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Si hay algo en lo que confluyen casi unánimemente vastos sectores de la sociedad es en la percepción de que no existe una fuerza política con capacidad de gestión capaz de disputarle el Gobierno al kirchnerismo. Aun en el peor momento K, las voces antioficialistas se multiplican pero atravesados por sus propias limitaciones, ambiciones y vedettismos no parecen tener la capacidad de estructurar una oposición coherente, robusta y programática. A la hora de distinguir y clarificar al interior del conjunto “oposición”, podemos tener en cuenta a aquellos que tienen al menos algún tipo de experiencia en la gestión de territorios importantes del país. Me refiero aquí al PRO en la Ciudad de Buenos Aires y al socialismo en Santa Fe. Tras 1 año, el gobierno de Macri se ha mostrado estático, timorato, preso de la fragilidad interna y, por sobre todo, profundamente incapaz para gestionar la maquinaria estatal. Asimismo, la coraza idílica de toda nueva gestión parece empezar a reblandecerse, lo que en la jerga de los pasillos se menciona como el momento en que “le empiezan a entrar las balas”. Esto, seguramente, no impedirá una aplastante victoria en las legislativas 2009 pero deja ciertas dudas con miras al 2011 cuando el desgaste sea mayor y Macri sea expuesto como candidato a Presidente.
Distinto parece el caso de Binner en Santa Fe: con menos amplificación mediática, son pocas las noticias que circulan fuera del ámbito regional. A esto debe sumársele el perfil bajo del Gobernador y su decisión de no salir histéricamente a confrontar con el Gobierno Nacional aun ante el dilema que le planteaba el conflicto con el campo.
Sin embargo, el gobierno socialista pareció tomar nota de que un presidenciable no puede mantenerse en silencio y decidió enviar una propuesta al Gobierno a través de una solicitada que apareció el domingo 21/12 en los principales diarios y que lleva como título “Aporte a la Nación Argentina. Cinco propuestas para superar la crisis”.
En términos generales podemos decir que se trata de las pocas intervenciones opositoras que plantean propuestas razonables y que se encuentran en un horizonte de posibilidad. Además proviene de un partido con experiencia de gestión (recordar los sucesivos gobiernos socialistas en la intendencia de Rosario). De hecho, varios pasajes de la solicitada hacen referencia a cuestiones técnicas y de implementación lo cual puede leerse como la necesidad de mostrar que un gobierno no peronista también puede ser capaz de mover la burocracia estatal. Por otra parte, se deja entrever, con la moderación de siempre, cierto diagnóstico que lo distancia del Gobierno nacional, en cuanto a que la crisis económica “reforzó los síntomas de desaceleración de la economía argentina que fueron evidentes desde el prolongado conflicto agropecuario”. Asimismo se hace hincapié en un creciente clima de desconfianza manifiesta en diferentes sectores de la economía.
En cuanto a las líneas programáticas y las propuestas concretas se parte de la base de que la política fiscal y una política de redistribución deben ser los pilares de la superación de este contexto. En esta afirmación se conjugan buena parte del equilibrio que busca la Solicitada. Equilibrio complejo entre principios “liberales” de correcta administración (similares a los del Gobierno nacional) y una visión más progresista que hace hincapié en políticas más inclusivas y redistributivas más cercanas al ideal socialista y a algún tipo de peronismo. A esto debemos sumarle elementos coyunturales y geopolíticos: se trata del gobierno de la provincia de Santa Fe cuyo eje central es la producción agropecuaria y la agroindustrial, sectores que, por cierto apoyaron en buena medida al socialismo en las últimas elecciones.
Todas estas variables hacen que la propuesta resulte un gran ejercicio de malabarismo que se parece bastante a la política real del día a día donde los grises son más que los colores puros.
Así, el gobierno socialista no tiene ningún inconveniente en señalar en varios pasajes el problema de “la caja”. Sí, efectivamente, tanto hemos oído hablar de “la caja” que parece haberse estigmatizado la necesidad de las administraciones de obtener fondos. Así, es razonable que Binner reclame “coordinación”, “articulación entre Nación, Provincia, municipios y comunas” y “acceso de municipios y comunas a los recursos financieros”. Esta búsqueda de descentralización es también una pelea por “la caja” y al darla no se ponen colorados, lo cual por cierto, resulta correcto.
Otro de los puntos tiene que ver con medidas de carácter impositivo en el que se intenta conciliar los intereses de diferentes sectores. Por un lado se habla de defensa de las fuentes de trabajo, aumento de las jubilaciones en función de la ley de movilidad jubilatoria, incremento en las asignaciones de los planes sociales, reducción escalonada de las tasas impositivas, (acaso una razonable y menos vilipendiada “tablita de Machinea”) y una canasta básica de productos que queden exentos de IVA. Por otro lado, una medida que se toma en los principales países del mundo, esto es, el proteccionismo industrial y aranceles para las importaciones sumado a quizás la propuesta que más puede incomodar al kirchnerismo: el tema “retenciones”. Allí se propone la eliminación total de las retenciones a los cereales, las oleaginosas, la leche y la carne y se propone reemplazar la pérdida en la recaudación con el impuesto a las ganancias, a los activos financieros, al cigarrillo, al alcohol y a los bienes suntuarios.
Esta es, en síntesis, la propuesta. La misma posee, seguramente, puntos que abren interrogantes. Dejando de lado la implementación técnica de la posibilidad de una descentralización en el manejo de los recursos lo cual, por cierto, tampoco garantiza mayor transparencia, podemos pensar cómo podría garantizarse que los productos de la canasta básica sin IVA se mantengan a un precio accesible y que esa quita impositiva redunde en una rebaja al precio al público. La conducta de los empresarios en ese sentido dista mucho de ser la ideal lo cual parece dejar a la medida en el plano de las buenas intenciones y el voluntarismo. En cuanto a la eliminación de las retenciones para los productos mencionados parece razonable discutir medidas en pos de ayudar a fomentar la diversidad en la producción pero debería reconocerse que la resolución 125 modificada que vetó el senado parecía dar un paso importante en esa línea aunque era resistida en parte, porque a través de las devoluciones se exigía el fin de la informalidad. Recurrir al impuesto a las ganancias, se sabe, es una medida teóricamente inobjetable pero de imposible control en la práctica: nada más fácil que evadir el impuesto a las ganancias. Más razonables resultan los impuestos a la renta financiera, a los bienes suntuarios, al cigarrillo y al alcohol aunque hacerlo supondría tener que tolerar un despiadado ataque desde los sectores interesados. Será cuestión, en ese punto, de ver quién tiene más fuerza. Pero más allá de estas cuestiones controvertidas vemos aparecer un partido con poder de gestión que más allá de sus críticas parece intentar seguir llevar adelante un espíritu continuista en algunas de las políticas de la actual Gestión Nacional.
Señalar algunos aciertos del oficialismo es una de las formas más sensatas de evitar este mal endémico de los gobiernos argentinos: los vaivenes en las grandes líneas del proyecto del país que hizo que en 20 años se oscile constantemente de visiones neoliberales a estatistas.
La de Binner, parece pues, una oposición más constructiva, lo cual quizás no le dé el rédito político de los rezongos del Pro, la CC, los disidentes del PJ y varios multimedios. Queda abierta la cuestión de si la forma socialista de profundizar cierta línea progresista que se encuentra en la gestión actual del Gobierno Nacional podrá estructurar una fuerza a nivel nacional que no surja del mero enfrentamiento con las políticas oficiales y no se constituya desde la lógica tradicional del trueque entre apoyos y cargos.
Los aniversarios de la asunción de un gobierno son la excusa perfecta para realizar un análisis de la gestión y en el caso del turbulento primer año de la presidencia de CFK, parece imposible dejar de soslayo esta empresa.
