«Wall Street esta al mando de Argentina (otra vez)» tituló la agencia Bloomberg el 8 de marzo pasado. No exageraba. A la devaluación, el sistemático endeudamiento externo y la complacencia con los Fondos Buitre se sumó hace unos días la decisión del Banco Central de permitir la fuga de capitales sin restricciones.
Esta decisión del Banco Central pasó desapercibida. Quedó asentada en la Comunicación A 6011 cuyo punto 4 dispone: «Los residentes en el país podrán acceder al mercado local de cambios sin límite de monto para la compra de moneda extranjera para la realización de aportes y/o compras de participaciones en empresas que califiquen como inversiones directas en el exterior«. En criollo, una persona o empresa puede hoy comprar todos los dólares que desee para invertir en el exterior.
Esta comunicación, dirigida a entidades financieras, casas, agencias, oficinas y corredores de cambio aclara que esos aportes o compras deben realizarse en países que cooperan con Argentina en materia de transparencia fiscal y que «en forma directa o indirecta tengan como objeto el desarrollo de actividades productivas de bienes y servicios no financieros«. La aclaración no cambia sus consecuencias: facilitar la salida de capitales sin restricciones ni límites.
Con esta decisión del Banco Central se perfecciona el saqueo financiero que comenzó desde que asumió Mauricio Macri. En lo estrictamente vinculado al Banco Central, se complementa con la tasa del 30% que, al día de hoy, otorgan a las LEBAC colocadas a 35 días (tasa que supo estar en el 38% apenas asumida la nueva conducción del Banco Central). El argumento de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, para sostener esta tasa ampliamente por encima de las que se otorgan en el mundo es que aporta a reducir la inflación. Así, en su informe de julio, el Banco asegura que “mantendrá esta política de sesgo antiinflacionario para alcanzar su meta de inflación de 5% anual”. Del ritmo que trae la inflación se deduce que las tasas seguirán altas por un largo tiempo.
Así, siguiendo el camino de la especulación financiera, una persona o empresa pude comprar LEBAC, cobrar con 30% de interés y luego comprar todos los dólares que quiera para invertir en el exterior. El resultado es claro: valorización financiera y fuga de capitales. Su reverso, nula creación de empleo ni beneficios para el país.
Para que entren tienen que salir
Entre los argumentos para desregular completamente la salida de capitales figura una de las tantas zonceras financieras: para atraer capitales es necesario darles libertad, ergo, dejarlos salir. En su libro “Las islas del tesoro”, donde desmenuza las implicancias del sistema financiero extraterritorial, Nicolas Shaxson replica esa zoncera: “La economía dominante en la actualidad abraza una teoría simple que dice más o menos así: los países pobres carecen de capital y las inversiones extranjeras pueden llenar ese hueco, de modo que lo razonable es liberar el capital para permitirle que fluya hacia esos países necesitados. A primera vista parece una buena idea, pero hay un problema con el que la teoría dominante no ha logrado lidiar en absoluto: si se libera el capital, el dinero no necesariamente fluirá hacia adentro, sino que, por el contrario, puede fluir hacia afuera. Keynes estaba muy consciente de esta cuestión. ‘Las políticas nacionales recomendables podrían resultar en general más fáciles de llevar a cabo si fuera posible excluir por completo el fenómeno conocido como la fuga del capital’, decía. Palabras escalofriantemente proféticas, ya que la fuga del capital en sus días no era nada en comparación con las cantidades alucinantes que hoy fluyen a raudales a través de las fronteras”.
