El 7d y la agenda ajena de la oposición – Tiempo Argentino

Buena parte de los bloques de la oposición se preparan, no sólo para rechazar algunas de las leyes que el FPV pone en juego, sino para mostrarse una vez más como aliados estratégicos de los monopolios de la comunicación con vista a ese día clave, el 7D (siete de diciembre).
AGENDA AJENA. Los bloques del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y sus desprendimientos y el PJ disidente, mantienen una férrea conducta de dependencia con los mandatos del Grupo Clarín. Cada tema que se instala desde los medios que controla el monopolio, estos legisladores los desarrollan con denodado esfuerzo e interés. Tan es así, que por momentos se vuelve complicado diferenciar cuándo actúan por decisión propia y cuándo por mandato patronal.
Cuanto más se acerque el 7D, mayor será la presión del Grupo Clarín –que sabe que la aplicación de la ley terminará con sus privilegios– sobre estos bloques del eje aliado. Seguramente será posible ver a algunos de los más conspicuos legisladores mediáticos, recorrer estudios de televisión y, por qué no, hasta los pasillos de algún tribunal buscando una cautelar salvadora que permita demorar, un poco más, la plena vigencia de la norma que regula la comunicación audiovisual. No será la primera vez que lo hagan. En el verano de 2010, los principales dirigentes de la oposición hacían fila en los tribunales (y ante las cámaras de TV) para presentar recursos de amparo, con los que pretendían impedir el desplazamiento del ahora aliado Martín Redrado del Banco Central. Por ese entonces, el «Golden Boy» se oponía a la implementación del Fondo del Bicentenario, que implicaba el pago de deuda con reservas.
Una de las primeras escaramuzas que pueden llegar a producirse, en el marco de la resistencia al 7D, será la licencia que solicitará el diputado de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, propuesto por el Ejecutivo para conducir la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). No hay nada que impida que el legislador ocupe la dirección de este estratégico espacio en la aplicación de la norma. Pero ello no evitará que la oposición busque utilizar el momento de la autorización de la licencia, para transformarlo en una tribuna mediática y desde allí anunciar un supuesto avance estatal sobre la libertad de expresión cuando, si hubieran leído la ley que cuestionan, no hay una coma que ponga en riesgo ese derecho.
A pesar del tiempo transcurrido, todavía sorprende la dependencia de estos bloques parlamentarios con los dictados y/o directivas de los grupos mediáticos. Uno de los ejemplos más notables es la conducta de la nueva versión del Grupo A. Eficientes voceros de la defensa de aquellos que consideran perseguidos (sobre todo por el Grupo Clarín) por la administración kirchnerista, pero que en realidad son consuetudinarios evasores de impuestos.
Internacional derechista. Ahora este aglutinamiento, que asumió el nombre de Grupo de Acción Política para la Unidad (GAPU), viajará en poco tiempo más a Venezuela. La delegación estará conformada por los macristas Federico Pinedo y Gabriela Michetti, el ex peronista Eduardo Amadeo y Patricia Bullrich, de Unión por Todos. El primer objetivo es acompañar al candidato de la derecha de ese país, Henrique Capriles Radonski, que competirá en las presidenciales del 7 de octubre próximo. La otra tarea es conocer de primera mano la experiencia que llevó a que todo el arco opositor al gobierno de Hugo Chávez, se uniera detrás de una sola candidatura.
Esa unidad es la que por estos días reclaman algunos dirigentes opositores, como el diputado Francisco de Narváez, para repetir la experiencia de aquel país y enfrentar así a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un detalle, todas las encuestas en Venezuela muestran que, a pesar de la unidad opositora, el antichavismo no logra romper el histórico 37% que obtiene elección tras elección.
DULCES 16. Estos son los mismos legisladores que rechazan, por ejemplo, el proyecto que habilita a votar a partir de los 16 años. Con respecto a este tema, durante la primera audiencia pública que se realizó en el Senado, fueron los jóvenes radicales los que más se parecieron a sus mayores. Con argumentos calcados a los que suelen recurrir senadores y diputados de la UCR, los dirigentes del Juventud Radical y la Franja Morada, destilaron un inesperado desprecio por el proyecto del oficialismo, al que consideran oportunista y falso. Por lo menos en esta audiencia, fueron los radicales los únicos que no lograron llevar al salón de lectura del Senado expositores de 16 o 17 años.
Demasiado agrios fueron las arengas de estos jóvenes dirigentes del centenario partido, que contrastaron con la alegría, entusiasmo y, sobre todo, compromiso militante que denotaron aquellos adolescentes que avalaron el proyecto de ley. Es más, los radicales ni siquiera puntualizaron las diferencias que tienen con el texto del oficialismo y tampoco dieron cuenta de los alcances que tiene el que presentaron los senadores de la UCR.
EL SECESIONISTA. A diferencia de otros tiempos, el distanciamiento de Cristina Kirchner con el todavía dirigente de la CGT, Hugo Moyano, tuvo consecuencias mínimas en los bloques del FPV. En el Senado nada se movió. En Diputados, en tanto, el hijo del sindicalista, Facundo Moyano no cesa en su intento por conseguir una expulsión de la bancada y así generar una mediática repercusión. Insiste, a pesar de que le avisaron desde la conducción del bloque que en el FPV no despiden a nadie. Para colmo, si el moyanismo soñaba con un quiebre en el bloque, esto se puede traducir sólo en dos partidas, la del vástago del gremialista y el titular de los canillitas, Omar Plaini. Muy poco, incluso para justificar una nota en cualquier diario, por más opositor que este sea.
LOS CÓDIGOS Y LOS SILENCIOS. La mecánica que se dio la comisión bicameral que estudia el proyecto de unificación de los códigos Civil y Comercial, está llegando a su fin. Restan muy pocas audiencias públicas en Corrientes, Córdoba y el sur de la provincia de Buenos Aires. Por estas reuniones pasaron centenares de personas y organizaciones que dieron sus puntos de vista sobre el proyecto que debe llegar en noviembre al recinto del Senado. Organizaciones políticas (incluida la Iglesia Católica), sociales, gremiales, profesionales y tantas otras, pasaron por ese debate federal.
Cada uno aportó sus preocupaciones e incluso hicieron llegar propuestas de redacción. Los abogados, escribanos y martilleros muestran los dientes por los honorarios. Ninguno quiere perder sus privilegios con el nuevo Código. Otro ejemplo son las autoridades católicas y la gran cantidad de organizaciones satélites que los acompañan. Todos hicieron hincapié en una misma preocupación, la cuestión de la fertilización asistida y el manejo de embriones. Aunque saben que no podrán modificar nada pero respetando su naturaleza, también insistieron con sus tesis antediluvianas contrarias al matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género.
Fueron muchas las quejas pero, al menos por ahora, nulos los aportes. Las autoridades de la comisión bicameral les recomendaron a los integrantes de la cúpula católica, que aporten un texto normativo en ese punto. Hasta el momento, esas hojitas brillan por su ausencia.
En eso de las ausencias, un dato que llamó la atención a senadores del FPV es la inasistencia, a todas las audiencias públicas sin importar la provincia donde se realizaron, de los representantes de las compañías de seguros y de los bancos privados. La idea que sobrevuela es que si no se quejan es porque están conformes, sobre todo en lo referido a cuentas corrientes y transacciones bancarias. «Y si no hay quejas –piensan en el oficialismo–, es que algo mal hemos hecho.» En ese sentido, los asesores de los legisladores del FPV ya comenzaron a revisar la letra del proyecto para descubrir las verdaderas razones de tan llamativo silencio.