Las izquierdas y el progresismo ante la defensa nacional y las fuerzas armadas en la Argentina del siglo XXI

Por Germán Soprano (1)

Cuando los editores de Artepolítica me invitaron a escribir unas líneas sobre el tema del ARA San Juan y sus consecuencias políticas inmediatas y mediatas, pensé: ¿Qué podría agregar a lo mucho ya dicho en estas semanas? Como esperaban que me ocupara de una dimensión política, descarté referirme a las cuestiones más específicamente profesionales de los marinos que he abordado en mi experiencia de trabajo de campo etnográfico con oficiales y suboficiales de unidades operativas de la Armada y, en particular, del submarino ARA Santa Cruz. Fue entonces cuando reparé en la posibilidad de escribir tratando de interpelar a algunos lectores, aquellos tenidos como de “izquierdas” y/o “progresistas” de nuestro país, con quienes como ciudadano comparto ideas, valores y prácticas políticas. Avanzo entonces pensando en ellos.

El ARA San Juan y la crisis de la defensa nacional en la agenda pública

En las últimas semanas los medios de comunicación vienen cubriendo la desaparición del submarino ARA San Juan con información de último momento, dan lugar a opiniones de especialistas –académicos, militares retirados, profesionales civiles, algunos políticos- y a un mar de opinólogos y reputados todólogos de panel que salen a la palestra. El caso puso en el centro de la agenda pública no sólo el tremendo drama humano que supone la búsqueda de los 44 tripulantes y el hallazgo del submarino; también reveló de modo patente el estado estructural crítico del sistema de defensa nacional y de su instrumento militar.

¿Puede un país de la extensión, riqueza y densidad poblacional de la Argentina no disponer de un sistema de defensa y, en consecuencia, de unas Fuerzas Armadas con capacidades materiales y de personal para ejercer de forma efectiva su misión principal en la defensa externa y sus misiones subsidiarias? La respuesta expresada por diversos especialistas ha sido taxativa: no es posible.

Que el tema esté en la agenda pública es necesario para los familiares, amigos y camaradas de los tripulantes, que anhelan dar con su paradero. También es un asunto de importancia para protagonistas y analistas militares y civiles de la defensa, que esperan intervenir en esta penosa circunstancia para sensibilizar o, mejor aún, concientizar a la dirigencia política y sectores de la sociedad sobre la importancia de contar con un adecuado y efectivo instrumento militar terrestre, naval y aéreo, que sirva a los fines de una política de defensa nacional defensiva, autónoma y cooperativa que atienda amenazas externas, conforme lo prescribe la Ley de Defensa Nacional sancionada en 1988.

La defensa nacional y las Fuerzas Armadas en la política Argentina pos-diciembre de 1983

Las Fuerzas Armadas Argentinas y, en particular, el Ejército, entraron en una crisis institucional y profesional profunda tras la derrota de la Guerra de Malvinas y la crisis por colapso (como conceptualizó Guillermo O´Donnell) del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Los años 1984 a 1990 fueron de marcada inestabilidad interna castrense, que tuvo sus expresiones en los cuatro “levantamientos carapintada” entre abril de 1987 y diciembre de 1990. Este último fue reprimido por la firme decisión y acción de quien por entonces era el subjefe del Ejército, el general Martín Antonio Balza, luego jefe de esa Fuerza entre noviembre de 1991 y diciembre de 1999.

Desde el 3 de diciembre de 1990, las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder político civil incluso en circunstancias críticas para el orden estatal y social del país, como fue la crisis de diciembre de 2001. Posteriormente, el renovado impulso que tuvieron los juicios por crímenes de lesa humanidad tras la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia debida y los indultos presidenciales, el personal en actividad mantuvo dicha subordinación. Es de destacar, asimismo, que la carrera de un militar tiene en promedio unos 35 años, por ende, en la actualidad prácticamente todos los oficiales y suboficiales en actividad se educaron y desarrollaron su actividad profesional en democracia.

