Por JWC
Hace algunos días un programa de TV de aire ponía en su zócalo, en tono alarmista: “Lo que más teme Macri: el estallido social”. Recordé todo lo que se habló en los últimos meses sobre las mejoras que vendrían en el actual semestre de 2016. También recordé que la vicepresidenta aclaró, más recientemente, que deberemos esperar un poco más, hasta 2017, para disfrutar de algo que resulta un tanto difuso. ¿Crecimiento económico? ¿Masivas inversiones? ¿Pobreza 0? ¿Nuevos empleos? ¿Todo junto o solamente los dos primeros? ¿Y qué reacción de los trabajadores cabe esperar si se demora una reactivación en un contexto de suba de precios?
Un breve análisis comparativo con la gestión presidencial anterior quizá nos ayuda a comprender los riesgos políticos para la gestión Macri de seguir bajo un escenario que genera fuertes tensiones en el mercado de trabajo y de no fortalecer las políticas de contención social. Porque los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también estuvieron atravesados por dificultades en el mundo del trabajo pero tuvieron un abordaje hacia los colectivos de trabajadores más desfavorecidos que no se ve en la actual gestión. Los gobiernos se ponen a prueba en “las difíciles”, el mayor desafío no es mantenerse de pie sino sobreponerse a las inevitables caídas. ¿Va a estar a la altura MM?
Un primer logro del gobierno macrista es que la división conceptual entre análisis “institucionalistas” y “estructuralistas” sobre el mercado de trabajo se está cerrando fruto de un deterioro generalizado de los indicadores laborales, económicos y sociales. La nueva gestión logró en tiempo record acentuar los rasgos estructurales menos positivos de nuestro mercado de trabajo y diluir la institucionalidad laboral que los contenía, que tendía a igualar las condiciones materiales de los diferentes colectivos de trabajadores. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que la pobreza pegó un salto con el macrismo; de acuerdo a sus mediciones pasó de representar el 29% de la población en el último trimestre de 2015 al 32,6% en abril de 2016. Y advierten, si “no se logran atenuar los aumentos de precios en productos y servicios básicos y/o reactivarse la demanda de empleo, se estará cada vez más lejos de una mejora genuina en la distribución del ingreso”. Vale decir, la renta nacional siempre tendió a concentrarse en pocas manos salvo contadas ocasiones en que se logró moderar esa tendencia con intervención estatal en favor de los trabajadores. Ahora se invirtió esta intervención, las medidas del gobierno nacional benefician a los grandes capitales y exponen a los laburantes a la suba de precios y a los despidos. La distribución del ingreso se concentra cada vez más.
¿Los institutos laborales? Los principales se conservan pero pierden su función distributiva en el nuevo contexto. Los Convenios Colectivos de Trabajo formalizan una reducción del salario real de los trabajadores asalariados registrados si estimamos que la inflación anualizada se encuentra por encima del 40% y la mayoria de los acuerdos paritarios anuales cerraron en la franja de 30 a 36%. El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió finalmente pero pautó una mejora anual del 33% que en los hechos significa una pérdida de ingresos para quienes tienen en este instrumento un piso de derechos (trabajadores no formalizados, de las pequeñas empresas, precarizados). La lucha contra el trabajo no registrado en el sector rural, uno de los más afectados por la problemática, que encarnaba el RENATEA creado en 2011 mediante la Ley 26.727 parece en camino a revertirse con los despedidos masivos de personal, el regreso del RENATRE y de la UATRE a su conducción.
¿Qué riesgos puede tener este escenario en el mercado laboral para la gestión nacional? Un primer punto a considerar son los sindicatos, organizaciones representativas de trabajadores en general formales con una agenda política que excede esa representación. Hasta la fecha el gobierno pudo manejar con cierto éxito la relación con los sindicatos que no logran unificar sus reclamos después de la marcha del 29/04. A primera vista, hasta el Congreso Normalizador de la CGT el 22/08 no va a haber mayores hechos políticos nacionales de parte del movimiento obrero organizado, salvo las acciones de las dos CTA que sobrellevan por otra parte sus propias internas.
