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27.12.2012 |de la alianza estratégica a la tensión permanente
Las cinco centrales obreras que existen hoy se enfrentan a problemas similares con diferentes particularidades.
Por:
Ana Vainman
Nadie logra eludir los balances de fin de año. Y si de mirar lo que ocurrió en el sindicalismo argentino se trata, 2012 terminó con más sorpresas de las que se esperaban al iniciar el año. Si bien en enero pasado se sabía que el año no sería sencillo, 12 meses después el escenario no es nada alentador para el movimiento obrero. Cada vez más atomizado a causa de luchas internas y con una relación de tensión creciente con el gobierno, las cinco centrales obreras que existen hoy se enfrentan a problemas similares con diferentes particularidades. Lo que desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner supo ser una alianza estratégica, hoy se parece más a una guerra sin cuartel con algunos sectores del sindicalismo y a un estallido en potencia con otros.
Los trabajadores sufrieron dos grandes derrotas en el año que se acaba: una reforma parcial a la Ley de Riesgos de Trabajo que benefició al sector empresario con la eliminación de la doble vía; y una negativa del Poder Ejecutivo de elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, lo que llevó a que sean cada vez más los asalariados que están alcanzados por el tributo (algunas estimaciones hablan de un 25% de los trabajadores). La modificación del sistema de asignaciones familiares fue una buena noticia en primera instancia pero al analizarla más detalladamente se vio que mantiene algunas inequidades.
Los sindicalistas –de cara a las elecciones de secretario general previstas para 2012– protagonizaron una telenovela a la que no le faltaron denuncias, acusaciones, traiciones, reencuentros y amores insospechados.
Los caciques sindicales comenzaron el año con evidentes diferencias que principalmente tenían que ver con la cercanía o el enfrentamiento con el gobienro. Quien era secretario general de la CGT, Hugo Moyano, ya había esbozado sus críticas a la administración de Cristina Fernández en 2011, luego de la escasa participación de los dirigentes en las listas a legisladores de las elecciones de octubre de ese año. Esos cuestionamientos, sumado a las aspiraciones políticas del camionero y a su excesivo personalismo, fueron los factores desencadenantes de una ruptura de la central obrera.
Hoy hay dos CGT que se arrogan la legalidad: la de Moyano, que funciona en la traidcional sede de Azopardo al 800 y que cuenta con algunos de los aliados históricos del camionero y otros gremios fuertes como Peones rurales, Bancarios y Petroleros; y la del metalúrgico Antonio Caló, que fue socarronamente llamada CGT Balcarce por los moyanistas –en alusión a su cercanía con la Casa Rosada– integrada por gremios independientes, «Gordos» (en función del tamaño de sus sindicatos) y ex moyanistas. A este escenario actual no se llegó sin conflictos y denuncias cruzadas que aún deben dirimirse en la Justicia, a pesar de que el Ministerio de Trabajo ya otorgó la legalidad «provisoria» a la CGT de Caló, que todavía busca sede oficial para funcionar.
Pero a estas dos centrales obreras hay que sumarles la CGT Azul y Blanca del gastronómico Luis Barrionuevo y las dos CTA: la oficialista del docente Hugo Yasky y la opositora del estatal Pablo Micheli.
La oposición al Gobierno logró la impensada realidad de reunir en la «unidad en la acción» –como gustan llamar los sindicalistas al acercamiento entre sectores aparentemente antagónicos– a Moyano, Barrionuevo y Micheli. En el último trimestre del año estos tres sectores –acompañados por la Federación Agraria y otras organizaciones sociales– organizaron un paro general y una marcha a Plaza de Mayo en reclamo de la universalización de las asignaciones familiares, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la devolución del dinero que el Estado retiene a las obras sociales. Este nuevo bloque parece haberse convertido en el principal referente de la oposición.
