Reforma electoral: un proyecto de transparente opacidad

Siguiendo con la serie de consideraciones que se vienen haciendo en Artepolítica queremos concentrarnos acá en una cuestión central del proyecto: la promesa de un sistema más transparente.

Mucho se ha venido discutiendo sobre la propuesta de reforma electoral que prometió el presidente en la apertura de sesiones en el Congreso Nacional a principios de año. Una cosa que no nos termina de quedar en claro son los fundamentos normativos y evidencias en los que se basan algunos de los cambios propuestos; en particular el del mecanismo para la emisión del voto.

Se argumenta que el sistema vigente (de boleta partidarias) puede ser inequitativo al no garantizar la totalidad de la oferta electoral en el momento de la elección. Esta es la posición que sostiene CIPPEC, por ejemplo, en este análisis sobre el proyecto en discusión.

La causa del colapso de un sistema que delega responsabilidades en los partidos políticos debe buscarse en el debilitamiento de estas instituciones, argumentó Julio Burdman; más concretamente en la desintegración de los “partidos de militantes”, centrales en la administración de los procesos electorales hasta hace relativamente poco tiempo:

“Menos Estado, y más partidos, garantizaban la democracia. Porque el Estado, históricamente, había gestionado una democracia restringida y fraudulenta que los partidos habían contribuido a superar” (…) “Campañas y comicios deben ahora «estatizarse» porque hay partidos que solo tienen candidatos, asesores y colaboradores. Solo queda uno que, a duras penas y con «incentivos selectivos» a los que participan, puede completar la tarea, y es el peronismo”.

En una entrevista reciente de La Nación, Julia Pomares  (directora de CIPPEC) resalta una cuestión que se menciona en el análisis antes mencionado. Celebra allí la decisión del ejecutivo de cambiar la forma de votación a la vez que destaca que existen dos “familias” de sistemas por los que se puede optar: la boleta única de papel y un sistema de voto electrónico. Dos sistemas en los que se plantea “más Estado”.

Supongamos que aceptamos como premisa que hay que cambiar la forma de votar, más allá de que no encontramos evidencia específica sobre los problemas que el sistema vigente trae. Esta opción podría fundarse simplemente en la falta de legitimidad del sistema.  Si el sistema basado en boletas partidarias está golpeado (por lo que fuere), es atendible que haya que modificarlo. Porque, como sostiene Marcelo Escolar, la Gobernanza Electoral se basa, antes que otra cosa, en la administración de la desconfianza. Aún así, nos cuesta encontrar argumentos atendibles de por qué se debería avanzar hacia un sistema electrónico y no optar por una versión de papel.  La idea que sobrevuela en la discusión parece la de una promesa de que el cambio en la forma de votar (por una versión modernizante – electrónica) solucionará los diversos déficits de la gobernanza electoral argentina.

Si hay problemas con el statu quo, ¿cúales son?

La dificultad de asegurar opciones a los electores y a los candidatos en todas las mesas es el problema central. Por otro lado, encontramos múltiples cuestiones que se vinculan con la oferta electoral y los poderes territoriales que, tal como las que señala Ana María Mustapic, atentan contra las estructuras partidarias de alcance nacional.

Las colectoras, listas espejos, boletas cortas, etc., tienen consecuencias. “Mantener en secreto estos efectos, como ocurre con frecuencia, tiene mucho de deshonestidad electoral, pues estamos frente a operaciones políticas que especulan con la confusión o ignorancia de los ciudadanos”, sostiene Mustapic. Todo ello puede generar mayores dificultades a la hora de los escrutinios, momento ideal para que, quienes esperan perder las elecciones, siembren dudas sobre la legitimidad de los comicios. Pasó en Salta (con voto electrónico), en Santa Fe (con Boleta Única) y en Tucumán (con boletas partidarias) el año pasado.

¿Y las alternativas?

Las familias de las que habla Pomares también son sometidas a críticas. Por un lado la Boleta Única de papel, se dice, puede llevar a una mayor personalización de la política;  se sostiene además que, en determinados casos (como en la provincia de Santa Fe), puede promover amplias diferencias entre categorías (voto cruzado), maximizando las chances de “gobierno dividido” y potencialmente una parálisis de gobierno. Si pensamos en la otra familia (sistemas de voto electrónico) a estos problemas se le agregan las dificultades técnicas y potenciales problemas de seguridad y auditabilidad, como se señalo oportunamente en Artepolítica.