Un segundo punto, que queremos subrayar, es el efecto sobre la agenda política que puede tener un deterioro continuo de las condiciones de vida de los trabajadores. Una referencia cercana para analizar esto son el último trimestre de 2013 y el primero de 2014, un período de indicadores laborales en tensión y alta conflictividad social que tuvo que enfrentar Cristina Fernández de Kirchner. A fines de 2013 se expresaron varias cuestiones latentes en el mercado laboral. Efectivamente, en el periodo 2003-2011 todos los colectivos de trabajadores mejoraban su situación, algunos más, algunos menos pero «todos ganaban”. Los registrados mejoraban sus haberes a través de paritarias anuales, los jubilados se integraban al sistema de seguridad mediante sucesivas moratorias y los desocupados lo hacían al mercado de trabajo. A partir de 2012 el mercado de trabajo empezó a presentar dificultades en un contexto de crecimiento moderado y suba de precios. Los saqueos organizados y espontáneos (¿importa?) en comercios de todo el país, que se desencadenaron después de las huelgas extorsivas de las policías provinciales, expresaron un nuevo escenario donde no todos ganaban. Algunos lograban sostener sus ingresos frente al alza de precios, los trabajadores registrados (más protegidos por la institucionalidad laboral), y otros no, los trabajadores desocupados y no registrados.
Ese escenario donde ya no todos ganaban en el mercado laboral, fue atenuado por medidas de transferencia directa a los sectores más vulnerados de parte del gobierno nacional. A las actualizaciones de la Asignación Universal por Hijo, de la jubilación mínima, se sumó el PROGRESAR como medida para alcanzar uno de los grupos más afectados por la suba de precios (potenciada por la devaluación de febrero 2014), la desocupación y el trabajo no registrado: los jóvenes. Las medidas reducían las diferencias entre «protegidos» y «no protegidos» en el mercado de trabajo. Tenían una función de moderación social. Y en cierto punto contribuyeron a que en el segundo semestre de 2014 y en el año 2015 no se repitieran semejantes desbordes sociales.
Este escenario en el mercado de trabajo hoy se acentuó, los problemas de 2013/14 se profundizaron. Tal como señalamos, las medidas que tomó el nuevo gobierno han agravado problemas estructurales, como la pérdida de ingreso real y de participación en la renta nacional de los trabajadores. También han vaciado de sentido igualador a los institutos laborales. No se alcanzó aún un punto de quiebre. Sin embargo, la pérdida gradual y continua de derechos que se está provocando en un contexto de creciente inflación genera que la heterogeneidad sectorial del mercado de trabajo argentino se exprese en toda su plenitud. La novedad es que ni los trabajadores registrados (salvo sectores muy específicos, como aceiteros) logran sostener su poder adquisitivo. Y si ellos tienen problemas, los trabajadores desocupados, los no registrados, los jóvenes y los pasivos aún más. En suma, ahora «todos pierden» en el mercado de trabajo, algunos más, algunos menos.
¿Qué efectos sobre la agenda pública y política puede tener este fenómeno si se exacerba, si no llega la reactivación, si no se revierte el fenómeno de los despidos y los ingresos de los trabajadores (en cualquiera de sus categorías) siguen perdiendo valor? Es difícil preverlo. Pero si como anticipaba el zócalo en la TV Macri está preocupado por un posible «estallido social», la pregunta que debe realizarse el Presidente es si tiene voluntad, si está en su ADN contener esa hipotética situación. Esto es, instrumentar políticas para sostener a los colectivos “protegidos” del mercado de trabajo, asistir al grupo de “perdedores” (en franco crecimiento)… bah, distribuir nuevamente el ingreso.
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