Hace décadas que Estados Unidos ejecuta un plan sistemático de intervención en política interna de otros países a través del financiamiento de Fundaciones y ONGs. Entre otras tareas, estas organizaciones ponen en funcionamiento mecanismos de autolegitimación de sus aliados, como el caso del premio que recibió hace unas semanas Héctor Magnetto, hombre fuerte del Grupo Clarín, bajo el eufemismo de su aporte a la libertad de expresión. Se lo otorgó la fundación Freedom House, que se presenta como una organización no gubernamental en defensa de la libertad de expresión pero cuyos intereses, financistas y relaciones muestran que es una de tantas organizaciones bajo influencia del Departamento de Estado norteamericano. Esta estrategia intervencionista no sólo permanece sino que el propio Barack Obama le dio un fuerte impulso.
La puerta giratoria
Según Freedom House, “los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner apuntaron contra Clarín por sus críticas periodísticas. Convencido del rol central que tienen la libre expresión y el periodismo profesional en el fortalecimiento de la democracia, Magnetto mantuvo la independencia de Clarín y jugó un rol clave en la defensa de la libertad de prensa”. Lejos de estos argumentos ligados a la libertad de prensa, los vínculos de esta fundación y sus financistas muestran que el rol de Magnetto y del Grupo Clarin en esmerilar al gobierno kirchnerista y promover a Mauricio Macri a la presidencia esta muy ligado a los intereses norteamericanos en la región.
Magnetto recibió el premio de manos de Paula Dobriansky, ex subsecretaria para la Democracia y Asuntos Globales de Estados Unidos nombrada por George Bush hijo y miembro de la junta directiva de Freedom House, un ejemplo del constante intercambio de funcionarios que pasan de la gestión pública a estas organizaciones y confirman sus vínculos.
En su discurso de agradecimiento, Magnetto afirmó que el kirchnerismo fue un “un proyecto político que buscó perseguir a la disidencia para concentrar poder”, lo caracterizó dentro de los autoritarismos que en “el nombre de la libertad de expresión atentan contra ella” y aseguró: “Nosotros tratamos de responder con más periodismo. Y gran parte de la sociedad argentina se sintió representara por él”. En estas palabras, Magnetto asume la partidización de Clarín.
“Le dijimos que no a la sumisión que se nos trató de imponer y enfrentamos un durísimo acoso económico y judicial”, aseguró Magnetto a pesar de que los propios balances de Clarín y el devenir judicial de las causas en las que está involucrado lo desmienten. En 2009, año de discusión y aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que Clarín presenta como persecutoria, el Grupo facturó 6.678 millones de pesos. En 2015, esa facturación trepó a 27.791 millones de pesos, o sea, se cuadruplicó. Las ganancias para 2009 fueron de 290 millones de pesos, en 2015 de 2.915 millones, o sea, diez veces más. El día que se sancionó la LSCA una acción de Clarín en la bolsa porteña valía 7,5 pesos. En marzo de 2016 estas alcanzaron su máximo histórico de 158 pesos la acción: 21 veces más. Extraño acoso económico. En el plano judicial, fue la Corte Suprema la que declaró la plena constitucionalidad de la LSCA, en la única causa con resultado desfavorable a Clarín que, a pesar de todo, nunca cumplió. Causas comerciales donde no acatan la resolución judicial, otras que lo vinculan a delitos financieros que no avanzan por complicidad judicial, la causa Papel Prensa empantanada en pericias contables cuando se trata de delitos de lesa humanidad, todas benefician al Grupo Clarin y sus accionistas, como Magnetto.
