Ya es noticia que el proyecto de reforma política, el cual incluía el voto electrónico, no se va a tratar este año y que, por lo tanto, no va a ser de aplicación en 2017. Para los que creíamos que el proyecto presentaba más problemas que soluciones resulta una noticia satisfactoria por lo que evita.
Pero, al mismo tiempo, deja un gusto amargo el hecho de haber perdido una oportunidad -de las que sabemos que no se dan ni todo el tiempo, ni todos los años- para discutir en profundidad una reforma política que sigue siendo necesaria. El país, la región y probablemente el mundo rediscuten la representación desde hace décadas: todos vemos fenómenos nuevos para los que se hace necesario tener nuevas herramientas. Y el sistema político necesita adaptarse. Si antes, mejor.
Una de las principales cuestiones que observamos en el frustrado proyecto de reforma política fue la falta de un diagnóstico claro. Parece una cuestión de forma pero es de fondo: si no hay diagnóstico, si no se establece claramente qué problemas del sistema político se quieren resolver, se hace más opaca una discusión que se presentó con la intención de -paradójicamente- transparentar.
Nuestro sistema político, como cualquier otro, tiene déficits. Incluso algunas de las propuestas que postulaba el proyecto oficial, y que quedaron supeditadas por el oficialismo a la suerte de la boleta con chip, representaban un avance respecto a la normativa actual. Por eso mismo, es que decimos que la ausencia de un diagnóstico fue decisiva a la hora de hacer caer la reforma planteada, reducida simplemente a la incorporación del voto electrónico (VE) como solución a un conjunto de problemas heterogéneos. Al mismo tiempo, el VE demostró en boca de numerosos especialistas sus serias deficiencias. Es decir: no sabemos cuáles problemas buscaba solucionar y a la vez era una herramienta deficitaria. El peor de los mundos.
En este caso, Cambiemos realizó algo que suele pagarse caro, que es romper su propia promesa. Cambiemos ganó, entre otras cosas, porque prometió diálogo, consenso y manejos tecnocráticos claros. En este tema en particular, el gobierno no cumplió con ninguna de sus tres promesas. El diagnóstico no fue nunca claro, ya que nunca quedó claramente establecido qué problema se buscaba solucionar: el voto electrónico apareció entonces como una solución elegida antes de tener el problema. El manejo no fue consensuado, sino que el gobierno se plantó en “boleta con chip o nada”, y las voces autorizadas de los expertos (tanto politólogos como tecnológicos) fueron desestimados sin ni siquiera buscar otros expertos. Las objeciones sobre los cortos tiempos, la dificultad de auditar y las fallas tecnológicas simplemente se contrastaban con un “es lo que quiere la gente” o “lo pidió el presidente” o “el que está en contra valida a Cristina”. Nunca se abrió un canal de negociación con el bloque peronista en el Senado. Demasiada imposición, sobre todo si no se tienen los votos.
Sin embargo, ello no nos debe desalentar en la búsqueda de perfeccionar nuestro sistema electoral, que impacta decididamente en nuestro sistema político en su conjunto, es decir en las formas e instituciones de representación.
Con la esperanza y la expectativa de que en marzo el Senado retome la discusión, estos son algunos de los puntos en los que nos parece que se puede enfocar una reforma destinada a adaptar el sistema político a los tiempos que se vienen, en caso de volver a enfrentar una oportunidad para discutir el tema:
– La vida interna de los partidos políticos sigue sin estar regulada y esa regulación necesita incluso muchos más consensos que los que se obtuvieron para el fallido proyecto que presentó el oficialismo. El objetivo de cualquier reforma debe ser fortalecer a los partidos y devolverles un lugar (si es que lo perdieron, si es que lo reclaman sin éxito) de centralidad respecto a la representación política de las demandas ciudadanas.