Podemos decir que el idilio que generalmente poseen quienes acaban de asumir su rol ejecutivo duró mucho menos de lo usual. A esto contribuyeron una campaña mediática feroz que ya comenzó a desplegarse en el último año de la presidencia de Kirchner y varios errores del gobierno entre los que podemos mencionar un excesivo énfasis en la continuidad de nombres y estilo, la profundización de las falencias comunicacionales, un diagnóstico errado del equilibrio de fuerzas de determinados sectores opositores que esperaban agazapados el primer paso en falso de la nueva gestión y un afán de radicalización del conflicto cuya única consecuencia fue dilapidar el capital obtenido en las elecciones de octubre.
Si desarrollamos un poco más los errores del gobierno recién mencionados notamos que la selección de los nombres del gabinete fue, en general, desacertada, sea por sostener en el cargo a dirigentes desgastados, sea por incluir nuevos ministros cuya capacidad comparativamente dista mucho de ser elogiable. Para decirlo con nombres propios: que sea Randazzo y no Aníbal Fernández el portavoz del gobierno es una pérdida irreparable; que Alberto Fernández haya seguido en el cargo más allá de los cuestionamientos tampoco pareció la mejor decisión; que Ginés González García haya dejado su exitosa gestión por la de la honesta y eficaz Ocaña resultó un guiño al lobby eclesiástico al precio de sacrificar una de las pocas gestiones progresistas en salud. Ni que hablar del joven Lousteau, impulsor de una medida que en teoría resultaba razonable pero con una cantidad de fallas técnicas e imprecisiones que invalidaban cualquier atisbo de bondad y justicia.
En este sentido, si el gobierno cree que rodeándose de inoperantes de perfil bajo obtendrá la garantía de ausencia de ensombrecimiento a la figura presidencial, estará en lo cierto pero el precio de esa estrategia será un excesivo desgaste de la figura de Kirchner y CFK. Por ello, el gobierno debería observar que la exposición de figuras como Rossi, Boudu o Massa favorece la idea de una dirigencia renovada y capaz de enfrentar el sinfín de embates que trae aparejada cada iniciativa.
En cuanto al entramado político, el gobierno parece, tras la derrota de la 125, optar por un doble movimiento: refugio en la base tradicional pejotista y alianzas transversales progresistas en las cámaras. El equilibrio de este doble movimiento es ampliamente inestable pues ninguno de los actores se siente cómodo en él. Sin embargo, en los últimos meses ha funcionado y el apoyo abrumador al proyecto de eliminación de las AFJP es testigo de ello. Sobre este punto, claro está, no se puede obviar la casi deshecha concertación plural. Si bien resulta infinitamente más simple hacer estos señalamientos una vez ocurridos los hechos, el fenómeno Cobos probablemente servirá de advertencia para las futuras alianzas electorales. En algunas notas anteriores, había indicado que, en vísperas a las elecciones de 2007, el gobierno de Kirchner había optado por la gobernabilidad en lugar de la transversalidad y que en ese gesto había, en parte, una renuncia a una construcción más horizontal y progresista. La necesidad de gobernar vencía al quizás ingenuo intento de aunar fuerzas diversas en una propuesta superadora de ideología progresista. No tengo la suficiente lucidez como para poder afirmar que Kirchner se equivocó al ir “sobre seguro” en detrimento de un proyecto mucho más interesante pero con un futuro y una eficacia incierta.
Si continuamos con el mapa de alianza, asumiendo el total riesgo de caer en falacias ad hominem podemos decir que si el gobierno tiene como aliados a los principales caudillos de la provincia de Buenos Aires, a Moyano, a Rico, a Kunkel, a Delía, a Hadad, a Cristóbal López, a los aparatos jurásicos que sacan y ponen gobernadores en los feudos provinciales y ha tenido funcionarios como Piccolotti o Felisa Miceli, debemos decir que, evidentemente, algo estará haciendo mal. Sin embargo siguiendo esta misma lógica es necesario aclarar que si el gobierno tiene en contra a Carrió, a Macri, a Rodríguez Larreta, A Fontevechia y al Grupo Prisa, al Grupo Clarín, a de Narváez, Manzano y su multimedio, a Laje, a Longobardi, al CEMA, a Pando, a Grondona, a Marsans y al resto de los dueños de las privatizadas que no cumplieron con sus obligaciones, a los ex represores, a Vargas Llosa, a Kovadloff, a Ámbito Financiero, a La Nación, a De Angeli, a Bussi, a la Sociedad Rural, a Cavallo, a Menem, a los Rodríguez Saá, a Piñeiro, a Duhalde y su esposa, a De la Sota, a Bergoglio, etc. quiere decir que algunas cosas estará haciendo bien.
Pero vayamos a lo más importante y dejemos este tipo de argumentos falaces: las políticas del primer año de gestión. Con todas las deficiencias técnicas ya mencionadas, la resolución 125 de las retenciones móviles era una buena medida. Si a eso le sumamos las concesiones que se habían hecho en la cámara de diputados podríamos decir que se había llegado a una norma que era beneficiosa para el fisco, para los pequeños y medianos productores y para desincentivar el monocultivo. Menos controvertida aún es la resolución que acabó con lo que iba a ser el nuevo gran fraude argentino: las AFJP. Por otra parte, ha habido avances en esta lógica de “empresa privatizada que falla vuelve al Estado”, lo cual a priori parece una buena señal. También, aunque lentamente, se ha comenzado a disminuir los subsidios de forma escalonada haciendo que paguen más los que más tienen. Más allá de sus bemoles, todas estas medidas poseen un costado progresista y un afán redistributivo, de aquí que la crítica de la oposición no sea mayoritariamente a las medidas en sí sino al hecho de que el dinero fuera a parar a la supuesta caja política.
En cuanto a la inflación, ésta se ha frenado aunque claramente no ha sido por el mérito del gobierno sino por la crisis financiera, algo que, paradójicamente le da la razón al gobierno cuando afirmaba que la inflación era empujada por el precio de los commodities.
Si dejamos de lado el paquete de medidas que el gobierno adoptó para incentivar el consumo tras la crisis financiera mundial que sorprendió a todos, CFK parece haber recuperado tras el fracaso de la 125 el factor sorpresa y la marcada de agenda que tanto caracterizaba a su marido. Está claro que si no es el gobierno quien marque el camino, lo harán los Medios inundándonos de noticias de asaltos a kioskos, secuestrados profesionales ilustres de la zona norte, fatalistas economistas de compulsivas predicciones falsadas, ex aliados K arrepentidos y problemas en torno de la vida de Riquelme.
Queda por avanzar, parecería, en la ley de despenalización del consumo personal de drogas y una agilización de los mecanismos de la justicia. También sería deseable tener más noticias del Ministerio de Ciencia y Tecnología y habrá que ver cuánto peso tendrá el nuevo Ministerio de la Producción.
Además, resta saber cuánto margen tendrá el gobierno para profundizar una política redistributiva en el contexto de elecciones, crisis y desaceleración de la economía. Asimismo, ojalá algún día cercano nos levantemos con la sorpresa de que ahora que la inflación se parece a la del INDEC, se pueda reconstruir la confianza de los índices. Todo esto sin olvidar la ya utópica reforma tributaria, algo que en este contexto parece impensable llevar adelante.
Pero por sobre todo, existe la gran incógnita de si este gobierno erosionado por campañas feroces podrá enfrentar la madre de todas las batallas: la nueva ley de radiodifusión. Ojalá la cercanía de las elecciones y las consecuencias de la ubicua e inasible crisis financiera no vayan en desmedro del debate de una ley que exprese que con monopolios no hay libertad de prensa ni sistema político que no acabe subsumiéndose a los intereses de los acaparadores de diarios, radios, canales de TV y servicios de Internet.
Está claro que en los últimos años la calidad de las operaciones de prensa ha mermado. Las sutilezas han dejado lugar a lo grotesco y una prueba de ello puede ser la vergonzosa campaña lanzada por Clarín el último domingo en la que se afirma en tapa que la tensión entre CFK y Cobos es “máxima” y que en el entorno del mendocino estudian la posibilidad de promover un plebiscito que determine si él debe renunciar a su cargo en el poder ejecutivo.