La última movilización que organizó Moyano la semana pasada fue apenas horas antes del inicio de los saqueos a supermercados que comenzaron en San Carlos de Bariloche y se extendieron a diferentes puntos del país, con epicentros como Rosario (donde hubo cuatro muertos), San Fernando y Campana.
Justamente a raíz de los episodios en Campana se generó una nueva batalla entre el frente sindical y el Gobierno que responsabilizó directamente al tridente opositor Moyano-Micheli-Barrionuevo de orquestar los saqueos. El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el secretario de Seguridad Sergio Berni y el diputado nacional Edgardo Depetri, referente de la CTA oficialista, fueron los encargados de señalar a los sindicalistas. Berni fue quien más se explayó en las acusaciones y las fundamentó con la identificación de dos sospechosos: Jorge Villalba, a quien vinculó con la CTA de Micheli, y Héctor «Paraguayo» González, al que sindicó como miembro del gremio de los camioneros y líder de la barra brava de Villa Dálmine.
Este diario consultó sobre este personaje a fuentes moyanistas, quienes reconocieron que González había estado afiliado al sindicato, pero que había sido separado de la estructura del gremio hace unos dos años y que actualmente solo es afiliado a la obra social de Camioneros.
Sin embargo, desde el moyanismo lanzaron: «Seguramente entre los (más de 500) detenidos que hubo por los saqueos hay quienes tienen planes sociales. ¿Eso significa que lo organizó Alicia Kircher?»
En el plano legal, los moyanistas salieron a jugar sus cartas y ayer Moyano denunció ante la justicia a Berni y a Abal Medina, por haberlo incriminado a él como autor intelectual de los saqueos que tuvieron lugar en los últimos días en distintos puntos del país.
En la denuncia, que recayó ante la jueza federal María Servini de Cubría, el líder camionero acusó a los funcionarios de intimidación pública, instigación a la violencia y falsas denuncias.
En confianza, los moyanistas reconocen que la movida del gobierno los afecta muy profundamente. «Sabemos los prejuicios que hay en la sociedad para con nosotros y estas acusaciones nos destrozan», admitieron.
Están furiosos con el gobierno y sostienen que se trata de «una operación». En su defensa, aducen que «Camioneros no necesita entrar en esa lógica (de los saqueos). No estuvimos ni siquiera el 19 y 20 de diciembre en 2001, cuando la Argentina estaba mucho peor que ahora. Tenemos otras metodologías, tenemos la herramienta del paro, que fue lo que hicimos», explicaron.
Pero no es solamente la CGT opositora la que tiene problemas con el gobierno. La CGT de Antonio Caló también. Ambas centrales comparten los reclamos, pero sus maneras de reclamar son diferentes. Los moyanistas van al choque y no tienen pruritos en mostrarse opositores, mientras que los caloístas (o la mayoría de ellos) apuestan al diálogo y se manifiestan alineados con las medidas de la administración kirchnerista.
El problema es que esa actitud conciliadora no está rindiendo los frutos que los dirigentes esperaban. Por el momento no han tenido respuestas concretas a la promesa del oficialismo de resolver la cuestión del mínimo no imponible de ganancias y de las asignaciones familiares.
Tampoco cayó bien entre los gremialistas el pedido de moderación oficial que surgió de cara a las paritarias de 2013. El rechazo de los dirigentes a poner un tope a las negociaciones salariales es unánime, así como también el descreimiento sobre las mediciones de inflación del Indec. Así quedó plasmado en un documento firmado por todo el consejo directivo de la central obrera. Con esos condimentos, es de esperar que la receta de nuevo Pacto Social que prepara el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no salga como el gobierno desea.
A la CGT oficialista tampoco le gustó que el Gobierno acusara a Moyano de los saqueos y, según afirman los moyanistas, el propio «Caló lamó a Hugo después de la conferencia de prensa» que ofreció el viernes pasado, para solidarizarse con él, pero después, desde el entorno del metalúrgico, salieron a desmentir la comunicación.- <dl
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27.12.2012 |de la alianza estratégica a la tensión permanente
Las cinco centrales obreras que existen hoy se enfrentan a problemas similares con diferentes particularidades.
