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La ciencia maldita es, a mi entender, un excelente blog de economía, a través del cual quienes no manejamos demasiado bien esa disciplina podemos ir aprendiendo algunas cosas. Últimamente se ha sumado a los posteos El del 0,33%, y sus aportes han sido, en general, también a mi entender, una reafirmación de lo ya dicho sobre el blog.
Me detengo en uno de ellos: La bicicleta venezolana y la recompra de bonos argentinos. Recomiendo fervorosamente su lectura.
Igualmente, hago un apurado resumen: se describe la “bicicleta” habitual que desde Venezuela se realiza a partir de la compra de bonos de deuda argentinos, ecuatorianos y brasileños. El Estado venezolano pide a un Banco de inversión que estructure una nota a partir de dichos bonos, nominada en dólares, pero la operación se efectiviza en Bolívares al cambio oficial. La nota es comprada por Bancos que al parecer el mismo Chavez señala. El banco comprador de la nota la remite a una cuenta en el exterior y se la vende al Banco de inversión que la estructuró, al cambio paralelo, ganando de este modo con la diferencia entre uno y otro. Esa diferencia la paga el Estado venezolano, ya que el banco de inversión que estructura la nota, la coloca y la recompra más tarde es sólo un intermediario que se hace con las correspondientes comisiones. Esta diferencia, entonces, es el costo que el Banco Central venezolano asume por absorber liquidez del sistema a través de la colocación de notas, lo que le permite también que la cotización del dólar paralelo no se le vaya demasiado para arriba.
Una vez concluida la bicicleteada, los bonos de deuda quedan liberados para ser vendidos en el mercado, cosa que si ocurre masivamente, tira hacia abajo las cotizaciones.
En definitiva, el post de El del 0,33% sugiere que la operación de agosto pudo estar acordada de antemano entre los gobiernos venezolano y argentino. Argentina colocó un bono con un alto rendimiento (16%, casi), y posteriormente recompró a los bancos “señalados” por Chavez, bonos “viejos” que no “servían para nada”. No se afirma en el post, pero sí se lo puede entender así, que estaríamos ante un posible fraude a los Estados venezolano y argentino, alrededor del manejo de la deuda, en el caso argentino, y de la política monetaria en el caso venezolano.
No es mi intención discutir si es verdad o no lo hasta aquí señalado, pero sí alguna cuestión conexa, que no afecta directamente a El del 0,33% y sus argumentos, sino a todos nosotros.
La historia es verosímil si aceptamos un supuesto, al que voy a llamar liberal-pequeño burgués, en parte por pereza, en parte por compadrito.
Las consecuencias de esta operación se han visto con claridad en estos días: Argentina cambia su política de financiamiento y no colocará por un tiempo nuevas emisiones a Venezuela, lo cual hace que la bicicleta venezolana quede con la cadena bastante averiada, cosa que, por otra parte, puede tener consecuencias en su política monetaria, y hasta disparar el tipo de cambio paralelo. Por su parte, el cambio en la política de financiamiento argentino, también tendrá algunas consecuencias en el resto de las variables económicas del país (un ejemplo importante es la necesidad de ajustar el gasto público, de cara a un año eleccionario en que las cosas no aparecen tan bien encaminadas políticamente como hasta ahora para el oficialismo).
Es decir, en definitiva, la exitosa operación “fraude” trae aparejadas consecuencias que ponen a prueba la sustentabilidad en el mediano plazo de los procesos políticos venezolano y argentino.
Interpretar el asunto entero, dándole mayor importancia a los hechos que desembocarían en lo que di en llamar “fraude”, que a esto último, es una derivación de ese supuesto liberal-pequeño burgués que antes mencioné y nunca describí.
El supuesto consiste en creer que líderes populistas, nacionales y populares, o como se los quiera etiquetar (incluyo aquí a los intendentes del conurbano, o a los sindicalistas), tienen incorporada una maldad tan torpe, que no se preocupan demasiado por poner en juego las bases de su poder político, atraídos más por una toma de ganancias, producto de algún latrocinio u operación espuria. Así, Chávez o los Kirchner estarían poniendo en juego las bases de su construcción política, para tomar ganancias, ahora, en el corto plazo, en las Islas Caimán (por decir algo).
No es el modo habitual de proceder, y los ejemplos sobran.
Esta entrada trata sobre el IPC (Índice de precios al consumidor). En realidad, para decirlo con claridad, no se toca en ningún punto cuestiones técnicas o metodológicas acerca de la confección del mismo. Se discute, más que nada, sobre algunas implicancias políticas y económicas que sus avatares han generado en estos últimos meses.
Se sabe o supone que el IPC es un coeficiente que el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) genera mensualmente a los fines de describir numéricamente el comportamiento de los precios de una canasta de productos y servicios, identificable con el total de precios internos de la economía. Se mide independientemente en varias provincias, aunque a los fines técnicos suele tomarse como referencia privilegiada el que se obtiene de los relevamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
Actualmente, es generalizado el cuestionamiento al índice y a la conducción (interna y externa) del Instituto, por lo que se supone se estaría manipulando el mismo, a los fines de subvaluarlo. Existe coincidencia generalizada (y hasta oficialmente se lo sugiere) que el comportamiento del IPC en el último año y medio no ha medido de manera fidedigna el incremento “real” de los precios.
Los motivos prácticos que llevaron a la intervención oficial y manipulación del IPC se remontan a la negociación de la deuda pública en default, en 2005, por la cual se ofreció, a los tenedores de títulos, canjes por bonos que indexan según CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). Motivo por el cual el aumento general de precios, reflejado en aumento del IPC, podría influir sobre el stock de deuda del sector público no financiero, y en el corto plazo incrementar los montos a pagar por vencimientos. Es evidente, cuáles son las causas del interés oficial en subvaluar el índice, a pesar del nocivo efecto político que esto viene teniendo.
La cuestión es que, en estos últimos días, varios hechos colaboraron en que la manipulación del índice se volviera ya insostenible, al punto de motivar reacciones en el propio Gobierno, con declaraciones de funcionarios, incluso, acerca de la necesidad de “prolijar” las mediciones para recuperar credibilidad en las mismas.
El detonante principal parece haber sido la “turbulencia” financiera sufrida por la baja de la cotización de los bonos de deuda argentinos, después de la emisión de nuevos BODEN 15 colocados a Venezuela y masivamente vendidos por los bancos compradores, que obligó al Gobierno a decidir la recompra de títulos en grandes cantidades de acá a fin de año, usando parte de los fondos que distintas dependencias oficiales tienen depositados en el sistema financiero.
A nuestro entender la intervención de la Secretaría de Comercio Interior sobre las estadísticas oficiales deja varios corolarios para atender:
-Influencia en la situación financiera: la indexación de los bonos argentinos está controlada, a partir del hecho de que el índice que marca su evolución está bajo control. A la Secretaría de Finanzas esto le otorga “certidumbres” acerca de la evolución de los desembolsos futuros. Aunque como contrapartida, se afianza la situación de dependencia respecto de Venezuela como prestamista de última instancia a tasas altas (más del 15% la última vez), y con riesgos como los apuntados acerca de la turbulencia sufrida, que obligan a replantear la estrategia.
-Consecuencias políticas y económicas internas: habitualmente se lee o escucha discursos sobre la incertidumbre generada por la falta de confianza en el IPC y la influencia negativa que esto tiene en las expectativas inflacionarias, que de algún modo retroalimentan el aumento de precios, vía comportamiento pro-inflacionario de los agentes.
Sin embargo, en este momento nos gustaría resaltar un problema que es más importante desde nuestra visión: el IPC se ha transformado, por vía comunicacional, en el termómetro que debería medir la “sensación térmica” del bolsillo de cada uno de los consumidores, y del “sentido común” que nos obliga a creer (justificadamente) que la inflación es demasiado más alta de lo que nos dice el INDEC. Es decir, en este proceso, el IPC ha perdido su finalidad técnica, ha sido profanada su “sacralidad” y se lo ha convertido en un factor político de relevancia. Así, (sin mucho rigor científico, es cierto) tenemos la impresión de que aún si la medición oficial de julio 08 hubiese dado 2,5%, se hubiese desconfiado de la misma. A tal punto llega la situación, que hasta se vuelve difícil convencer a algunas personas de que la carne bajó de precio en julio respecto del mes anterior (cosa, creo, indiscutible).