Parece que, terminado el “tema AFJP” con una votación que acabó con los 2/3 de ambas cámaras apoyando la propuesta del ejecutivo y digiriéndose de a poco el pavor de la crisis financiera, el acento estará puesto espasmódicamente en las internas del gobierno. Si bien la propuesta del plebiscito es descabellada y tanto Clarín como Cobos y el resto de los ciudadanos pensantes y no pensantes saben que nunca se llevará a cabo, podríamos jugar al contrafáctico “qué pasaría si se hiciera el plebiscito”. Digamos que cualquier resultado sería interpretado a favor del hombre que tomó notoriedad a partir de su “voto no positivo”: si la gente decide que no renuncie se dirá que la ciudadanía valora a un hombre como Cobos que puede expresar la diversidad al interior del gobierno y puede equilibrar la irritabilidad y la compulsión de CFK. Si el resultado se inclina mayoritariamente hacia el pedido de su renuncia, se afirmará que la gente valora tanto a un hombre como Cobos que no desea que se inmole en tanto rehén del grupo de psicópatas que ocupa el gobierno nacional.
Pero más allá del plebiscito, lo que sí resulta obvio es que existe tensión entre Cobos y el resto del Gobierno. Más bien, uno debería decir, que la relación está rota. Presidente y vice no tienen ningún diálogo y resulta llamativo registrar las intervenciones de Cobos en las que él comenta las acciones que impulsa el poder ejecutivo en el que interviene, como si fuera un observador externo que generalmente acuerda, aunque con reservas y desconocimiento de los detalles de los proyectos. Vista así la situación parece ser insostenible con lo cual cabe preguntarse por qué no renuncia.
Para hacer frente a este interrogante hay muchas posibles respuestas: podemos pensar como opción que tal vez Cobos no renuncia porque especula con que la gobernabilidad de los Kirchner está resquebrajada y más temprano que tarde, pegarán un portazo o se irán en helicóptero. En ese sentido, él no quiere cometer el error de Chacho Álvarez y aguantará todo tipo de desaire y agravio con encomiable paciencia digna de Oriente.
Otra opción es que él apueste a un proceso de victimización y que busque irritar “desde adentro” haciéndose relativamente prescindente en 2009 y preparando el desembarco en el 2011 apoyado por la UCR y la Coalición Cívica.
La última es que sea más pusilánime que especulador y que en realidad no sepa bien qué hacer.
Otra pregunta que uno podría hacerse es por qué CFK no le pide la renuncia. Aquí también hay varias respuestas.
Podría ser que los K hayan interpretado que el precio de exigirle la renuncia será mucho más alto ante la opinión pública, que el hecho de, simplemente, “invisibilizarlo” y someterlo al desgaste del poder y a la incomodidad que le acarrearía presentarse como oposición habiendo sido parte del gobierno. Otra es que simplemente no han encontrado aún el momento adecuado y que la “ejecución del traidor a la causa” haya sido aplazada hasta nuevo aviso.
La gran paradoja es que, desde mi punto de vista, Cobos le ha hecho, sin desearlo, un grato favor al Gobierno pues de haber renunciado el mismo día de la caída de la 125 la hecatombe política hubiera sido total, el Gobierno K estaría más tambaleante y encerrado sobre sí y el nombre de Cobos sería indiscutiblemente el del Jefe opositor. Si bien aún es posible que renunciando o “renunciado” Cobos se victimice, cada día que pasa su situación es más incómoda para su futuro puesto que resultará difícil justificar que se ha quedado unos meses más sólo porque creía que en el Gobierno iba a ver espacio para el disenso. Restará, para los que nos interesa conceptualmente la política la discusión en torno a qué votamos cuando votamos. Si votamos un Programa en el que los candidatos son meros ejecutores, resulta claro que Cobos debió renunciar por no haber llevado adelante el mandato que el pueblo le exigió al manifestarse en las urnas. Si, por el contrario, al votar votamos, más que Programas, la capacidad y la idoneidad del representante para poder decidir sobre los asuntos de la cosa pública, existe la posibilidad de que aceptemos que una misma lista pueda llevar candidatos al ejecutivo que no funcionan de manera homogénea y que lejos de dejarse llevar por ideologías y programas, apelan a ese ámbito especial que es la libertad de conciencia. Esta última visión, más aristocratizante, supone que el representante está más capacitado que el pueblo mismo para saber qué es lo que hay que hacer y cómo debe hacérselo. De aquí que el representante tenga plena independencia en sus decisiones aún si éstas van en contra de aquello por lo que el pueblo lo eligió.
Pero este tipo de discusión, la más interesante y la menos coyuntural, hoy sucumbe ante los operadores berretas, los editorialistas interesados y las variables del periodismo de espectáculos aplicadas al análisis político.
Siempre existe la sensación de que los sucesos de la política se dan cada vez más rápido pero lo que ha ocurrido en el último mes tal vez sea demasiado: crisis internacional con derrumbe financiero que no cesa; caída en el precio del petróleo y los comoditties; fin de las AFJP; reagrupamiento y alianzas electorales con miras al 2009 (léase Carrió-UCR; Solá-De Narváez); pronunciamiento de la Corte en torno de la “libertad” sindical; presión alcista sobre el dólar y presión sindical ante la posibilidad de despidos, etc.
De la inflación y del precio del tomate ya no se habla más. Tampoco se habla de la siempre anunciada crisis energética ni se hablará de la inseguridad hasta tanto no maten a algún vecino de la zona norte. Por suerte De Angeli volvió con su mujer quien deberá tolerar la libido contenida del toro de su marido. Ahora los vaticinios tienen que ver con la amenaza de recesión (según Broda llegará al 4% en 2009) y los despidos. Todo esto pasó en un mes a punto tal que si las empresas quisieran despedir gente no han tenido tiempo aún de mandarle el telegrama.
Intentaba pensar alguna variable que pudiera contener todos estos fenómenos y sin ninguna originalidad, encontré que, como casi siempre, está en juego el rol del Estado. Ya se ha mostrado hasta el hartazgo la forma en que los países del primer mundo sugieren recetas liberales para las crisis del tercer mundo y aplican cánones keynesianos para las crisis puertas adentro. Asimismo los países más importantes del planeta han hecho gala del Estado más bobo: el que sale al salvataje de los grupos financieros. Ahora se discute, como en la reunión del G20, ya no si el Estado debe intervenir sino cuánto debe hacerlo. La disputa es ahora si interviene muchísimo o un poco menos que muchísimo.
En el ámbito vernáculo, las disputas entre el gobierno y la oposición tienen mucho que ver con la concepción que se tiene del Estado. La discusión en torno de las AFJP es sintomática en ese sentido y quienes insólitamente defendían el mantenimiento del sistema mixto público y privado, enmascararon la discusión en torno de “caja para el gobierno versus ahorros privados”. En el medio de esa discusión aparecieron una cantidad de afirmaciones irresponsables y demagógicas. De todas ellas, la mayor fue la de la aparente necesidad de intangibilidad de los depósitos para dar transparencia a la operatoria de traspaso de esos fondos. Esto lo exigió desde Lozano hasta Pinedo con una manifiesta dosis de ignorancia. Sin embargo, primó la cordura y las alianzas más o menos naturales entre cierto costado progresista del gobierno, los socialistas y los bloques unipersonales para sacar con holgura la ley en diputados. Pero me quiero detener en el punto central del debate. El tema de “la caja”. Con otros términos, este tema estuvo en medio de la discusión en torno de la resolución 125. Se afirmaba “le sacan la plata a los trabajadores del campo para quedársela los Kirchner”. Detrás de esta afirmación está la clásica idea argentina de que el Estado es sinónimo de robo y malgaste de fondos. Si luego se realiza la operatoria conceptual de homologar Gobierno/corporación política y Estado, la ecuación está resuelta: lo público y estatal es sinónimo de robo mientras que lo privado es equivalente a la meritocracia, el control y el esfuerzo.
