La influencia del factor corporativo en el golpe contra Arturo Illia

(Les comparto con mucho gusto lo que fue mi TP para la materia Historia Política Argentina que acabo de rendir durante el cuatrimestre que acaba de finalizar (bajo la tutela del profesor Marcelo Koenig). La consigna era que tratase de algún hecho político acaecido durante el período objeto de la materia, que era 1955-1970. Entre paréntesis o guiones medios, y en modo cursiva, agrego algunas acotaciones que me surgieron luego de releer el TP y antes de publicarlo acá, que omití para la entrega).

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Mediante el presente trabajo se intentará establecer el peso que, en la decisión del partido militar de tumbar el gobierno semi legítimo (favor que yo le hago, debería haber puesto ilegítimo, que es lo que fue el gobierno de Illia, derecho viejo) del Dr. Arturo Illia, tuvieron diversos estamentos de los poderes fácticos. Principalmente el poder económico, pero también la influencia que tuvo en este proceso el marco condicionado en el cual se desarrollaba el juego político, y la renovación que aconteció en los medios de comunicación con la aparición de semanarios gráficos y la posibilidad otorgada a empresas extranjeras de ingresar en la propiedad de servicios de comunicación audiovisual.

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Desde 1955, con la caída del gobierno democrático y constitucional de Juan Domingo Perón (me faltó poner legítimo, lo que no fue ninguno de los que lo sucedieron, hasta su tercera presidencia, en octubre de 1973), la Argentina se vio inmersa en una crisis de ilegitimidad política  e inestabilidad institucional. Fuera de toda legalidad, el peronismo es impedido de participar en la vida política. Esto genera que las inmensas mayorías populares que representaba (un año antes del golpe se hicieron elecciones para elegir vicepresidente –las únicas de ese tipo en la historia de este país, sin obligación ninguna de haber tenido que hacerlo, dato este a menudo olvidado por aquellos que viven de socavar discursivamente al gobierno de Perón– y el candidato peronista, Alberto Teisaire, había triunfado con un rotundo 62,5 % de los votos; en medio de lo que luego Raúl Prebisch catalogaría –contradiciéndose con lo que había dicho meses antes en un informe que le solicitó el propio Perón– “momento de crisis del modelo peronista”) no se sintieran contenidas en ninguna opción partidaria. De este modo, se tornaba imposible para cualquier gobierno –sea de fachada militar o civil– mantener el plafond popular necesario para ejercer con firmeza el mando de la república. El peronismo se había vuelto un problema, toda vez que sin el concurso de las mayorías que siempre sustentaron su primacía electoral, era imposible gobernar, al tiempo que, articulado como estaba uno de sus más importantes actores, el Movimiento Obrero Organizado, se dificultaba la implementación de un modelo económico que privilegie en exclusividad los intereses de los factores corporativos, que durante los gobiernos peronistas habían visto retraída su participación en la distribución de la renta nacional a menos del 50% de la misma –razón principal (debí haber puesto única, no hubo otra) por la que se golpeó al “régimen” peronista-.