Entonces, ha llegado el momento, parece, de “normalizar” la medición. ¿Ha llegado el momento?
No estamos seguros. Creemos que la falta de credibilidad en el IPC es a esta altura más una consecuencia que una causa de la inflación alta. Creemos, entonces, lo que creíamos cuando a principios de año, se anunció un cambio en la metodología. La normalización fracasará, sino se complementa con un plan de baja de la inflación.
Se puede, sí, ir dando señales, como la de sacar al INDEC de la órbita de Moreno o formar un cuerpo consultivo externo de notables que “se encargarán en el mediano plazo de la normalización del Organismo”. Otra cuestión fundamental sería tomarse un plazo de transición, en el que el numerito oficial se fuera acercando paulatinamente al “real”, con dos finalidades: mostrar que se está trabajando en la normalización, pero sobre todo, ir acondicionando la situación para que el “empalme” del nuevo índice (el que saldrá del trabajo del cuerpo consultivo) con el viejo (el actual) no sea del todo traumático.
Pero, insistimos, nada de esto sirve, si no se trabaja en la reducción de la inflación, con resultados ostensibles. En definitiva, la mejor manera de normalizar el IPC es devolviéndole de a poco la invisibilidad perdida.
A lo mejor Mendieta se me enoja, porque las estrategias no se cuentan. Pero, bueno, tampoco creo que me lo vayan a leer mucho.
En este momento, en que el “veranito” finalmente terminó, y se desmorona el “modelo de estructura productiva con matriz diversificada y tipo de cambio competitivo”, nos sentimos en condiciones de afirmar (apresuradamente, como casi todo lo que hacemos) que nos han quedado unos cuantos corolarios de esta experiencia. El primero que nos gustaría resaltar es el que parte de una duda: ¿Cómo hará un Gobierno (cualquiera) de aquí en adelante para justificarse, si los gastos corrientes del Sector Público Nacional, superaran a los ingresos?
El modelo ya mencionado, tildado de heterodoxo en algún momento (los más fanáticos opositores al mismo se atrevieron a decir que en realidad no había modelo), rescató para siempre el clamor ortodoxo por excelencia: el superávit fiscal.
Tenemos que decir que este superávit tiene límites concretos. Hablamos de superávit primario, que comienza a esfumarse cuando se pagan intereses de deuda pública y se agota (y no alcanza) cuando se pagan vencimientos de capital de la misma deuda, al menos en estos años en los cuales la reducción de la ratio Deuda/PBI todavía no fue suficientemente pronunciada como para que dichos pagos afectaran valores equivalentes a un 3% del PBI, sino que por el momento, son un poco más abultados.Pero al menos sí podemos afirmar que el superávit primario ha acompañado los 5 años de gestión K de manera inclaudicable (a pesar de que en algunos momentos se especuló con que no iba a durar mucho más).
Por fin, parece que ahora sí, la “profecía” se cumple. Vamos a los datos concretos:
El superávit primario del Sector Público nacional no Financiero de junio de 2008, fue de $ 2.649,3 millones. Respecto a igual mes del año anterior esto representa un incremento del 15,1 % ( 346 millones en pesos).
Entonces, en el 1º semestre de 2008 el superávit primario acumulado es de $20.309,5 millones, 41,4% mayor al del 1º semestre de 2007. Traducido al resultado financiero del período (es decir, descontando el pago de intereses de la deuda pública), el superávit es de $ 13.379 millones, lo que significa un incremento del 71% respecto de igual período del año anterior.
Hasta aquí las cosas andan bien.
Ahora vamos a repasar las observaciones negativas de este resultado aparentemente alentador:
Este superávit primario ha sido conseguido con el aporte del BCRA, que ha transferido al Tesoro utilidades por algo menos de $1.000 millones en junio de 2008. Esta transferencia de utilidades suele ser despreciada por los analistas, por tratarse de ingresos “excepcionales”. Descontando, entonces, las utilidades enviadas por el BCRA, el superávit primario se debilitaría mucho. A tal punto que el superávit financiero (o sea, descontado el pago de intereses de deuda) del mes de junio se reduciría a $356,5 millones contra los $1.096,5 millones del mismo período de 2007.
Estos datos, digamos, provienen del Newsletter de la Consultora Economía & Regiones (Rogelio Frigerio).
Ahora bien, ¿qué pasaría si “limpiáramos” el superávit de transferencias “espurias” y de “contabilidad creativa”? Nos quedarían $ 17.800 millones (redondeando), de superávit primario del 1º semestre de 2008, contra los $14.300 millones del 1º semestre de 2007, que “limpiado” de transferencias “espurias” y excepcionales a su vez (provenientes del ANSES, en ese caso), se reduciría a $13.200 millones. Es decir, un 34% más alto que el del 1º semestre del año anterior. Un crecimiento importante, incluso como porcentaje del PBI. A esto, habría que agregarle también que con los más de $20.000 millones de superávit primario en el semestre, se cumpliría alrededor del 75% de lo previsto en el Presupuesto 2008, lo cual hace suponer que en condiciones normales, la meta formulada en la Ley de Presupuesto se superaría largamente.
La observación siguiente tiene que ver con el aumento del gasto primario.
Para el primer semestre de 2007, el gasto primario había sido de $ 60.811 millones, mientras que el acumulado 2008 es de $ 83.538 , lo cual significa un incremento del 37,4%. Estos números desagregados muestran un par de particularidades. La primera es el fuerte crecimiento del rubro Subsidios al Sector Privado (del 64,9%), que aporta al total del crecimiento del gasto primario un 35%. Como contrapartida, baja el rubro Transferencias discrecionales a provincias en casi un 2%, aportando al crecimiento del gasto primario un -1%.
En este punto, se reiteran los señalamientos ya varias veces repetidos acerca de la insustentabilidad de la política de subsidios sin ajustes de algunas tarifas o precios. La reformulación del cuadro tarifario en la distribución de energía eléctrica para clientes de Edenor, Edesur y Edelap, anunciada ayer, va en ese sentido, sin ser todavía suficiente para resolver el problema de que el incremento en el rubro subsidios duplique porcentualmente el incremento del gasto primario.
Algunos puntos a resaltar: el aumento en obra pública es del 31,6%, en remuneraciones, del 29,9% (ambos bajo el promedio) y el de jubilaciones de 35,2% (sobre el promedio). Más allá de algunos ajustecitos necesarios, los números en estos rubros son consistentes.
La tercera observación la leemos en el Informe Mensual Económico Financiero del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas). En este informe se hace una proyección de crecimiento descendente, en la cual se establece que el piso de crecimiento de la economía sería de 4 – 5%, debajo del cual el Estado pasaría a necesitar, por la consiguiente merma en los ingresos, financiamiento de corto plazo. Según estas proyecciones, el año 2009 otorgaría un resultado total (es decir, una vez pagados los intereses de deuda) de 0,35 % del PBI. Se aclara, en la página 27 del Informe, que “es posible que ingresos extra y contabilidad creativa terminen mejorando esa cifra”. Deduzco yo, que es posible que estén haciendo referencia a los fondos públicos depositados en el sistema bancario que superan los 17.000 millones de dólares.
En fin, se encienden las luces de alarma ante la posibilidad de que el superávit financiero se deteriore o deje de existir, en los cálculos más pesimistas, para el año 2009. Y encima estos enemigos terribles, la contabilidad creativa y los ingresos extraordinarios, podrían terminar ocultando esta realidad por un tiempo más.
Urge la necesidad de convocar a notables expertos, para formar un cuerpo interdisciplinario, que incluya meteorólogos, geólogos y climatólogos, a los fines de determinar qué influencia tendrá el “calentamiento global” en esta inesperada prolongación del “veranito”.
En estos días, posteriores al rechazo en el Senado de la resolución 125, aprobada una semana antes en Diputados, se hizo patente la esperada aparición pública de Eduardo Buzzi, máximo referente de la Federación Agraria Argentina (FAA). En las respectivas y aludidas apariciones, Buzzi mostró un tono disonante respecto de lo expresado, por ejemplo, por Luciano Miguens, dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en relación a la resolución del conflicto “agropecuario”. Así, mientras este último anunció que desde su óptica y la de sus representados el conflicto había terminado, Buzzi se encargó de resaltar que la problemática de los pequeños y medianos productores no está resuelta con la derogación de la 125.