Esta homologación opera también en el plano discursivo en algo que me resultó llamativo en los últimos días. Me refiero a las charlas de café que salen por la radio y se escriben en columnas de diarios que afirman que los Kirchner quieren la plata porque necesitan pagar deuda. Esa es una muy buena razón pero uno puede preguntar, ¿la deuda es de los Kirchner o es del Estado? Claro que el gobierno necesita plata para pagar la deuda. Si no lo hiciese, veríamos desfilar a los economistas de siempre, afirmando que estamos “afuera del mundo”. Pero la deuda es un problema del país, no de los Kirchner. Uno podrá discutir si esa deuda es legítima, etc. Pero por lo pronto habrá que pagar o transformarse en pseudoparias del mercado.
Si triunfa esta cosmovisión que describe al Estado como el foco de toda corrupción, volveremos a ser testigos de la constante oscilación argentina por la cual pasamos de políticas de un Estado activo y motor a un Estado mínimo. Debo confesar que iba a terminar la nota afirmando que probablemente esta idea volviera a instalarse pero hubo un hecho que me genera esperanza para que no sea así: el gobierno de Macri intenta establecer un impuesto a los pagos con tarjeta de crédito, algo que sin duda, afectará el consumo, y que se suma a la suba de los impuestos de ABL, a la instalación de miles de parquímetros, etc. En este caso, la discusión solamente transcurrió por la vía razonable de si esta medida es necesaria, si afectará mucho al consumo o si es o no un impuestazo. Esta vez se interpretó que el Estado quiere recaudar impuestos no por “la caja”, tampoco por el hecho de que el año que viene hay elecciones. En el caso de la Ciudad la discusión no presupuso que el Estado sea esencialmente corrupto y que el gobierno de turno esté compuesto por una runfla de ladrones. Macri afirmó, como lo hizo CFK, que con el dinero recaudado hará obras y en el caso de la Ciudad no se interpretó a esto como un intento de crear guiños electorales ni mecanismos clientelísticos. De esta manera, respecto del Gobierno de la Ciudad, no está invertida la carga de la prueba: éste no tiene que demostrar a priori, como sucede con el de CFK, que no va a robar (como insólitamente lo exige el fotogénico juez Griesa en Estados Unidos). Tal vez la era K deje un tendal de corrupción pero todavía no consta que esto sea así y tampoco consta que el gobierno de Macri termine impoluto en este sentido. Pero sería bueno, tratarlos con igualdad y darles al menos el beneficio de la duda. No por el bien de ellos, sino por el bien de nosotros y de las instituciones.
En una muestra de puro estilo K, el gobierno sorprendió con el fin del régimen de capitalización y el regreso al sistema de reparto. Así, tras la derrota de la 125, Cristina busca emular la “muñeca” de su marido y marcar agenda, una costumbre que parecía estar agotándose incluso en los últimos meses de la gestión anterior. En este caso, esta medida cuenta con mayor sustento teórico y práctico, en todo sentido, que las retenciones móviles y la estatización de Aerolíneas. Francamente parece difícil oponerse: con el traspaso al Estado las jubilaciones serán más altas y el Estado dejará de cubrir al 41% de los jubilados que con el régimen de capitalización no alcanzan la mínima. En este sentido el Estado se evitaría poner los 4000 millones de pesos que tuvo que desembolsar este año para rescatar a estos jubilados y se ahorraría en total unos 25000 millones de pesos en los próximos 5 años. En los últimos doce meses, las AFJP perdieron casi 13.300 millones de pesos de sus afiliados y la crisis financiera internacional agudizaría esta pérdida. Por si esto fuera poco una parte importantísima de las inversiones de las aseguradoras está en los bonos del Estado argentino, bonos que vienen “sufriendo” la subestimación de la inflación y que han perdido buena parte de su valor. Pero podríamos agregar algunos puntos más: con el nuevo proyecto se acabará con las exorbitantes comisiones que cobraban las AFJP por recibir nuestro dinero y el Estado argentino, es decir, todos nosotros, terminará con la sangría de 100.000 millones de dólares que viene padeciendo en los últimos 14 años por haber dejado de recibir los aportes previsionales (esta cifra es, justamente lo que creció la deuda pública en este período. (Ver la nota de Cufré en el página 12 del 26/10/08) http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-114019-2008-10-26.html
Por último, ni siquiera es de prever que aparezca una ola de juicios al Estado puesto que aquellos que éste y pretendan que se les “restituya” cash lo aportado individualmente a las AFJP fracasarán en su intento puesto que los aportes no son de disponibilidad inmediata; por su parte aquellos que exijan que sus aportes vuelvan a las AFJP argumentando que se ven perjudicados por el sistema solidario de reparto que le quita a algunos para darle a otros, probablemente reciban una respuesta positiva de la justicia pero dado que en el futuro perderán los años de aporte (puesto que de aquí en más deben empezar a aportar al Estado), tendrán que pagar de su propio bolsillo la comisión a las aseguradoras y a su vez aportar paralelamente al Estado, probablemente, harán bien las cuentas y notarán que ganar el juicio sería peor que perderlo. (Ver la nota de Gustavo Arballo, “Hacerle juicio al Estado, en Página 12 del 26/10/08)
Con algo menos de tecnicismos podemos decir que el sistema de capitalización falló en lo que eran sus aparentes dos pilares fundamentales: el fin de las jubilaciones de miseria que pagaba el Estado y un respiro inmenso en la espiral de déficit fiscal en la que parecía entrampado. Por lo dicho anteriormente, el sistema privado ha fracasado en ambos puntos de lo cual se sigue que no tendría sentido mantener el régimen mixto de la actualidad.
Si bien se trataba de un tema que no estaba en la agenda y que no generaba mayores preocupaciones en la medida en que los jubilados por el régimen privado eran pocos y sus haberes eran, en muchos casos, complementados por el Estado, existía cierta desconfianza mayoritaria hacia un régimen establecido compulsivamente en medio de la fiebre privatizadora. De aquí que no sorprendiera el traspaso de 1.300.000 trabajadores al sistema de reparto en 2007 con la apertura de la opción.
Pero más allá de estos datos está el juego de la política: por un lado el gobierno parece muchas veces preso de su propio estilo y el afán de repentización y establecimiento de agenda se traduce muchas veces en apuro e imprevisión. Pasó con la 125, pasó con Aerolíneas y puede pasar ahora. En los 3 casos los proyectos eran, en general, buenos, y sin embargo, con diferentes resultados, sufrieron (o van a sufrir) numerosos embates que desnudan que su bondad no los exime de errores e imprecisiones a punto tal que puede darse el caso que, aún ganando, el proyecto recibiera tantos cambios que acabe transformándose en “otro” proyecto y redunde en un fracaso político o una victoria pírrica para el oficialismo.
Asimismo vuelve a fallar la comunicación: lo que debió ser una campaña de desprestigio contra las AFJP en los meses previos comienza ahora, una vez que el proyecto tomó estado público. Así, el gobierno realiza un movimiento paradójico: parece muy hábil para sorprender pero una vez publicitadas las medidas, sus falencias técnicas y comunicacionales lo obligan a establecer estrategias ad hoc que no han demostrado ser efectivas. Por otra parte se presta a la suspicacia el hecho de que el año pasado se haya abierto la posibilidad de elegir a qué régimen aportar y un año después se realice este traspaso compulsivo. Esto no hace más que agitar los fantasmas de “la necesidad de la caja” más allá de que no resulta menor tener en cuenta que el contexto internacional pos crisis financiera es muy distinto al de hace un año.
