Por David Cufré
La adscripción de Argentina al Consenso de Washington desde inicios de los ’90 le valió el reconocimiento internacional. La voluntad política expresada por el menemismo para llevar adelante una política de organización social en base a los criterios del mercado acumuló elogios de los centros de poder globales. Simbólicamente, Estados Unidos hasta suprimió el requisito de tramitar visa a los ciudadanos argentinos para ingresar en su territorio. Cada asamblea del Fondo Monetario Internacional era propicia para ubicar a la Argentina como ejemplo de país serio, ordenado, capaz de dejar atrás sus contradicciones y lanzarse sin medias tintas hacia un sistema económico moderno.
Neoliberalismo en estado puro: reducción del Estado a su mínima expresión, libre flujo de entrada y salida para los capitales especulativos, primacía de la valorización financiera sobre la producción, apertura comercial, privatizaciones –hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte, servicios básicos, industrias clave como la siderúrgica, la naval y la aeronáutica, espacio radioeléctrico y hasta la confección de los pasaportes–, entrega al sector financiero del manejo de las jubilaciones y desregulación laboral. Todas esas políticas tuvieron su traducción institucional en leyes, decretos y resoluciones.
También hubo acuerdos internacionales que hicieron más profunda la huella del camino trazado. Se advierte ahora en toda su dimensión lo que significó ceder la resolución legal de controversias con títulos de deuda a los tribunales de Estados Unidos. Y antes ya se habían comprobado los efectos de aceptar al Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, para dirimir eventuales conflictos con las privatizadas. Los Tratados Bilaterales de Inversión que florecieron por entonces en América latina terminaron de empaquetar la soberanía jurídica y trasladarla a los países más poderosos.
Si se analizan una por una todas aquellas políticas que dieron forma a la Argentina que terminaría estallando en 2001 es sencillo encontrar en los archivos documentos y declaraciones de los “líderes del mundo” enfatizando su admiración por tanto compromiso argentino con sus ideas. Lograron una identificación asombrosa de los intereses económicos de sus países, empresas y capitales como si fueran los intereses nacionales. Que Repsol asumiera el manejo de YPF, por ejemplo, era lo mejor para la Argentina porque le permitiría hacer rendir en todo su potencial las riquezas bajo suelo que la gestión estatal no podía extraer.
La prensa local más influyente hizo un aporte valioso para viabilizar políticamente iniciativas que atentaban contra las mayorías. Los socios locales de aquellos capitales y compañías extranjeras también hicieron lo suyo, y en ese bloque se destacaron –y destacan– los economistas de la city que lograron que los medios los presentaran como gurúes. En esa tarea siempre les resultó muy útil la utilización de eufemismos o conceptualizaciones vaporosas: la Argentina debía ser un país serio, moderno, integrado al mundo.
La eclosión de 2001 barrió con esa estructura argumentativa y lo que quedó a la vista de todos fue la realidad. Ya no había maquillaje suficiente para tapar los resultados de la doctrina neoliberal, que el país tan entusiastamente había abrazado. Para colmo, los mismos “líderes del mundo” que habían llenado de elogios a la Argentina no tuvieron el buen gusto de disimular cuánto se habían llenado los bolsillos sus países, empresas y capitales y descargaron la culpa de lo ocurrido en la “irresponsable” dirigencia política local, que no tuvo la valentía de hacer el ajuste como correspondía. En todo caso, la dirigencia política local se ganó el “que se vayan todos” por haber seguido de un modo tan potente los dictados que le llegaban desde Washington.
Tanto cinismo, en conclusión, abrió una hendija para un proyecto político distinto del desarrollado hasta entonces. El proceso se dio con características similares en América latina. Y las respuestas de la prensa dominante también fueron semejantes. La técnica del eufemismo, pese a todo, no desapareció. En estos días de dura pulseada con los fondos buitre pudo leerse en el diario La Nación uno muy original. Desde esas páginas se pidió “plasticidad” por parte del Gobierno para resolver el conflicto. Plasticidad, en este caso, sería aceptar las condiciones de los buitres, que expondrían al país a juicios multimillonarios que harían caer la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010.
Pero en esta etapa hay una novedad, que contrasta con lo que ocurrió hasta 2001. Los mensajes que llegan desde espacios de poder internacionales no son uniformes. No hay un discurso único como lo había entonces. Eso tal vez sea la mejor expresión de la descomposición que atraviesa un sistema económico global monopolizado por los sectores financieros.
La pelea de Argentina con los fondos buitre se convirtió en ese contexto en un caso testigo. Viene a completar una etapa que arrancó en 2008, con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. La principal potencia mundial probó en carne propia los efectos de la desregulación financiera. Eso sacudió el tablero. Estados Unidos y Europa debieron aceptar, por ejemplo, la convocatoria al G-20 para encauzar la situación, dando espacio en la mesa donde se toman las decisiones a naciones en ascenso como los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y otros países, en un mundo multipolar.
