JULIAN GUARINO
Siéntate paciente junto al río y verás pasar flotando el cadáver de tu enemigo. Aunque poco devoto del lenguaje electoralista, este pensamiento ha germinado y echado raíces desde hace algunas semanas en los principales despachos del Ministerio de Economía. La falta de dólares es una especie de parásito que todo lo invade: la recesión económica, la caída del consumo, la falta de creación de puestos de trabajo, las exangües ventas de los comercios, las suspensiones laborales, la creciente presión impositiva, el disparatado incremento en el valor de los servicios públicos, las astronómicas cuotas de los colegios, los aumentos de las prepagas de medicina, el inalcanzable precio de los alimentos y la energía, la incertidumbre financiera, el cepo a las importaciones, la caída de los salarios en términos reales y finalmente la desbordante inflación se han apoderado de buena parte de las preocupaciones de las familias en la Argentina.
Ante este escenario, uno podría caer en la tentación de comulgar con el credo inverosímil pero nada inocente del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para quien no hay cepo, ni pobreza, ni desempleo y mucho menos inflación. Sin embargo, al igual que el Gobierno, al vapuleado espectador le conviene la cautela.
Quienes conocen de estrategia suelen decir que el ímpetu y la temeridad son el mejor método para ganar pequeñas batallas, pero nunca una significativa. Y aunque sume millas en los aviones para mostrar gestiones en el frente externo, el ministro Kicillof sabe que el sector agrícola es su llave de salida.
La hipótesis sostenida en estas páginas hace apenas una semana, donde se daba cuenta de que el furtivo destinatario de la reforma de la Ley de Abastecimiento era el agro y no la industria, ha ido ganando la preocupación de productores y exportadores. De nada sirve dejarse llevar por los espejitos de colores del swap con China, los préstamos del Banco de Francia y Basilea e incluso las marginales restricciones del dólar ahorro.
El dato es éste: hay al menos tres indicios claros que se han sumado en las últimas horas de que el Gobierno piensa en los 27 millones de toneladas de soja que aún quedan por vender como el salvoconducto que lo depositará en los primeros meses del 2015 con algunos rasguños pero sin daños terminales.
El primero es el estancamiento del tipo de cambio, es decir, la inacción gubernamental en una materia crítica. Desde hace 15 días, el valor del dólar mayorista en la plaza oficial no se ha movido y permanece en la línea de los $ 8,40. Bajo un estricto retraso cambiario, en lo que va del año apenas ha devaluado 29%, prácticamente en línea con la inflación.
Con una alza de precios que cerrará el año por encima del 40%, es difícil imaginarse la jugada del Banco Central al retrasar ese número. Sin embargo, conviene pensar con la lógica de la Casa Rosada: al retrasar el tipo de cambio, el Gobierno espera poder comprar las dos terceras partes del remanente de la cosecha de soja -unas 18 millones de toneladas- a un valor sensiblemente más bajo que el que esperan los productores.
Están en juego u$s 7200 millones que involucrarían la emisión de $ 60.480 millones (al tipo de cambio oficial) para poder ser acumulados en el Banco Central. Sabido es que en las últimas horas el agro ha dejado entrever la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha una devaluación del 20%, como la realizada en enero. Esto dejaría al tipo de cambio en los $ 10, que previa retención a la exportación, arrojaría para el exportador / productor unos $ 6,50 por cada dólar vendido. Claro que esto involucraría por parte del Gobierno un desembolso (emisión monetaria) adicional de $ 12.000 millones, con las consecuencias inflacionarias que se derivarían.
El segundo dato es que los productores tienen apenas tres semanas por delante para decidir la siembra de soja y maíz. Se da por descontado que, con fuerte presión impositiva, nadie podrá darse el lujo de quedar improductivo. Los fuertes costos que deben afrontar para la nueva siembra se calcula que los llevará a vender 18 millones de toneladas de aquí a octubre con el objetivo de buscar recursos frescos y pagar viejas cuentas. Sin un reacomodamiento del tipo de cambio, se verán obligados a liquidar sus dólares a $ 5,46 por unidad, que es lo que hoy reciben tras el descuento de las retenciones del 35% a los $ 8,40.
El tercer dato que completa el cuadro es que, a diferencia de años anteriores, el crédito para el agro se ha estancado. Con tasas de interés cada vez más altas, los préstamos de los bancos ya no resultan tentadores para el sector y por ende la posibilidad de guardar la cosecha en silos bolsa para vender más adelante y utilizar en su lugar recursos de los bancos para afrontar los costos de la siembra hoy parece lejana. A ello se suma que en las últimas semanas, el precio internacional del poroto de soja ha descendido 25%, todo un argumento que, casualidad, el Gobierno le recuerda al sector cada vez que puede.
Para lo último, pero no menos relevante es señala que opera, en la informalidad, una suerte de desdoblamiento para las importaciones. Y es que desde hace ya algunos días, toda autorización por encima de los $ 300.000 se ve detenida por el Banco Central. A ello se suma que la secretaría de Comercio ha comenzado a convalidar la modalidad del dólar bolsa (hoy en $ 13) para que los importadores puedan realizar sus operaciones. Es decir, si se necesitan dólares, en lugar de venderlos el Banco Central a $ 8,40, se le pide al empresario que los consiga de otro lado. La única plaza alternativa para hacerlo es el dólar que se obtiene de la compra-venta de bonos. Pero vale 54% más.