Por el lado de la oposición, lo de siempre. Aun a riesgo de repetirme, encontramos la gran mayoría del arco político opositor agitando el lema “no sé de qué se trata pero me opongo“. Si bien esta vez uno supone que los ex ARI del SI y algunos radicales van a acompañar el proyecto en ambas cámaras, Carrió, Macri y una parte importantísima de los multimedios, al no tener argumentos contra el proyecto cambiaron el eje de la cuestión e hicieron hincapié en que se trataría de una maniobra de los K por “la caja”. Como hemos visto en los últimos meses, existen grados de odio visceral hacia el gobierno K. Estos odios van desde manifestaciones timoratas de moda y de rezongo berreta hasta campañas más robustas como la que se puede observar en el grupo Clarín con la inclusión permanente en TN del número de baja del Merval al costado derecho de la pantalla; los agresivos comentarios de los editorialistas del diario Clarín y de los programas de TN; los títulos del diario de, por ejemplo, el domingo 26/10 que afirman que la mitad de los legisladores que anticiparon su voto votaría en contra; que los ejecutivos son “todo” preocupación; que la mayoría de la gente quiere que coexistan ambos sistemas, es decir, se oponen al proyecto del gobierno; y que el gran problema de la gente ahora ya no es la inflación sino los despidos. Por si todo esto no alcanza, estemos atentos a la pretensión destituyente que sobrevuela la redacción del diario La Nación y el grupo Perfil. No resulta casual que en los últimos dos días Morales Solá haya afirmado que de no aprobarse el proyecto de reestatización de las jubilaciones, tiene la información precisa de que la presidenta renunciará; o que la tapa de Noticias indique que los K se irían del gobierno si pierden las legislativas de 2009. En esta misma línea Mariano Grondona llamó hoy desde la radio a pensar el poskirchnerismo puesto que los K se van a ir “en un mes, un año o a más tardar tres años”.
Más allá de estos exabruptos, la denuncia de la oposición parece hacer justicia con la historia argentina, esto es, una historia de saqueos de los aportes previsionales. En este sentido, el proyecto oficial debería establecer la mayor cantidad de posibilidades de control: desde la autarquía del ANSES, pasando por un comité de seguimiento, hasta la restitución del 82% móvil. En cuanto a la cuestión de la intangibilidad de los depósitos, asumiendo el riesgo de introducirme en fangosos tecnicismos que me exceden, parece más un espasmo demagógico que otra cosa. Esto se debe a que el cambio al sistema de reparto implica más allá de todo un cambio conceptual. Se trata de pasar de la capitalización individual al sistema de reparto solidario y de compromiso intergeneracional. Esto supone que ya no existen más cuentas individuales y que el dinero que uno aporta puede ir a cubrir a otros que aportan menos o no han aportado por permanecer parte de su vida en el plano informal. Asimismo, ¿supone la intangibilidad que los aportes se guardan en una caja fuerte envueltos con un papel y una etiqueta que diga “no tocar”? Sería absurdo inmovilizar 30.000 millones de dólares y no invertirlos con lo cual cabe preguntarse qué estamos diciendo cuando hablamos de intangibilidad. En todo caso habrá que encontrar la forma adecuada para evitar que este y los gobiernos que vengan no utilicen ese dinero con una finalidad, llamémosle, ilegítima o “antipopular”. Si este gobierno encontrará la forma a través de piruetas legales o corrupción flagrante para hacerse de parte de esos recursos es algo que no se puede saber de antemano. Lo que sí resulta llamativo es que tanta gente permita que las aseguradoras le cobren comisiones vergonzosas y que tomen el dinero que uno aporta para su jubilación utilizándolo para transacciones financieras que pueden salir tanto bien como mal. Es como que yo le fuera dando todos los meses parte de mi sueldo a un señor para que lo juegue a la ruleta. Por hacer esto, él me cobra 3 de cada 10 pesos que le doy y asume el compromiso de devolverme en cuotas dentro de 30 años lo que haya quedado de sus triunfos y pérdidas en sucesivas apuestas. Si a los 30 años a este señor le ha ido mal en la ruleta vendrá el Estado y me pagará lo que me falta para vivir con la mínima. No hay saqueo probable del Estado que pueda ser peor que el robo del sistema de capitalización. Sin embargo, hay quienes tienen en las AFJP a sus ladrones preferidos.
Hubo un hecho este fin de semana que por su nivel de irracionalidad me llamó la atención: la mitad del país decidió no cambiar el horario y mantenerse en la hora “antigua”. De esta manera el país quedó dividido en 2 husos horarios. Existen buenas razones, especialmente de las provincias más cercanas a la cordillera para oponerse al cambio de horario sugerido por el gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, aunque no justificable públicamente, la decisión de mantener el horario tuvo que ver con un intento de diferenciarse políticamente de la Casa Rosada antes que buscar evitar las dificultades que acarrearía que en algunas regiones oscureciese a las 23:00hs.
Desde mi punto de vista, la medida de las provincias “rebeldes” resulta sintomática de una forma de hacer política que si bien no es nueva parece tener indicios de una profundización en los últimos años. Ser opositor en la Argentina significa oponerse sistemáticamente a toda acción de gobierno. En esta línea, salvo Binner, todo el arco político desde la extrema izquierda a la extrema derecha le dice que “no” a cualquier iniciativa que surja del Ejecutivo. Si le paga al club de París, le achacan que lo hace con reservas; si abre el canje con los holdouts le dicen que no es momento; si reestatiza Aerolíneas afirman que es cómplice de Marsans; si está relativamente mejor parado para enfrentar la monumental crisis financiera mundial, adjudican esta condición al “error” de estar “fuera del mundo”; si baja la inflación dicen que no es mérito del gobierno y que esto obedece a la variación de la demanda y los precios internacionales (algo que no decían cuando la inflación subía), etc, etc.
Mientras tanto, cuando los incisivos reporteros consultan a referentes opositores respecto a qué tipo de actitud tendrán frente al gobierno nacional, la respuesta es menos insólita que subestimadora: “acompañaremos al gobierno en las acciones correctas y criticaremos las incorrectas”. Resulta interesante observar cómo el simple hecho de ser no oficialista tramita nuestro acercamiento a la verdad sin escalas y nos permite discriminar lo correcto de lo incorrecto con meridiana precisión. Pero dado que el arco político no surge por generación espontánea como parecen suponer los que esputan el “que se vayan todos”, debemos notar que también el ciudadano común tiene una suerte de intrínseca desconfianza hacia todo lo oficialista sea del signo que fuere. En este sentido, me atrevo a decir que el argentino medio tiene una propensión de mediano plazo hacia el antioficialismo. Esta característica que puede justificarse por el desgaste propio del ejercicio del poder es acelerado por la ubicua presencia de canales de información y por la propia lógica de los Medios cuyo mecanismo de éxito asegurado no es el compromiso con algún contenido bueno o malo sino simplemente con la idea de que ese contenido pase rápido. Se conjuga paradójicamente repetición incesante de la notica y velocidad. Si bien los Medios no son neutrales, a la larga, por suerte, les toca a todos. Los De Angeli son incinerados en poco tiempo y los Cobos tienen fecha de vencimiento máxime si son timoratos en sus decisiones.
Al impulso del ciudadano común a oponerse a todo lo que sea oficial, debemos agregar unas condiciones estructurales de la historia argentina que apuntan a pensar la política en términos de opuestos. A su vez, si a esta forma binaria de pensar le sumamos que buena parte de los que toman posición lo hacen de manera pseudo fanática, (aunque es verdad que en estos tiempos ya no podemos hablar de “mi casa radical”, “mi casa peronista”), las divisiones, algo distorsionadas y complejizadas, siguen siendo variables explicativas a tener en cuenta. Lo vimos en la reacción de buena parte de la ciudadanía contra los Kirchner en el conflicto con el campo donde rápidamente quedó en claro que la discusión en torno a la 125 era una simple excusa para expresar viejos y nuevos rencores políticos, ideológicos y de clase. Y lo vemos también, por ejemplo, en las protestas de los docentes contra Macri en la Ciudad. Los docentes de la ciudad están mal pagos; el gobierno de Macri se ha mostrado torpe, lacónico e ineficaz; sus acciones son más representaciones grotescas para una clase media enamorada que otra cosa, pero da la sensación de que los progresistas opositores a Macri evaluarán toda acción del hijo de Franco como equivocada, fascista, de derecha, etc. En esta línea es que uno puede enmarcar el desatino del cántico “Macri basura, vos sos la dictadura”. Macri, nos guste o no, no es la dictadura y esa homologación, antes que demonizar al jefe de Gobierno, trivializa el proceso que comenzara en 1976.
