Actores, demandas y conflictos sociales durante 2018

Por Agustina Gradin y Verónica Soto Pimentel.

Introducción

Lo que va del 2018 en nuestro país, pareciera ser el período más convulsionado en relación a la conflictividad social del gobierno de Cambiemos. Las manifestaciones de la sociedad civil, que han estado presentes desde el inicio de la gestión macrista, ahora se acompañan de un proceso de visibilización de las grietas de un modelo de desarrollo incompatible con la superación de la pobreza, la distribución de la riqueza y la inclusión social. En efecto, el último informe de la UCA de agosto de este año, ya empieza a dar cuenta de un aumento en  indicadores de pobreza y un mayor riesgo de vulnerabilidad de la población. Ante este contexto de progresivo desmejoramiento de las condiciones de vida de la población, consideramos relevante analizar la relación entre las demandas de la sociedad civil frente a esta situación y la respuesta del gobierno a sus principales manifestaciones y conflictos.

Para ello, hemos escogido el período entre el 8 de marzo y el 25 de junio de 2018, período caracterizado por al menos 276 acciones colectivas de protesta de diferente formato y alcance entre dos Paros de gran envergadura y alcance: el segundo paro Internacional y movilización de Mujeres realizado el 8 de Marzo, y el Tercer Paro General al gobierno de Mauricio Macri llevado a cabo el 25 de Junio. Protagonizados por diferentes actores de la sociedad civil, con demandas heterogéneas y desarticuladas, estos conflictos expresan los clivajes sociales, políticos y principalmente económicos que hoy caracterizan el escenario político de nuestro paÍs.

Estas acciones fueron relevadas a partir de la revisión de algunos diarios electrónicos de nivel nacional (Página12, La Nación, Clarín) y otros portales como Izquierda Diario y Resumen Latinoamericano. Las acciones colectivas relevadas fueron sistematizados en una base de datos sobre los conflictos sociales que irrumpieron en la escena pública en este breve periodo. Entendemos que la escena pública argentina por cuestiones vinculadas a nuestra historia política y a nuestro “falso” federalismo, se inscribe principalmente en la capital federal y sus inmediaciones. De hecho, una gran cantidad de los conflictos sociales analizados se despliegan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano. Sin embargo, para ampliar esta mirada, también incorporamos conflictos que se desarrollaron en el interior del país como las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, Jujuy, Córdoba, Salta, entre otros. Dejamos de lado los conflictos que pudieran aparecer en medios de comunicación audiovisuales y escritos a nivel local y territorial. Y, sin duda, no incluimos aquellos conflictos y manifestaciones ciudadanas que no obtienen la atención de los medios de comunicación y que sólo quedan en la memoria de sus protagonistas.

Dicho lo anterior, el objetivo de este informe es, por una parte, analizar las características de estas manifestaciones -centrándonos en los tipos de demandas, formas de acción y actores. Por otra parte, observaremos las respuestas o silencios del gobierno frente a las acciones colectivas y sus demandas, a partir de declaraciones y discursos emitidos en el período señalado. Consideramos fundamental describir la relación entre los conflictos y las respuestas gubernamentales a las demandas, en tanto dicha relación nos permitirá iluminar los clivajes y puntos de rupturas que conforman el escenario político de nuestro país.

Conflictos: demandas, formas de acción y actores

Desde la mirada de la sociología política, entenderemos acá como conflictos sociales aquellas formas de acción directa (organizada y/o espontánea) que emergen cuando se combinan una serie de elementos estructurales y coyunturales que explican su irrupción (Auyero, 2002 (a y b); Perez y Rebón, 2012). Estos elementos son por un lado, el aumento y concentración del malestar social y la disconformidad, resultante de las contradicciones estructurales del orden social existente. A esto se le suma la ausencia o deficiencia de canales institucionales de procesamiento de la disconformidad, y la existencia de condiciones políticas y sociales que reducen los costos de la acción directa o aumentan sus beneficios. Ambas cuestiones son fácilmente reconstruibles en la coyuntura actual, ya sea por el deterioro de las condiciones laborales y de existencia de la mayoría de la población a causa de las políticas macroeconómicas del neoliberalismo tardío (Crespo, 2015), como por el deterioro del vínculo representativo entre los y las ciudadanas, los partidos políticos mayoritarios y los grandes sindicatos (Retamozo, 2011).

