En Sudamérica no es nada raro que un presidente finalice antes de tiempo su mandato. Que se tambalee y caiga.
Sabemos que de los cuarenta presidentes del período 1979-2003 en la región, dieciséis de ellos (40%) experimentaron desafíos para continuar en su cargo hasta terminar su mandato y nueve (23%) terminaron sus mandatos antes de lo previsto.
Sin ir más lejos, dos presidentes argentinos de 1983 para aquí tuvieron que dejar su puesto en forma anticipada.
Los gobiernos en Sudamérica no parecen ser entonces «fuertes» o «débiles», sino más bien «estables» o «inestables». Creo que una forma de pensar los problemas que enfrentan los presidentes de la región, también la presidenta de la Argentina, es con ese horizonte en mente.
El estudio que linkeamos indica que, en general, hay tres elementos que hacen que un gobierno sea «desafiado» en su estabilidad:
- Falta de satisfacción con las políticas económicas.
- Legisladores que enfrentan a presidentes minoritarios.
- Acusaciones de corrupción, cuando se vinculaban con la figura presidencial.
Todo eso entra en un cóctel complicado cuando se combina con protestas callejeras. Dicho de otro modo: hasta el caso de Fernando Lugo, no hubo presidente que cayera sólo con el empuje que le dio el congreso, sino que siempre hubo en forma paralela protestas callejeras, en general «policlasistas».
Es interesante de ver cómo desde las elecciones de octubre de 2013 y luego de atravesar un período de fuertes tensiones en enero y febrero, el Gobierno nacional viene tratando de desactivar un potencial escenario de inestabilidad.
Así:
- En el Congreso: El oficialismo se garantizó no estar en minoría legislativa. Lo hizo de tres maneras. Por un lado, con la «antipática» estrategia de poner dirigentes «propios» en las listas -que, sabemos, tiene pros y contras-. Además, logrando aún en su piso electoral conservar mayorías en las cámaras. Y evitando las anunciadas y nunca concretadas masivas fugas de legisladores oficialistas a la oposición. La renovación de autoridades del PJ, con presencia de dirigentes de peso que dicen «yo quiero seguir siendo oficialista», o aún más, «yo quiero ser candidato a presidente con la boleta del FPV» va en esta línea.
- En cuanto a la economía: Se fueron equilibrando distintas variables económicas. Por lo que dice el «nuevo» INDEC y los informes privados, el ritmo de la inflación es el menor desde septiembre. La aplicación de «ajustes ortodoxos», de «cirugía mayor sin anestesia» es lo que en Sudamérica suele generar las tensiones callejeras que pueden volver inestables a los gobiernos. La serie de medidas «no ortodoxas» de buscar «poner plata abajo» que viene desarrollando el Gobierno desde febrero, de la que la nueva moratoria previsional (potencialmente 500 mil nuevos jubilados) es una nueva muestra, busca evitar ese tipo de escenarios. Se habló además hasta el cansancio de tensión social por las paritarias, pero las paritarias vienen finalizando con más acuerdos que desacuerdos.
- Acusaciones de corrupción: Aparece ahí entonces el tema de la causa en la que el vicepresidente Amado Boudou fue llamado a declaración indagatoria y en la que hay posibilidades de que lo procesen.
Una acusación de corrupción tiene su peso a la hora de desafiar a un presidente en en su estabilidad. El estudio citado indica:
«…en el caso de presidentes personalmente implicados en escándalos (…) la probabilidad de enfrentar un desafío salta a un 63% (38,6 más 24,4). Los escándalos también aumentan mucho la probabilidad de que un presidente caiga efectivamente antes, ascendiendo ésta a 48,4% (16,5 más 31,9). Las otras variables independientes varían en la dirección que se predice, pero no tienen un gran impacto sobre la probabilidad de que caigan».
Hay que agregar que ese factor tiene que combinarse con algún envión desde el Congreso y casi como condición necesaria movimientos en «la calle» para hacer eclosión.
El caso de Boudou no es investigado en la Justicia como un caso de corrupción vinculado «con la figura presidencial», como dice el paper mencionado. Elisa Carrió -pícara, vivísima- es a la que más escucho decir bien fuerte que «en esto está metida la señora Presidenta». Esta, es previsible, será la próxima línea de ataque. Y la presión mediática en ese sentido va a aumentar.
En cualquier caso, si este breve enfoque es más o menos correcto debe tenerse en cuenta que el despliegue de esta causa judicial es uno de los factores que pueden implicar problemas para el Gobierno, pero no el único. Me pregunto qué hubiera pasado en este contexto si el oficialismo no conservara el manejo del Congreso, del partido de gobierno y/o si variables económicas clave como la inflación estuvieran moviéndose a velocidad de vértigo.
Al mismo tiempo, habrá que recordar que es propio de la estrategia de la oposición -cosa de ir buscando atorar aquí y allá- que siempre haya algún «caso de corrupción» dando vueltas ante la llegada de elecciones presidenciales.
Copio una muy ilustrativa frase del editorialista Eduardo Van der Kooy, citada en el libro «10 años, una década de gobierno kirchnerista», de Daniel Míguez. Se trata de una nota de agosto de 2007, cuando ya el Grupo Clarín había iniciado su distanciamiento del Gobierno y expresaba su desconfianza abierta con respecto a la candidata Cristina.
«Se han sucedido las sospechas de corrupción en el caso Skanska, los desatinos en el INDEC, la bolsa con dinero que ocultó Felisa Miceli en el que fue su baño ministerial, la valija con 800 mil dólares que pretendió ingresar el empresario venezolano Guido Antonini Wilson y la crisis crónica en Santa Cruz salpicada con episodios de violencia demencial. En cualquier país con rasgos de cierta normalidad política e institucional aquellos episodios hubieran colocado quizás en un marco de paridad electoral a la oposición con el Gobierno. La Argentina no es, en ese aspecto, una nación normal«.
Al contrario de esta visión, la Argentina parece ser una nación sudamericana normal -Chile y Uruguay son, en este aspecto, países con un nivel de «institucionalidad» más alto, con menores «informalidades» en las prácticas políticas que el resto-. Así, en nuestros países, los presidentes, los líderes presidenciales, basan buena parte su estabilidad en los aspectos mencionados: el Congreso (lo que en un país federal también implica los gobernadores), la economía y la calle.
También, claro, la cuestión del impacto que producen las acusaciones de corrupción en contextos en los que los medios de comunicación, al decir de Lula, son los principales partidos de oposición. Lo que además es cierto es que este aspecto es difícil por sí solo amenace la estabilidad presidencial.
¿Y que tenga su efecto en las elecciones del año que viene? Ah, no. Para eso falta muuuuuuuuuuuuuuuuuu….
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