Desde la asunción de Macri, esta fuga de capitales sobre la que alerta Shaxson y alertaba Keynes se multiplicó. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), “Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, la fuga de capitales ascendió a USD 6.218 millones. Se trata de un aumento del 364% respecto al mismo período del año anterior”. El CIFRA proyecta a su vez las consecuencias de esta fuga vinculadas al endeudamiento: “Si se consideran solo esas necesidades de emisión, el nuevo endeudamiento externo con privados en moneda extranjera debería alcanzar a USD 47.825 millones en 2016, lo que implicaría casi triplicar el ratio de la deuda con privados en moneda extranjera sobre el PIB. En el último año de mandato presidencial esta proyección asciende a USD 119.947 millones, elevando el ratio a 34,0% en 2019”. Todos estos datos corresponden al Informe de Coyuntura de Mayo y dan, a priori, un panorama optimista: los investigadores no pudieron calcular las consecuencias de la Comunicación 6011.
¿Evadieron? Tranquilos.
La Comunicación 6011 tiene fecha del 11 de julio de 2016. Dos días más tarde Macri asistió a la celebración del 162° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En su discurso, confesó: “Yo creo que somos todos parte de este momento, que debemos sentirnos protagonistas, que todos debemos poner el hombro, que todos debamos sincerar nuestra situación. (…) No vamos a tener que protegernos ni escondernos”. Los especuladores financieros escucharon al presidente confesar que había evadido, ergo, que había cometido delitos económicos. El mismo día, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici afirmó: «Al que sólo sea evasor no se lo investigará«. Federici lo dijo en una entrevista con el diario La Nación, evasor durante años hasta que la Corte Suprema convalidó su defraudación al Estado. Lo sostuvo, además, como titular del organismo cuya función es prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
El Banco Central no quiso quedarse atrás con las amnistías a delitos financieros. Un día más tarde comunicó que “dejará de perseguir (sic) a 60.000 personas por infracciones cambiarias que ya no existen”. El Banco modificó el criterio legal para la tramitación de sumarios cambiarios y lo aplicó en forma retroactiva. En su comunicado de prensa afirmó que esto “permitirá rehabilitar al 80% de las personas humanas o jurídicas que hoy son investigadas en materia penal cambiaria, en su mayoría por infracciones menores. Ello liberará de procesos sumariales a unas 60.000 personas que dejarán de ser acusadas por operaciones que hoy pasaron a ser plenamente legítimas”. O sea, para las autoridades del Banco Central hacer cumplir la ley es “perseguir”. A su vez, plantea que los amnistiados son “en su mayoría por infracciones menores”, sin aclarar a cuantos abarca esta mayoría y permite asumir que la “minoría” cometió infracciones no menores, ergo, mayores.
In Wall Street we trust
Que Wall Street controla la Argentina no es un eufemismo y, en el caso del Banco Central, buena parte de su nuevo directorio comparte tanto la experiencia laboral en gigantes financieros que operan en New York como la formación en universidades norteamericanas.
Uno de los directores es Demián Reidel, cuyo currículum incluye el paso por JP Morgan, Goldman Sachs y QFR, así como formación en las Universidades de Chicago y Harvard. El subgerente general de Operaciones, Agustín Collazo, también hizo un posgrado en la Universidad de Chicago, y trabajó en el mercado financiero argentino hasta que emigró a Morgan Stanley para administrar derivados de índices accionarios internacionales. De ahí a firmar la Comunicación A 6011.
Otro de los nuevos directores es Horacio Tomás Liendo, formado en el poderoso estudio Marval, O´Farrell & Mairal y en la universidad de Georgetown, heredero de un oscuro linaje que incluye a su abuelo homónimo como Ministro de de Trabajo y del Interior de la última dictadura militar y a su padre, que trabajó estrechamente con Domingo Cavallo. Otro director es Pablo Curat, que fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM) y cursó en las universidades de Harvard y Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Las consecuencias de un Gobierno de Wall Street quedan a la vista en el documental Inside Job. Allí queda al descubierto cómo las mismas empresas que hoy colocaron ejecutivos en el Banco Central y en otras áreas claves de la economía son las que generaron la grave crisis financiera de 2009, así como el conflicto de intereses que existe en las universidades donde se forman, con planes de estudio corrompidos por las dádivas concedidas a quienes dirigen esas casas de estudio.