A partir de un análisis cuantitativo de los conflictos, en lo que sigue, describiremos las acciones relevadas según las siguientes dimensiones: tipo de demanda y conflicto, formas de acción y actores que las protagonizan. Ahora bien, la utilización de esta metodología sólo tiene fines analíticos y por lo tanto los números no son excluyentes ni categóricos. En este sentido, esta cuantificación nos sirve para ponderar las diferentes acciones colectivas permitiéndonos visualizar las principales características de la conflictividad social del periodo analizado.

Tipos de demandas y de conflictos

Según la sistematización que realizamos de los conflictos podemos identificar dos tipos de demandas: a) aquellas que expresan una reacción o resistencia frente a una acción gubernamental; y b) aquellas que expresan una demanda particular o intensión de difusión de una problemática de la ciudadanía que llamaremos expresivos/constructivos.

Tabla Nº 1: Distribución de conflictos según tipo de demanda y conflicto

Fuente: elaboración propia.

Como se expresa en la Tabla Nº1, podemos observar una preeminencia de conflictos de reacción o resistencia sobre los reflexivos o expresivos. Dentro del primer grupo, tenemos movilizaciones en defensa de cuestiones laborales (despidos de estatales y trabajadores, adeudamiento de salarios, paritarias, desmejoramiento de condiciones laborales, vaciamiento, pedidos de reincorporación, entre otros); contra el cierre de instituciones públicas (principalmente educativas como Bachilleratos de Adultos, o el proyecto de UNICABA), contra los “tarifazos” del transporte y energía, contra el “ajuste” del Estado; cuestiones medioambientales (principalmente contra el fracking en Mendoza); contra hechos de violencia institucional-policial, problemas edilicios en las escuelas y, por último, acciones contra el acuerdo del gobierno con el FMI.

Dentro de las acciones expresivas o constructivas podemos señalar, en primer lugar, las demandas relativas a la legalización del aborto y contra las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Otras acciones que se identificaron fueron las de la defensa de los derechos humanos y de los pueblos originarios; las demandas de las organizaciones de la economía popular (como la exigencia de aprobación de la ley para la adjudicación de obra pública en Provincia de Buenos Aires, el pedido de la CTEP para ingresar a la CGT y la sanción de la ley de emergencia alimentaria, de infraestructura y prevención de consumos problemáticos); y la defensa de la educación y la salud pública – de alcance nacional y local (Neuquén, Chubut, Córdoba) -, relacionadas con los procesos de ajuste de los gobiernos respectivos.

Lo interesante es ver que si bien las acciones reactivas/defensivas fueron mayoritarias, las acciones constructivas también tuvieron un despliegue importante, destacándose en ellas las manifestaciones por la legalización del aborto.

Formas de acción

Desde la mirada de las formas de acción de las protestas podríamos señalar que todos los conflictos sociales que se desplegaron durante el periodo analizado se basan en formatos legítimos, válidos y eficaces, que forman parte del repertorio de protestas de nuestra sociedad. Este repertorio se compone de diferentes formas de movilización social, cortes de calles, rutas o piquetes, tomas u ocupaciones de establecimientos y paros de actividad. A estas formas más tradicionales, habría que sumarle los formatos más creativos como los cacerolazos y ruidazos, los festivales, las ferias de distribucciòn de mercadería, los abrazos solidarios, las juntada de firmas, los campeonatos deportivos en espacios públicos, las vigilias y los acampes, entre otros. Todas estas formas de expresión de demandas componen el repertorio de acciones colectivas que los diferentes actores ponen en juego en el espacio público para hacer oír sus reclamos.

En el Gráfico Nº1 podemos apreciar la preeminencia de la novedosa herramienta de los pañuelazos en el marco del debate por la legalización del aborto, y el repertorio de movilizaciones y concentraciones como parte de la tradición argentina. Dentro de éstas destacamos las acciones que sobresalen por su masividad, como las las protestas contra el FMI convocadas para los dos feriados nacionales (25 de mayo y 20 de Junio) por un abanico multipartidario de organizaciones sociales y políticas. También destacan por su número los paros sectoriales (la mayoría implementados por metrodelegados y tercerizados del Tren Sarmiento). En menor magnitud, identificamos acciones como el Verdurazo de las organizaciones de la economía popular, realizados en Plaza de Mayo, y los dos “Panazos” realizados en Plaza Congreso.

Gráfico Nº1: Distribución de los conflictos por forma de acción predominante

Fuente: elaboración propia.

