Política y seguridad

El gobierno no puede seguir estando ausente de uno de los principales temas de la agenda pública. Las declaraciones chicaneras de Aníbal Fernández luego de cada episodio conflictivo miden bien entre los fans de los anibalismos pero no aportan nada a la solución de un problema que al que no puede bajársele el precio encarándolo desde su peor arista: la de la “sensación de inseguridad” y su reverberación mediática.

La utilización de violencia en y para la comisión de robos es uno de los problemas fundamentales de la Argentina contemporánea. El objeto del repudio social es la violencia sufrida por las personas y sus bienes y no el delito considerado genéricamente. Y no debe sorprender que así sea. Primero porque cualquier ser humano le teme a la violencia directa por sobre cualquier otra cosa y segundo porque la conexión entre delitos de “guante blanco” como el lavado de dinero y los delitos violentos no es ni tiene por qué ser transparente para la opinión pública en general.

A nivel de las instituciones políticas lamentablemente el problema de la inseguridad está planteado de dos modos por lo menos incompletos: el que define hace centro en las fuerzas de seguridad (en su versión manodurezca más burda o en su versión ligera que consiste en la “policialización” -saín dixit- de la política de seguridad) y el que hace centro en la cuestión legal-judicial. Ambas miradas dejan fuera de pantalla cuestiones fundamentales como la política penitenciaria y naufragan a la hora de pensar qué hacer con la responsabilidad penal juvenil.

Sin embargo, el principal problema del conjunto de perspectivas es que desconectan el problema de la violencia delictiva de la voluntad y la acción política. Los llamamientos a la acción “concreta” de las fuerzas de seguridad, los legisladores o el poder judicial son expresión invertida de una aproximación en realidad abstracta al problema: aquella que pretende el cumplimiento homogéneo y automático de un determinado orden. Un orden que no está explicitado pero cuyo principal contenido tácito es la no utilización de la violencia en la comisión de delitos. (La premisa se extiende también a la violencia no delictiva implementada por parte de actores no institucionalizados formalmente -como los movimientos sociales, sindicatos, etc- pero ese es otro tema). Sin embargo, este orden no puede implementarse ni homogénea ni automaticamente porque su objeto no está constituido por un conjunto de regularidades (mal que les pese a los neolombrosianos que identifican pobreza con delincuencia, etc) sino por varios entramados de relaciones sociales (algunos conectados entre sí y otros no) cuyo desarrollo está dotado de una voluntad.

Son estos entramados los que hay que destruir. Pero para ello hace falta una voluntad que logre conducir al sistema legal y burocrático hacia objetivos concretos. Es en la acción contra las redes que empiezan, atraviesan o terminan en la violencia delictiva que se hará evidente la contiguidad entre ciertos delitos no violentos y la violencia delictiva. Sólamente el despliegue de la acción política puede oponer a la voluntad de que domina las relaciones delictivas la voluntad de un orden que las excluya netamente. Un orden esta vez sí concreto por cuanto producto de una voluntad y acción colectiva como es la estatal. Pero por sobre todo un orden que además de contenido tenga un sentido político. Y ese sentido no es otro que la protección de los débiles. El orden es progresista porque en las relaciones de fuerza pura pierden los que no pueden comprar su protección. El orden es progresista. El orden. Hay que construirlo dándole voluntad política a los aparatos del Estado.