La conferencia de prensa mañanera del “equipo económico” en la que se anunció un cambio en las metas de inflación que jamás iban a ser modificadas invita a poner sobre la mesa una serie de preguntas.
¿Por qué la gestión de Mauricio Macri no obtiene los resultados anunciados de su política económica? Con el respaldo electoral logrado, con el aval de los países desarrollados a la marcha de su gobierno y con las principales reformas propuestas consagradas en ley ¿cuáles son las resistencias que harían que no aparezcan los frutos del “plan”?
¿Podría decirse que la herencia es “demasiado” pesada? Se dice eso. ¿Podría decirse que los niveles salariales y de protección social son demasiado altos en la Argentina? Se dice también. ¿Podría decirse que hay demasiados sindicatos y regulaciones laborales y que eso tiene un impacto negativo en la competitividad argentina? Se dice, efectivamente. ¿Podría decirse que la Argentina arrastra “70 años de fracasos” y que entonces es muy difícil la tarea de nuestro Presidente? Se dice. Todo se dice desde el oficialismo.
Aún así ¿luce este como un momento de gran resistencia de los sectores populares a las políticas del jefe de Estado? ¿De exacerbación de la puja distributiva? ¿De enormes impedimentos políticos para una reestructuración de la relación entre el Estado y la sociedad? ¿Es esta “imposibilidad política” el palo en la rueda del equipo económico?
Algunas preguntas adicionales serían además: ¿No está logrando realmente sus objetivos el equipo económico? ¿Qué ocurre cuando hace un ademán en el que la “lucha contra la inflación” parece salir del primer plano? ¿Busca así más crecimiento o es que tiene otros o más objetivos?
Conviene volver a algunas lecturas sobre una época en la que no había prácticamente resistencias sociales a las políticas de reestructuración a favor de mecanismos de mercado como parte de un ejercicio que permita pensar aspectos de la situación actual.
Suele enseñar Eduardo Basualdo en sus clases que durante la última dictadura militar, en un contexto de terrorismo de Estado, sin sindicatos y fuerte regresión en la distribución del ingreso, la inflación se resistía a bajar ¿Y cómo era eso?
En un fragmento de uno de sus textos se lee:
Al encarar esta breve síntesis, es ineludible destacar que la Reforma Financiera de 1977 fue el primer paso hacia una modificación drástica de la estructura económico-social resultante de la sustitución de importaciones. Durante los primeros años (1977 y 1978) dicha reforma se articuló con dos sucesivas políticas de corte monetarista, orientadas –según la conducción económica– a controlar el proceso inflacionario, que implicaron sendos fracasos: la política monetaria ortodoxa (entre junio de 1977 y abril de 1978) sustentada en la contracción de la base monetaria, y aquella sustentada en eliminar las expectativas de inflación (entre mayo y diciembre de 1978).
Durante esos primeros años, la inflación expresó la pugna entre las distintas fracciones del capital por apropiarse del excedente que perdieron los asalariados desde el mismo golpe militar mediante la espectacular caída de sus salarios. Sin embargo, a partir de 1979 la dictadura militar encontró la clave para orientar hacia su base social la redistribución regresiva del ingreso en contra de los asalariados e introducir modificaciones estructurales que la volvieran irreversible. En efecto, entre ese año y 1981, a través del enfoque monetario de balanza de pagos, la Reforma Financiera convergió con una apertura externa discriminada en favor del bloque social dominante en el mercado de bienes y de capitales.
Vale la pena citar además a Jorge Schvarzer en una obra clásica sobre la política económica de Martínez de Hoz. Puede ser un poquito extenso para un blog, pero aprovechemos que estamos en enero, que todos nuestros sueños aún son posibles y que el fragmento incluye las palabras “restauración conservadora”:
En primer lugar, debemos señalar que no existieron intentos serios de organizar un mercado de capitales a largo plazo a través del cual se canalizaran los recursos de ahorro y se orientara la inversión. La política económica favoreció, casi exclusivamente y a costos muy elevados, la creación de un mercado de dinero de corto plazo y alta liquidez, mercado que operó como un factor permanente de inestabilidad del sistema económico. La nueva estructura incrementó el desequilibrio encontrado en la plaza en marzo de 1976, al tiempo que alentaba otros factores negativos como el mantenimiento de una alta inflación.