Actores y demandas

Todas las acciones relevadas son protagonizadas por diferentes actores sociales, políticos y económicos que motorizan sus demandas en el escenario público. La heterogeneidad de éstos es un dato significativo de la etapa. En este periodo podemos claramente ver una foto de cómo el proceso de degradación de las mediaciones sociales y políticas tradicionales dieron lugar al surgimiento de nuevos actores, como las organizaciones de la economía popular, los movimientos de mujeres, las juventudes y el sindicalismo de izquierda. Esta foto se completa con la presencia de actores tradicionales, como el sindicalismo clásico, y entre ellos con los y las trabajadores del Estado, las y los trabajadores de la salud, las y los maestros, y los y las docentes universitarios, quienes son nuevamente protagonistas de las principales luchas contra el ajuste del Estado encarado por la actual administración.

Gráfico Nº2: Distribución de conflictos según los actores que los protagonizaron

Fuente: elaboración propia.

En el Gráfico Nº2 se muestran los diferentes actores de los conflictos y la intensidad y protagonismo en su participación. El principal actor del periodo fueron los trabajadores organizados, distinguiendo entre ellos, los conflictos protagonizados por los estatales (de la administración pública, la educación y la salud) y los trabajadores del sector privado. Dentro del mundo de los trabajadores formales se destacan las luchas de los Metrodelegados con una fuerte incidencia mediática por el lugar que ocupan en la vida cotidiana de la ciudad capita,l y vinculados a organizaciones sindicales de izquierda. En cantidad de acciones y por su masividad, el otro gran actor es el movimiento de mujeres, protagonista de aproximadamente 80 acciones (entre movilizaciones, vigilias y pañuelazos), principalmente vinculadas a las demandas por la sanción de la Ley de aborto legal, seguro y gratuito. Por último, y como es de prever, destacan aquellas movilizaciones en las que confluyen un abanico amplio y heterogéneo de actores sociales, y también aquellas sectoriales pero de alcance federal. Estas tienen relevancia en tanto son las formas de acción más masivas y con mayor impacto político:

  • 24/marzo: Movilización por la memoria, la verdad y la justicia
  • 6/abril: confluencia de paro de docentes de la Provincia de Buenos Aires, de judiciales, estatales y metrodelegados, bancarios y cortes de ruta de los movimientos sociales (CTEP y CCC).
  • 23/mayo: Segunda Marcha Federal Educativa
  • 25/mayo: Concentración en la 9 de julio contra el FMI “La Patria está el Peligro”.
  • 1/junio: Marcha Federal por Pan y Trabajo (Movimientos de la Economía Popular).
  • 20/junio:  Movilización contra el FMI
  • 25/junio: PARO NACIONAL

Estas acciones expresaron una fuerte crítica al gobierno nacional y sus políticas económicas y sociales, y a su vez fungieron como punto de encuentro entre diferentes actores y sectores políticos y sociales, sobre todo en el esfuerzo mancomunado del 25 de junio.

Los discursos del gobierno frente a la realidad nacional y la resistencia

En este segundo apartado analizaremos cuál ha sido la postura del gobierno nacional respecto de algunos de los conflictos más representativos del periodo analizado, para iluminar la lógica política presente en sus respuestas o silencios frente a estos temas socialmente problematizados. Lo llevaremos a cabo a partir de sus propios discursos y declaraciones respecto de las demandas, no sobre las acciones en sí mismas ya que en una buena parte de los conflictos relevados, el gobierno no se posicionó sino que optó por ignorarlos. Esto consideramos es una postura política respecto de los mismos. Ignorar los conflictos sociales supone la no existencia de los mismos.

Sin perjuicio de ello, el gobierno tiene una postura frente a las acciones de protesta: no sirven para avanzar, no es la forma democrática para resolver las diferencias. En sus discursos hay una fuerte deslegitimación de la protesta, esgrimiendo argumentos basados en la criminalización de ésta y de sus principales referentes con argumentos como que las protestas tienen intereses “políticos” y “destituyentes”, y que las organizaciones son “clientelares y sus referentes lo único que hacen es estar en la calle”. Para solucionar los problemas, el gobierno propone la vía del diálogo y el trabajo, un “diálogo verdadero y responsable”, donde cada uno pone lo suyo y todos ceden un poco para encontrar puntos en común y ponerse a trabajar. Paradójicamente, “diálogo” y “deslegitimación” de los actores sociales, son dos caras de la misma moneda que guía la lógica de la relación del macrismo con el conflicto social. A su vez, como ya señalamos en otros informes de nuestro Observatorio, la constante convocatoria al “diálogo” como forma de gestión de las demandas conlleva a una despolitización de los conflictos sociales ya que no los incorpora en una discusión política respecto del proyecto de país o de desarrollo, sino que busca soluciones técnicas sin impacto en la actual distribución de poder y/o de riqueza de nuestra sociedad. Esto es una constante en varios de los conflictos.