En ese sentido, Juan Carlos Portantiero va a decir que “la inestabilidad política de aquel período obedece al hecho de que los grupos económicos dominantes no logran transformar en hegemonía política el predominio ya adquirido a nivel económico”. Califica a la situación como “empate hegemónico”, donde cualquiera de los bloques puede vetar al otro, pero no reúne las fuerzas suficientes como para establecer un trazo de gestión que sea de su agrado[1]. Arturo Frondizi había llegado al poder en 1958, pactando el apoyo del movimiento peronista a cambio del levantamiento gradual de la proscripción política. Desconfiado de esto, el partido militar lo desplazó del poder en 1962, ante el temor de que se hiciera insostenible el mantenimiento de la mencionada política represiva contra el partido mayoritario. Por otro lado, Frondizi incumplió su parte del pacto con el peronismo, lo que le significó que nadie quebrara una lanza en su defensa. En ese contexto, ganó las presidenciales de 1963 Arturo Illia, político de escasa relevancia dentro de su partido (designado candidato dada la creencia del líder de la UCRP -su partido-, Ricardo Balbín, de que no había chance de obtener el triunfo) y poco conocido a nivel nacional (provenía del sabattinismo cordobés, referencia política de inspiración yrigoyenista, con fuertes tendencias populares y nacionalistas, que lo diferenció notablemente de la línea conservadora unionista –que igualmente tuvo mucha relevancia durante el gobierno de Illia, por medio del canciller Zavala Ortiz, de las tres facciones radicales, esa, la de Sabattini y “Del Pueblo”, la que más gustaba a los Fusiladores del ’55 era la de Zavala, fervorosos antiperonistas-, hegemónica en el radicalismo, que expresaba Marcelo T. de Alvear, debe su nombre al Gobernador cordobés entre 1936-1940, Amadeo Sabattini, cuya gestión en la provincia tuvo una fuerte impronta industrialista e intervencionista. A posteriori de su muerte, Illia fue reconocido líder de tal línea interna –que terminaría confundiéndose con la de Balbín-). Obtuvo un porcentaje escasísimo de votos en su favor –menos del 25%-, pero pudo ser consagrado por el apoyo de partidos menores en el Colegio Electoral –regía el sistema indirecto de elección presidencial, uno de quienes lo apoyó fue UDELPA, partido que armó el ex presidente Fusilador, Pedro Eugenio Aramburu, quien años más tarde sería ajusticiado por Montoneros, para participar de aquellos comicios-. Esto marcó durante todo su mandato a Illia, quien intentó morigerar su debilidad de construcción política pactando con el mandamás del ejército, Gral. Juan Carlos Onganía, la no reincorporación de oficiales Colorados (sector interno del ejercito opuesto a la conducción de Onganía, herederos del profundo sentir gorila de Isaac Rojas y que habían sido derrotados por el sector Azul –de Onganía- en enfrentamientos armados acaecidos durante la presidencia de Guido, y por ello desplazados de las FFAA, esto pese a que era con Colorados con quienes mayor afinidad tenía la UCRP, en razón de que ambos coincidían en la necesidad de proscripción indefinida del peronismo). No obstante lo cual, ello significó, a fin de cuentas, una mella en el ya de por sí escaso poder de Illia, pues dentro del sector Azu” pesaban fuertes concepciones de liberalismo económico, opuestas a la Carta de Avellaneda, plataforma de gobierno de la UCRP que suscribió Illia para su elección, y que postulaba un rol un poco más activo del Estado en la vida económica[2]. Dice Mario Rappoport, que “Las políticas desplegadas, sin agitar demasiado las aguas, rescataban lineamientos (…) con un trasfondo internacional marcado por propuestas económicas nacionalistas en boga en muchos países del Tercer Mundo. (…) cierta resistencia a las imposiciones del FMI, la concepción de un Estado inclinado al control y la planificación de la economía –como en caso de los productos farmacéuticos-, así como a la atención prioritaria al mercado interno. Se tomó también la decisión de denunciar y anular los contratos petroleros firmados por el presidente Frondizi.”[3].

La decisión de sucesivas administraciones de favorecer la penetración del capital extranjero sin controles adecuados por parte del estado, enhebró un sector empresarial dotado de demasiada capacidad e influencia para intervenir en el diseño y desarrollo de las políticas públicas. El economista Eduardo Gorosito, en su estudio “La odisea de la economía argentina”, marca que el rasgo principal de la política económica de Frondizi (desarrollo mediante ingreso de capitales foráneos), se definió por el temor que tuvo a aumentar la explotación del trabajo, por las revueltas sociales que ello podría significar (de todas maneras, la retracción que sufrió la clase obrera en sus niveles después de la caída de Perón fue enormísima)[4]. Perón había intentado una apertura con restricciones –por ejemplo, al envío de remesas al extranjero, cosa que pretendieron utilizar los sectores opositores para pintar una supuesta marcha atrás de Perón; ridículo, por cierto-, una vez que la ampliación del consumo que provocó el enorme mejoramiento en las condiciones de vida de las masas durante su gobierno (especialmente en el primer tramo del mismo), no encontró debido correlato en la expansión de mercado necesaria. Frondizi, a través de la eliminación de aquellas restricciones, significó un importante giro en las radicaciones de capitales de inversión extranjera, modificaron el escenario[5].

De esto no estuvieron ausentes los medios de comunicación. En virtud de su objetivo de desperonizar el país, fue reformado el marco legal de los servicios audiovisuales en 1957 por Pedro Aramburu, presidente de facto para entonces, mediante la “ley” 15.460/57, que tuvo como objetivo “morigerar el peso estatal en la propiedad de medios”, y que si bien prohibía la participación del capital extranjero en la propiedad de medios, finalmente pudieron hacerlo indirectamente. En palabras de Heriberto Muraro “se creó en el país un poderoso bloque de intereses centrado alrededor del negocio de la TV, compuesto por empresas norteamericanas, comerciales, industriales y terratenientes argentinos, así como uno que otro funcionario estatal ligado al poder militar”[6]. Los factores del poder económico entraban a jugar fuertemente en la disputa por la construcción de sentido. En alianza con el Partido Militar, quisieron incidir en el proceso institucional para detener lo que consideraban un modelo dirigista, de corte ligeramente keynesiano, no tenía malos resultados, tres años de crecimiento del PBI consecutivos-, al que calificaban de inepto y lento, que iba contra sus intereses.