El reconocimiento internacional para Argentina en los ’90 venía por derecha. Ahora no deja de llamar la atención que el país coseche apoyos de parte de algunos de los símbolos de esos sectores, como el editorialista estrella del Financial Times o la mismísima Anne Krueger, ex número dos del FMI en 2001. La lista de países e instituciones que respaldan la posición del Gobierno –un gobierno progresista, rupturista con el establishment financiero, que hizo la mayor quita en la mayor reestructuración de deuda de la historia– es impactante. Y eso también habla de que la economía internacional está en el medio de algo, un proceso que no se sabe dónde va a concluir, pero que presenta cuestionamientos cada vez más firmes a las bases que rigieron su funcionamiento por cuatro décadas.
Ayer hubo una nueva demostración en ese sentido. Más de un centenar de parlamentarios italianos suscribieron una declaración en respaldo a la Argentina en el litigio con los fondos buitre. Afirmaron que “llegó el momento de superar el caos normativo existente a nivel internacional para la reestructuración de deudas soberanas”. La iniciativa fue suscripta por 105 legisladores de diversos partidos políticos. El escrito proclama la necesidad de “reglas y procedimientos de gestión acordados a nivel internacional para la reestructuración de las deudas soberanas”. “Casos de este tipo revelan la ausencia de reglas y normas claras, que involucran a los mercados financieros a escala internacional, y pueden tener consecuencias graves para un país soberano y para la estabilidad de todo el sistema económico internacional”, enfatizaron.
En ese sentido, entendieron que “esta dramática eventualidad” –como se refieren al caso argentino– podría tener “repercusiones más que graves, tanto en el plano interno argentino” como sobre “el sistema económico y financiero internacional”. Ante este panorama, los legisladores dijeron que “urge retomar en las instituciones financieras (FMI y Banco Mundial) el camino para arribar al establecimiento de un conjunto de procedimientos de gestión concordados, a nivel internacional, para la reestructuración de las deudas soberanas”.
En la misma línea, el secretario adjunto de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), Antonio Prado, advirtió ayer que el fallo del juez Griesa “atenta contra el sistema financiero internacional, porque constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deuda soberana”. “El de Argentina es un caso testigo para la comunidad internacional, que pone de manifiesto un vacío legal y debe dar lugar a reformas que permitan proteger el bien común”, afirmó el funcionario, al hablar ante el Consejo Suramericano de Finanzas, que sesionó en el Palacio San Martín.
Esas manifestaciones de apoyo al país y cuestionamientos a la falta de regulación internacional de los mercados es un elemento que el Gobierno debe seguir haciendo pesar en la pelea con los buitres, porque “estar aislados del mundo” ya no es lo que era.
La adscripción de Argentina al Consenso de Washington desde inicios de los ’90 le valió el reconocimiento internacional. La voluntad política expresada por el menemismo para llevar adelante una política de organización social en base a los criterios del mercado acumuló elogios de los centros de poder globales. Simbólicamente, Estados Unidos hasta suprimió el requisito de tramitar visa a los ciudadanos argentinos para ingresar en su territorio. Cada asamblea del Fondo Monetario Internacional era propicia para ubicar a la Argentina como ejemplo de país serio, ordenado, capaz de dejar atrás sus contradicciones y lanzarse sin medias tintas hacia un sistema económico moderno.
Neoliberalismo en estado puro: reducción del Estado a su mínima expresión, libre flujo de entrada y salida para los capitales especulativos, primacía de la valorización financiera sobre la producción, apertura comercial, privatizaciones –hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte, servicios básicos, industrias clave como la siderúrgica, la naval y la aeronáutica, espacio radioeléctrico y hasta la confección de los pasaportes–, entrega al sector financiero del manejo de las jubilaciones y desregulación laboral. Todas esas políticas tuvieron su traducción institucional en leyes, decretos y resoluciones.
También hubo acuerdos internacionales que hicieron más profunda la huella del camino trazado. Se advierte ahora en toda su dimensión lo que significó ceder la resolución legal de controversias con títulos de deuda a los tribunales de Estados Unidos. Y antes ya se habían comprobado los efectos de aceptar al Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, para dirimir eventuales conflictos con las privatizadas. Los Tratados Bilaterales de Inversión que florecieron por entonces en América latina terminaron de empaquetar la soberanía jurídica y trasladarla a los países más poderosos.
Si se analizan una por una todas aquellas políticas que dieron forma a la Argentina que terminaría estallando en 2001 es sencillo encontrar en los archivos documentos y declaraciones de los “líderes del mundo” enfatizando su admiración por tanto compromiso argentino con sus ideas. Lograron una identificación asombrosa de los intereses económicos de sus países, empresas y capitales como si fueran los intereses nacionales. Que Repsol asumiera el manejo de YPF, por ejemplo, era lo mejor para la Argentina porque le permitiría hacer rendir en todo su potencial las riquezas bajo suelo que la gestión estatal no podía extraer.