Por otro lado, la forma de enunciar su postura sobre las demandas expresadas, o sobre sus actores y sus formas de acción, iluminan la concepción del gobierno sobre los mismos.  Veamos algunos ejemplos.

Frente a las demandas laborales de los y las trabajadores organizados, la respuesta general es la creación de empleo verdaderamente genuino, porque “al que le va a ir a bien es al que trabaja, se esfuerza, se supera, no al que viola la ley, miente, toma el atajo”. Asociado a esto, el gobierno justifica sus políticas de reducción del gasto público y de impuestos para incentivar al empresario a generar trabajo formal, en tanto la antigua estructura tributaria lo asfixiaba. En este argumento está la idea de que para superar la pobreza, hay que generar trabajo y riquezas para poderlas distribuir, y eso lo hacen los empresarios, no el Estado. Al contrario, el empleo público es percibido como una mentira y un parche, que profundiza el déficit fiscal. Por ello, es necesaria disminuirlo. Ahora bien, consideramos que esta postura contrasta fuertemente con el sentir de los protagonistas de estos conflictos que ven en estas medidas la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo y el trabajo precarizado. Por otra parte, cuando el oficialismo reduce la cuestión laboral a la disminución del empleo público, ignora intencionalmente, los reclamos que no vienen solo de los estatales, sino también del sector privado (cierre de fábricas, vaciamiento o desmejoramiento de las condiciones laborales) y de los trabajadores de la economía popular.

En relación a los conflictos vinculados al “tarifazo” y al aumento sostenido de la inflación, observamos en las respuestas del gobierno, por una parte, una actitud de indiferencia frente al empeoramiento de las condiciones de subsistencia de parte importante de la población, cada vez que apela descuidadamente a que si se hubiese podido, “se hubiera tomado otro camino”. Por otra parte, identificamos una clara tendencia a desresponsabilizarse del conflicto y de las consecuencias de ambos fenómenos. En efecto, la postura de Cambiemos sobre las tarifas está centrada en la crítica a los subsidios y a la “costumbre de gastar más de lo que se tiene” que tenía el gobierno anterior. Ellos, “nos habría hecho creer que los subsidios al gas y la electricidad eran gratis, que la energía era barata, que no costaba”. Pero eso no es verdad, se pagaba con inflación y deuda, “que terminamos pagando todos y de continuar así, se habría endeudado a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos, o aún peor, habríamos terminado como Venezuela”. La quita de subsidios a la energía contribuye directamente a cerrar la brecha fiscal, en tanto era una partida muy importante del presupuesto. A lo anterior se suma la apelación a la responsabilidad individual del consumo, a la protección del medio ambiente y a tomar conciencia de que se debe pagar lo que se consume. En el mismo sentido, sobre la problemática de la inflación hay un reconocimiento del gobierno de un pronóstico errado, asociado a una inflación oculta producida por la gobierno anterior, primero, porque no había un INDEC que la midiera, luego por el descalabro tarifario que tenía las tarifas de energía en cero, y que restituirlas representó el tercio de la inflación. Segundo, por el cepo cambiario, el dólar futuro y los precios relativos.

Frente a los reclamos masivos contra el acuerdo del gobierno nacional con el FMI, llama la atención el fuerte contraste entre una parte de la ciudadanía que ve en esto la “patria en peligro” y la insistencia del oficialismo por asegurar “que el Fondo ya no es el que era en el pasado” y que esta es una gran oportunidad, un gesto de que “el mundo confía en nosotros”. Al mismo tiempo, asocia el acuerdo con la necesidad de acelerar el gradualismo para disminuir el déficit fiscal, problema que es “resultado de un proyecto político irresponsable, demagógico y de despilfarro que ha golpeado a la Argentina por más de 70 años – ejemplo fue el intento de retrotracción de las tarifas de energía impulsado por el peronismo que sigue las “locuras” de Cristina Fernández de Kirchner”. En este sentido, explica Dujovne, que “la solución a nuestros problemas depende de los argentinos, no es magia. El fondo no nos va a solucionar todo”. Esto es una forma responsable y verdadera de enfrentar la realidad y de evitar una crisis. Es el camino correcto, un acuerdo inédito por la rapidez de su constitución y por una cláusula que prevé que si las medidas a tomar afectan las condiciones de vida de la población, pueden haber flexibilidades.