En un contexto mundial nuevo, marcado por la Doctrina de la Seguridad Nacional (y la Doctrina de la Contrainsurgencia, el presidente Illia permitió la entrada al país de los franceses que idearon dicha doctrina militarista), que implicaba el combate –por parte de las FFAA- al comunismo que, se decía, se “infiltraba”, ya prescindiendo de fronteras territoriales, el ejército argentino, atravesados sus más importantes cuadros por este nuevo paradigma, será, de nuevo, el instrumento de las clases dominantes de la economía argentina, pero esta vez para imponer un nuevo orden. De allí que Alain Rouquié la ubique dentro de un nuevo tipo de entre las dictaduras que hubo en Argentina, que denomina “constituyentes”, porque se imponían realizar transformaciones profundas en lo económico y lo social (los cuales estarán plasmados, acaecido ya el golpe, en lo que fue el Estatuto de la Revolución Argentina, que gozó de rango superior a la Carta Magna local; para la Fusiladora el objetivo era otro, simplemente desperonizar, el problema era Perón para ellos, reducían al peronismo a un fenómeno de gobierno expendedor de choripan, vino y pan dulce, y si se lo quitaba del manejo del aparato estatal todo estaría resuelto: Jamás comprendieron el vínculo afectuoso entre conductor y conducidos, que excedía por largo lo material, prueba esta de que se lo echó, se lo prohibió de todas las formas posibles y aún así el reclamo por su retorno al país se mantuvo incólume durante los dieciocho años que duró su ausencia). Siguiendo con Rouquié, el autor va a hablar de un general que llega al poder sustentado en el apoyo de pactos neo corporativistas[7], evidencia, esta, para quien suscribe el presente, de cómo el orden fáctico incide en el arribo de un nuevo gobierno, reemplazado el rol que en ello deberían cumplir las organizaciones políticas que son las que deberían (si seguimos lo prescrito por la Constitución Nacional) ejercer el rol de competidores en pos de hacerse del concurso popular para poder imponer el proyecto de gobierno que ofertan.  

En este marco, un nuevo concepto de periodismo emerge, dispuesto a partir de la aparición de semanarios gráficos de opinión que insistentemente se dedicaron a jugar fuertemente a favor del ideario del modelo de “modernidad” que interpretaban las fuerzas del capital frente al “escollo del pasado” que suponía la política intervencionista de Illia[8] (Un documento de la UIA hablaba de “la burocratización total de la vida económica […] que conduce gradual pero persistentemente a la absorción de la empresa privada por el Estado […] para las actividades más importantes, casi siempre se resuelve en la obligada transferencia de la propiedad del empresario privado al Estado”[9] y también hubo quejas de la CGE, ACIEL y la Sociedad Rural). Las corporaciones presionaban a todo dar en pos de dirigir el Estado. Y a todo esto, había un gobierno ilegítimo, carente de toda legitimidad para implementar un programa como el que se proponía (ni ese, ni ningún otro, no hay plan de gobierno posible si se parte de lo ilegal), pero a la vez obturado de procurárselos por la amenaza militar que miraba con atención que el juego democrático no sea abierto al peronismo, y/o más bien, a Perón. En definitiva, un poder meramente formal, que no decidía. Mariano Grondona, en Primera Plana, definió claramente la situación, diciendo que Illia debía “incorporar a su gabinete a los sectores dinámicos, modernos a los que el exclusivismo partidario desoye hoy”[10]. Ese tipo de bajadas de línea se hizo muy común por parte del periodismo (otros ejemplos fueron Bernardo Neustadt –desde Todo– y Mariano Montemayor –pluma principal de Confirmado– también participaban del desgaste del gobierno).

La acción fue finamente orquestada. Un poder fáctico (el económico) fuerte, en alianza con el partido militar que se procuraba mantener la institucionalidad condicionada (otro error mio, no existe la institucionalidad condicionada: O hay constitucionalidad o no la hay), se proponía tomar el estado para sí, generar la llegada a su conducción de hombres propios (dado el golpe, lo conseguirán, con Adalbert Krieger Vasena) lejanos a banderías políticas (tradicionales, pero bien conscientes de defender las propias, las del liberalismo económico al que le costaba inmiscuirse con plenitud dentro de los partidos existentes a ese momento), y jugando fuerte en la construcción del debate público por medio de la posibilidad de penetración en los medios que se les fue abriendo.