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Ana Vainman
Nadie logra eludir los balances de fin de año. Y si de mirar lo que ocurrió en el sindicalismo argentino se trata, 2012 terminó con más sorpresas de las que se esperaban al iniciar el año. Si bien en enero pasado se sabía que el año no sería sencillo, 12 meses después el escenario no es nada alentador para el movimiento obrero. Cada vez más atomizado a causa de luchas internas y con una relación de tensión creciente con el gobierno, las cinco centrales obreras que existen hoy se enfrentan a problemas similares con diferentes particularidades. Lo que desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner supo ser una alianza estratégica, hoy se parece más a una guerra sin cuartel con algunos sectores del sindicalismo y a un estallido en potencia con otros.
Los trabajadores sufrieron dos grandes derrotas en el año que se acaba: una reforma parcial a la Ley de Riesgos de Trabajo que benefició al sector empresario con la eliminación de la doble vía; y una negativa del Poder Ejecutivo de elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, lo que llevó a que sean cada vez más los asalariados que están alcanzados por el tributo (algunas estimaciones hablan de un 25% de los trabajadores). La modificación del sistema de asignaciones familiares fue una buena noticia en primera instancia pero al analizarla más detalladamente se vio que mantiene algunas inequidades.
Los sindicalistas –de cara a las elecciones de secretario general previstas para 2012– protagonizaron una telenovela a la que no le faltaron denuncias, acusaciones, traiciones, reencuentros y amores insospechados.
Los caciques sindicales comenzaron el año con evidentes diferencias que principalmente tenían que ver con la cercanía o el enfrentamiento con el gobienro. Quien era secretario general de la CGT, Hugo Moyano, ya había esbozado sus críticas a la administración de Cristina Fernández en 2011, luego de la escasa participación de los dirigentes en las listas a legisladores de las elecciones de octubre de ese año. Esos cuestionamientos, sumado a las aspiraciones políticas del camionero y a su excesivo personalismo, fueron los factores desencadenantes de una ruptura de la central obrera.
Hoy hay dos CGT que se arrogan la legalidad: la de Moyano, que funciona en la traidcional sede de Azopardo al 800 y que cuenta con algunos de los aliados históricos del camionero y otros gremios fuertes como Peones rurales, Bancarios y Petroleros; y la del metalúrgico Antonio Caló, que fue socarronamente llamada CGT Balcarce por los moyanistas –en alusión a su cercanía con la Casa Rosada– integrada por gremios independientes, «Gordos» (en función del tamaño de sus sindicatos) y ex moyanistas. A este escenario actual no se llegó sin conflictos y denuncias cruzadas que aún deben dirimirse en la Justicia, a pesar de que el Ministerio de Trabajo ya otorgó la legalidad «provisoria» a la CGT de Caló, que todavía busca sede oficial para funcionar.
Pero a estas dos centrales obreras hay que sumarles la CGT Azul y Blanca del gastronómico Luis Barrionuevo y las dos CTA: la oficialista del docente Hugo Yasky y la opositora del estatal Pablo Micheli.
La oposición al Gobierno logró la impensada realidad de reunir en la «unidad en la acción» –como gustan llamar los sindicalistas al acercamiento entre sectores aparentemente antagónicos– a Moyano, Barrionuevo y Micheli. En el último trimestre del año estos tres sectores –acompañados por la Federación Agraria y otras organizaciones sociales– organizaron un paro general y una marcha a Plaza de Mayo en reclamo de la universalización de las asignaciones familiares, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la devolución del dinero que el Estado retiene a las obras sociales. Este nuevo bloque parece haberse convertido en el principal referente de la oposición.