Asimismo, de la vereda de Macri, la mayoría de sus votantes reproducen la pústula de sentido común que emana de Rodríguez Larreta y sus asesores y que responsabiliza al Gobierno nacional, a los “docentes que hacen política” y a los sindicalistas oficialistas, de todos los supinos problemas de coordinación que arrastra un gobierno sin cuadros ni sujetos capaces de hacer frente conceptual y empíricamente a los desafíos de la administración pública.
Ante este panorama de divisiones, profundización del vértigo informativo y tomas de partido intransigentes y fanáticas a priori, queda poco espacio para el indeciso y para el poder en las sombras. Lo sabe Kirchner quien parece entender que el 2011 se gana en el 2009 y lo sabe Cobos a pesar de haber cometido el gran error político de no haber renunciado al Ejecutivo tras el voto “no positivo”. Parece ser la hora de ellos mientras Carrió y Macri especulan y hacen lo que pueden al precio de, quizás, perder el futuro en el presente. No resultará casual, entonces que Kirchner y Cobos cierren filas en sus partidos de origen y se vean las caras, aunque sea indirectamente, el año que viene. Parece que 2009 será “la hora” de ellos.
En los días previos al lock out patronal algunas de las principales figuras de la Mesa de Enlace entraron en escena no sólo anticipando la medida sino también respondiendo a la consulta respecto de un posible futuro como candidatos a cargos legislativos y/o ejecutivos. Específicamente, el representante de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi y el de los Autoconvocados de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, no tuvieron empacho en admitir su “salto” a la política nacional.
En el caso del líder de la FA, se han hecho públicos sus contactos con Duhalde y también ha expresado su simpatía por Cobos. Más allá de ello afirma que no sería candidato en 2009 pero sí en 2011 aunque uno puede suponer que tal vez las ansias de poder y de cámaras le jueguen una mala pasada y lo “obliguen” a adelantar su presentación. De Angeli, fiel a su estilo de soberbia vocifería más inimputable que espontánea dijo que aunque no tiene la intención aún, se animaría a ser gobernador de su Provincia o Presidente de La Nación. http://www.clarin.com/diario/2008/09/27/um/m-01769288.htm
En ambos casos se trata de los dirigentes que más apego a los flashes ha demostrado y que parecen gozar patológicamente de ponerse al frente de reivindicaciones que nada tienen que ver con los reclamos de sus representados. Los estruendosos aplausos que recibiera De Angeli en la Rural como quien vitorea a un payaso antes de una performance de guillotinamiento y los elocuentes números que muestran la forma en que se hubieran beneficiados los pequeños y medianos productores si se hubiera aprobado la 125 modificada que fue rechazada en el Senado, parece hablar a las claras de que los representados por la Sociedad Rural se han beneficiado más que los de la Federación Agraria. Igualmente debiéramos agregar un asterisco a esta afirmación y aclarar que es verdad que la Federación Agraria hoy nuclea más a rentistas que a pobres pequeños campesinos y que con la 125 modificada, al precio del 1/10/08, casi todos los sectores representados por la Mesa de Enlace se hubieran beneficiado en la medida en que las retenciones serían menores sobre casi todos los productos. (En el caso del Trigo, la retención con las retenciones móviles sería de 23,11% contra el 28% de la retención fija que rige en la actualidad; en el caso del maíz sería de 20,14% contra el 25% de hoy y sólo en la soja y en el girasol sería apenas mayor al 35% y al 32%) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-112828-2008-10-05.html
Más allá de esto la pregunta que deberían hacerse es cómo no pecar de vanidosos y suponer que poseen un carisma y una propuesta robusta distinta a la interminable lista de estrellas fugaces que acaban incineradas cuando entran de lleno en la competencia política electoral. Se sabe que no existe una relación directa entre un gran poder de convocatoria a un acto asociado a algún fenómeno coyuntural que casualmente parece depositar la representatividad en uno o algunos hombres, y el comportamiento del electorado en los comicios para cargos legislativos o ejecutivos. Lo sabe Blumberg y lo saben los que irrumpieron en la política de ese modo. De hecho, ni siquiera hoy, apenas pasado poco más de dos meses del rechazo en el Senado de la 125, parece existir la misma predisposición en buena parte de la gente para lanzarse a la calle y poner en jaque al gobierno. Dejando de lado los operadores de siempre, el común de la gente preferiría que no volviésemos al nivel de incertidumbre reinante durante 4 meses. Así lo manifiestan las encuestas que indican que aún aquellos sectores de la población que se oponen al gobierno, preferirían que no hubiese lock out ni cortes de ruta.
La gran paradoja es que estos potenciales candidatos que aparecen como proviniendo desde “afuera” de la política generalmente acaban ingresando a ella a partir de un discurso que deslegitima la moral y la eficacia de los funcionarios y del Estado. Esta tensión es aún mayor frente a un gobierno que desde el plano discursivo postula un retorno de lo político entendiendo por tal una vuelta a un Estado que pueda recuperar el terreno perdido desde las transformaciones neoliberales. La Mesa de Enlace no posee una visión demasiado distinta a la de muchos periodistas y empresarios que buscaron y buscan desprestigiar la Política y el Estado atacando a los políticos. El punto aquí es que este tiro no salga por la culata, y tanto Buzzi como De Angeli no queden presos de la sospecha sistemática que se yergue sobre las espaldas de cualquiera que quiera hacer política. Esa parece ser la trampa mortal, la revancha que los políticos al final del camino parecen tomarse. Puesto que el sistema político aún resulta sugestivo para cualquiera y es sin duda, no el único, pero sí, probablemente, el principal canal a través del cual existen mayores posibilidades de realizar transformaciones sistemáticas, los que afirman compulsivamente que el Estado es esencialmente expropiador de la renta fruto del trabajo honesto, deberán saber que si pretenden cruzar el umbral hacia la política y jugarla “desde adentro” tendrán que asumir sobrados riesgos. En ese momento, el peligroso imaginario que han ayudado a construir basado en el presupuesto libertario de poco vuelo, aquel que se encarga de reafirmar la idea de que el Estado se opone al pueblo y a la pujanza de los emprendimientos individuales, los recibirá con su característico ánimo desollador.
La semana pasada me sorprendió la cobertura que se le dio al trigésimo quinto aniversario de la muerte de Rucci. Todos los años uno encuentra, es verdad, alguna cartelería y se entera de algún acto pero este año pareció especial. De todas las coberturas hubo una que me llamó más la atención. Me refiero al anuncio que promocionaba el programa de Andrés Kipplan y titulaba, “El asesinato de Rucci: un crimen de lesa humanidad”. Todos sabemos que un título sugestivo invita al televidente a acercarse al programa pero éste fue como mínimo poco feliz. Si bien no me consta que Kipplan haya consentido esta presentación resulta penoso que periodistas que uno ingenuamente supone progresistas se presten tan burdamente al juego de la atracción publicitaria. Especialmente cuando ésta llama tan flagrantemente a mentir. Esta operación de prensa de lesa verdad se repitió de manera solapada en varios otros programas y entrevistas.
Sea como causa o como efecto de la forma en que se cubrió la noticia, se reabrió la causa Rucci tomando como testigo a un periodista de La Nación que tras hacer una investigación afirmó que dos de los asesinos del sindicalista aún están vivos. Esto fue tomado por algunos interesados como una posibilidad más de reabrir el debate acerca de si los crímenes de los guerrilleros pueden ser interpretados como crímenes de lesa humanidad. Lo llamativo es que fueron los periodistas y no los Rucci los que quisieron descarrilar la discusión hacia allí, pues la estrategia de estos últimos no es la de equiparar los crímenes perpetrados por el aparato estatal, a los de una organización guerrillera. Más bien, lo que busca la familia Rucci es probar que hay un hecho “nuevo” que permita reabrir la causa y buscar a los culpables. De este modo, en todo lo que rodea a este juicio no aparece nunca la idea de extender el campo de lo que se considera crímenes de lesa humanidad. Por si aún no queda claro, estos crímenes son aquellos realizados por los Estados sobre individuos o grupos de individuos, son de carácter imprescriptible y hasta pueden ser causales de intervención de potencias extranjeras en los territorios donde se perpetren sistemáticamente. Existe jurisprudencia internacional en este sentido.