Y un presidente, Illia, víctima de las reglas de un juego que aceptó pero que a fin de cuentas le terminó cerrando el callejón. Illia participó de un escenario diagramado por quienes luego serían sus victimarios. Haciéndolo, legitimó sus intenciones, los dotó de poder (recordemos que presionó a Brasil para que frenaran el avión que traía a Perón de Madrid en 1964 y alentó la participación de la llamada Unión Popular, a los efectos de generar una suerte de neo peronismo que dividiese y debilitase a la fuerza política por lejos principal, con escasa suerte) y sembró entonces la semilla de su propia derrota. Así se lo haría saber el Gral. Pascual Pistarini, el día que fue a echarlo a Illia de la Casa de Gobierno, ante la acusación de “bandido golpista” que le lanzó el presidente. Contestó que él (Illia) también era un bandido, pues se había valido de quienes lo consagraron en su cargo en el marco de un sistema profundamente ilegítimo; que cuando le sirvieron nada dijo y que sí lo hacía una vez que se le habían vuelto en contra[11].

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Claramente, lo que surge como conclusión del presente trabajo, es que el golpe de 1966 (también está mal de mi parte denominar a la caída de Illia del mismo modo que a las de Perón e Yrigoyen, porque igualaríamos la salida forzada del poder de gobernantes legítimo de aquellos que no lo son; tanto lo de Illia como lo de Frondizi fueron movimientos al interior del propio régimen; en esos términos, existen a mi entender tres únicos golpes de estado en la historia del siglo XX, y no seis como habitualmente se enseña en las escuelas: 1930, 1955 y 1976 –lo de 1943 fue, también, la salida de un gobierno ilegítimo-) fue el resultado inevitable de la conjunción de factores a las cuales fuera sometido por aquellos tiempos el desenvolvimiento de un juego político demasiado intervenido por actores que carecían de legitimidad (no están contemplados en la CN) y representación (partidaria), que encontraron en las FFAA, preponderantes hacía años en la vida política argentina, y muy especialmente desde 1955, el vector de escape ideal para confeccionar una alianza de poder que tomase finalmente el estado para operarlo en su favor. Tomando un trabajo de David Collier, en el cual el autor revisa a Guillermo O´Donnell quien caracteriza el período que se avecinaba en Argentina a la caída de Illia como “autoritarismo burocrático”[12], tenemos que nuestra sociedad se hallaba impregnada, por aquellos días, de una muy fuerte identificación con el peronismo, y estaba, a la vez, acostumbrada a un importantísimo activismo político mediante el cual luchaba por sus derechos en pugna con los sectores dueños de la renta. Del otro lado, los grandes grupos económicos que, vimos, habían desalojado del poder al peronismo para reposicionarse en la puja por la distribución del ingreso, porque venían obteniendo resultados lejanos a sus intenciones, no habían logrado, sin embargo, en casi once años, sentar bases que fuesen capaces de sistematizar legalmente el reparto que consideraban los dejaría satisfechos, en orden a generar un sistema de dominación de clases de permanencia en el tiempo e imposible de ser discutido. Dado que Illia, a pesar de ser un hombre plenamente comprometido con la proscripción del peronismo, tenía, no obstante, como norte, el programa de gobierno de la UCRP, la Carta de Avellaneda, considerada también –por el establishment económico- demasiado estatista (si se consideraba estatista a eso, lógico comprender porque veían necesario exterminar al peronismo), contraria a la concepción de retirar cuanto más fuese posible al estado de la regulación de la vida económica del país. Por otro lado, se consideró a la disputa político-partidaria en sí misma como culpable de imposibilidad de sentar el nuevo orden que se pretendía, y que ya sobradamente se ha caracterizado acá. Y si, por último, tenemos en cuenta que la asfixia a la que se veía sometida la inmensa mayoría del pueblo argentino por medio de la proscripción de su opción política máxima coadyuvó grandemente a que las intenciones de lucha política no pudieran ser canalizadas por las previsiones institucionales y legales normales, sino que explotaran en clave de lucha armada, vino a chocar de frente con la nueva doctrina militar a la que habían adherido nuestras FFAA, se dieron todas las condiciones para que unos y otros –poderes fácticos y militares- comprendiesen que sus necesidades eran altamente complementarias.

