La caja, el Estado y la carga de la prueba

Siempre existe la sensación de que los sucesos de la política se dan cada vez más rápido pero lo que ha ocurrido en el último mes tal vez sea demasiado: crisis internacional con derrumbe financiero que no cesa; caída en el precio del petróleo y los comoditties; fin de las AFJP; reagrupamiento y alianzas electorales con miras al 2009 (léase Carrió-UCR; Solá-De Narváez); pronunciamiento de la Corte en torno de la “libertad” sindical; presión alcista sobre el dólar y presión sindical ante la posibilidad de despidos, etc.

De la inflación y del precio del tomate ya no se habla más. Tampoco se habla de la siempre anunciada crisis energética ni se hablará de la inseguridad hasta tanto no maten a algún vecino de la zona norte. Por suerte De Angeli volvió con su mujer quien deberá tolerar la libido contenida del toro de su marido. Ahora los vaticinios tienen que ver con la amenaza de recesión (según Broda llegará al 4% en 2009) y los despidos. Todo esto pasó en un mes a punto tal que si las empresas quisieran despedir gente no han tenido tiempo aún de mandarle el telegrama.

Intentaba pensar alguna variable que pudiera contener todos estos fenómenos y sin ninguna originalidad, encontré que, como casi siempre, está en juego el rol del Estado. Ya se ha mostrado hasta el hartazgo la forma en que los países del primer mundo sugieren recetas liberales para las crisis del tercer mundo y aplican cánones keynesianos para las crisis puertas adentro. Asimismo los países más importantes del planeta han hecho gala del Estado más bobo: el que sale al salvataje de los grupos financieros. Ahora se discute, como en la reunión del G20, ya no si el Estado debe intervenir sino cuánto debe hacerlo. La disputa es ahora si interviene muchísimo o un poco menos que muchísimo.

En el ámbito vernáculo, las disputas entre el gobierno y la oposición tienen mucho que ver con la concepción que se tiene del Estado. La discusión en torno de las AFJP es sintomática en ese sentido y quienes insólitamente defendían el mantenimiento del sistema mixto público y privado, enmascararon la discusión en torno de “caja para el gobierno versus ahorros privados”. En el medio de esa discusión aparecieron una cantidad de afirmaciones irresponsables y demagógicas. De todas ellas, la mayor fue la de la aparente necesidad de intangibilidad de los depósitos para dar transparencia a la operatoria de traspaso de esos fondos. Esto lo exigió desde Lozano hasta Pinedo con una manifiesta dosis de ignorancia. Sin embargo, primó la cordura y las alianzas más o menos naturales entre cierto costado progresista del gobierno, los socialistas y los bloques unipersonales para sacar con holgura la ley en diputados. Pero me quiero detener en el punto central del debate. El tema de “la caja”. Con otros términos, este tema estuvo en medio de la discusión en torno de la resolución 125. Se afirmaba “le sacan la plata a los trabajadores del campo para quedársela los Kirchner”. Detrás de esta afirmación está la clásica idea argentina de que el Estado es sinónimo de robo y malgaste de fondos. Si luego se realiza la operatoria conceptual de homologar Gobierno/corporación política y Estado, la ecuación está resuelta: lo público y estatal es sinónimo de robo mientras que lo privado es equivalente a la meritocracia, el control y el esfuerzo.

Esta homologación opera también en el plano discursivo en algo que me resultó llamativo en los últimos días. Me refiero a las charlas de café que salen por la radio y se escriben en columnas de diarios que afirman que los Kirchner quieren la plata porque necesitan pagar deuda. Esa es una muy buena razón pero uno puede preguntar, ¿la deuda es de los Kirchner o es del Estado? Claro que el gobierno necesita plata para pagar la deuda. Si no lo hiciese, veríamos desfilar a los economistas de siempre, afirmando que estamos “afuera del mundo”. Pero la deuda es un problema del país, no de los Kirchner. Uno podrá discutir si esa deuda es legítima, etc. Pero por lo pronto habrá que pagar o transformarse en pseudoparias del mercado.

Si triunfa esta cosmovisión que describe al Estado como el foco de toda corrupción, volveremos a ser testigos de la constante oscilación argentina por la cual pasamos de políticas de un Estado activo y motor a un Estado mínimo. Debo confesar que iba a terminar la nota afirmando que probablemente esta idea volviera a instalarse pero hubo un hecho que me genera esperanza para que no sea así: el gobierno de Macri intenta establecer un impuesto a los pagos con tarjeta de crédito, algo que sin duda, afectará el consumo, y que se suma a la suba de los impuestos de ABL, a la instalación de miles de parquímetros, etc. En este caso, la discusión solamente transcurrió por la vía razonable de si esta medida es necesaria, si afectará mucho al consumo o si es o no un impuestazo. Esta vez se interpretó que el Estado quiere recaudar impuestos no por “la caja”, tampoco por el hecho de que el año que viene hay elecciones. En el caso de la Ciudad la discusión no presupuso que el Estado sea esencialmente corrupto y que el gobierno de turno esté compuesto por una runfla de ladrones. Macri afirmó, como lo hizo CFK, que con el dinero recaudado hará obras y en el caso de la Ciudad no se interpretó a esto como un intento de crear guiños electorales ni mecanismos clientelísticos. De esta manera, respecto del Gobierno de la Ciudad, no está invertida la carga de la prueba: éste no tiene que demostrar a priori, como sucede con el de CFK, que no va a robar (como insólitamente lo exige el fotogénico juez Griesa en Estados Unidos). Tal vez la era K deje un tendal de corrupción pero todavía no consta que esto sea así y tampoco consta que el gobierno de Macri termine impoluto en este sentido. Pero sería bueno, tratarlos con igualdad y darles al menos el beneficio de la duda. No por el bien de ellos, sino por el bien de nosotros y de las instituciones.