El desarrollo de este mercado fue acompañado por una permanente voluntad de destruir todas las barreras existentes para el movimiento, de capitales hacia y desde el exterior. En la primera etapa, se configuraron condiciones que hicieron sumamente rentable el ingreso de divisas a la plaza financiera local. De hecho, la mayor parte del «ahorro» registrado en el período -consistente en fondos a muy corto plazo en el mercado financiero con elevadas tasas de interés- se debe al ingreso de divisas que se incorporaban a la plaza convertidas en pesos. Los beneficios obtenidos por esa vía fueron muy grandes, tanto en términos absolutos como en comparación con el producto bruto del país. Puesto que la riqueza no se crea de la nada, ellos se generaban evidentemente gracias al proceso de redistribución del ingreso, que reducía los salarios liberando fondos para la especulación.
La combinación de estas dos estrategias -mercado de corto plazo y libertades para los movimientos de divisas- engendró condiciones particulares en la medida en que el Estado, a su vez, autolimitaba su función reguladora a favor de movimientos mas y mas espontáneos del dinero. El mercado perverso así creado fue adquiriendo una influencia cada vez mayor en el ámbito económico y social, que inevitablemente tuvo un correlato en el plano político. La creciente fluidez del movimiento del dinero hizo que, progresivamente, negara a tener una importancia decisiva la «confianza» que los agentes económicos podían tener en la continuidad y orientación de la política económica que se estaba llevando a cabo. El desequilibrio original del sistema tendió a aumentar, no a disminuir, por impulso de la política económica, hasta encontrarse en una situación prácticamente insostenible en su última etapa. A partir de determinado momento, la mera sospecha sobre un posible desplazamiento del equipo económico podía provocar el colapso de la economía argentina. La experiencia de fines de 1980 y comienzos de 1981, que se analiza más adelante, exime de mayores comentarios al respecto.
Se generó así una condición estructural -antes que de coyuntura- muy particular. Los grandes agentes económicos lograban elevados beneficios en la medida en que desplazaban sus actividades para aprovechar los sucesivos mecanismos financieros que, las autoridades económicas ponían en marcha. Estas autoridades, a su vez, iban autocercenando sus posibilidades de controlar el sistema, de modo que éste tendía a depender más y más de las decisiones de un sector privado que crecía en conjunción con el mercado financiero. En esas condiciones, la clave del mantenimiento de dichos beneficios consistía simultáneamente en la continuidad del desequilibrio, que se creaba y ampliaba constantemente, y en la continuidad de la política en vigor. Esta última condición operaba como un verdadero reaseguro de la permanencia del equipo económico desde el momento en que ese equipo era el único que lograba generar la confianza de los grandes factores privados de decisión.
La política económica avanzó sobre dos andariveles paralelos. Por uno de ellos ofrecía la posibilidad de realizar operaciones muy lucrativas a quienes orientaran su actividad de acuerdo con los estímulos brindados al mercado financiero. Por el otro, el propio crecimiento de ese mercado creaba las condiciones para la continuidad y firmeza de la política económica que se llevaba a cabo. El desequilibrio económico otorgaba fuerza política a quienes lo creaban, grandes beneficios a quienes lo aprovechaban y un poder cada vez mayor a los grupos privados que controlaban el mercado financiero.
Durante un tramo extenso de su gestión, Martínez de Hoz actuó como si condujera la economía argentina a lo largo de un camino de cornisa. Era necesaria toda la pericia y la sangre fría del conductor para evitar una caída fatal -que en varias oportunidades estuvo muy cerca de producirse-. Al mismo tiempo, la situación condicionaba la actitud de los pasajeros del vehículo: aunque quisieran, debían esperar que el conductor saliera del borde del precipicio para poder desplazarlo de su puesto. La metáfora resulta transparente si se tienen en cuenta las numerosas polémicas que se suscitaron en el seno del poder militar acerca del mantenimiento de la política económica.
