La dictadura de los grupos focales puede ser cruel. Parece que el audio del ministro Triacca, se escuchó mucho más lejos que el simple alcance que brinda un smartphone y a la ciudadanía no le cayó muy bien que el Ministro tuviera de forma ilegal una empleada de casa particular y además le dedicara a su empleada unas sonoras palabras en el mensaje ya famoso. Cuando el hecho invadió los medios el presidente Macri llamó a sus colaboradores e imaginaron el decreto que pronto redactarían: “a los funcionarios públicos no les será permitido incorporar parientes a la planta estatal”. Aun no se encontraban tan seguro de la medida para anunciarla con precisión. Dos días después salía el decreto. Una semana después sus consecuencias: 12 personas abandonaron sus cargos públicos por ser hermanos/as, padre/madre o esposo/a de algún funcionario. Pero otro grupo, bastante más numerosos que esos doce apóstoles de la causa, decidió que el decreto no lo alcanzaba y permanecen hoy en sus cargos (dado que el decreto tampoco era contundente a la hora de eliminar contratos y designaciones ya realizadas).
El ministro de Trabajo, ya con nuevo personal a cargo de tareas hogareñas (sobre la cuestión de tener empleados en “negro” no produjo ningún anuncio de parte del Presidente), y sin hermanos en el Poder Ejecutivo, encara libre de pecados, la reforma laboral que tantas satisfacciones traerá al resto de los trabajadores, parientes de nadie. Combatir el nepotismo fue la bandera. Pero en los estados modernos, con décadas de administración gubernamental, el nepotismo ya no es una categoría que siquiera pueda explicar demasiado. El nepotismo que nos importaría es aquel que ponga en riesgo el Estado de derecho, cuando su estructura es equivalente a la composición de una familia. La existencia de una burocracia, con sus más y sus menos, instituciones, organismos, procedimientos, etc. reduce el impacto de familiares al empleo púbico a viejas y poco democráticas acciones de favoritismos. En cambio el gobierno sigue sin dar respuesta por otro colectivo que puebla el gabinete: los ex (¿ex?) gerentes de empresas, los CEO. Desde el retorno a la democracia no se había producido semejante desembarco, salvo quizás en el breve período de la alianza entre Menem y Bunge y Born. Ya se ha hablado de los peligros de la puerta giratoria. Baste recordar que mientras un familiar podrá llevarse un sueldo sin merecerlo, un CEO, puede operar a favor de su antiguo empleador definiendo una política pública completa a favor de aquel, disolviendo a nada, una mínima idea de interés general que pueda representar el Estado. ¿Por qué indigna tanto la presencia de de la hermana de un ministro en una secretaría y no, por caso, la de un hombre vinculado a fondos buitres al frente de un Ministerio? ¿Qué opera allí en esa distinción?
El Presidente hizo también otro anuncio: una reducción del 25% de los cargos de funcionarios del PEN, luego de haberlos incrementados alrededor de un 30% desde 2015. De su aplicación, hasta hoy, no conocemos nada; no sabemos si el número responde a una cábala, o a una reorganización planificada de la gestión pública. En cualquier caso es bastante claro que sobre ministerios, que pasaron de 18 a 23 en 2015, no se menciona el cierre o fusión de ninguno de ellos. Pero por sobre todo, y en lo que hace a la gestión pública es el dato más relevante, no sabemos por qué ahora serían necesarios menos cargos de funcionariado (como tampoco supimos la causa que llevó a su creación hace solo dos años atrás).
Ambas decisiones fueron anunciadas conjuntamente. Mauricio Macri quiso dar imagen de de liderazgo y decisión sobre un tema que no había sido bien recibido por la opinión pública. La expresión “imagen” casi que expresa el conjunto de la política tomada: la cuestión implicó el retiro de tan solo 12 personas (algunas de las cuales tal vez cumplía de modo excelente sus funciones) y por ahora, ninguna modificación en el organigrama ministerial. El impacto en el gasto público será igual a cero. Pero a la vez, ambas decisiones responden al mismo diagnóstico que Cambiemos amasa cada día con mayor énfasis: en el Estado sobra gente y ese es el problema principal a atacar. “Miren: nosotros reducimos personal, echamos a nuestros propios parientes” (aunque la mayoría se haya quedado) “Vamos a tener menos Ministerios y Secretarías” (aunque ello no está sucediendo). Con semejantes antecedentes, ¿cómo no encarar cesantías masivas en distintos organismos de la administración pública?
Desde octubre, los despidos en diversas reparticiones del Estado nacional se intensifican. No se dan a conocer diagnósticos que evalúen desempeño individual, producción del organismo, función estratégica. Se habla (aunque no es público) de un informe del Ministerio de Modernización, con los empleos que cada área debe reducir. El mismo ministro Ibarra ha repetido los principios que Cambiemos, y nuestro liberalismo, ya han convertido en una religión: achicar la administración pública, adecuarnos al mundo, ser atractivos, evitar los “beneficios circunstanciales” en un salario para pensar en el empleo, reducir la “planta política” del Estado. Sobre todos esos principios sagrados, pocas argumentaciones empíricas; escasa o nula información respecto a por qué esta dotación del Estado no es coherente con los fines que cumple el mismo y sí lo sería una reducción de ¿un 20%, 30%? La limpieza ni siquiera ha tenido visos de institucionalidad: varios empleados concursados también han recibido el telegrama de despido.