Hay quienes creen que un crimen de lesa humanidad es simplemente “un crimen grave”. De aquí parecen inferir que un crimen realizado por civiles donde, por ejemplo, hubiera secuestro y tortura seguida de muerte es un crimen de lesa humanidad. Y no lo es. Es un crimen atroz, sus autores merecen pasar en la cárcel muchos años pero no es un crimen de lesa humanidad. Tampoco un violador que descuartiza a su víctima menor de edad comete un crimen de lesa humanidad. Comete un crimen indescriptible y le deseo la peor vida, pero no es un crimen equiparable al que se realiza con sistematicidad desde un Estado.
Guste o no, no hay discusión aquí. La justicia argentina se ha expedido en el asunto brindando infinidad de pruebas. Por si esto fuera poco, la jurisprudencia de los Tratados internacionales a los que suscriben los Estados y los órganos legales cosmopolitas también se han pronunciado en ese sentido. Quien derive de aquí que eso supone apoyar a los montoneros parece carecer de la estatura intelectual para entablar una discusión sin espuma en la boca.
El respeto mundial por la figura del crimen de lesa humanidad ha sido parte de un proceso largo en el que tuvo que haber inmensos derramamientos de sangre para que se llegara a este mínimo acuerdo que parece sentar las bases de un sustrato común a las distintas civilizaciones o al menos a la mayoría de ellas. Bastardear esta figura, ampliarla irresponsablemente puede significar un desgranamiento de la misma y la pérdida de su fortaleza. El sesgo ideológico de los que pregonan por una memoria completa que nada tiene que ver con el recuerdo sino con la intención de inducir cambios en la cosa juzgada, parece cegarles la mirada y no les permite darse cuenta que el precio de su revancha es quitarle especificidad y transformar en tan amplia como ambigua a la idea de crimen de lesa humanidad. Si en la Argentina sucede esto, su pequeña victoria será la derrota de una visión cosmopolita que rige sin duda, al menos, el mundo occidental. De ser así, ahí sí que estaremos “afuera” del mundo.
Sin duda, tras la crisis de los bancos de Inversión en Estados Unidos y el desplome de las Bolsas del mundo, el factor económico ha sido el que ha dominado la semana. De aquí que hayan sido los economistas quienes hayan inundado páginas y páginas con análisis, lobbys y predicciones. Tal vez por ansiedad o por la misma lógica mediática que exige títulos rimbombantes y videograph atrayentes, algunos parecen haberse apresurado a hablar de una crisis similar a la de los años 30 o el fin de, al menos, una etapa del capitalismo. Dado que probablemente nadie sepa bien cuál es la magnitud de una crisis que parece recién comenzar, toda elucubración debería llevar a conclusiones provisionales si es que no pretendemos que un archivo nos ponga en ridículo algunos meses más tarde.
Más allá de ello, la crisis deja lecciones que algunos en Argentina parecen deseosos de desaprovechar. En rasgos generales, verdad de perogrullo pero verdad al fin, la economía y la política tienen muchos más grises de lo que los varios precandidatos abonados a programas de opinión parecen estar dispuestos a reconocer. Llama la atención en este sentido que economistas como Samuelson acaben reconociendo que “El capitalismo puro no puede evitar algunos ciclos económicos. Ni se puede contar con que los mercados, librados a sí mismos, curen sus problemas” (Ver la nota en el Clarín Económico del domingo 21/9/08), y sin embargo debamos oír a los gurúes argentinos recordsman de desaciertos, dirigirse al público con recetas caducas que encienden la alarma ante el más incipiente intento de intervención estatal. El gobierno de Estados Unidos, parece entonces adoptar una lógica que cuando es aplicada aquí es acusada de “fidelo-chavista-soviética”. Podría sucintamente expresarse así: “Que el Mercado ande solo lo que pueda pero cuando se necesite salvarlo, bienvenido el Estado”. De esta manera, una estatización solapada como la que promovió el gobierno de Bush al comprar el 80% de AIG, una empresa de Seguros, es interpretada como una medida de un Estado inteligente que trae confianza a los mercados. Como contrapartida, insólitamente, la estatización de la Aerolínea de Bandera en Argentina, es vista como la nueva manifestación del Estado bobo y un negociado en el que se encuentra entre las sombras Kirchner; como si esto fuera poco la estatización de Aerolíneas Argentinas demostraría la importancia de los sindicatos. En cuanto a AIG nada se dice de ellos a pesar de suponer que no puede ser menor un sindicato de una empresa que cuenta con 116.000 empleados. Tampoco se habla de la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo estadounidense ante la insoportable presión que se ejerce sobre los demócratas para que éstos aprueben en el Congreso el pago de 700.000 millones de dólares por el rescate del sistema financiero. Allí, seguramente, los legisladores, como la mitad más uno de nuestros senadores, no son venales, ni corruptos, pues todos votan “con el corazón”.
En el ámbito vernáculo se vienen dando señales claras en un sentido más allá de que los operadores “corran siempre el arco”. La recompra de los bonos para demostrar voluntad y capacidad de pago, pasando por el anuncio del pago al Club de París, la apertura de la negociación con los holdouts anunciada hoy y el aumento de tarifas a los hogares de más consumo, son señales claras a lo que podría llamarse establishment. Si el gobierno hace mal o bien, ese es otro asunto. En términos económicos, sin duda, el default de 2001 trae inconvenientes para que lleguen inversiones y normalizar esta situación permitiría, teóricamente, en un tiempo, recuperar la confianza del Mercado además de refinanciar la cuantiosa deuda que Argentina debe honrar en 2009. Por otra parte, también es verdad que estando “desconectados” del mundo no nos ha ido tan mal. Sin caer en chauvinismos vulgares podemos decir que Argentina ha logrado crecer a “tasas chinas” estando “fuera” del mundo” y ha salido completamente airosa, cuando no fortalecida, de las últimas crisis globales. Si bien este crecimiento “con lo nuestro” tiene límites, podría aprenderse la lección de una vez por todas para el día de mañana adoptar políticas de apertura que no contengan los vicios de la década del 90. En este sentido, parecen más auspiciosos y relevantes para la Argentina los vínculos con Brasil y el Mercosur hacia una cada vez algo menos utópica unión monetaria.
Lo que sí parece un hecho es que habrá menor crecimiento en el mundo lo cual afectará a la Argentina por la reducción de los precios de los commodities y la posible revaluación del peso frente al dólar. Si efectivamente esto se da, espero ansioso que aquellos que afirman que la economía va bien sólo por unas condiciones inmejorables en el mundo, consecuentemente, no carguen las culpas en el gobierno cuando en vez de crecer a un 8% se crezca a un 4%.
En el plano político, la ecuación parece aún más compleja. Podríamos preguntarnos si el gobierno gana algo electoralmente dando estos gestos hacia los mercados, lo que en el frente interno sería el segmento ABC1. Si se busca una reconciliación con esos sectores la batalla parece perdida de antemano: nada que haga este gobierno podrá calmar críticas que en algunos casos proceden de un odio ancestral y visceral. Al fin de cuentas, es el mismo dilema que se dio a lo largo del conflicto contra algunas entidades del campo: conciliar (eufemismo por el cual se quería decir “ceder”) o doblar la apuesta hasta “quemar las naves”. Si bien se cedió mucho, en el imaginario popular, el gobierno “quemó las naves” y se quedó sólo en la Isla. Doble fracaso: el de la elección de una de las patas del dilema y, tal vez el más importante hoy, el de la comunicación a la opinión pública.
Más allá de esto quizás debamos reconocer que buena parte de estas señales pueden comprenderse mejor a la luz de las consecuencias de la caída de la 125. En todo caso, comienza el tiempo en que quizás debamos evitar los análisis acerca de en qué medida este gobierno es más o menos progresista presuponiendo ingenuamente que la coyuntura del 2008 es similar a la del 2005 y que el gobierno puede elegir casi libremente qué política seguir. Sin llegar a decir que el kirchnerismo no ha podido profundizar su progresismo porque no lo dejaron, quizás tengamos que empezar a acostumbrarnos a un gobierno que deberá sortear un escenario en el que el margen de maniobra y la capacidad de imponer su voluntad parece ser cada vez más estrecho.