La realidad indica que existen unos cuantos indicios que confirmarían la certeza de lo que expresa Buzzi, por lo tanto sería conveniente que el Gobierno tomara nota de la situación, en lugar de desconocerla, y actuara en consecuencia.
Entonces, la mesa de enlace, junto a los autoconvocados (representados por De Angeli o por quien decidan soberanamente en asamblea) deberían consensuar un proyecto de Plan Agropecuario Nacional, que enfrentara la problemática de los pequeños y medianos productores, atacando de manera directa la amenaza que el avance de los pooles y los grupos concentrados del negocio agrofinanciero significan para la “agricultura de agricultores”. De estas reuniones de la mesa de enlace podrían surgir las bases de un paquete de leyes que proveyera los medios necesarios para combatir los problemas convenientemente diagnosticados, que pasaría a ser discutido en comisiones en las Cámaras del Congreso, para que una vez obtenidos los despachos correspondientes, se buscara consolidar consensos en torno a los mismos (y no solamente votos, sino consensos).
Cumplidos todos los pasos institucionales y republicanos se anunciaría la puesta en marcha del Plan, en el marco de los acuerdos del Tricentenario.
A la cola, lonyipietro, que el tren ya pasó y por un tiempo no vuelve.
Ayer Manolo comparaba la situación actual de “el campo” con La Marcha sobre Roma.
Quienes no conocen la película de Dino Risi, pueden haber interpretado mal. En la misma Vitorio Gassman y Ugo Tognazzi se unen a las filas de Mussolini, para iniciar la famosa marcha sobre Roma. En el momento de alistarse, suscriben un manifiesto, una lista de principios y objetivos, en los que se fundaba el movimiento.
A lo largo del camino, van enfrentando situaciones, cada una de las cuales significa la renuncia a alguno de esos principios y objetivos. Al entrar a Roma, ya no quedaba ninguno de ellos sin tachar en la lista inicial.
La protesta del campo comenzó como la Revolución del Nuevo Sujeto Agrario. Hoy, nadie se anima a sostener algo así.
La convocatoria de hoy es en el Monumento a los Españoles, enfrente de la Embajada Norteamericana, para defender la renta proveniente de la exportación de materias primas a China. La cifra casi perfecta de la historia del colonialismo argentino.
Previsibilidad: cualidad o potencia de las cosas de ser vistas con anticipación. Cualidad que permite preparar o disponer medios contra futuras contingencias.
Arriesgo dos definiciones del término, creo que más o menos aceptables, no definido por ningún diccionario de la lengua española más que como cualidad de previsible.
Entre tanto, en el campo de los discursos político – económicos el término adquiere una significación propia, no del todo alejada de la deducida del lenguaje de uso común.
Se lo relaciona con otros lugares comunes, tales como: “reglas de juego claras”, o “largo plazo”.
Se lo señala como una condición necesaria para que los capitales lleguen prestos a invertir. Es la garantía que el marco jurídico debe darle al propietario del capital para que éste tome la decisión de desplegar un plan de inversiones. Podríamos interpretarla también, como una responsabilidad técnico – política del Estado: brindar Previsibilidad, crear un marco previsible para el largo plazo.
Para poner un ejemplo práctico, nos remitimos al remanido conflicto Campo vs. Gobierno. La resolución 125, pero sobre todo sus modificaciones ampliatorias que vencen el 31 de octubre, no brinda al productor el marco de previsibilidad necesario para que proyecte sus inversiones, con la seguridad de que no serán modificadas las reglas de “juego” (el uso metafórico de la palabra “juego” tiene una significación, a partir de aquí, inesperada). Esta falta de previsibilidad afecta dramáticamente la principal fuente de financiamiento de los productores: el mercado de futuros, que en estas condiciones de imprevisibilidad no funciona como debiera. Los capitales se retraen, no quieren arriesgar, sin seguridad jurídica.
Aquí, el escándalo de la razón, el desafío a la inteligencia. Retumba la contradicción de términos “arriesgar” – “seguridad”, del párrafo anterior.
Profundizamos: ¿la previsibilidad es la condición necesaria para que funcione correctamente el mercado de futuros? El análisis más liviano del funcionamiento de un mercado financiero derrumbaría una afirmación semejante. “Juego” es un término más apropiado para definir lo que allí ocurre. Su significado se aleja de la metáfora inicialmente señalada y se acerca a la literalidad plena.
Casi no tiene razón de ser un mercado financiero que no sea imprevisible.
Entonces, la mentada previsibilidad es selectiva, ya que no se complace quien la nombra, con la existencia de precios previsibles, por ejemplo. Así, colocar alícuotas móviles en relación a la variación de los precios internacionales, no es afectar la previsibilidad de los precios, sino todo lo contrario, volverlos previsibles. Pero, sorpresivamente (o no tanto), el mercado de futuros no puede funcionar correctamente con precios previsibles.
(Una digresión: sospecho que la previsibilidad más “molesta” es la del precio ascendente, en el caso de que el precio descendiera, la intervención del Estado sería solicitada, previsible o no, como garante de la “seguridad jurídica”)
A partir de esto, redefinimos el término Previsibilidad, a la luz de su uso en el campo político – económico: Concepto disciplinador, que tiene como finalidad limitar el campo de acción del Estado, cuando este intenta tomar partido en el conflicto social. Ser previsible es permitir que la lucha por la renta se dirima a la luz de las leyes eternas dispuestas por el Mercado, distribuidor imparcial.
Encaramos así, con un poco de ligereza, parafraseando a Alejandro, la hermenéutica populista del discurso neoliberal – republicano.
El compañero Hal parece aventurar en su post de hoy que el conflicto Gobierno vs. “Campo” estaría encaminándose hacia una resolución que, a la vez que significa un torcimiento involuntario en la dirección de las políticas del Gobierno, comporta el triunfo de los planteamientos del “nuevo sujeto agrario” encarnado por los pequeños y medianos productores de la zona núcleo, representados por la Federación Agraria.
Me permito no responder sus aseveraciones, pero sí aportar una interpretación un tanto disonante. Digamos que algunos acertados conceptos del compañero, quedan excluidos de mi texto.
Disonante porque reconozco verdad en que se ha instalado un debate postergado largamente, en torno a varias de las aristas que reclamaba este nuevo sujeto agrario (cuya fisonomía no es, a mí entender, la que se le ha otorgado, y también eso discutiremos), pero no acuerdo con ubicar en el mapa ideológico los planteos de este sector en la vereda opuesta a los de los “pooles” de siembra (a quienes nadie parece defender hoy en día).
Empecemos por la caracterización del famoso Nuevo Sujeto Agrario. Se ha hablado mucho de este tema, pero desde este lado del mostrador no hemos sido lo suficientemente eficaces como para instalar la idea de que el sector agropecuario que ha motorizado el conflicto con el Gobierno, lejos está de identificarse plenamente con lo que podríamos llamar “pequeños productores” y lejos está de ser la voz representativa de los intereses del Interior.
Si bien los productores sojeros que explotan campos de pocas hectáreas en la zona núcleo, o poseen tambos chicos en la cuenca lechera, pueden considerarse, en muchos casos, productores medianos o pequeños, no agotan en sí mismos el término.
La categoría “productores pequeños” responde también a la caracterización de infinidad de productores que no producen soja, ni ningún commodity cuya comercialización ofrezca rentabilidades tan altas, que no tienen tan altos rindes en los suelos que explotan, que a veces explotan extensiones más pequeñas, que ven afectada una proporción mucho más alta de sus costos al flete terrestre, y que en medio de este conflicto, fundamentalmente empujados por la polarización (y no por la “pasión”, es cierto), han cerrado filas con el Gobierno, resaltando la falta de representatividad que encontraban en la mesa de enlace, pero sobre todo en la conducción de la Federación Agraria, de la que algunos se alejan inexorablemente.
En paralelo a este reconocimiento, podemos trazar líneas de continuidad entre estas sutilezas analíticas y las que nos permitan fragmentar el término Interior. Hay varios “interiores”, y el Sur de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires menos Conurbano, Sur de Entre Ríos, y partes de La Pampa, San Luis y Chaco no pueden arrogarse la representación de un sustantivo colectivo que los contiene pero no se agota en ellos, y que bajo el prisma de una matriz de análisis distinta contiene intereses múltiplemente contradictorios y excluyentes.