La prensa local más influyente hizo un aporte valioso para viabilizar políticamente iniciativas que atentaban contra las mayorías. Los socios locales de aquellos capitales y compañías extranjeras también hicieron lo suyo, y en ese bloque se destacaron –y destacan– los economistas de la city que lograron que los medios los presentaran como gurúes. En esa tarea siempre les resultó muy útil la utilización de eufemismos o conceptualizaciones vaporosas: la Argentina debía ser un país serio, moderno, integrado al mundo.
La eclosión de 2001 barrió con esa estructura argumentativa y lo que quedó a la vista de todos fue la realidad. Ya no había maquillaje suficiente para tapar los resultados de la doctrina neoliberal, que el país tan entusiastamente había abrazado. Para colmo, los mismos “líderes del mundo” que habían llenado de elogios a la Argentina no tuvieron el buen gusto de disimular cuánto se habían llenado los bolsillos sus países, empresas y capitales y descargaron la culpa de lo ocurrido en la “irresponsable” dirigencia política local, que no tuvo la valentía de hacer el ajuste como correspondía. En todo caso, la dirigencia política local se ganó el “que se vayan todos” por haber seguido de un modo tan potente los dictados que le llegaban desde Washington.
Tanto cinismo, en conclusión, abrió una hendija para un proyecto político distinto del desarrollado hasta entonces. El proceso se dio con características similares en América latina. Y las respuestas de la prensa dominante también fueron semejantes. La técnica del eufemismo, pese a todo, no desapareció. En estos días de dura pulseada con los fondos buitre pudo leerse en el diario La Nación uno muy original. Desde esas páginas se pidió “plasticidad” por parte del Gobierno para resolver el conflicto. Plasticidad, en este caso, sería aceptar las condiciones de los buitres, que expondrían al país a juicios multimillonarios que harían caer la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010.
Pero en esta etapa hay una novedad, que contrasta con lo que ocurrió hasta 2001. Los mensajes que llegan desde espacios de poder internacionales no son uniformes. No hay un discurso único como lo había entonces. Eso tal vez sea la mejor expresión de la descomposición que atraviesa un sistema económico global monopolizado por los sectores financieros.
La pelea de Argentina con los fondos buitre se convirtió en ese contexto en un caso testigo. Viene a completar una etapa que arrancó en 2008, con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. La principal potencia mundial probó en carne propia los efectos de la desregulación financiera. Eso sacudió el tablero. Estados Unidos y Europa debieron aceptar, por ejemplo, la convocatoria al G-20 para encauzar la situación, dando espacio en la mesa donde se toman las decisiones a naciones en ascenso como los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y otros países, en un mundo multipolar.
El reconocimiento internacional para Argentina en los ’90 venía por derecha. Ahora no deja de llamar la atención que el país coseche apoyos de parte de algunos de los símbolos de esos sectores, como el editorialista estrella del Financial Times o la mismísima Anne Krueger, ex número dos del FMI en 2001. La lista de países e instituciones que respaldan la posición del Gobierno –un gobierno progresista, rupturista con el establishment financiero, que hizo la mayor quita en la mayor reestructuración de deuda de la historia– es impactante. Y eso también habla de que la economía internacional está en el medio de algo, un proceso que no se sabe dónde va a concluir, pero que presenta cuestionamientos cada vez más firmes a las bases que rigieron su funcionamiento por cuatro décadas.
Ayer hubo una nueva demostración en ese sentido. Más de un centenar de parlamentarios italianos suscribieron una declaración en respaldo a la Argentina en el litigio con los fondos buitre. Afirmaron que “llegó el momento de superar el caos normativo existente a nivel internacional para la reestructuración de deudas soberanas”. La iniciativa fue suscripta por 105 legisladores de diversos partidos políticos. El escrito proclama la necesidad de “reglas y procedimientos de gestión acordados a nivel internacional para la reestructuración de las deudas soberanas”. “Casos de este tipo revelan la ausencia de reglas y normas claras, que involucran a los mercados financieros a escala internacional, y pueden tener consecuencias graves para un país soberano y para la estabilidad de todo el sistema económico internacional”, enfatizaron.
En ese sentido, entendieron que “esta dramática eventualidad” –como se refieren al caso argentino– podría tener “repercusiones más que graves, tanto en el plano interno argentino” como sobre “el sistema económico y financiero internacional”. Ante este panorama, los legisladores dijeron que “urge retomar en las instituciones financieras (FMI y Banco Mundial) el camino para arribar al establecimiento de un conjunto de procedimientos de gestión concordados, a nivel internacional, para la reestructuración de las deudas soberanas”.
En la misma línea, el secretario adjunto de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), Antonio Prado, advirtió ayer que el fallo del juez Griesa “atenta contra el sistema financiero internacional, porque constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deuda soberana”. “El de Argentina es un caso testigo para la comunidad internacional, que pone de manifiesto un vacío legal y debe dar lugar a reformas que permitan proteger el bien común”, afirmó el funcionario, al hablar ante el Consejo Suramericano de Finanzas, que sesionó en el Palacio San Martín.
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