Fue asesinado un joven de identidad protegida

Bruno Rodríguez Monsalve, de 24 años, testigo en la causa que investiga a nueve policías por el abuso de un adolescente durante su detención en una comisaría de Trelew, murió en un hospital local tras recibir tres puñaladas en la madrugada de ayer. El abogado de la familia del joven abusado, Sergio Rey, aseguró que «no hay que descartar ninguna hipótesis acerca de quién lo mató, sobre todo porque apareció con tres puñaladas y no se reportó ninguna pelea».
Rodríguez Monsalve se encontraba detenido en los calabozos de la comisaría segunda de Trelew, cuando el adolescente de 16 años fue golpeado y abusado.
«Tuvimos que tomarle lo que se llama anticipo jurisdiccional de prueba, que permite adelantar prueba y documentarla antes del juicio oral y público, gracias a lo cual contó todo lo que escuchó», explicó el abogado de la familia al tiempo que agregó: «No hay que descartar ninguna hipótesis. La víctima no alcanzó a decir nada y lo extraño es que apareció con tres puñaladas certeras y una campera que no era de él».
El juez de garantías José García había aceptado en su momento la medida excepcional para que Rodríguez Monsalve declare anticipadamente, ya que un policía lo había interceptado en la calle con tono amenazante y lo había intentado atropellar con una moto.
En la causa por el abuso del adolescente en la comisaría están detenidos los suboficiales de la policía chubutense Aníbal Muñoz, Carlos Pato, Mario Bevacqua y Carlos Treuquil, acusados de «abuso sexual gravemente ultrajante, privación ilegítima de la libertad, severidades y vejaciones como coautores en concurso real».
También está detenido el oficial a cargo de la guardia, Adolfo Carballo, a quien se le imputa «abuso sexual doblemente agravado, abusos y vejaciones en carácter de partícipe necesario, privación ilegítima de la libertad con falsedad ideológica en calidad de coautor». En tanto, quedaron imputados pero no detenidos, los suboficiales Bruno Rodríguez, Héctor Santibáñez, Hugo Ortiz y Sergio Castillo.
De ser hallados culpables, los policías podrían ser condenados a penas de entre 8 y 25 años de prisión. Al momento de radicarse la denuncia por abuso, fue pasado a disponibilidad el jefe de esa seccional, Juan Carlos Contreras, y siguió luego con el descabezamiento de la cúpula policial.