Derecha Político/Ideológica y Derecha Económica

El escenario es el Ministerio de Trabajo de la calle Alem, a las 6 de la tarde, el mismo jueves del último cacerolazo. Una mesa bien larga. De un lado 15 empresarios, del otro 15 representantes de los sindicatos más grandes. En la punta están el ministro de Tomada, la ministra Giorgi y el viceministro Axel Kiciloff. Se muestran los resultados de las mesas tripartitas de formación profesional, donde sindicatos, empresarios y Estado han articulado y financiado desde 2003 la capacitación de 1.500.000 trabajadores en diferentes centros de formación privados, sindicales y estatales, algo inédito en la historia del país. Están, claro, los empresarios más cercanos gobierno, el presidente de ADIMRA y el presidente de la UIA. Pero hay muchos de los otros, los que no son amigos. No hay empresarios top o faranduleros, pero hay empresarios importantes, funcionarios de dirección de las cámaras más grandes, construcción, alimentación, petroquímicas, automotriz, software etc., en general ligados al sector productivo y con alguna presencia en el mercado interno—es decir no agrarios o puramente exportadores. Axel Kiciloff, con el dedito índice en alto, baja en su discurso el manual de economía nacional y popular básico empezando con la dictadura y fustigando todos los lugares comunes de la derecha económica que se les ocurra, desde la teoría de las ventajas comparativas que nos primariza, hasta que “no los vamos a dejar competir con salarios bajos”. Termina, los empresarios, esos de las cámaras grandes, de la Cámara Argentina de la Construcción, o de la Petroquímica, muchos representantes de multinacionales, aplauden a Axel y su panegírico anti-neoliberal calladitos.

El mismo día que la derecha ideológico/política cacerolea en Buenos Aires (no digo derecha golpista ni estigmatizo, señalo empíricamente reclamos de política pública que son de centro-derecha como la mano dura o el acceso a moneda extranjera, y de un componente social que es medio, medio alto, y alto) parte de la derecha económica se sienta enfrente del Estado y los sindicatos, y aplaude en un acto conjunto. Rescato esta paradoja para traer otra más general que todos de algún modo conocemos, pero que invocamos poco: el kirchnerismo, el gobierno que más ha antagonizado a la clase empresaria desde la recuperación democrática es a la vez el que más ha institucionalizado el diálogo social con los representantes del capital. Para todos los gustos y en los foros que quieran: las paritarias sectoriales anuales de negociación colectiva por salarios y condiciones de trabajo, el Consejo de Salario, o los Consejos de Formación Profesional tripartitos recién mencionados en más de 20 sectores importantes. Hasta en el ámbito rural se puso en marcha la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para sentar condiciones laborales y productivas, de funcionamiento más intermitente por los conflictos con la Mesa de Enlace, pero mil veces más activa que en la década anterior en la que estuvo congelada.

Significativamente, entonces, el kirchnerismo es, dentro los gobiernos populares más radicalizados en América Latina—Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia—sin dudas el que más ha operado instancias de negociación institucional con el empresariado. Este simple dato es, desde luego, sistemáticamente ocultado por el establishment mediático/ideológico que habla de chavismo, pero tampoco es demasiado remarcado de este lado: nadie va por ahí reclamando una identidad de izquierda nacional y popular enfatizando la necesidad de negociar institucionalmente con los empresarios.

Por supuesto, lo anterior no obsta para que nuestro gobierno sea globalmente el más detestado por el mundo de los negocios desde la recuperación democrática. Este gobierno, por supuesto, tiene amigos en la clase empresaria, pero ha fortalecido desde el Estado como ninguno actores populares—sindicatos y movimientos sociales—y en las grandes líneas “redistributivas” de la política pública que señalara Lowi, o sea las que provocan situaciones de suma cero sobre divisiones de clase, es decir legislación laboral, previsional, impositiva con las retenciones, renegociación de la deuda, o el precio de los bienes-salario como la carne o el trigo, entre otras, siempre se ha parado del lado del sector trabajador. Incluso algún caramelo que da a los empresarios, como la reciente Ley de Accidentes de Trabajo, es uno importante, pero está básicamente dirigido a las cámaras pymes, que son el sector empresario aliado y a las que más impacta ese “costo laboral”. Los grupos económicos diversificados, las multinacionales que tienen dificultades para repatriar utilidades, ni hablar los empresarios rurales, de medios o energéticos, todos los cuales operan en mercados mucho más regulados que antes, preferirían otro tipo de gobierno.

Desde luego, el antagonismo con el capital es muy coherente con el auge de la negociación tripartita entre Estado y actores socioeconómicos. Como marca Korpi en un trabajo ya clásico sobre la Europa del sXX, en los casos de expansión de la concertación y las políticas de bienestar (cuando no es antagonista) el empresariado es a lo sumo un “consentidor”: antes que enfrentar el poder desnudo de gobiernos populares y de una clase trabajadora activada en una democracia con bajo desempleo, prefiere negociar y “racionalizar” la discusión en instituciones tripartitas, y así aprovechar la contención del conflicto laboral y el crecimiento económico. Institucionalizar la negociación con el Estado y los sindicatos es siempre la segunda opción del empresariado en un sistema capitalista. La primera es la unilateralidad, la imposición, y en estas costas muchas veces fue el palo limpio.

Ahora bien, no lo quieren, pero muchos empresarios tienen claro tres ventajas no menores que a ellos les garantiza un gobierno como este, a saber: 1) autoridad política firme y gobernabilidad, 2) un umbral mínimo de expansión económica en el mercado interno y crecimiento 3) administración/contención del conflicto laboral. Por supuesto según el sector en que estén, y el tipo de empresarios que sean, van a valorar más 1), 2) y 3). Los grupos económicos muy exportadores o diversificados en otros mercados, como Arcor y Techint, son menos beneficiados por estas ventajas en el balance global de sus negocios. Las pymes, en el otro extremo, en general operan en el mercado interno y son débiles ante ofensivas fuertes de los sindicatos de rama, por lo tanto valoran más la protección estatal. En el medio hay un tercer grupo, quizás el más decisivo, que también aplaudía en el Ministerio el día de las cacerolas: las empresas medianas y grandes, nacionales y extranjeras, afiliadas a las cámaras más importantes, las constructoras, automotrices, petroquímicas y químicas, alimentarias, farmacéuticas, bioteconológicas o de neumáticos, entre otras. Son más fuertes que las pymes, pero no son grupos diversificados o puramente exportadores. Tienden a ser más sistémicos: miran más el mercado interno y la situación económica local, cómo les va al resto de sus pares en la cámara. Muchos CEOs de las multinacionales acá suelen ser ejecutivos argentinos con mucha experiencia local, que miran más que nada los resultados de la subsidiaria argentina que manejan. No les importa demasiado la exaltación de Morales Solá o la histeria de La Nación, pero no les gusta ni la activación sindical, ni el control de cambios, ni las trabas para importar insumos. No obstante, observan que hay gobernabilidad, que su negocio no baja de un piso de crecimiento en el mercado interno, y que el conflicto laboral se administra y no se descontrola en un marco general de ofensiva sindical. No les gusta este gobierno, desde ya, pero no van a abandonar 1), 2), 3) por cualquier cosa. La pregunta que planteo es, ¿Cuánto de gobernabilidad, sostenimiento mínimo de la actividad interna aun en un marco inflacionario, y administración del conflicto laboral garantiza un eventual emergente político del caceroleo del jueves? En eso piensan hoy, se me ocurre, los CEOs de Unilever, Fate, Danone, Acindar y siguen las firmas.