Un modelo económico nuevo, que arrancase de raíz los últimos vestigios de peronismo, al tiempo que eliminase la posibilidad de la salida armada que era promovida por la lucha política ilegítima que estaba planteada, sumada a la existencia de partidos políticos débiles, que no gozaban del favor popular para hacerse de la fuerza necesaria para cumplir con uno y otro requisitos.

En cuanto al aporte de Muraro, arriba citado, la interpretación del firmante es que lo allí expresado habla de una fuerte confluencia de intereses -si se lo quiere ver así- o articulación sectorial -otro modo de verlo, no excluyente del primero-. Dentro de esto podemos ubicar a los sectores empresariales cuyos intereses económicos fueron afectados por la anulación de los contratos petroleros y la sanción de la ley de medicamentos. La integración articulada de medios e intereses empresariales –según el relato de Muraro-, con más la llegada de estos sectores a las facciones internas dominantes del ejército argentino tras la victoria del sector azul, devino en una alianza de poder claramente expresada en lo que a posteriori resultó ser la conformación del gabinete económico de Juan Carlos Onganía, expresado en la figura de Adalbert Krieger Vasena, un hombre que contaba con la plena confianza del establishment corporativo de entonces siendo que expresaba en plenitud los ideales de cambio de raíz los paradigmas económicos que gobernaron Argentina desde el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Un trabajo de Vasena, del 13 de marzo de 1967 “apelaba a la necesidad de cambio (…) se promovería activamente la libre competencia y se eliminaría la excesiva protección arancelaria que había provocado tantas distorsiones (…) se intentaría reestructurar las empresas y actividades estatales y racionalizar y modernizar la administración pública, de manera de reducir el gasto y el déficit (…) disminución de los aranceles a la importación, un aumento de los impuestos a las ganancias y otras reformas tributarias, un incremento de las tarifas de los servicios públicos y un incremento de las inversiones en obras públicas. (…) procuró un ajuste del tipo de cambio con el objetivo de estabilizar la moneda y de ese modo terminar con la especulación y estimular la llegada de inversiones extranjeras”[13].    

Así las cosas, vemos que en el desarrollo se advierte como fue subiendo el nivel, en cantidad e intensidad, de virulencia con la cual se empiezan a expresar los factores corporativos, lo cual además ya hacen sin intermediación alguna, como vimos en cuanto al aspecto comunicacional, tenemos que se dio una acción política muy directa, clamando, en nombre propio, lisa y llanamente por nuevas bases de organización social, concordantes con las aspiraciones particulares que los guiaban, desde donde se considera sustentada la hipótesis planteada al inicio del presente trabajo.

[2] Miguel Ángel Taroncher. La caída de Illia. La trama oculta del poder mediático, Edición 2009, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, Pags. 21 a 25. 

[3] Artículo de Mario Rappoport, en el diario Página 12, publicado el 28 de junio de 2010.

[4] Eduardo Gorosito y Paola de Simone. La odisea de la economía argentina. Estudios de su historia desde 1930, Edición 2004, Avellaneda, Ediciones de la Universidad, Pags. 59 a 65.

[5] Alejandro Rofman y Luis Romero, Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina, 1974, Amorrortu Editores, en Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, de Sara Lifsyc, UBA, 2005, Pags. 32 a 37.

[6] Gustavo Bulla en el libro de Guillermo Mastrini. Mucho Ruido y pocas leyes. Economía y política de comunicación en la Argentina (1920-2007), Edición 2009, Buenos Aires, La Crujía ediciones, Pag. 137.

[7] Alain Rouquié, Argentina hoy, Siglo XXI, Buenos Aires, 1982, en Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, de Sara Lifsyc, UBA, 2005.

[8] Miguel Ángel Taroncher. La caída de Illia. La trama oculta del poder mediático, Edición 2009, Buenos Aires, Javier Vergara Editor.

[9] Artículo de Mario Rappoport, en el diario Página 12, publicado el 28 de junio de 2010.

[10] Miguel Ángel Taroncher. La caída de Illia. La trama oculta del poder mediático, Edición 2009, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, Pag. 91.

[11] José Pablo Feinmann. Peronismo. Filosofía política de una persistencia argentina, Edición 2010, Buenos Aires, Editorial Planeta, Pags. 411/412. 

[12] David Collier, El modelo burocrático-autoritario, Historia de América Latina Contemporánea, Nº 31, en Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, de Sara Lifsyc, UBA, 2005.

[13] http://www.argentina-rree.com/11/11-059.htm