El siguiente post es el primero de una serie de cuatro que escribimos en conjunto todos los editores de Artepolítica sobre el proyecto de ley de reforma política que envió el Poder Ejecutivo al Congreso.
En este primer post vemos una serie de consideraciones generales y luego profundizamos sobre tres temas que consideramos claves de este proyecto: el voto electrónico, la cesión de facultades al Poder Judicial y el financiamiento partidario.
Creemos que es muy importante el análisis de la reforma política presentada por el gobierno ya que dentro de su plataforma electoral, la implementación del sufragio con boleta electrónica (corrección de Juan Rodil que bien agrega que Boleta Única Electrónica es una marca) figuraba como uno de los propósitos principales. Interrogarnos acerca de las razones de modificar el sistema electoral nacional, que venía funcionando de manera regular desde el retorno a la democracia, implica verificar las bondades que trae consigo la implementación del sufragio electrónico (lo “no negociable” del proyecto) en todo el territorio nacional.
Antes que nada cabe una aclaración: el proyecto de implementación del sistema de sufragio (nombre que intenta reemplazar al de “voto electrónico”) es una solución para algo que en realidad funciona. El sistema electoral de orden nacional no ha tenido problemas de funcionamiento de importancia desde el 83 hasta la fecha y todas las elecciones presidenciales han entregado ganadores claros y legítimos. Los escándalos y las elecciones que involucraron sospechas de fraude se dieron en todos los casos en elecciones provinciales. Esta reforma no habría impedido ni necesariamente mejoraría elecciones como las de Córdoba en 2007 o Santa Fe y Tucumán en el 2015.
Descifrar los considerandos del proyecto lleva su tiempo, ya que el proyecto comienza diciendo que tiene tres objetivos de reforma pero luego agrega otros a lo largo de su redacción. Estos tres primeros son:
- reemplazar el modelo de votación, pasando de la boleta múltiple partidaria a la boleta con sufragio electrónico;
- eliminar las colectoras, listas múltiples y conformar las boletas para las elecciones generales de acuerdo a lo presentado en las elecciones primarias;
- realizar una serie de modificaciones sobre el Código Electoral Nacional y otras reformas reglamentarias.
La primera cuestión es que este proyecto no parece haber sido el resultado de un diagnóstico y una visión integral del sistema político y electoral. Sus partes resultan o bien inconexas o directamente contradictorias entre sí. Por ejemplo: en los considerandos se dice que se busca que las provincias alineen sus calendarios con los de Nación, pero la manera en que se instrumentaría el voto con boleta electrónica ofrece incentivos para separar los comicios de una y otra. Además, por un lado altera la manera de elegir presidente y vice en las PASO pero por otro lado repiensa la fórmula para conformar las listas en las primarias. Por último, autoriza la fiscalización con domicilio en otras provincias, pero sólo para las elecciones presidenciales. Estas son algunas de las contradicciones del anteproyecto que por otra parte deja de lado el gran tema que debería incluir una ley de reforma política: el financiamiento de las campañas.
En ese sentido, parece más un proyecto de reforma del sistema de emisión del voto pensado para instalar el voto electrónico, al cual se le han agregado algunos temas de interés para aliados políticos claves u otros actores institucionales. Vale la pena preguntarse si semejante reforma al mecanismo de votación no merece una ley y, en especial, una discusión aparte.
Los cambios propuestos en las PASO parecen escritos a pedido de la Unión Cívica Radical, socio menor de Cambiemos. Ya que las alianzas dirimirán la interna solamente con el candidato a presidente, sin comprometer una fórmula con un vicepresidente, la UCR podría apostar a perder en las próximas PASO pero formar parte de la fórmula presidencial. Varios de las otras alteraciones tienen que ver con cuestiones que parecen ser demandas de la Justicia Electoral, tales como el nombramiento de auditores contables para fiscalizar las campañas en las provincias.
Tanto en los fundamentos del proyecto como en las declaraciones públicas que realizaron los funcionarios que definieron su contenido, la propuesta se presentó como una búsqueda de mayor transparencia en el proceso electoral. En primer lugar, se sostuvo que el proyecto busca la eliminación del clientelismo. Para la eliminación de un fenómeno social de esa envergadura no queda muy en claro cuáles son los mecanismos dispuestos por la legislación, más allá de la modificación del sistema de emisión del voto, que por supuesto resulta insuficiente tanto para eliminar el clientelismo como para otorgarle por sí mismo mayor transparencia al proceso.
Inclusive, la modificación podría arrojar algo más de oscuridad donde todavía hay un poco de luz. Se trata de la cuestión de las famosas “listas sábana”. Hay una confusión en su utilización popular y periodística que vale la pena aclarar: cuando decimos “lista sábana” estamos hablando de una lista cerrada. Es decir, una lista que no permite ordenar los nombres dentro de una categoría (elegir si un diputado tiene que ir primero o sexto, sacar a uno, etc.) El problema que se deriva de la llamada “lista sábana” es que no permite registrar “a conciencia” a quién se está votando (porque los nombres abajo de la lista quedan muy pequeños) y eso afectaba el voto informado y la accountability sobre los representantes. El proyecto, tal como está, no sólo no produce ninguna mejoría al respecto sino que lo agrava: el artículo 15 que regula las pantallas sostiene que en el caso de candidaturas legislativas debe figurar en la pantalla “al menos” el nombre y apellido del primer candidato. Es decir que el elector decidiría sobre el primer candidato sin conocer nunca el nombre y apellido del resto de los integrantes de la lista.
El proyecto tal como está tampoco disuade de la lista sábana en sentido horizontal (es decir, por la lista a distintas categorías pegadas entre sí, lo que popularmente se conoce como sábana) ya que la primera alternativa que ofrecerán las pantallas será la de votar la lista completa. Incluso podría eventualmente reforzarlo, un sesgo que debería ser estudiado antes de aplicar un sistema semejante.
En definitiva, algunas de las reformas propuestas suenan más a fichas de cambio para lograr apoyo a lo que verdaderamente importa, la implementación de la boleta electrónica, un tema sobre el que nos vamos a explayar en el siguiente post.