Esto nos da una pauta de que es necesario tener en claro el diagnostico de lo que quiere solucionarse. ¿Es necesario fortalecer a los partidos políticos? Sí. Es necesaria una mayor participación del Estado para nivelar la competencia (incluyendo acá el reaseguro de la oferta electoral y del financiamiento de las campañas)? También. ¿Pueden mejorarse los procesos relativos a los escrutinios (dadas las evidentes fallas del sistema vigente)? Desde luego.

Creemos que la discusión sobre la forma de votar tiene que tener en cuenta cuáles son los principios que la gobernanza electoral desea consagrar. El instrumento de votación es accesorio. El proyecto del Ejecutivo parece, en buena medida, descansar en él para corregir problemas diversos.

Tucumán: fraude y reforma.

Un camino bastante corto se recorre cuando se indaga sobre la falta de legitimidad que recae sobre el sistema electoral actual. Es frecuente leer cómo se pasa de  “transformar nuestros procesos electorales para adecuarlos a lo que exige una democracia de alta calidad en el Siglo XXI” a justificar su necesidad por el “fraude sucedido en Tucumán” (en 2015).

Aunque la referencia a los comicios provinciales del año pasado no figura entre los fundamentos del proyecto, son constantes las alusiones a los episodios que allí ocurrieron como argumento de justificación de la propuesta de reforma.

Tucumán es un ejemplo de los problemas que hay en el financiamiento de las campañas electorales, en particular, y en la política argentina en general.

Este es uno de los argumentos en los que se utiliza la experiencia provincial como fundamento de la necesidad de cambios. Es quizás el caso en el que tenga relevancia hacer mención, como veremos más adelante. Tiene que ver con uno de los ejes sobre los cuáles insisten desde Argentina Elige: el financiamiento de campañas políticas. Algo no incluido en el proyecto del Ejecutivo.

En Tucumán este problema fue simplificado a partir de la imagen del  “bolsoneo” (asociado directamente a la compra de voluntades por reparto de mercadería) y la determinación de que es el clientelismo es “fraude” en las elecciones.  Ambos elementos relativizados: acá por María Esperanza Casullo y acá por Marcelo Leiras.

Si en Tucumán se votaba con voto electrónico no hubiera habido conflictos.

Esta clase de sentencias es un ejemplo de cómo se proponen soluciones para otro tipo de problemas.  Poco importa allí que las causas de los conflictos de Tucumán se encuentren más en la oferta electoral provincial que en el sistema con el cual se emitieron los votos.  Los “culpables” fueron los acoples (colectoras) y no las boletas de papel.  Una semana antes de la elección provincial se votaron las P.A.S.O. para categorías nacionales en la provincia sin esos conflictos, a pesar de que – sobre todo por parte de la oposición- la oferta electoral también mostraba inconvenientes.  El proyecto en debate sí incluye algunas previsiones para ordenar la oferta electoral a nivel nacional que creemos positivas.

La brutal imagen de algunos episodios (como la quema de urnas) durante los comicios tucumanos sirvieron como política de cambio. En medio del cronograma electoral de 2015, como instrumento de campaña electoral. Ahora, como justificación de la necesidad de estas reformas. Poco importa en esa historia que las elecciones estaban regidas por normas provinciales y que lo que acá se promueve sería válido para elecciones nacionales. Los conflictos en Tucumán fueron, sobre todo, locales. Si el problema residía en la oferta electoral el instrumento de votación no lo solucionaba.  

¿Cuáles son los motivos detrás de la reforma?

Siguiendo el argumento de Escolar y Calvo sobre  Reformas Endógenas  sabemos que quienes impulsan reformas generalmente buscan “implementar reglas que en el mejor de los casos los favorecen, y en el peor no los desfavorecen”. En este sentido resulta ilustrativo el argumento de Calvo en la última edición de El Estadista: “el efecto esperado de la reforma es reducir la fragmentación, aunque esto se realiza de un modo particularmente conveniente para el PRO”.

“No hay propuestas que respondan a los intereses  de un sector político o social en oposición a otros (…) Se trata, en cambio, de avanzar en el sentido de lograr mayor equidad, transparencia, integridad y confianza para el sistema electoral de todos los argentinos”, reza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.   

La falta de fundamentos claros y de evidencia que sustenten los argumentos a favor de algunas de las modificaciones propuestas no conducen al objetivo de mayor transparencia y confianza.

¿Por qué la boleta única no se incluye en el proyecto (salvo como una excepción temporal hasta una implementación plena del voto electrónico)? ¿Qué ventajas tiene el sistema propuesto sobre una versión de papel como la cordobesa? Estas discusiones han sido minimizadas en un proyecto de reforma que es, por ahora, de transparente opacidad.