Entonces, sin negar la existencia de este Sujeto y su importancia política, nos embarcamos sí en la “batalla” cultural por resistir las intenciones de ofrecer imágenes bucólicas o tal vez victimizadas del mismo (no en el sentido de mostrarlo como víctima de este conflicto, sino como uno de los actores más débiles del aparato productivo nacional).
En esta dirección, estos productores representados por la cara visible de la conducción de la Federación Agraria, han tenido planteos a lo largo del conflicto que exceden en mucho las concesiones que el Gobierno fue haciendo (entre las que se destacan las compensaciones, pero como señala Hal hay bastante más, a pesar de la “soberbia”). Y hasta es público que estas concesiones tampoco los conforman.
Si la hipótesis de máxima del conjunto del que forman parte es retrotraer la situación al 10 de marzo (con retenciones a la soja del 35%, pero con un precio largamente superior), es por lo menos ambigua la idea de que los intereses de los pooles y los mencionados productores no confluyen. No sólo por camaradería.
La clave está en que cierran filas en la defensa del Sector Primario, exportador de granos. La base de sus planteos no es ampliación de la competencia en contra de la concentración en su mercado, sino la supervivencia de la producción agropecuaria como producción fundamental (y tal vez, como consecuencia no deseada de la suba internacional de precios) exclusiva en el aparato productivo nacional. Por eso la reacción ha sido mancomunada. Porque ven en las retenciones la amenaza de que el Estado intervenga a favor de la no reproducción del famoso “el campo salvó al país”.
Por eso, también, las compensaciones y demás concesiones que el Gobierno hace al nuevo sujeto agrario, no son motivo de festejo por parte de éste, y hasta tal vez ni siquiera sean aceptadas (les gusta más la postura opositora de la CC, el PRO y la UCR, seguramente). En todo caso, este nuevo esquema, que incluye la reformulación de parte (sólo una parte) de la política agropecuaria del Gobierno (y que por otro lado no contradice sus direcciones fundamentales), que aparentemente significaría un giro involuntario hacia la “izquierda” inducido por la voluntad del nuevo sujeto, no son más que una salida intermedia que intenta romper filas al interior del colectivo empresarial agropecuario, buscando con el ruido despertar algunas contradicciones adormecidas por la omisión de los líderes de FAA (tan ocupados con este tema de la soja, no pueden pensar en todo). La prueba más clara es que el conflicto se hubiera terminado el 12 de marzo si el Gobierno decidía volver las retenciones para atrás. Con esa concesión hubieran resignado su Ley de Warrants, su Ley de Arrendamientos, etc.
Por eso, mientras seguimos esperando el amanecer, igual que Atahualpa Yupanqui, le preguntamos a la guitarra: ¿Por qué la noche es tan larga?.
En una entrada de ayer, en Finanzas públicas, la entrañable adversaria Ana C., lanzó un sutil desafío (al menos así lo leí) a los “autores de Artepolítica” que, “salvo honrosas excepciones”, “parecen inexplicablemente empecinados en defender las políticas (…) del actual gobierno”. Personalmente, no me cabe la de “autores”, pero sí la de “empecinados”, aunque esforzado en demostrar que no “inexplicablemente”.
El objetivo explícito más importante del post de Ana era resaltar las bondades argumentativas de la nota publicada en Página 12 de ayer, por Roberto Gargarella y Rubén Lo Vuolo (RG y RLV, de aquí en adelante).
A mi entender, el artículo parte de una petición de principio: no hace explícito, pero sí deja entender, que las políticas que a los autores les parece deseable implementar desde el Estado son de “izquierda”, y por ello mejores que las políticas de “derecha”, que casualmente se identifican con las que lleva adelante el Gobierno actual, de Cristina Kirchner, en continuidad de las que llevó a cabo el anterior, de Néstor Kirchner (en realidad, tampoco hablan siempre de las políticas implementadas, sino de algunos efectos de las mismas, muy discutibles en algunos casos).
Sin ceder a la tentación de debatir este planteo desde la Lógica, acepto la escenografía instalada por RG y RLV, con la intención de “embarrar” un poco sus argumentos, sacándolos de la hoja y llevándolos a la realidad.
Los primeros planteos de RG y RLV remiten a cuestiones políticas. Consideran de “izquierda” la descentralización del poder, por ejemplo, remitiendo de alguna manera al respeto por la calidad institucional tan mentado en discursos de derecha, últimamente (permítaseme asociarlos, al menos, no como discursos que se repiten unos a otros, pero sí que se remiten unos a otros). Critican el avance del ejecutivo sobre otros poderes, como el Judicial, haciendo mención negativa a la reforma del Consejo de la Magistratura. Critican la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, mencionando, casualmente, los fideicomisos de De Vido.
Podríamos decir, en principio, que con similares argumentos se arribaría a la conclusión de que Rodríguez Zapatero está a la “izquierda” de Fidel Castro, o que Bachelet está a la “izquierda” de Chávez. Conclusiones éstas, menos dudosas que insignificantes para este asunto.
Posteriormente, analizan, con el mismo criterio, la política económica (en realidad hacen una selección quirúrgica de los aspectos de la misma que les parece más importante –y seguramente fácil- criticar). En este punto se refieren a la regresividad en la distribución de ingresos, y culpan de ello a la política impositiva y a los subsidios. O a la “resistencia” K a aceptar la necesidad de nacionalizar recursos como el petroleo.
No indican si esta nacionalización implicaría un avance del Poder Central sobre las autonomías provinciales (ya que las provincias cobran las regalías por la explotación de los pozos).
Ahora vamos con algunas objeciones:
La primera tiene que ver con una revisión histórica un poco apurada: algunas de las instituciones republicanas que RG y RLV sostienen que habría que defender desde la “izquierda”, nacieron y se fortalecieron en conjunto con la burguesía como clase usufructuaria del crecimiento económico generado por el desarrollo de las fuerzas productivas derivado del funcionamiento eficiente de la matriz de acumulación capitalista. Nacieron revolucionarias, pero con el correr de la historia fueron desarrollando un carácter reaccionario y conservador, que en muchas situaciones las convierte en herramientas eficaces para sostener el status quo.
El “avance” del ejecutivo sobre el poder judicial, representado en la reforma del Consejo de la Magistratura, tiene un perfil democratizador, en tanto representa el incremento de poder de los cargos electivos (popularmente elegidos), en detrimento de la conformación de corporaciones con tintes aristocráticos (que han actuado innumerables veces en la historia argentina en defensa de los intereses de grupos concentrados y en detrimento del derecho soberano del Estado de interferir en los planes de estos grupos). Como la historia del Consejo lo demuestra, muchas más veces han votado en disidencia los elementos “políticos” del Consejo, que los elementos “judiciales”, que siempre votan corporativamente.
Por otra parte, los grupos concentrados de la economía nacional e internacional prefieren un poder político atomizado (han dado muestras suficientes de esto), a un poder presidencial fuerte “demagógico” y “populista”. Al menos por esto, deberíamos replantearnos la aseveración de que una “democratización” (no de masas, sino de elites encarnadas en grupos como “los jueces”, por ejemplo), es mejor que una centralización del poder en la figura presidencial. En todo caso, al Gobierno se le podría criticar más atinadamente su falta de predisposición a vitalizar la movilización de masas, rehusándose a generar espacios de debate, por mencionar un caso, al menos en lo que tiene que ver con la influencia de lo político en lo económico.
Respecto de la relación Poder Central-Provincias, vale ver el contexto de inicio del proceso para darnos cuenta de hacia dónde apunta el Gobierno: desarmar una Liga de Gobernadores devenidos en poder político nacional de facto.