La pista del dinero
Los aportantes de Freedom House, la fundación que premió a Magnetto, dan cuenta de los intereses que representa. Esta fundación estableció un ranking de benefactores según cuanto aporten. La máxima categoría son los Freedom Trailblazer (“Pioneros de la Libertad”), que aportan de 250.000 dólares en adelante. El máximo no se aclara. En esta categoría figuran el Departamento de Estado Norteamericano, la U.S. Agency for International Development (USAID), los ministerios de asuntos exteriores de Holanda, Canadá y Noruega, junto a otras grandes fundaciones y empresas como Google. En la máxima categoría de financistas también figura Eileen Donahoe, embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, A estos les sigue la categoría Freedom Champion (“Campeón de la Libertad”), que aportan a partir de 100.000 dólares como la Fundación Ford. Un escalón más abajo están los Freedom Defender (“Defensores de la Libertad”), que contribuyen con 50.000 dólares o más. Entre los Defensores de la Libertad está la fundación de Paul Singer, administrador del fondo buitre NML Capital, así como Facebook, el magnate ruso Mikhail Khodorkovsky (encarcelado por varios delitos financieros e indultado por Vladimir Putin) y Open Society Foundation, del financista George Soros. Con aportes más modestos figuran el ex director del FMI Anoop Singh, la financiera Goldman Sachs, Yahoo, Twitter, AT&T, The Walt Disney Company, entre otros. En años anteriores figuraba Lockheed Martin, la mayor fabricante de armas del mundo y principal contratista de defensa del gobierno norteamericano. El espacio físico donde Magnetto recibió el premio, el museo dedicado al periodismo Newseum, tambien aporta a Freedom House.
El patio trasero
Estados Unidos tiene un juego a tras bandas para intervenir en la geopolítica mundial. Una es a través de organismos multilaterales, muchos de ellos producto de la postguerra mundial, con los acuerdos de Bretton Woods como punto de partida, y que son dominados por EEUU y sus aliados. La segunda es la intervención militar, como en el caso de Medio Oriente. La tercera, a través de lo que denominan apoyo a la sociedad civil. Si bien esta última es una estrategia que lleva décadas, la administración de Barack Obama la profundizó.
En septiembre de 2014, Obama anunció la inciativa Stand with Civil Society (Apoyar a la Sociedad Civil) con 3 ejes: uno, promover leyes, políticas y prácticas que fomenten un entorno favorable para la sociedad civil de acuerdo a normativas internacionales; dos, la coordinación de la presión en organismo multilaterales y por vía diplomática para eliminar restricciones a la sociedad civil; y tres, identificar formar innovadoras de proporcionar apoyo técnico, financiero y logístico para promover, en sus palabras, “una sociedad civil vibrante y trasparente”. El 23 de septiembre de 2014, Obama envió un Memorando a las máximas autoridades del Departamento de Estado, el Tesoro, las áreas de Defensa, Justicia, Agricultura, Comercio, trabajo, Salud y Derechos Humanos, Seguridad Nacional, la USAID, entre otras, con el título de “La profundización de los esfuerzos del gobierno EE.UU. para colaborar y fortalecer la sociedad civil”. Allí afirma que las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las Fundaciones y ONGs, tienen un rol fundamental en el impulso de modificaciones legales y en la discusión política de sus países, algo que efectivamente ocurre con muchas de ellas. Pero más adelante revela la interferencia de EEUU en otros países: “Para la conducción de la política exterior de EE.UU. es de interés nacional construir relaciones con la gente, así como con los gobiernos. Por lo tanto, las agencias involucradas en el extranjero deberán consultar con los representantes de la sociedad civil para explicar los puntos de vista de los EEUU en asuntos particulares, buscar sus puntos de vista, utilizar su experiencia y construir alianzas sólidas para hacer frente a desafíos conjuntos”. O sea, interferir en la política interna de otros países a través de la sociedad civil. El mismo día, Obama dio un discurso en la Clinton Global Initiative en Nueva York y afirmó: “Vamos a aumentar nuestro apoyo a grupos de la sociedad civil en todos los ámbitos (…) El Departamento del Tesoro va a terminar regulaciones para que sea más fácil y menos costoso para las fundaciones hacer concesiones en el extranjero”. En definitiva, allanarles el camino a fundaciones que reciben dinero del gobierno de EEUU y luego la canalizan a distintos lugares del mundo para influir en política interna en función de los intereses norteamericanos. En una confesión de la interferencia de EEUU en la política de otros países, Obama advirtió: “Cuando sus gobiernos quieran tratar de aprobar leyes opresivas, vamos a tratar de oponernos a ellos. Cuando intenten cortar su financiamiento, vamos a trata de darles una salvataje. Y cuando intenten silenciarlos, queremos amplificar sus voces”. El presidente de EEUU también dio la orden de resistir cualquier esfuerzo de gobiernos extranjeros en dictar la naturaleza de la asistencia de EEUU a la sociedad civil de sus países. En el comunicado de la oficina de prensa de la Casa Blanca el gobierno norteamericano afirmó que es el país que más dinero aportó a la sociedad civil en todo el mundo: 2,7 billones de dólares solo entre 2010 y 2014.