En las demandas vinculadas a cuestiones educativas, uno de los conflictos de mayor relevancia durante el periodo analizado, se observan dos posturas. Respecto de las cuestiones sobre la calidad de la educación y la relación de ésta con la superación de la pobreza, el gobierno afirma “una preocupación por mejorar la calidad de la educación desde la primera infancia y la convicción de que los chicos y jóvenes son el futuro, son los protagonistas del siglo XXI”. Así mismo, reconoce que “la educación pública tiene un rol fundamental, porque para superar la pobreza la educación y el trabajo genuino y de calidad son el camino”. Ahora, el camino para avanzar en estos puntos son para el gobierno las herramientas de evaluación y medición, como la Evaluación Aprender, ya que “sólo conociendo la verdad se pueden buscar soluciones conjuntas y construir una realidad distinta”. Otra herramienta es la actualización tecnológica en escuelas y miembros de la comunidad educativa, porque la calidad de la educación implica también integrarse a un mundo que está cambiando. Sin embargo, ello entra en contradicción con los reclamos de la comunidad educativa por la disminución de recursos públicos para el financiamiento de la educación pública, y que tuvieron como consecuencia el cierre de los bachilleratos populares de la Provincia de Buenos Aires, la creación de UNICABA, una paritaria docente que aún no termina de cerrarse y la falta de recursos para solucionar problemáticas edilicias y alimentarias. Una segunda postura del gobierno es la relacionada con las demandas gremiales de los docentes. Respecto de esto, y si bien la paritaria educativa ha sido provincializada por el gobierno de Cambiemos, es ilustrativo el tratamiento del gobierno de la Provincia de Buenos Aires al respecto. La convocatoria a paritarias y al supuesto “acuerdo”, con propuestas que no contienen las demandas de los gremios, y donde se deslegitima constantemente a las representaciones gremiales y a los propios docentes, es una expresión del tratamiento que el oficialismo da a los conflictos sociales.

Un trato similar reciben las organizaciones de la economía popular respecto de sus demandas y acciones. Durante estos meses, estas organizaciones protagonizaron y participaron de muchas de las acciones relevadas. A esta situación el gobierno intentó responder a través de la convocatoria a la “Mesa del Diálogo” entre el Ministerio de Desarrollo social, la iglesia y dichos actores, desactivada desde diciembre del 2017. En una búsqueda por canalizar la conflictividad social vía acuerdos institucionales sectoriales, esto quedó en anuncios únicamente, en un escenario donde el movimiento de la economía popular protagonizó la multitudinaria movilización de la Marcha Federal por Pan y Trabajo, y fue uno de los principales actores del Paro Nacional del 25 de Junio. Ahora bien, esta convocatoria al diálogo fue acompañada por una constante deslegitimación a los principales referentes y a las organizaciones respecto de su rol de intermediarios y representantes de los intereses de una parte de los sectores populares.

Respeto de las demandas vinculadas a la cuestión de género, el 8 de marzo el presidente Mauricio Macri realiza un discurso en el acto por el Día de la mujer en el cual declara su compromiso “absoluto para avanzar en la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres” (referido al trabajo y al salario y representación en los espacios de decisión). Plantea dentro de esta agenda, problemáticas como el embarazo adolescente, la violencia de género y la necesaria “educación para prevenirlos”. Junto con ello, enuncia una serie de iniciativas para la igualdad de género, dentro de las cuales no se incluyó la legalización del aborto. Sin embargo, frente a la presentación del proyecto de ley sobre IVE con la firma de 71 legisladores, el gobierno asume la postura de “facilitar el debate y permitir la libertad de conciencia a sus representantes” aún en un escenario donde su postura era mayoritariamente contraria a la ley. Esta respuesta pragmática a una de las demanda del movimiento de mujeres puede y fue leída en diferentes claves. En todo caso, la convocatoria a “un debate maduro y responsable” es el instrumento para canalizar la conflictividad generada alrededor de esta demanda, y donde el gobierno se sitúa como “facilitador del diálogo”, sin responsabilidad directa (o así lo desea) sobre el resultado del mismo. Ahora bien, el compromiso con las mujeres entra en tensión con uno de los reclamos centrales de la Campaña Nacional por la legalización del aborto: el desfinanciamiento de las instancias estatales contra la violencia de género y de la educación sexual integral en las escuelas.

