Transporte para todos (autonomía e integración de la CABA)

Foto abstracta de fachada de edificio

Es difícil dimensionar los efectos perversos que buena parte de la reforma constitucional de 1994 tiene sobre la vida social y política de la Argentina. Sobre todo en lo que respecta al contenido de la forma federal de gobierno.

Ciertamente el artículo 124, que otorga a las provincias el “dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” es determinante de las dificultades que presenta “problema de la minería“. Cinco artículos después, y siempre bajo el sugerente título de “gobiernos de provincias”, la reforma constitucional dispone la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

La economía política que estaba detrás de la autonomía de un distrito electoralmente esquivo al peronismo en el contexto de las negociaciones por la reelección es fácilmente comprensible. Sin embargo, millones de personas sufren todos los días las consecuencias de una autonomía política otorgada sin atender a las fuertes interdependencias económicas y sociales que la Ciudad mantiene con el resto del área metropolitana.

Durante los últimos años se han ido desarrollando algunas tensiones inherentes a la modalidad que asumió la autonomía dispuesta por el Pacto de Olivos (que no se hizo en la Quinta sino en la casa de Dante Caputo que está en el mismo barrio, vale aclarar). La seguridad fue el que más lugar ocupó en la agenda, dada su importancia para la opinión pública, la puja por los recursos y los episodios del Parque Indoamericano que sacudieron las políticas securitarias del Gobierno Nacional. Otros se desenvolvieron más solapadamente como el de los residuos sólidos urbanos que la Ciudad dispone en territorio provincial.

El transporte permanecía también en un segundo plano. Dado el caracter inevitablemente metropolitano (y, por lo tanto, complejo) de la cuestión, no se verificaron cambios (o propuestas de cambios) sustantivos a la gestión, operación y configuración del sistema de transporte hasta que la necesidad de ajustar el sistema de subsidios catalizó la toma de una decisión tan trascendental como la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte subterráneo y premetro y la exclusiva competencia y fiscalización de los servicios públicos de pasajeros, que abarca subterráneos, premetro, transporte automotor y de tranvía. La decisión puede ser defendida atendiendo a la necesidad de sintonizar el flujo de recursos públicos que sostiene al sistema de transporte. Tiene sentido también en el marco de la disputa política con un Jefe de Gobierno que se presenta a sí mismo como líder de la oposición nacional (?) y que ha obtenido un fuerte respaldo electoral en el distrito en las últimas elecciones. Puede, por último, ser justificado en términos de una cierta idea de la solidaridad federal que ha sido expresada por la Presidenta y cuyo mejor defensor en la blogósfera es el Supremo Entrerriano Lucas Carrasco.

Sin embargo, si no es acompañada en el corto plazo con otras medidas tendientes a la conformación de un verdadero sistema metropolitano de transporte, la transferencia del transporte a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma corre el riesgo de, en el mediano plazo, acentuar uno de los peores rasgos de la autonomía porteña: su separación funcional (en términos de la prestación de bienes y servicios) del resto del área metropolitana. Los subtes transportan aproximadamente la mitad de pasajeros que los trenes metropolitanos. Los colectivos que cumplen la totalidad de su recorrido en la Ciudad una cuarta parte de los pasajeros que usan el transporte automotor en la Ciudad. Si la Ciudad Autónoma dispusiera la creación de un sistema de transporte propio, con un boleto único cuyo alto valor no es difícil intuir, para millones de personas que parten de los municipios conurbanos la movilidad se convertiría en un problema mucho mayor del qué es hoy.

El desafío real en términos de políticas es integrar a la CABA al área metropolitana en términos de servicios e infraestructura. Hay que evitar que los efectos perversos de la autonomía del Pacto de Olivos le den el marco institucional de la tendencia a la segregación socioeconómica que impulsan la dinámica del mercado inmobiliario y las políticas del gobierno macrista.

El área metropolitana de Buenos Aires es el espacio social y político más complejo de la argentina tanto por las dificultades que presenta a partir de la desindustrialización neoliberal como por su fragmentación y solapamiento ademinstritativo. Millones de porteños y conurbanos necesitan políticas que den cuenta de la integración real de la metrópolis. Todos los argentinos necesitan que la región metropolitana más grande del país garantice a sus habitantes el acceso a los bienes y servicios necesarios para una vida digna en la ciudad tanto como todos los argentinos necesitan que tengan una vida digna los habitantes de pueblos, pequeñas ciudades o urbes intermedias de todo el país con los bienes y servicios propios de esos entornos.

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