– Ordenar la oferta electoral es una necesidad para los partidos y para el elector. Eliminar colectoras y listas espejos es un avance, clarifica la oferta y contribuye a una necesaria rendición de cuentas de parte de los representantes con sus electores. Eso estaba incluido en el proyecto y no hay razón para no avanzar. Pero hay un trabajo de fondo que es necesario hacer en conjunto con los sistemas electorales provinciales: mejor avanzar de a poco y en conjunto sobre el ordenamiento de la oferta en todo el país, que querer llegar por arriba con una ley que no construyó los consensos básicos necesarios. Lo que está claro es que el problema de la multiplicidad de boletas no es solamente del sistema de emisión del voto sino que es más profundo y tiene que ver con la posibilidad de los actores de multiplicar las candidaturas sin pagar ningún costo.
– La paridad de género, más que necesaria, es una deuda de la democracia. Hay un proyecto con media sanción en la Cámara de Senadores que puede ser tratado en Diputados apenas comiencen las sesiones ordinarias de 2017 en marzo.
– Cualquier proyecto de reforma política debería incluir la cuestión del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Aunque en los últimos años se produjeron avances sustantivos en la materia en lo que hace a la regulación normativa, aún subsisten distintos obstáculos que impiden la consecución de un sistema de financiamiento transparente y equitativo. ¿De qué manera se puede anular o al menos morigerar la influencia indebida de los grandes donantes? ¿No es necesario incrementar la presencia del Estado para asegurar una efectiva igualdad de oportunidades entre los candidatos/partidos? ¿Cómo se puede hacer para reducir la brecha existente entre las disposiciones legales y su nivel de cumplimiento? ¿No resulta prioritario, en tal sentido, fortalecer las capacidades de los organismos de control? Y por último, ¿de qué forma se puede lograr mayor coherencia y uniformidad en las normativas sobre el financiamiento político y electoral entre los niveles nacional y subnacional? Estas son solo algunas de las cuestiones vinculadas con la relación dinero-politica y cuyo abordaje resulta fundamental para mejorar la calidad de la representación política y de nuestra democracia.
– Que el proyecto oficial haya estado centrado en el sistema de emisión del sufragio sin ver el resto de los componentes de un sistema político no significa que la boleta de papel por partidos no pueda ser puesta en debate. Ese momento del sistema electoral tiene sus inconvenientes. Para poner un ejemplo: este estudio de CIPPEC sobre las elecciones de 2015 sostiene que el 99% de los electores encontró la boleta que buscaba. Al mismo tiempo, el 72% de los electores cree que es frecuente o muy frecuente que el robo de boletas exista. Para un sistema que – como dice Marcelo Escolar – está basado en “la administración de la desconfianza” es irrelevante la cantidad de denuncias ante la Justicia Electoral o no. En ese sentido, discutir un sistema de emisión del sufragio que vaya hacia la Boleta única de papel puede ser un avance si se hace evaluando los pros y contras de cada sistema y sin poner en riesgo los cimientos básicos del proceso electoral, como efectivamente hacía el proyecto de voto electrónico, No olvidemos: autonomiza cada nivel electoral (nación, provincia municipio) pero a la vez fortalece la lógica de partido de candidato, ya que solo figura un nombre en la boleta y no la lista completa de candidatos a diputados, por caso. Como sabemos, todos los sistemas son frazadas cortas: cubren los pies, desprotegen la cabeza y viceversa.
– Cualquier reforma debe encararse construyendo consensos previos: con los partidos políticos, con las universidades, con las organizaciones no gubernamentales. Eso significa tiempo y flexibilidad suficiente para atender los intereses de todos los actores. Porque una reforma en el modo de emitir el sufragio es, al finde cuentas, una alteración del sistema político.
Sintetizando: una reforma política en serio tiene que diagnosticar los problemas del sistema político, consensuar con los actores las posibles herramientas para solucionarlos y ofrecer mecanismos para que la ciudadanía tenga más – y no menos – capacidad de control sobre su sistema electoral.
En estos días se perdió una oportunidad de comenzar una reforma así, pero no quiere decir que se haya perdido para siempre. Es un buen punto de arranque para darnos en la Argentina un debate sobre la representación política de las demandas ciudadanas. Que así sea.