Siéntate paciente junto al río y verás pasar flotando el cadáver de tu enemigo. Aunque poco devoto del lenguaje electoralista, este pensamiento ha germinado y echado raíces desde hace algunas semanas en los principales despachos del Ministerio de Economía. La falta de dólares es una especie de parásito que todo lo invade: la recesión económica, la caída del consumo, la falta de creación de puestos de trabajo, las exangües ventas de los comercios, las suspensiones laborales, la creciente presión impositiva, el disparatado incremento en el valor de los servicios públicos, las astronómicas cuotas de los colegios, los aumentos de las prepagas de medicina, el inalcanzable precio de los alimentos y la energía, la incertidumbre financiera, el cepo a las importaciones, la caída de los salarios en términos reales y finalmente la desbordante inflación se han apoderado de buena parte de las preocupaciones de las familias en la Argentina.
Ante este escenario, uno podría caer en la tentación de comulgar con el credo inverosímil pero nada inocente del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para quien no hay cepo, ni pobreza, ni desempleo y mucho menos inflación. Sin embargo, al igual que el Gobierno, al vapuleado espectador le conviene la cautela.
Quienes conocen de estrategia suelen decir que el ímpetu y la temeridad son el mejor método para ganar pequeñas batallas, pero nunca una significativa. Y aunque sume millas en los aviones para mostrar gestiones en el frente externo, el ministro Kicillof sabe que el sector agrícola es su llave de salida.
La hipótesis sostenida en estas páginas hace apenas una semana, donde se daba cuenta de que el furtivo destinatario de la reforma de la Ley de Abastecimiento era el agro y no la industria, ha ido ganando la preocupación de productores y exportadores. De nada sirve dejarse llevar por los espejitos de colores del swap con China, los préstamos del Banco de Francia y Basilea e incluso las marginales restricciones del dólar ahorro.
El dato es éste: hay al menos tres indicios claros que se han sumado en las últimas horas de que el Gobierno piensa en los 27 millones de toneladas de soja que aún quedan por vender como el salvoconducto que lo depositará en los primeros meses del 2015 con algunos rasguños pero sin daños terminales.
El primero es el estancamiento del tipo de cambio, es decir, la inacción gubernamental en una materia crítica. Desde hace 15 días, el valor del dólar mayorista en la plaza oficial no se ha movido y permanece en la línea de los $ 8,40. Bajo un estricto retraso cambiario, en lo que va del año apenas ha devaluado 29%, prácticamente en línea con la inflación.
Con una alza de precios que cerrará el año por encima del 40%, es difícil imaginarse la jugada del Banco Central al retrasar ese número. Sin embargo, conviene pensar con la lógica de la Casa Rosada: al retrasar el tipo de cambio, el Gobierno espera poder comprar las dos terceras partes del remanente de la cosecha de soja -unas 18 millones de toneladas- a un valor sensiblemente más bajo que el que esperan los productores.
Están en juego u$s 7200 millones que involucrarían la emisión de $ 60.480 millones (al tipo de cambio oficial) para poder ser acumulados en el Banco Central. Sabido es que en las últimas horas el agro ha dejado entrever la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha una devaluación del 20%, como la realizada en enero. Esto dejaría al tipo de cambio en los $ 10, que previa retención a la exportación, arrojaría para el exportador / productor unos $ 6,50 por cada dólar vendido. Claro que esto involucraría por parte del Gobierno un desembolso (emisión monetaria) adicional de $ 12.000 millones, con las consecuencias inflacionarias que se derivarían.
El segundo dato es que los productores tienen apenas tres semanas por delante para decidir la siembra de soja y maíz. Se da por descontado que, con fuerte presión impositiva, nadie podrá darse el lujo de quedar improductivo. Los fuertes costos que deben afrontar para la nueva siembra se calcula que los llevará a vender 18 millones de toneladas de aquí a octubre con el objetivo de buscar recursos frescos y pagar viejas cuentas. Sin un reacomodamiento del tipo de cambio, se verán obligados a liquidar sus dólares a $ 5,46 por unidad, que es lo que hoy reciben tras el descuento de las retenciones del 35% a los $ 8,40.
El tercer dato que completa el cuadro es que, a diferencia de años anteriores, el crédito para el agro se ha estancado. Con tasas de interés cada vez más altas, los préstamos de los bancos ya no resultan tentadores para el sector y por ende la posibilidad de guardar la cosecha en silos bolsa para vender más adelante y utilizar en su lugar recursos de los bancos para afrontar los costos de la siembra hoy parece lejana. A ello se suma que en las últimas semanas, el precio internacional del poroto de soja ha descendido 25%, todo un argumento que, casualidad, el Gobierno le recuerda al sector cada vez que puede.
Para lo último, pero no menos relevante es señala que opera, en la informalidad, una suerte de desdoblamiento para las importaciones. Y es que desde hace ya algunos días, toda autorización por encima de los $ 300.000 se ve detenida por el Banco Central. A ello se suma que la secretaría de Comercio ha comenzado a convalidar la modalidad del dólar bolsa (hoy en $ 13) para que los importadores puedan realizar sus operaciones. Es decir, si se necesitan dólares, en lugar de venderlos el Banco Central a $ 8,40, se le pide al empresario que los consiga de otro lado. La única plaza alternativa para hacerlo es el dólar que se obtiene de la compra-venta de bonos. Pero vale 54% más.
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