Reflexiones finales

Pensar los conflictos sociales en la actual coyuntura necesariamente nos lleva a preguntarnos sobre la relación Estado y sociedad construida por la gestión de Cambiemos. Es en esta línea que hemos querido presentar un breve recuento de los conflictos expresados por la ciudadanía, durante los meses de marzo, abril y mayo del presente año, y la postura del gobierno nacional frente a los mismos, como espacio de disputa que es necesario problematizar.

Como analizamos en este informe, la conflictividad social que desemboca en el Paro Nacional del 25 de Junio se caracteriza por mostrar un nivel de intensidad importante, expresado en la cantidad de acciones colectivas relevadas (y las muchas que no hemos podido dar cuenta), protagonizadas por un abanico heterogéneo de actores sociales y políticos, con un fuerte protagonismo de los trabajadores organizados  (dentro de los cuales el sector público y la educación se destacaron), del movimiento de mujeres y del movimiento de la economía popular. El repertorio de acción fueron formatos legítimos socialmente, válidos y eficaces dentro de los cuales emergen formas novedosas como los “Pañuelazos” vinculados a la demanda por la ley de aborto, los “Panazos” y “Verdurazos” vinculados a las demandas de los pequeños productores, y las movilizaciones mancomunadas vinculadas a los Actos Patrios de los feriados nacionales. Dentro de esta heterogeneidad y su aparente desarticulación política, se destacan las siete movilizaciones sociales, masivas y nacionales, que permiten suponer momentos de articulación y de unidad de demandas, actores y formatos de protesta, y que expresan la emergencia de una oposición social al oficialismo.

En relación a la respuesta de Cambiemos frente a las acciones y conflictos de la ciudadanía, observamos una tensa relación entre ambos. Esta cuestión la interpretamos como expresión del espacio de disputa política que comparten: el enfrentamiento de dos modelos de sociedad totalmente diferentes. En efecto, todas las demandas expresadas por la ciudadanía comparten la interpelación directa a un modelo de acumulación y distribución que pone al mercado como centro y principal gestor del orden social. Al contrario de la respuesta posneoliberal del gobierno, que apela a la responsabilidad individual, la libertad de mercado y la disminución del gasto público, los reclamos de la ciudadanía apelan a una acción estatal para equilibrar en su beneficio las fuerzas del mercado y del sector empresarial. Esta disputa también es observable cuando las demandas asumen un carácter articulador y canalizador de otros reclamos sectoriales al constituirse en reclamos transversales de un abanico heterogéneo de actores. Aún la demanda por la legalización del aborto, encarada como problema de salud pública, implica una fuerte crítica a las relaciones de poder neoliberales, concebidas como patriarcales, y por lo tanto se constituye al decir de Laclau (2005) en una demanda articuladora de otras sectoriales vinculadas a la agenda del movimiento de mujeres, pero también a demandas vinculadas al mundo del trabajo y de la economía popular. De este modo, podríamos decir que mientras que los paros nacionales, las movilizaciones masivas y las marchas federales son expresión de una concepción colectiva e integral de los problemas y sus soluciones, el gobierno, deslegitimando y despolitizando estas acciones, propone mesas de diálogo sectoriales, la individuación de las demandas y la tecnificación de las soluciones.

Bibliografía

Auyero, Javier. 2002a. La protesta: retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática. Buenos Aires, Libros del Rojas.

Auyero, Javier. 2002b. Los cambios en el repertorio de protesta social en la Argentina. Desarrollo Económico 42 (166), pp. 187-210

Crespo, E. (2015). Los perdedores del nuevo capitalismo. Devastación del mundo del trabajo. Cuadernos de Relaciones Laborales, 33(2), 473.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Buenos Aires, Editorial Fondo de Cultura Económica.

Rebón, Julián y Verónica Pérez. 2012. Las vías de la acción directa. Buenos Aires, Editorial Aurelia Rivera.

Retamozo, M. (2011). Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina. Polis. Revista Latinoamericana, (28).

Fuente de la foto.

El artículo es un trabajo del Observatorio sobre políticas públicas y reforma estructural de FLACSO.

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