Buscando alguna variable que atraviese los casos, sí podemos encontrar cierta coherencia con el modelo hacia donde nos lleva Cambiemos. El ámbito de la producción, lo que esté referido a incrementar el mercado interno, parece inmediatamente afectado: INTI, INTA, Fabricaciones Militares, SENASA, Canal Encuentro y Paka Paka, Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Producción, ARSAT. No son los únicos, pero emergen como los principales y simbólicos de lo no dicho por el gobierno PRO, sobre la función del Estado. A ellos sumemos la ANSES; como si fuese poco la reforma previsional que llevará los haberes a la baja, ahora tendremos una ANSES que declinará su calidad de atención. El paraguas siempre será la modernización, aunque la traducción macrista de esa palabra que atraviesa la historia política argentina desde mediados del siglo XX, es en todo caso un misterio.
Arturo Frondizi fue quizás el primero en plantear la cuestión de la modernización; su discurso estaba referenciado en el industrialismo y a la presencia activa del Estado, hasta 1960, cuando la convocatoria a Álvaro Alsogaray y “ajustar el cinturón” (de los trabajadores) se convirtió en la nueva consigna. El autoritarismo de la Revolución Argentina, tenía aun una fe modernizadora en lo productivo que convivía con su rancia mirada sobre la cultura, la educación y lo social en general. La dictadura del Proceso creyó poco en ese término, pero sí en destruir, de la mano de la feroz represión, lo construido desde la política peronista; si se quiere una modernización restauradora. Fue Raúl Alfonsín quien volvió a plantear la necesidad de modernizar el país. Ahora el proceso modernizador anclaba centralmente en la cultura política, sus instituciones, la lucha contra las corporaciones y en la obediencia estricta a los procedimientos; ambos serían los cimientos de un futuro económico próspero; algo falló. Carlos Menem, echó por tierra las discusiones sobre las prácticas sociales y lo dejó muy claro a través de uno de sus ministros “Nada de lo que deba ser del Estado, permanecerá en manos del Estado”. Y así sucedió. Con todo, el menemismo reparó en cuestiones sobre la gestión pública que demandaban cambios (algo de ellos ya se había iniciado con el alfonsinismo). Es desde mediados de los 90, que se profundiza en toda la región, y en el mundo, el debate sobre las políticas y la administración pública.
La organización estatal, el empelo público, la articulación entre niveles de gobierno, la formación y gestión de agencias estatales, los procesos de evaluación de políticas, la gestión participada, la revisión de ingeniería de procesos, la gestión por resultados, cuándo fortalecer la descentralización y cuándo no…la lista es más que extensa (como puede encontrarse en Congresos, revistas especializadas, centro de investigación, libros, políticas implementadas). Toda una enorme experiencia para que hoy volvamos otra vez al casillero uno y conformarnos con el argumento básico que asegura “sobran empleados”. Cambiemos, se ha dicho en este blog, nunca abandona el lenguaje de campaña; las metáforas, las imágenes ambiguas y esperanzadoras pero carentes de un mínimo de materialidad, abundan aun hoy en sus enunciados.
Por eso caben las preguntas: ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuáles serán en consecuencia sus funciones? Para ellas ¿Qué tipo de estructura necesitamos? ¿Cuánto personal para realizar cuáles tareas? ¿Apoya Cambiemos un modelo gerencialista o se suma a las discusiones sobre un neoweberianismo? La mentada transparencia (que el ministro de Hacienda nos diga que posee el 85% de sus ahorros en el exterior) en sí misma ¿implica una mejora de las políticas? Y la más inquietante de todas: ¿de qué tipo de modernización habla Cambiemos? Lo único que nos han dejado en claro en estos temas, con un entusiasmo no oculto, es que el Estado monopoliza la violencia (y en ocasiones se les olvida agregar que se refieren a la “legítima”). Ese rol del Estado se ha desplegado con una intensidad no conocida desde 1983, en particular por la defensa absoluta de lo actuado por las fuerzas represivas, haya sido un accionar legítimo o no. No hay, pareciera, otros rasgos modernizantes que brindar. Las propuestas que anunciara el ministro Ibarra en marzo de 2016, implican un conjunto de acciones que ya se estaban realizando desde hacía tiempo, con mayor o menor celeridad en la administración pública. La modernización firmada en 2017 con los gobernadores, ha puesto el énfasis…en reducir la nómina de empleados públicos provinciales. En algunas áreas de gestión estatal, el equipo macrista ha demostrado sobrada eficacia, como a la hora de tomar deuda en el mercado financiero internacional o desplegando a las fuerzas represivas. Para el resto, la economía productiva, la cuestión social, la educación, la salud: ¿Qué perfil de Estado, y con cual gestión, está construyendo?
