Los labriegos paraguayos realizaron otra jornada de lucha en la que denunciaron los desalojos de sus tierras por parte del gobierno, la criminalización de la protesta social, además de exigir la reforma agraria.
Manifestantes convocados por la Mesa de Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc) de Paraguay se movilizaron ayer en Asunción para protestar por la falta de respuestas del gobierno de Horacio Cartes a sus demandas. También respaldaron la huelga general de tres días de médicos y docentes pactada para el 30 de septiembre próximo y, tras un plenario general, resolvieron iniciar la toma de latifundios en reclamo de la reforma agraria.
La demanda campesina se enmarca en un momentos de efervescencia social, en la que los médicos paraguayos se encuentran realizando paros escalonados, mientras que los docentes anunciaron la misma medida de fuerza para fines de mes.
La movilización compuesta por alrededor de 800 manifestantes se dirigió a los edificios gubernativos de la Fiscalía General, los ministerios del Interior y de Agricultura, y el Instituto de Reforma Agraria para hacer escuchar sus reclamos. En todas esas sedes estatales los referentes de la Mcnoc denunciaron el desalojo de comunidades legalmente instaladas en terrenos estatales de los cuales se apropian empresas privadas con apoyo de fiscales, quienes fueron acusados de corruptos.
A la concentración se le sumaron distintos sindicatos que respaldaron las consignas y la medida de fuerza de los campesinos, y horas más tarde iniciaron de manera conjunta un plenario en el que se denunció el carácter privatizador de la ley de alianza público-privada (APP). También se aprobó llevar adelante un plan de acción contra la política social del gobierno, que incluye el llamado a una huelga general para el 30 de septiembre de 2014.
Paraguay tiene el reparto de la tierra más desigual de América Latina: solamente el 2 por ciento de la población es dueña del 85 por ciento de la superficie agraria. En tanto que el 92 por ciento de la superficie cultivable se utiliza para el monocultivo de soja transgénica, lo que convierte al país en el cuarto exportador mundial de este cultivo, y a pesar de ser el principal rubro exportador de Paraguay, las empresas que se dedican a ello no pagan impuestos.
Según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), al menos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas fueron asesinados o desaparecidos entre 1989 y 2013 como parte de la represión sistemática a la lucha por la tierra. (Portal del Sur)