Desde diciembre de 1983 hasta el presente, la dirigencia política argentina no ha tenido como un tema relevante la defensa nacional.

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la atención del gobierno y los legisladores nacionales respecto de las Fuerzas Armadas estuvo más centrada en obtener una subordinación política o el control civil, que en fortalecer las capacidades institucionales del instrumento militar de la defensa. En este período se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley de Defensa Nacional en 1988.

En las dos presidencias de Carlos Menem, a pesar de los recortes presupuestarios, el mandatario se caracterizó por otorgar autonomía a los jefes militares, la cual supieron aprovechar –con desiguales resultados- generando capacidades para cada Fuerza. No obstante, quedó pendiente una profunda reestructuración de todo el sistema de defensa concibiendo de forma coordinada el conjunto de capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, un objetivo entonces imposible, toda vez que no existía conducción política desde el Ministerio de Defensa ni un accionar militar integrado desde el Estado Mayor Conjunto. La conjuntez era y sigue siendo una deuda pendiente, una lección duramente aprendida por las deficiencias que tuvo la conducción estratégica argentina en la Guerra de Malvinas.

Los gobiernos que sucedieron a Menem poco hicieron en favor de fortalecer las capacidades efectivas del instrumento militar de la defensa nacional. El gobierno del presidente Fernando de la Rúa no tuvo voluntad política o no pudo realizarla por la crisis. En los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la gestión de la ministra Nilda Garré se caracterizó por impulsar una activa política de reformas en la educación, identidad y relaciones de género, justicia y disciplina militar, avanzando en la elaboración de un ciclo de planeamiento por capacidades militares para la defensa nacional, además de reglamentar la Ley homónima tras 18 años de su sanción. Sin embargo, ni su gestión ni la de los ministros que la sucedieron –Arturo Puriccelli y Agustín Rossi- produjo una significativa inversión en armamento, materiales y equipos. Ciertamente se dirá en favor de las gestiones kirchneristas que el mantenimiento integral de media vida del ARA San Juan se hizo en esos años. No obstante (incluso dejando para una investigación administrativa y judicial el resultado de dicho mantenimiento), lo invertido en capacidades operativas fue, en general, tan módico que no alcanzó para revertir las limitaciones estructurales que tienen las Fuerzas Armadas para cumplir su misión principal de defensa contra amenazas externas. También es necesario no olvidar que fue con el kirchnerismo que un personaje políticamente cuestionable, que ya cargaba con causas por crímenes de lesa humanidad y profesionalmente desprestigiado en su propia Fuerza como el teniente general César Milani, alcanzó la jefatura del Ejército y gravitó con peso sobre las conducciones de las otras Fuerzas Armadas; una decisión política que la gestión de la presidenta Fernández de Kirchner continuará acarreando en su saldo deudor ante la dirigencia política, los militares y quizá ante aquellos escasos sectores de la sociedad argentina preocupados por la defensa nacional.

En los dos años el gobierno del presidente Mauricio Macri, con las gestiones ministeriales de Julio Martínez y Oscar Aguad, tampoco se revirtió dicha tendencia crítica de larga duración, llegando incluso a acentuarla con los recortes presupuestarios aplicados y los hasta el momento previstos. Aunque, sí, quizá pueda advertirse como un esbozo de orientación positiva, el apoyo que ha dispensado el presidente al teniente general Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien a diferencia de los ministros de la cartera y los jefes actuales de las Fuerzas, ha evidenciado disponer de propuestas de reformas y voluntad de encararlas.

El antimilitarismo actual de la izquierda y el progresismo argentino

La desaparición del ARA San Juan puso en evidencia entre las gentes de izquierdas y progresistas que los 44 tripulantes del submarino eran conciudadanos que desaparecieron cumpliendo con su deber como funcionarios públicos comprometidos con la defensa externa del país. Esos oficiales y suboficiales de la Armada no encajan en modo alguno en la representación de los perpetradores que sembraron el terror en la última dictadura. No son Massera, no son la patota de la ESMA, ni sus discípulos ni sus herederos como sugirieron maliciosamente algunos en las redes sociales. Me resulta absurdo hacer esta aclaración, pero vaya por las dudas.