La experiencia muestra que no hubo salida del camino de cornisa. Cuando se reemplazó a Martínez de Hoz la economía argentina se derrumbó, pero el derrumbe fue sólo la consecuencia inevitable del funcionamiento perverso de los mecanismos creados en los años anteriores. Durante un tiempo, las ruinas y el desconcierto impidieron vislumbrar con claridad las profundas transformaciones que la gestión de Martínez de Hoz había producido en las relaciones de poder dentro del país. El más inmediato y notorio de estos cambios provino de la formidable transferencia de ingresos que había acontecido, principalmente en perjuicio de los asalariados, pero también a costa de importantes sectores productivos. Esa transferencia significó una brusca y cuantiosa acumulación de riqueza –y por consiguiente de poder- en manos de pequeños grupos sociales, en especial de los que dominaban los flujos financieros. A su turno, esa acumulación de riqueza proporcionó un sólido punto de apoyo a otra transformación de índole más permanente y estructural. En efecto, las modificaciones introducidas por Martínez de Hoz en las reglas y mecanismos de funcionamiento del mercado financiero determinaron que éste pasara a desempeñar un papel central y dominante en la economía argentina. Progresivamente, las empresas privadas, las empresas públicas, el Estado nacional, las provincias y hasta las municipalidades se encontraron fuertemente endeudados, lo cual los ubicaba en una posición vulnerable y dependiente frente al sistema financiero. Al mismo tiempo, las facilidades otorgadas al movimiento internacional de capitales y divisas despojaron al Estado del control que antes ejercía y lo transfirieron de hecho a los grupos privados que manipulaban dichos fondos. De este modo, frente a las empresas y organismos endeudados, el sistema financiero se colocaba también en la posición de intermediario y agente de los acreedores foráneos. Este punto es fundamental, ya que proveía un formidable respaldo externo para impedir que dentro de la Argentina se tratara de alterar las nuevas reglas de juego que se habían impuesto. Los 40.000 millones de dólares de deuda externa habrían de cumplir, en gran medida, la función de asegurar que eso no ocurriera, amenazando con una tremenda sanción exterior -que la Argentina no podría soportar- todo intento de modificar lo hecho. En términos de poder esto significa que el pequeño sector social que controla el sistema financiero dispone ahora de una enorme capacidad para influir sobre el funcionamiento de la economía argentina, y por lo tanto sobre la sociedad y la política dentro del país. Es posible que nunca, desde que en 1916 Hipólito Yrigoyen fuera elegido presidente de la República, tan pocas personas selectas tuvieron tanto poder en la Argentina. A Martínez de Hoz le cupo el papel de ser el artífice de esa restauración conservadora, sin vacilar ante los costos que la población, y el conjunto de la Argentina, debieron pagar para ello.
En ese contexto, veamos también este fragmento de Schvarzer que nos recuerda que siempre pueden aparecer, entre los sectores que se benefician por el nuevo modelo, buenas razones para no apuntar todos los cañones a la baja de la inflación. Leamos:
Los banqueros sentían que hacía falta una dosis de inflación para operar y ella estuvo presente todo el tiempo. La continua onda inflacionaria logró que, por una larga etapa, resultara menos visible el costo real de los préstamos en el nuevo sistema financiero. Los bancos operaron con spreads ubicados en la gama del 10 al 20 % anual entre 1977 y 1981 con valores más altos en algunas coyunturas especiales: los picos del spread llegaron al 3 % mensual en los meses finales de 1977.
Los hechos demuestran que por lo menos algunos sectores de las clases dominantes, que apoyaban a Martínez de Hoz, no sentían reparos frente a la reforma financiera en condiciones de alta inflación y, por el contrario, le encontraban ventajas apreciables.
(…)
Los grandes bancos locales esperaban que siguiera el proceso inflacionario con cierto ritmo para que no se apreciara en toda su plenitud el tremendo efecto de las tasas de interés positivas y, sobre todo, los inconvenientes derivados de sus, altos costos operativos…
Schvarzer cita a Canitrot para indicar, en el mismo sentido:
el vigor de la política antiinflacionaria fue subalternizado a la lógica intrínseca del mercado de capitales funcionando de manera irrestricta. O se creyó que era imposible levantar trabas a la dinámica de este mercado, o se pensó que su operación a la larga habría de revertir por si sola sus efectos en un sentido favorable a la política antiinflacionaria.
Esta debilidad en la aplicación de la política antiinflacionaria no es pasible, sin embargo, de una explicación basada en falta de claridad de propósitos o en vacilaciones para adoptar las medidas que fueran necesarias.
El gobierno dio clara muestra, en su gestión, de afrontar los costos políticos de sus decisiones.
Ahora sí, con estas reflexiones en mente y sabiendo siempre que lo interesante es tener claro que la Historia no es muy amiga de las repeticiones -¿aunque quizás sí de ciertos “ciclos”?- espero que tengan unas bellas vacaciones repletas de especulaciones sobre “internas” en el equipo económico y grandes y profundos debates en torno a “shock o gradualismo”.