Con respecto a la nacionalización del petroleo, es necesario recordar algunos ensayos mediáticos de medidas que estaban en estudio, que incluían la re-compra de YPF por el Estado. Los mismos actores de “izquierda” que critican al Gobierno por no hacerlo, desataron una andanada de versiones que hablaban de un acuerdo para que el Estado argentino asumiera a un precio alto la gestión de una empresa deficitaria, etc. No re-estatizar YPF es de “derecha”, pero hacerlo también lo sería, parece (sobre todo si los que no lo hacen o lo harían son los K)
También me gustaría hacer un poco de memoria en relación a la “triste celebridad” alcanzada por los fideicomisos “de De Vido” . Recuerdo que el primer episodio que los puso sobre el tapete fue la renegociación de los contratos con las privatizadas. Los fideicomisos serían la herramienta a través de la cual el Estado recuperaría (en la piel del Ministerio de Planificación) la decisión soberana y estratégica de definir qué se haría con los recursos provenientes de las ganancias obtenidas por las privatizadas, fijando montos y aportando proyectos de inversión. Estos fideicomisos fueron acusados por “izquierda” de ser una forma de incrementar la “caja”, aparte de ser una muestra clara de las intenciones tiránicas del poder político, que no tenía por qué dirigir el destino de la renta empresaria, cosa que, por otra parte, tendría un impacto dramático en los montos invertidos en el país (para mal, por supuesto; ¿quién va a invertir en un país que trata así a los inversores?). Aparentemente, todos estos planteos serían de “izquierda”, como de “derecha” la decisión del Estado de obligar a las empresas a invertir en lugar de enviar remesas.
En el último párrafo, sí, RG y RLV se deciden a hacer un reconocimiento a una política de “izquierda” del gobierno K (con los matices correspondientes): la no intervención violenta del aparato represivo del Estado, ante la aparición de algún episodio de conflicto social. Una política de “izquierda”, que, como cualquier interesado puede averiguar no lleva a cabo ningún gobierno de “izquierda” en el mundo, sea cual fuere el significado que le demos a esta palabra. Ni Zapatero, ni Evo. Ni Merkel, ni Chavez. Ni en Escandinavia, ni en Cuba. Tampoco Lula, o el “comandante” Tabaré. Solamente (¿nuevo record argentino?), la tiranía de “derecha” que gobierna la Argentina desde hace 5 largos años (muy a pesar del pueblo oprimido, que no se queja mucho porque está cooptado).
No intento rebatir las críticas aceptables que puedan hacerle RG y RLV al proceso político innaugurado en 2003. Aunque sí me parecería mejor explicitar más claramente de acuerdo a qué criterio definimos qué es de izquierda y qué de derecha, y que este sea más aceptable que el que divide aguas entre ”lo que a mí me gusta” y “lo que hicieron los Kirchner”.
Se está empezando a escuchar con frecuencia el argumento que considera la necesidad de gravar la renta financiera como medida verdaderamente redistributiva del ingreso.
Rapidito, doy vueltas sobre este argumento, que, como todo, tiene emisores bien intencionados, y algunos mala leche disfrazados también.
Pensemos un poco en qué son las retenciones: un derecho de exportación, que de hecho se cobra al exportador, intentando mitigar los efectos que sobre el tipo de cambio pueda tener el ingreso desmesurado de divisas proveniente de la exportación de algunos productos en los que el país cuenta con ventajas competitivas, y cuyos precios suben exorbitantemente, por el aumento de la demanda mundial de los mismos (un poco puede ser) y, sobre todo, por obra de la especulación financiera, que vuelca recursos en actividades especialmente rentables.
Ahora bien, la implementación de las mismas tiene efectos sobre otros actores, que de alguna u otra forma están ligados a la cadena de producción y comercialización de dichos productos. De hecho, en el conflicto político actual, el protagonismo mayor lo han tenido productores agropecuarios que no exportan directamente, que ven reducidos los precios internos de sus cosechas (reducidos en términos relativos a lo que podrían ser, pero no en términos reales) por la implementación del gravamen, y que tienen en algunos aspectos intereses enfrentados a los de otros actores que también desdeñan a las “retenciones”, como los pooles de siembra, que en movimiento centrífugo, con la fuerza de la mayor eficiencia productiva, los van empujando de a poquito hacia zonas marginales (sin embargo, muy hábilmente, algunos actores han instalado en muchos de ellos la falsa idea de que las retenciones favorecen dicho proceso).
¿Qué podría pasar entonces con la implementación de un gravamen a la renta financiera? Algunos diarios ya nos han tirado una punta del relato que tienen más o menos preparado: avance de la “tiranía K” sobre los ahorros de la clase media. Un impuesto a la renta financiera puede tener efectos que debemos conocer: muchos pequeños y medianos ahorristas han colocado sus ahorros en fideicomisos o fondos de inversión que se dedican a apuntalar el auge de la construcción, la explotación agropecuaria y otras actividades. Una suba de la tasa general de interés perjudicaría, por otra parte, a quienes necesitan financiarse para desarrollar planes productivos. Y, por último, una campaña mediática eficaz puede generar una histeria que desemboque en una corrida (Uruguay está tan cerca y es financieramente tan atractivo…).
A esta altura, ya nadie debería ignorar que el capital concentrado del sector que sea (primario, secundario o terciario) tiene una especial capacidad para distribuir los costos rápidamente, reflejo perfecto de su gran capacidad también para evitar distribuir las ganancias.
Pasos firmes y seguros habrá que dar, porque el precio de todo, es todo.
Ver el post de Manolo
En un comentario a un posteo anterior, Acerca de la inflación, Nicolás me preguntaba por los controles de precios. Respondí que los controles de precios y los subsidios formaban parte de un escenario complejo, y que para responder sobre ello iba a necesitar más que un comentario. Acá va, entonces, un primer acercamiento a una respuesta.
El tema pasa primero por caracterizar la composición de la inflación argentina, que tiene un núcleo de inflación importada, y elementos propios internos, macroeconómicos, pero también de los otros, que a los economistas no les gusta mucho mencionar.
Tenemos en Argentina una inflación en alimentos que, más allá de la diversidad de opiniones acerca de cómo y quién la mide, rondará un número más o menos parecido al de otros países del mundo. Entonces, la inflación en alimentos tiene un núcleo “importado”, que tal vez esté atenuado por el desacople de precios que suponen las retenciones, los acuerdos de precios y los subsidios como a la leche, por ejemplo (estos elementos trabajan para que el precio interno sea distinto del internacional; a eso se llama desacople). Pero que se compensa con el poder de “mercado” que ejercen algunos agentes en la cadena de comercialización (que les permite erigirse en “formadores de precios”), y con el aumento de costos que supone para algunas actividades la inflación “nacional” en no transables. También, influye, tal vez, una oferta concentrada, con altos costos marginales, que no se muestra como un incentivo para el ensanchamiento de la base productiva ante el aumento de la demanda.
Por otro lado, contamos con otros precios que están muy por debajo del nivel de precios internacional, y que muestran una variación minúscula, en comparación con la que se registra en otros países del mundo. Hablo del gas, los combustibles, la electricidad, por ejemplo. Pensemos que estos “mercados” se parecen bastante a lo que se conoce como “monopolio natural”, que no pueden funcionar sin regulación de precios (pensemos en redes de distribución de gas o electricidad, donde la competencia directa entre empresas es imposible).
Y casos especiales como el de los cables (insumo muy necesario para la actividad industrial) que varía al mismo ritmo internacional, a partir de que siguen los precios de su principal componente, el cobre, commodity que en Argentina no está “desacoplado”.
Ahora bien, el punto de los no transables es crucial. Argentina tiene hoy una inflación en no transables que supera ampliamente la que se verifica en la mayoría de los países del mundo (incluidos nuestros vecinos Uruguay, Chile, Brasil). En algunos casos, superan la inflación en alimentos. Pensemos en: estacionamiento, Medicina pre-paga, Educación privada, servicio de mesa en restaurantes, entradas para espectáculos artísticos, inmuebles. Esta inflación es interna, y tiene causas, a mi juicio, en la política monetaria, escencialmente (también pasa lo mismo con los precios de los automóviles, por ejemplo, o los electrodomésticos, donde impera el crédito blando).
La variación de precios de todos estos diversos productos y servicios, de acuerdo a la ponderación en la canasta de consumo medio, conforma el índice de inflación (medido por el Indec o por los privados, reitero).
Entonces, una primera aproximación al proceso inflacionario argentino actual, indicaría que el mercado interno se encuentra bastante “desacoplado”. La variación de precios relativos que supone el aumento de los commodities en el mundo, en Argentina forma parte de una variación general del índice de precios. Es decir, inflación. Es decir, todos los precios aumentan más o menos parejamente.