Las siguientes preguntas pueden también ser obvias, aunque es preciso enunciarlas: ¿Hasta cuándo continuar desconfiando de la subordinación política de los militares en democracia? ¿Es empíricamente factible seguir presuponiendo una línea de continuidad en pensamiento y acción entre los perpetradores de la última dictadura y los militares que se educaron e hicieron sus carreras profesionales en democracia? ¿Es posible sostener el objetivo estratégico de una nación libre, justa y soberana sin contar con un instrumento militar que asegure la defensa nacional de amenazas externas en un mundo incierto e inestable? ¿Cuál es el sentido actual del antimilitarismo de las izquierdas y el progresismo argentino a 34 años del restablecimiento del orden democrático y a 27 años de la represión -efectuada por los propios militares- del último “levantamiento carapintada”?

Pienso que posiblemente habrá conciudadanos de izquierdas (algunos, por supuesto, no todos) que se reconozcan contrarios al ejercicio del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado y, por ende, se opongan a cualquier esfuerzo en favor de fortalecer las capacidades estatales de las fuerzas armadas (además de las de seguridad y policiales). Se de antemano que para ellos mis argumentos son y serán cuestionables. Pero para quienes sustentan ideas y valores de izquierdas reformistas y progresistas y, más aún, para los nacional-populares y los peronistas, me parece imprescindible que llegados a este punto crítico del sistema de defensa nacional –cuyo trágico emergente ha sido la desaparición del ARA San Juan- se planteen, nos planteemos, la necesidad de revertir esta larga tendencia de decadencia de las capacidades operativas de nuestras (si, nuestras) Fuerzas Armadas. Y para ello es preciso poner en discusión el actual antimilitarismo o la acendrada desconfianza política por lo militar.

Por último, en el horizonte inmediato y quizá mediato de la política argentina, si existe alguna posibilidad de que esa situación pueda revertirse, lo será con un gobierno nacional de Cambiemos. De modo que, por un lado, pienso que no vale estar a favor de los cambios pero decir que se harán sólo cuando los decisores políticos del Estado nacional sean otros ¿en el 2019? ¿2023? ¿2027? No, no se puede esperar. Además, la defensa nacional debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos. Si, por supuesto, es y será dado participar en el debate desde la oposición política y desde el Congreso Nacional, desde el ámbito científico y universitario especializado, etc., con vistas a procurar imprimir a esos cambios una orientación que reconozcamos solidaria con ideas y valores afines con nuestras concepciones, a mi entender, bien plasmadas en ese consenso normativo básico de la democracia que es la Ley de Defensa Nacional de 1988. Asimismo, por otro lado, advierto contra la pretensión de quienes consideran que las Fuerzas Armadas sólo serán buenas cuando los militares argentinos sustenten un ideario afín con las izquierdas, el progresismo o el pensamiento nacional-popular. Definitivamente, no es esa improbable realidad la que hay que aguardar. Necesitamos oficiales, suboficiales y soldados voluntarios que sean funcionarios públicos profesionalmente bien preparados para cumplir con sus misiones en la defensa nacional (con el gobierno que sea), y también ciudadanos (como debemos ser todos) respetuosos y consustanciados con la Constitución Nacional y las leyes de la Argentina.

¿Habrá de bregar la izquierda y el progresismo por ello en el siglo XXI?

 

(1) Investigador del CONICET-IdIHCS / Profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor en Antropología Social y Profesor en Historia. Investiga en perspectiva histórica y etnográfica acerca de política de defensa nacional, liderazgos, educación y profesión militar en la Argentina del siglo XX y XXI. Es autor de ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Educación y profesión de los militares argentinos en el siglo XXI. Prometeo, Buenos Aires, 2016.

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