Estas “donaciones” no comenzaron con Obama. En su libro “¿Cómo se financian las ONG argentinas?”, Pablo Marsal aporta numerosos datos sobre el crecimiento de estas transferencias de dinero hacia América Latina. Entre 1990 y 1994 pasaron de 31,5 a 65,6 millones de dólares, más del doble. En el caso de la USAID, Marsal publica que pasó de 420 millones de dólares en 1997 a 565 millones en el 2000. Entre 1999 y 2001 las fundaciones de EEUU donaron a sus pares en Argentina unos 11 millones de dólares. Fueron 113 donaciones entre 22 fundaciones norteamericanas, pero la Fundación Ford y la Kellog Foundation concentraron el 70% de los aportes.
La NED 2015
Los aportes tanto del gobierno norteamericano como de sus fundaciones satélites inciden en la política interna de otros países en temas determinados, incluidas las elecciones. Esta interferencia fue denunciada, por ejemplo, por el gobierno de Evo Morales, que llegó a echar a la USAID de Bolivia.
Una de las organizaciones que también transfiere cuantiosas sumas por todo el mundo es la National Endowment for Democracy, más conocida como la NED. Esta fundación se presenta como una organización privada sin fines de lucro dedicada al apoyo de instituciones democráticas en más de 90 países. Lo cierto es que la NED fue creada en 1983 por el propio Congreso estadounidense, su directorio lo integran parlamentarios tanto demócratas como republicanos (junto a otros intelectuales o ex funcionarios) y la supervisa, entre otros, el Departamento de Estado.
Si bien la publicación de su financiamiento es la excepción entre las fundaciones y ONGs, la NED sí publica todos los años un informe donde constan sus aportes en cada país. En su informe del 2015, figuran varios aportes en Argentina.
Según la NED, en 2015 aportó 99.959 dólares a “Argentina Debates”. La ruta del dinero fue a través del Center for International Private Enterprise (CIPE), cuyo aliado local es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Si bien, tal como consta en el informe de la NED, el dinero fue destinado a actividades vinculadas a la preparación y discusión sobre el debate presidencial entre los candidatos, el sello Argentina Debate bajo el cuál se realizaron tenía por entonces la personería jurídica en trámite, por lo que su plataforma legal fue el propio CIPPEC. A su vez, la NED aportó fondos para la Fundación La Voz Pública, figura legal del portal Chequeado.com, justamente para el chequeo en vivo del debate presidencial organizado por Argentina Debate. Chequeado.com recibió dos aportes por 40.000 y 10.000 dólares, el primero para el proyecto Justiciapedia y el segundo para el chequeo en vivo del debate presidencial. En 2015, este portal también recibió dinero de la Embajada de Estados Unidos para un proyecto de medición de impacto en elecciones.
En 2015, el CIPPEC recibió otros 40.000 dólares, mientras que el CIPE también canalizó 126,001 dólares para actividades de la Fundación Libertad en las que se fomente el rol del sector privado en el diálogo con el gobierno, y a cuya cena anual asistió Macri recién asumido.