Por supuesto, para cada estrato social (tal vez para cada decil y aún intradecil) podría establecerse una canasta propia de consumos medios. En las mismas, a medida que se fuera descendiendo en la escala social, la ponderación de los alimentos aumentaría. Esto quiere decir que los habitantes de los estratos más bajos gastan mucha más proporción de sus ingresos en alimentos (al punto de que algunos no cuentan con ingresos suficientes como para cubrir las necesidades calóricas de su grupo familiar).
Muy bien, pensemos entonces en una situación hipotética: Argentina decide bajar su inflación (con las recetas tradicionales, que mencioné en mi anterior posteo, que son las verdaderamente efectivas). Aunque variando las causas de los aumentos de precios, no se modificaría demasiado la situación de los alimentos. Presiones al alza en todo el mundo indican que (mientras se utilicen recetas ortodoxas que limiten la capacidad de desacoplar, bajando retenciones y subsidios, por ejemplo) Argentina no sería la excepción.
En lo que sí se verificarían los efectos de las políticas anti-inflacionarias sería en el estancamiento de los precios de los no-transables, principalmente. Así, se produciría una lógica variación de precios relativos entre transables y no-transables.
Usemos números arbitrarios: alimentos y combustibles, inflación del 12% promedio, resto de los precios, variación no mayor al 2% promedio.
¿Y el salario? Y bueno, muchachos, el salario es un no-transable.
Esta entrada, tiene origen en un comentario que me hizo María Esperanza en un post de Mendieta. Espero que la lea y que me comente qué le pareció. Así mismo, las impugnaciones de Hal, Esteban, Ulschmidt y Mariano T. a mis comentarios, también contribuyeron a que pensara algunas de estas cosas. Así que, por la positiva o por la negativa, no es solamente culpa mía lo que sigue.
El tema es la inflación. Es decir, el aumento sostenido del índice general de precios. Es muy común escuchar por estos días cosas tales como que “la inflación es el impuesto a la pobreza”, “la inflación es la causa del aumento de la pobreza”, etc.
Desde mi óptica es cierto, innegable, que la inflación golpea antes que a nadie a los sectores de más bajos ingresos. Sobre todo, cuando el núcleo de la inflación está compuesto por la suba de precios de los alimentos.
Pero sin perder de vista este aspecto del “problema inflacionario”, me parece necesario hacer una caracterización teórica de la inflación, para arribar a un panorama más abarcativo, con el propósito de ser precisos a la hora de definir el lugar que ocupan la inflación y las políticas antiinflacionarias en la matriz distributiva del ingreso.
Para ver el problema en perspectiva, podemos adoptar momentáneamente el enfoque de “demanda agregada”. Según este enfoque, la inflación aparece cuando la demanda agregada se incrementa por encima de las posibilidades de producción de la economía (que se identifica con el concepto Oferta Agregada de Corto Plazo). Los componentes de la demanda agregada son: el consumo, la inversión, el Gasto Público y el saldo de exportaciones (exportaciones, menos importaciones). El incremento en uno o varios de estos conceptos, sin correspondiente correlato en un ensanchamiento de la capacidad productiva (capitalización o mejora de la productividad), redunda en un índice de precios de equilibrio más alto.
Ante esta “verdad” teórica, verificamos que en la práctica, el aumento en cada uno de dichos conceptos genera presiones inflacionarias, que pueden ser contrarrestadas o no, por otros elementos que esterilicen sus efectos.
Según este enfoque, reducir la inflación es sencillo: ajustar sobre el gasto público, limitar el consumo privado. Está empíricamente demostrada la eficacia de estas medidas, en distintos países y procesos históricos, para bajar las presiones inflacionarias.
Desde una perspectiva distinta, más cercana a la de los monetaristas, se entiende a la inflación como un fenómeno causado por la proliferación de medios de pago, por encima de la riqueza “real”, tangible. Entonces, en un contexto de crecimiento, el valor nominal de la economía crece más que el valor real. Pongamos un ejemplo un poco tosco: hay más billetes para pagar casi la misma cantidad de productos. Esto genera un lógico aumento de precios. Más allá de lo que pueda discutirse sobre esta teoría, hay un argumento difícil de refutar: ninguna suba de precios es posible si no existe el medio de pago capaz de convalidarla. Los medios de pago no son solo los billetes. También las tarjetas de crédito y los cheques, por ejemplo. O los ticket canasta. El multiplicador bancario y la emisión secundaria de dinero juegan un papel importante en este asunto. Por eso, desde esta visión de la inflación, su combate es una lucha contra la laxitud de las políticas monetarias: evitar la emisión indiscriminada (ortodoxamente se combate con mucha fuerza la monetización de los déficits fiscales, es decir, emitir para pagar gastos corrientes del Estado cuando la recaudación no alcanza), aumentar los encajes bancarios, subir los descuentos que el Banco Central les hace a los Bancos, lo cual afecta la tasa de interés general de la economía. En definitiva, contraer la demanda agregada quitándole medios de pago para el consumo y financiación para la inversión (pública y privada). También hay comprobación empírica de la eficiencia de este tipo de medidas en la lucha contra la inflación.
Ahora bien, como casi completo ignorante que soy de la Ciencia Económica, mi visión de la inflación apunta a otros aspectos, aunque tomando elementos de lo dicho hasta aquí.
Lo primero que me llama la atención de la inflación es que, siendo tan regresiva en cuanto a la distribución del ingreso (por aquello de que golpea más fuertemente a los que menos tienen) tenga tantos antídotos más regresivos aún. Paralelamente, es también llamativo de qué modo se activa frente a situaciones que intentan corregir la distribución inequitativa, como los aumentos salariales (que potencian los consumos populares), o el incremento del gasto público (que es siempre redistributivo, en el sentido de que capta recursos del ámbito privado y los redirecciona). En este sentido, pienso a la inflación como una “trampa” que el capitalismo le pone a las políticas de intervención con fines redistributivos.
El capitalismo es un sistema económico que tiene, como condición básica de posibilidad, a la acumulación. Esta condición tiene una consecuencia inexorable que es la tendencia a la concentración de los ingresos. El desarrollo de economías de escala hace el proceso productivo más eficiente, y las unidades que alcanzan mayor eficiencia tienden a absorber a las menos eficientes. Al interior de las unidades el proceso de concentración adquiere otras características. Las mejoras en la productividad tienen tendencia concentradora en el siguiente sentido: la empresa es más eficiente en tanto obtiene mayores unidades de producto con menor proporción de trabajo. Es decir, expresado en términos contables, en tanto la proporción del costo salarial es menor respecto del precio del producto. Consideraciones que Marx expresó muy bien, cuando hablaba de “composición orgánica del capital”.
Complementando, entonces, las consideraciones acerca del proceso de acumulación tendiente a la concentración que caracteriza al capitalismo, con los enfoques que dan cuenta del carácter de la inflación, me arriesgo a ensayar una perspectiva distinta: la inflación es un síntoma de que se produce alguna incorrección, alguna desviación, en el proceso lógico de acumulación de capital. Como un mecanismo de defensa, incorporado a la propia lógica de funcionamiento del capitalismo, que intenta corregir parcialmente dichas incorrecciones, surgidas de la intervención de factores ajenos al normal funcionamiento del sistema.
Enfocar la inflación desde esta perspectiva nos permite ver con claridad que no todas las medidas tendientes a eliminarla son superadoras en términos de progresividad. Nos obliga a pensar que la inflación es altamente negativa cuando significa una disminución real del poder adquisitivo de los ingresos más bajos. Pero que un contexto levemente inflacionario suele ser más progresivamente distributivo que uno de “inflación cero”. Nos permite, también, caracterizar correctamente a las medidas antiinflacionarias, para ver si se puede “jugar” al interior de las mismas, y tomar las menos regresivas posibles (enfriando el consumo popular lo menos posible, gravando fuertemente consumos más lujosos, pero sin que esto perjudique las importaciones).
En definitiva, que el “perfecto” funcionamiento del capitalismo es la antítesis de la “justicia social”, y en tanto no nos animemos a derribar el sistema entero, o no le encontremos un reemplazo realmente superador, tendremos que acostumbrarnos a vivir en el delgado equilibrio de sus “imperfecciones”. En este caso particular, en el delgado equilibrio de una inflación ni muy baja ni muy alta.
Autor de la foto.
Uno de los más notables debates derivados del conflicto por las retenciones a la exportación de productos agrícolas (para no decir solamente soja, que suena a provocación), es el que trata la distribución del ingreso.