Ahora que los intentos desestabilizadores en América Latina son sólo “conflictos” y que los precios del maíz y el trigo estarían aportando un porcentaje menor si las retenciones fueran móviles; ahora que se afirma que resulta imposible que haya interferencias políticas en la justicia estadounidense y que comprobamos que el pago al club de París no ha generado un aluvión de inversiones ni la baja del Riesgo País ni la recuperación del precio de los bonos; ahora que la Mesa de Enlace desapareció y que la suerte quiso que una caída de avión no nos diera un mártir ni un nuevo motivo de procesión llamado San Alfredito, podemos ponernos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires.
Para referirse a los casi 9 meses de gestión del PRO se puede tomar la figura del Juego de la Oca que bien utilizó Zaiat en el Página 12 del 14/9/08 para describir la forma en que el gobierno nacional parece avanzar retomando la iniciativa y la agenda y sin embargo se expone a la torpeza de manipular un índice de inflación que horada, a veces injustamente, cualquier signo de credibilidad y lo obliga a recomenzar (el juego) de cero una vez por mes.
Pero más allá de la analogía, el caso de la Ciudad de Buenos Aires tiene una diferencia importante respecto al gobierno nacional puesto que este último nos guste o no, con cierta ambigüedad a veces, otras con torpeza y en algunos casos retrocediendo, parece tener cierto horizonte, (lo que no es lo mismo que “proyecto”), y ejecuta acciones en determinada línea. De hecho, generalmente se le achaca al kirchnerismo un exceso de ejecutividad, término que muchas veces parece encontrarse en una zona gris indistinguible rayana en actitudes más autistas que autoritarias.
En el caso de la gestión PRO, no puede haber otra cosa que perplejidad ante la, desde mi punto de vista, sorpresiva inoperancia para gestionar. Creo que es importante señalar esto porque el partido de Macri logró instalar que la crítica hacia el PRO sólo podía entenderse desde el punto de vista de las diferencias ideológicas, elemento que nunca alcanzaba la supuesta efectividad y aséptica capacidad de administración del joven y exitoso empresario. Si a esto le sumamos que la “ideología” posee una, muchas veces bien ganada, mala fama, puede tenerse allí un dato más para entender el porqué de la victoria del PRO.
Pero veamos en qué sentido la gestión PRO juega a la Oca. Por un lado resultó clara la estrategia de los primeros meses de gestión: se buscó ganar adhesión apuntando a los actores tan vulnerables como predilectos de la clase media porteña, a saber: contra los bolivianos, paraguayos, peruanos y cualquier cabecita negra de la Argentina “profunda”: la prioridad para los porteños en los hospitales; contra el mito (y la realidad) de los empleados públicos: la intervención de la Obra Social y el anuncio de 2000 despidos; contra la histeria de las “olas” de inseguridad: la policía porteña; a favor de la sacra educación: obras para que los chicos gocen de estufas suficientes para tener menos excusas para hacer sentadas y perder días de clases con el apoyo, muchas veces, de varios revolucionarios padres; ante la caótica situación del tránsito: los carriles exclusivos; frente al despilfarro de las arcas del Estado: eliminación de becas para alumnos secundarios, reducción drástica de talleres gratuitos en la ciudad y desaparición de los inútiles Guardias Urbanos; por último, frente a los baches y las veredas rotas, plan de bacheo y arreglos masivos y frente a los cartoneros, algún desalojo mediático.
Todas estas iniciativas suponen avanzar un casillero en el perfil de su gestión. Sin embargo, en todos los casos mencionados tuvo que dar marcha atrás y retroceder ese casillero (hasta el punto de, en casi todos los casos, “perder su turno”). El tema de la prioridad para los porteños en los hospitales no se implementó; respecto a la intervención en la Obra Social y a los despidos de los empleados públicos, se negoció realizar un censo que permita obtener mayor información sobre las actividades de cada uno de los trabajadores. De todo esto, lo único que se sabe es que algunos empleados fueron censados. En cuanto a la policía porteña, acallados los rezongos y sollozos ante la negativa del gobierno de transferir los fondos, se anunció la creación de la nueva policía que estaría preparada para salir a la calle en poco tiempo. Sin embargo, aún se espera el llamado para aquellos interesados que deseen comenzar el curso y se desconoce de qué manera se vinculará esta nueva fuerza con la Federal, cómo podrán resolver la superposición de jurisdicciones y cuánto deberemos pagar los porteños de ABL para poder solventar semejante cantidad de efectivos.
El tema educación merece cierto párrafo aparte puesto que Narodowsky parece más un empresario cementero que un Ministro de educación. Todo su proyecto educativo pasa por “recuperar el respecto por los maestros” y solucionar los problemas edilicios de las Escuelas. Nadie afirma que el respeto y un techo roto o un aula sin estufas no sean problemáticos, pero basar una gestión en esos dos pilares parece cuando menos insuficiente. Por cierto, aun si estos dos elementos fueran suficientes, hasta ahora no se ha recuperado el respeto y en la mayoría de los colegios no pudieron llegar a tiempo con las obras.
En lo que respecta al tránsito, hace falta estar un poco atento para observar cómo colectiveros y taxistas intentan ganar la batalla de la persuasión ciudadana, acción que muchas veces es acompañada, por si la habilidad retórica no alcanza, con manifestaciones de 600 colectivos en el Centro o de cientos de taxistas por la Nueve de julio. El gobierno del PRO postergó la decisión ante la amenaza de los taxistas y ahora se encuentra acorralado puesto que los colectiveros no son muy afectos a la marcha atrás. En lo que respecta a los guardias urbanos, lo que primero era un seguro cese de sus contratos, se transformó en una reubicación en una suerte de “Policía de tránsito” cuya entidad nadie tiene demasiado clara y que parece gozar del beneficio de la invisibilidad.
En cuanto a las becas, como se vio la semana pasada, finalmente tuvieron que dar marcha atrás con el proyecto que planeaba la desaparición de varios miles de ellas y en cuanto a los talleres gratuitos en los cuales se pagaba $170 por mes a los profesores, tras un primer intento de reducirlos a la mitad, no sólo se dio marcha atrás sino que se aumentaron los magros sueldos.
Por su parte, el auto de papá es testigo de la ubicuidad de los baches tanto como mi barrio padece la aniquilación estética de baldosas que se reemplazan por grises y compactos baldosones y adoquines que dan lugar a más y más pavimento.
Por último, frente a los cartoneros: aquél desalojo mediático.
Si a esto le sumamos que tras nueve meses no se ha podido realizar ni un kilómetro de los 40 prometidos para el subte, (ni siquiera se pudieron inaugurar las 4 estaciones de la línea A construidas en la gestión Telerman, dos de las cuales, al menos, ya estaban enteramente terminadas antes del 10 de diciembre) y que faltando tres meses para la finalización del año sólo se lleva ejecutado el 15% del presupuesto, la consecuencia no puede ser otra que el escepticismo de cara al futuro.
En este sentido, cometen un error los sectores que desde el progresismo “corren” a Macri con el argumento de que es “de derecha” puesto que está claro que la verdad no siempre gana elecciones. Es el mismo error que hace que ciertas ideologías de izquierda consideren que el asunto de “la administración” es sólo una “agenda de la derecha”. Pero es justamente en el déficit e ineptitud de la gestión de Macri donde habría que hacer más hincapié. Así es que tal vez sea más conveniente reafirmar la caída de algunos de los grandes mitos del PRO. Por un lado, la “nueva” política todavía no ha demostrado ser “buena” y, por otro lado, ni es real que el empresario exitoso puede traspasar mecánicamente ese éxito a la gestión pública ni debemos fiarnos de esa idea, instalada en el imaginario popular, de que la derecha siempre tiene “cuadros” capaces de gobernar.
El infierno de Dante