algo tan difuso como un precio justo” a un bien o servicio. Si antes se “pagaba poco”, ¿cuánto era pagar “lo justo”? Quizás había tantas respuestas a eso como usuarios de gas.
Una lectura podría ser, entonces, que el Gobierno erró el tiro porque no supo calibrar la fuerza, porque aumento “de más”. Pero otra lectura podría ser que no erró tanto la fuerza como la dirección del tiro: que no sólo fue importante el cuánto del aumento sino que en el medio se cambió el para qué (y que ambas variables se sobredeterminan todo el tiempo).
El resultado concreto del aumento del gas, sea cual termine siendo en términos nominales, no fue una reducción significativa del déficit que le provocaba al estado. De hecho, el estado se apropia apenas de un tercio del aumento a usuarios privados, comerciales e industriales, según un informe del Estudio Bein. Los dos tercios restantes fueron una transferencia directa del usuario a la empresa. Tomando el primer aumento anunciado, de los 3.500 millones de dólares “nuevos” que iban a pagar los usuarios, 2.000 iban directo del usuario a la empresa y sólo el tercio restante a “terminar con la fiesta”.
Roberto Aguirre, del diario de Río Negro, hacía un cálculo similar: “de ese monto sólo 1.100 millones serán en subsidios, mientras que el resto es por la baja del precio del precio de importación. Esos 1.100 millones representan una rebaja de 0,2 puntos en el déficit fiscal del 7,3 del PBI que aduce el gobierno nacional como ´pesada herencia´”. Sin entrar en detalle, a ese cálculo habría que sumarle la heterodoxa forma en la que el gobierno llegó a decir que se encontró con un 7,3 de déficit.
“Alguien, en el momento del disparo, le tocó la mano al llanero solitario”, describió el informe Bein. Si el objetivo declamado era “terminar con la fiesta”, en el camino algo lo distorsionó hasta que el resultado final se transformó en reconstruir la rentabilidad de las empresas del sector.
Claudio Scaletta sostiene que uno de los puntos claves está en el establecimiento del nuevo precio para el gas en boca de pozo: “las petroleras ya recibían 7,5 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) por el ´gas nuevo´, un estímulo para promover la producción y sustituir importaciones. El problema fue el nuevo valor establecido para el ´gas viejo´, el que ya se producía, y que fue llevado de 2,6 dólares por millón de BTU – valor por encima de la cotización de referencia internacional, el Henry Hub, que hoy ronda los 2 dólares el millón de BTU – a 5 dólares, bastante más que el nuevo valor de importación de Bolivia de 3 dólares y similar al de regasificación”. ¿Habrá sido ese reclamo el que le movió la mano al llanero solitario?
El segundo tiempo de la política pública fue la administración de sus efectos. Previo a la última corrección de esta semana, si el incremento residencial promedio en el país fue de 200%, en la Patagonia, según el Centro de Estudios Patagonia, llegó a 540% de promedio. Para comercios e industrias, aún peor: 700% en el país y 1250% para la Patagonia. Las reacciones terminaron con la ya famosa reunión entre gobernadores y los ministros del Interior y Energía y las posteriores modificaciones, que seguramente no hayan puesto un punto final sino, apenas, un paréntesis.
El “retroceso” en la medida puso en evidencia una cuestión natural para una política pública. La diputada Graciela Camaño se preguntaba en un programa de televisión: ¿“por qué 400% y no 300 o, incluso, por qué no 1000%?” No era una pregunta inocente: buscaba evidenciar el carácter naturalmente político de una decisión que lejos estaba de ser, tal como fue argumentada, meramente técnica.
Acercarle la lupa al proceso de implementación de una política pública a veces puede decir más sobre la naturaleza de un gobierno que enumerar las políticas que continúa o discontinúa. En este caso: presentar un aumento en una tarifa como una necesidad del estado de distribuir mejor los costos de ese gasto podría ser considerada, así enunciada, una medida de carácter progresista.
Ahora bien, si en la aplicación de esa política alguien le mueve la mano al llanero solitario y el disparo que iba “a redistribuir el costo” se convierte en un disparo para reconstruir la rentabilidad de las empresas, la lectura tiene que ser necesariamente otra. No se trata de una “victoria de la comunicación” que logró presentar un objetivo cuando “el verdadero” era otro, si no más bien la exposición natural (y más sana y más honesta) de que en la implementación de las políticas se juega también el carácter ideológico que todo gobierno tiene y del que este no es la excepción.
Y es en la mirada sobre ese proceso donde se puede desarticular el carácter “necesario” de una política pública (no necesario en cuanto a que “había que hacerlo” sino en cuanto a que no puede sino ser de ese modo). La esencia de la política es exactamente la contraria. Para ver en este caso cómo las pequeñas decisiones ideológicas moldean la política pública final: hay una apuesta concreta por recomponer los márgenes de rentabilidad sostenida en el presupuesto ideológico de que es la condición necesaria para que “se realicen las inversiones”. Eso no tiene “necesariamente” que ser así: es así por una decisión en el marco de otra serie de decisiones posibles, por mencionar sólo una: la que señala Aguirre acerca de atar los aumentos a un plan de inversión auditado por los organismos de regulación.
Toda esa suma de pequeñas decisiones moldean la ideología de un gobierno y a la vez la explican: independientemente del orden de los factores, lo importante es que esa ideología lo describe. Acercando la lupa al proceso de implementación, a lo mejor, se puede ver quién le mueve la mano al llanero solitario.
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