Para abordarlo, me gustaría empezar por el principio: definir a qué llamamos “distribución del ingreso”.
Podríamos decir entonces, sin mucho esfuerzo de rigurosidad, que la distribución del ingreso es la forma legal mediante la cual los distintos actores del proceso productivo se apropian del ingreso derivado del tráfico del producto generado por el conjunto de la economía, conformada en un régimen de propiedad de los bienes de producción, y una matriz de división del trabajo.
Así, de acuerdo a lo establecido por dicho régimen y dicha matriz, a cada actor le corresponde una porción del producto total, o más precisamente, el equivalente en papel moneda (valor de cambio) a esa porción de producto.
Ahora bien: tendemos a enfocar la cuestión sobre la distribución del ingreso, con un sentido clasista.
De acuerdo con este criterio, colegimos: la distribución del ingreso está ligada estrechamente al régimen de propiedad de la riqueza y, fundamentalmente, puede ser justa o injusta.
Bien: ¿cómo definimos qué patrón distributivo es justo y cuál injusto? Ideológicamente. Es decir, de acuerdo a nuestra conciencia de clase.
Este ha sido uno de los ángulos por el que preferentemente le han “entrado” al discurso oficial, quienes abogan por una matriz de distribución del ingreso más equitativa entre quienes poseen los medios de producción y quienes los trabajan.
Entonces, se ha dicho, por ejemplo, que las retenciones no son redistributivas en tanto gravan la exportación del gran productor y del pequeño productor con la misma alícuota; no establecen diferencias (con lo cual no “combaten la concentración” de los ingresos, y esto deriva, como todos sabemos, en pérdida de competencia e indefensión del asalariado). Otros, han preferido decir que el actual gobierno posee férreos vínculos con sectores y grupos concentrados de la economía, y que sólo grava la renta extraordinaria de los productores agropecuarios (por lo cual no serían un avance “contra el capital” y “a favor de los asalariados”). Más allá de que estos dos tópicos estén bastante simplificados, y sobre ellos se puedan hacer infinidad de acotaciones y salvedades, quiero dejar sentado que el debate sobre la distribución del ingreso no se agota en esta concepción clasista de la misma.
Me refiero exactamente a que la distribución del ingreso establece los patrones de apropiación del producto de los distintos actores. Dividir la sociedad capitalista entre poseedores de los medios de producción y asalariados es sólo una forma de encarar el análisis de la matriz distributiva. Pero así como se puede establecer esta división también pueden activarse otras, que hacen aparecer fracturas “intra-clase”. Hay distintos sectores de la economía en torno a los cuales se establecen polos de acumulación de capital que conforman distintas facciones de la Clase Dominante (si la queremos llamar así).
Entonces, la intermediación activa del Estado para redistribuir la renta entre las distintas facciones del Capital es también una forma de redistribuir los ingresos. Pero lo que predomina aquí, más que lo ideológico en términos marxistas (la conciencia de clase de la que hablábamos antes), es el criterio de eficiencia: es decir, la respuesta a la pregunta ¿de qué modo se alcanza el desarrollo? Por supuesto que estamos simplificando. Hay perfiles de desarrollo capitalista más socialmente inclusivos que otros, de modo que lo ideológico también tiene una fuerte participación aquí, aunque tal vez no predominante.
En el sistema capitalista, el Estado diseña una estrategia (que puede explicitarse como tal o permanecer implícita) de desarrollo capitalista (no intervenir es también una estrategia). En esta estrategia queda definido qué actividades se intentará que sean los pilares del desarrollo. Lógicamente, en torno a esas actividades se encontrarán las facciones de la clase dominante con la cual el Estado, como asiento del poder político, establecerá alianzas que permitan llevar a cabo esa estrategia. La acumulación de capital es la única condición de posibilidad bajo la cual la estrategia puede prosperar. Pero esta misma necesidad de acumulación establece tensiones ante el riesgo de concentración. Es difícil para los Estados arbitrar los medios que permitan establecer los equilibrios, para impedir la concentración extrema, sin coartar la capacidad de acumulación, en el contexto de una constante dinámica de los flujos de capital.
Sinceramente, más allá de algunos cambios que se hayan dado de manera muy atendible, es discutible (y está bien que se lo discuta) que desde el Gobierno, a partir del proceso iniciado en 2003, se haya realmente arbitrado medios idóneos para modificar la matriz distributiva, analizada de acuerdo al primero de los criterios que describimos aquí.
Pero creo que es innegable el cambio sustancial que se ha dado analizando desde la óptica del segundo criterio, en función de lo que podríamos llamar el “perfil de desarrollo”.
En este esquema, inaugurado con la devaluación, de tipo de cambio alto y perfil productivo, las retenciones juegan un papel central. El libre ingreso de divisas pulverizaría cualquier ventaja competitiva que el tipo de cambio alto puede aportar a los sectores productivos en vías de alcanzar competitividad “genuina”, a través de revaluación cambiaria o de aumento de costos internos (baja del tipo de cambio real, que en parte se ha dado en estos últimos años).
Por eso, entre otras cosas, el Gobierno tiene mucho más que perder en la contienda entablada el 11 de marzo, que sus contrincantes, los empresarios agropecuarios. En la coyuntura los actores en conflicto mantienen una disputa que es asimétrica en cuanto a lo que pone en juego cada uno. Los empresarios agropecuarios intentan defender la obtención de una porción de renta para el sector (cuya mayor parte no será para ellos directamente, sino para los grandes exportadores y el capital financiero volcado a la financiación de la actividad). Sin embargo, si bien el botín coyuntural es esa porción de renta, en el largo plazo está en juego la sustentabilidad de un esquema más productivamente diversificado que el modelo agro exportador de país.
La paradoja es que, tal vez, los pequeños y medianos productores, hoy inconcientemente devenidos en la avanzada del modelo agro exportador, una vez establecido y puesto en funcionamiento dicho modelo, no encuentren lugar en él.
Tal vez, estos bien intencionados caballeros estén cascoteando su propio refugio. Y el de algunos millones de argentinos que se conforman, por ahora, con tener trabajo y servirse la mesa.
La cuestión de fondo, al fin, es la distribución del ingreso. Y eso que la retenciones no son redistributivas, que si no…
Conversaba el otro día en un ámbito familiar, acerca del Tren Bala y el proyecto Trenes para Todos. Sostenía yo que son dos Proyectos a lo sumo paralelos, pero no reemplazables el uno por el otro. Y que me parece simplista la idea de calcular qué podría hacerse con los recursos de un Proyecto, en lugar de lo que se hará. Me da esta impresión, sencillamente porque los recursos que se obtienen bajo promesa de desarrollar el Proyecto X, tal vez no serían obtenidos para desarrollar el Proyecto Y. Allí pasamos a hablar de las rentabilidades de los Proyectos, del retorno de la Inversión que las Empresas necesitan se les garantice para Invertir (a esto le llaman “seguridad Jurídica” algunos pudorosos), y de lo difícil que es conciliar esta premisa de la Racionalidad Economicista necesaria para que exista el Capitalismo, con las necesidades más básicas y las prioridades fundadas en los Principios de la Justicia Social. Entonces, lo que en términos de Justicia Social sería elegible, no lo es en términos de Rentabilidad (al menos bastantes veces). Y entonces, las Empresas se sacan los ojos por ganar la licitación para hacer el Tren Bala, pero no quieren poner un mango para el Tren Para Todos. Paradojas de la Mano Invisible, que no siempre mueve las piezas para que Todos seamos felices, como algunos suponen.
Por otra parte, uno y otro proyecto sólo pueden equipararse en una primera etapa, a través de los montos de inversión inicial. Las oportunidades de Negocios que se establecen alrededor de uno u otro no admiten comparación. Las posibilidades de inversión futura en actividades que rondan el desarrollo del Tren Bala son infinitamente superiores a las que podría establecer el Tren Para Todos. La Innovación Tecnológica que supone uno, no se verifica en el otro. (Aclaración: estamos hablando de un tren de pasajeros; un tren de carga sería otra cosa).
Por todo esto, creo que se impone, aquí, profundizar la discusión, excediendo en mucho la dicotomía Tren Bala – Tren Para Todos.
El problema pasa por caracterizar al Capitalismo como Sistema.