La última movilización que organizó Moyano la semana pasada fue apenas horas antes del inicio de los saqueos a supermercados que comenzaron en San Carlos de Bariloche y se extendieron a diferentes puntos del país, con epicentros como Rosario (donde hubo cuatro muertos), San Fernando y Campana.
Justamente a raíz de los episodios en Campana se generó una nueva batalla entre el frente sindical y el Gobierno que responsabilizó directamente al tridente opositor Moyano-Micheli-Barrionuevo de orquestar los saqueos. El jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el secretario de Seguridad Sergio Berni y el diputado nacional Edgardo Depetri, referente de la CTA oficialista, fueron los encargados de señalar a los sindicalistas. Berni fue quien más se explayó en las acusaciones y las fundamentó con la identificación de dos sospechosos: Jorge Villalba, a quien vinculó con la CTA de Micheli, y Héctor «Paraguayo» González, al que sindicó como miembro del gremio de los camioneros y líder de la barra brava de Villa Dálmine.
Este diario consultó sobre este personaje a fuentes moyanistas, quienes reconocieron que González había estado afiliado al sindicato, pero que había sido separado de la estructura del gremio hace unos dos años y que actualmente solo es afiliado a la obra social de Camioneros.
Sin embargo, desde el moyanismo lanzaron: «Seguramente entre los (más de 500) detenidos que hubo por los saqueos hay quienes tienen planes sociales. ¿Eso significa que lo organizó Alicia Kircher?»
En el plano legal, los moyanistas salieron a jugar sus cartas y ayer Moyano denunció ante la justicia a Berni y a Abal Medina, por haberlo incriminado a él como autor intelectual de los saqueos que tuvieron lugar en los últimos días en distintos puntos del país.
En la denuncia, que recayó ante la jueza federal María Servini de Cubría, el líder camionero acusó a los funcionarios de intimidación pública, instigación a la violencia y falsas denuncias.
En confianza, los moyanistas reconocen que la movida del gobierno los afecta muy profundamente. «Sabemos los prejuicios que hay en la sociedad para con nosotros y estas acusaciones nos destrozan», admitieron.
Están furiosos con el gobierno y sostienen que se trata de «una operación». En su defensa, aducen que «Camioneros no necesita entrar en esa lógica (de los saqueos). No estuvimos ni siquiera el 19 y 20 de diciembre en 2001, cuando la Argentina estaba mucho peor que ahora. Tenemos otras metodologías, tenemos la herramienta del paro, que fue lo que hicimos», explicaron.
Pero no es solamente la CGT opositora la que tiene problemas con el gobierno. La CGT de Antonio Caló también. Ambas centrales comparten los reclamos, pero sus maneras de reclamar son diferentes. Los moyanistas van al choque y no tienen pruritos en mostrarse opositores, mientras que los caloístas (o la mayoría de ellos) apuestan al diálogo y se manifiestan alineados con las medidas de la administración kirchnerista.
El problema es que esa actitud conciliadora no está rindiendo los frutos que los dirigentes esperaban. Por el momento no han tenido respuestas concretas a la promesa del oficialismo de resolver la cuestión del mínimo no imponible de ganancias y de las asignaciones familiares.
Tampoco cayó bien entre los gremialistas el pedido de moderación oficial que surgió de cara a las paritarias de 2013. El rechazo de los dirigentes a poner un tope a las negociaciones salariales es unánime, así como también el descreimiento sobre las mediciones de inflación del Indec. Así quedó plasmado en un documento firmado por todo el consejo directivo de la central obrera. Con esos condimentos, es de esperar que la receta de nuevo Pacto Social que prepara el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no salga como el gobierno desea.
A la CGT oficialista tampoco le gustó que el Gobierno acusara a Moyano de los saqueos y, según afirman los moyanistas, el propio «Caló lamó a Hugo después de la conferencia de prensa» que ofreció el viernes pasado, para solidarizarse con él, pero después, desde el entorno del metalúrgico, salieron a desmentir la comunicación.- <dl
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