A diez días de la desaparición de Santiago Maldonado

Hoy se cumplen 10 días de que Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras intentaba escapar de un operativo de la Gendarmería en el territorio de la comunidad Pu Lof Cushamen, en la provincia de Chubut.

La comunidad mapuche y su familia denunciaron de inmediato la desaparición. Sin embargo, no hubo una respuesta estatal acorde a la gravedad de los hechos. La resistencia a investigar y la inacción caracterizaron a los primeros valiosos días.

El lunes 7 de agosto el Comité contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas dio curso a una “acción urgente”, solicitada por el CELS el sábado 5, y le exigió al gobierno que despliegue una “estrategia integral” para buscar y encontrar al joven. También, el lunes, un equipo del CELS, integrado por Gastón Chillier, director ejecutivo, y Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y defensa legal, viajó a la zona en la que ocurrieron los hechos. Los testimonios de la comunidad y la información judicial recabada de primera mano por el defensor federal de Esquel, a lo largo de una semana, indican que hasta el momento la única hipótesis apoyada en indicios serios es la que indica que Santiago Maldonado desapareció en el marco de un operativo represivo.

Cuando existen motivos suficientes para presumir que una persona desapareció en manos de alguna fuerza de seguridad, el Estado tiene la obligación internacional de encarar sin demora una investigación sobre la fuerza sospechada. Nada impide, sino que es lo que corresponde, realizar además medidas amplias de búsqueda que abarquen otras posibles hipótesis.

La matriz violenta de las fuerzas de seguridad en la Argentina, el discurso del gobierno nacional sobre la comunidad mapuche y la represión de un conflicto social son el contexto en el que Santiago desapareció. Sin embargo, la investigación tardó demasiado en encarar la hipótesis de la intervención de la Gendarmería y hasta ahora ha sido lenta y dificultosa. Durante estos 10 días hubo resistencias para investigar con rapidez y exhaustividad la hipótesis de la responsabilidad estatal. Las medidas dirigidas a descartarla o confirmarla se iniciaron con mucha demora y aun no se hicieron las que permitirían reconstruir el operativo violento; tampoco se ha buscado a Santiago con intensidad.

El gobierno nacional primero negó los hechos; luego, intentó distraer la atención con una estrategia burda orientada a atacar a la comunidad mapuche. Esta respuesta no es producto de la improvisación: como venimos señalando, desde fines de 2016 hay una estrategia liderada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que busca asociar a los grupos mapuches al “terrorismo” y de este modo justificar el hostigamiento, la persecución y la violencia. Hasta tal punto este enfoque es central en la respuesta del gobierno a los conflictos sociales que el operativo fue coordinado en persona por el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, quien luego hizo declaraciones en los medios para justificar la violencia estatal. Luego de la desaparición, la primera respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de la Gendarmería, fue intentar poner en duda la presencia de Santiago Maldonado en el lugar.

El operativo en el cual se produjo la desaparición de Santiago Maldonado en la comunidad Pu Lof en Resistencia es parte de las consecuencias que tiene abordar los problemas sociales, entre ellos los conflictos por la tierra, como si se tratara de asuntos de seguridad. La represión y la criminalización son todavía más preocupantes cuando se las busca justificar presentándolas como respuestas a amenazas a la seguridad nacional. La construcción de “enemigos del Estado” tiene consecuencias gravísimas porque conduce a tolerar o promover prácticas ilegales de las fuerzas de seguridad.

La incapacidad del Poder Ejecutivo de ponerse al frente de la búsqueda de Santiago y de la investigación de los hechos es un mensaje político aterrador.

Hoy Santiago Maldonado no está. Necesitamos que aparezca ya.

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