¿Quién le pone el cascabel al gato? Desconfianza electoral, agrupaciones políticas e instituciones estatales en los comicios 2017.

Por Aníbal Torres* y Martin Wallach**

 

Introducción

Con mayor o menor reconocimiento explícito de los actores políticos, ya estamos en el clima electoral. De hecho, por un lado, diversos análisis sobre la candente situación socioeconómica que atraviesa el país vienen realizando proyecciones sobre sus posibles impactos en los comicios de este 2017. Por otro, ya se difundió oficialmente el calendario electoral.

Ciertamente no es poco lo que está en juego para el sistema político de nuestro Estado multinivel en un contexto nacional e internacional particularmente complejo. Dado que el gobierno del proceso comicial supone la interacción entre las agrupaciones políticas y las instituciones estatales, en este artículo realizaremos un abordaje que integre las estrategias comiciales de las elites políticas con las acciones de las agencias electorales. Y esto es así porque en los comicios no se trata solamente de poder elegir y ser elegido, sino también de las normas que regulan el juego político y de la capacidad institucional para aplicarlas sin sesgos, para lo cual hacen falta controles que garanticen que la renovación del vínculo democrático representativo se dé en condiciones justas y libres, es decir, íntegras.

Más aún, dado que esto se inserta en la endogeneidad entre los árbitros electorales y las elites políticas, no siempre son convergentes los intentos de unos y otros de “ponerle el cascabel al gato” de los comicios: la desconfianza entre las elites partidarias[1]. Ésta termina afectando a todos los actores si no se administra con eficiencia y eficacia, incidiendo negativamente sobre la legitimidad del regimen político.

Reparar en la desconfianza electoral en la actual coyuntura no es una cuestión intrascendente, ya que junto a otros referentes políticos, sectores del actual oficialismo deslizaron sus dudas sobre algunos aspectos organizativos de las elecciones presideciales de 2015, percepción  que, vale que lo recordemos, formó parte del núcleo de argumentos del proyecto de reforma electoral que fracasó en el Senado el año pasado y que el presidente Mauricio Macri reiteró en su discurso de inauguración de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional el pasado 1º de marzo. Allí, el primer mandatario refirió que “es una vergüenza que en el siglo XXI sigamos votando con un sistema arcaico que se presta a la trampa”;[2]  tales calificativos para un sistema electoral que, paradójicamente, permitió la alternancia en el Ejecutivo Nacional y la llegada de Macri a la Presidencia de la Nación.

Si bien por motivos diferentes, la cuestión de la “desconfianza” también viene recibiendo renovada atención en el contexto internacional, sea en los cruces entre democrátas y republicanos en la última elección presidencial de Estados Unidos, o en los procesos electorales de Holanda, Francia y Alemania, con operativos tendientes a evitar  “ciberataques” atribuidos, según las agencias de Inteligencia, al Kremlin.

De manera que, ante el primer proceso electoral que el Gobierno de Cambiemos tendrá que administrar junto a la Justicia Nacional Electoral y las otras agrupaciones políticas, resulta interesante preguntarse sobre los intentos que se vienen haciendo para “ponerle el cascabel al gato” de la desconfianza electoral.

En lo que sigue, por un lado, haremos referencia a las políticas púbicas que se vienen formulando desde los organismos involucrados en la gobernanza electoral. Por otro, vamos a considerar tanto las diferentes estrategias que los actores políticos vienen desplegando no sólo para mejorar sus posibildades ante los electores sino también para un mejor desempeño de la fiscalización comicial, como así también el uso del calendario electoral en este año por parte de los gobernadores.

 

El involucramiento estatal en la administración de las elecciones 2017

Como se recordará, sin el aval de los senadores peronistas se cayó el proyecto de reforma política articulado desde el discurso modernizador en favor de la adopción del voto electrónico  –que, impulsado por el oficialismo, contaba con media sanción en Diputados-. Sin esa reforma tampoco prosperó la paridad de género y la promesa del Ejecutivo de cederle a la Cámara Nacional Electoral (CNE) el control del recuento provisorio. No obstante, a fines de enero de este año reapareció el activismo judicial en la gobernanza electoral nacional. Y esto debido a que, según trascendió a través de la prensa y de la propia CNE, las preocupaciones de los funcionarios del Fuero Electoral están vinculadas con a) la modernización de los registros electorales, b) la “seguridad informática de todos los sistemas, la infraestructura tecnológica y los servicios web que opera la Justicia Nacional Electoral”[3] y c) la implementación de un sistema de biometría para verificar la identidad de los votantes. A esto cabe agregar dos cuestiones nada menores y que han sido esgrimidas en elecciones anteriores: d) el instrumento de emisión del sufragio y e) las partidas presupuestarias para poder implementar las reformas.

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