Argentina ha elegido (lo hemos hecho) ser un país Capitalista. Sin embargo, no del todo conscientes de ello, nos debatimos todavía en peleas internas (subjetivas) que nos hacen abominar de algunos de los pilares fundamentales de dicho Sistema. Lo criticamos desde el Socialismo. Queremos Desarrollo, pero con Justicia Social (un concepto de Doctrina Peronista, bastante AntiCapitalista, según mi visión; algún amigo que conozca el Peronismo más que yo sabrá decirme si puede ser este Concepto la causa más importante de la fobia que el Centro del Capitalismo siente hasta por el “olor” a Peronismo).
Pero cuidado: en ese afán, muy encomiable, de querer un Capitalismo Desarrollado y Para Todos, podemos engrampar al Estado. Discursivamente, cargamos sobre él todas las responsabilidades. Pretendemos un Estado que se haga cargo de todo lo Necesario y no rentable, que los Privados (con poca sensibilidad social y mucha sensibilidad contable) desechan. En esta dirección, podemos terminar cargando contra el Estado las Pérdidas del Capital.
El elemento más privativo del Capitalismo, el que hace que se discrimine el acceso o no a sus bondades, es uno muy mentado y conocido: el Precio. Cuando es “atractivo”, desde el punto de vista del Capital, garantiza innovación tecnológica y Abastecimiento masivo de las “necesidades de Consumo” (para aquellos que, por ratio poder adquisitivo/precio, pueden manifestar en el “mercado” su necesidad de consumir). Cuando es “artificialmente accesible” (no por efecto de la productividad y los bajos costos, sino por la intención de garantizar un bien insustituible, desde el punto de vista de la Justicia Social, como serían algunos alimentos, o el mismo Tren Para Todos) puede generar Desinversión.
La etapa del Capitalismo de Globalización de los Flujos Financieros requiere imaginación para manejar estos problemas.
Un concepto que puede brindar una punta para empezar a pensar es el de Sinergia. Que el Estado sea socio del Capital, tanto en lo rentable como en lo no rentable, y que el acceso a un Negocio jugoso, tenga como Condición la Participación de la Empresa en un Negocio no tan jugoso, pero Estratégico (me van a saltar encima, pero lo digo: que las Petroleras paguen menos Regalías, a cambio de garantizar Inversiones en Exploración, dirigidas por el Estado, con el fin de garantizar abastecimiento a bajo precio del mercado interno, es uno de estos casos)
Un Estado que haga hincapié, no tanto en la participación en las Ganancias, sino en la Planificación estratégica de la Inversión. Hasta, me parece, no sería mala idea resignar parte de la primera para ampliar las bases de la segunda, en el caso de que se planteara la opción.
Para esto, hay que definir cuáles son las Actividades estratégicas, caracterizar los bienes y servicios básicos de acceso universal, y desarrollar Proyectos de Inversión Integrales, que ofrezcan Ganancias importantes en actividades “superfluas” desde el punto de vista de la Planificación (que satisfagan consumos suntuarios a precio de “ricos”), a cambio de Inversiones necesarias (en actividades estratégicas y tal vez no tan rentables), a precios accesibles. Es decir, compensar pérdidas por precios regulados en Bienes para Pobres, con Ganancias por precios libres en Bienes para Ricos. Los distintos cortes de carne, o los combustibles para producción y los premium pueden brindar campos de acción fértiles en este sentido.
Las armas tradicionales de “Lucha contra el Capital” son peligrosas. Cobrarle IVA a los pobres por cada lata de leche en polvo consumida, y al mismo tiempo subsidiar el agua de la pileta de natación de los countries de Pilar, es un ejemplo de cuestiones que hay que revisar.
Si no, Robin Hood, inexorablemente, se convertirá en Hood Robin.
En mi primera entrada para la Comunidad Artepolítica escribí sobre la Deuda Pública. La verdad es que el tema tuvo algunas repercusiones, que aprovecho para agradecer. Y sobre el final se estableció una linda polémica de la que participaron los amigos Charendon y Andrés el viejo. Lo que iba a ser un comentario de respuesta se hizo tan largo que elegí postearlo.
La discusión andaba por el lado de la manipulación del IPC, con la intención de no engrosar la deuda pública a través de la actualización de los bonos que ajustan por CER. Charendon nos dijo que prometer la indexación de un bono, y luego truchar el índice era cosa de “atorrantes”. Mi respuesta no es directamente a Charendon, sino a una serie de discursos que rescatan los mismos tintes.
Yo considero que para llamar “atorrante” a un gobierno de un país periférico y sobre endeudado, que recurre a las herramientas que tiene a mano para hacer pagable la deuda contraída por el Estado en gestiones anteriores, debemos situarnos antes en contexto.
Y el contexto es el de la especulación, el riesgo y el arbitraje, del que se compone el negocio financiero. Este negocio adopta un rol específico en el desarrollo del sistema capitalista. Acumula capitales “dispersos” (ahorros, aportes previsionales, etc.) y los hace circular bajo la forma de la “financiación” (a la que a veces también se llama “inversión”). Así, se convierte en un engranaje fundamental del proceso de “concentración”, sometiendo a los actores más débiles por el lado de las “necesidades”, y proveyendo a los actores más fuertes por el lado de los “proyectos de inversión”. El riesgo que comporta, es que bifurca la contabilidad de la riqueza: Nominal, por un lado (medios de pago, títulos, bonos, promissory notes, SWAPS, etc.), y Física, por otro. Los desencuentros entre la primera y la segunda se transforman en crisis (crisis que explotan cuando la riqueza nominal requiere un respaldo físico, que, sorpresivamente, no está)
En ese marco, se tiene como verdad implícitamente instalada, que un “Estado no quiebra”. Entonces, la financiación que se brinda a los Estados es más segura, menos riesgosa, que otras operaciones financieras. Por ende, también, menos rentable.
En esas condiciones se establecen operatorias no del todo santas, ni neutrales, a través de las cuales “hablan los mercados”. Operaciones que tienen que ver con la calificación de las deudas muy fluctuantes, que hacen que se produzcan bajas y alzas importantes de los bonos, generando para los tenedores autónomos oportunidades de comprar y vender (digo autónomos, porque el mediano ahorrista que puso la plata en un fondo de inversión depende de lo que decida el broker, y en algunas ocasiones son engañados).
Situaciones que, a veces, se relacionan con políticas económicas del Estado en cuestión. Por ejemplo, si un Gobierno instaura un tipo de cambio nominal bajo (como el 1 a 1), con altas tasas de interés reales, favoreciendo un flujo financiero que redunda en fuga de capitales en el mediano plazo (y de esta manera retroalimenta la deuda), seguramente las calificadoras de riesgo recomendarán invertir en títulos de ese país en el corto plazo, generando una burbuja, que favorecerá a los que vendan a tiempo, antes de que se pinche (ni hablemos de las maniobras de ocultamiento de información a algunos inversionistas). Esto (y se podría agregar más cosas) es parte del juego. Si uno de los jugadores es un “atorrante”, todos lo son. En este ámbito, la “moral” se vuelve difusa, y es difícil determinar qué está bien y qué está mal. Salvo que convengamos que siempre debe ganar la “banca”, y todo jugador que despliega estrategias en contrario, no digamos para ganar, sino lisa y llanamente para sobrevivir en el juego, es un “atorrante”.
Con todo esto, también debemos hacer una reflexión: quien durante la convertibilidad decidía prestarle plata a la Argentina, lo hacía conociendo las condiciones políticas, económicas y financieras en que el préstamo se hacía. Sabía (o debería saber, si no era engañado) que la devolución del préstamo significaría un drenaje de recursos desde un país periférico, que redundaría en ajustes que impactarían mayormente sobre la población más pobre de ese país. Es decir, una transferencia neta de recursos desde lo más periférico de la periferia, hacia el Centro. Por supuesto, cuando hubo que administrar pérdidas, en el Centro se encargaron bien de cargarlas sobre los menos “centrales” de los actores. Echando manos de recursos tan poco transparentes como puede ser hoy la manipulación del IPC: truchar informes sobre el estado de las finanzas argentinas, por ejemplo. Estas consecuencias, también responden a la lógica de funcionamiento del Sistema. Las cadenas de pago, siempre se cortan en el eslabón más débil. Y los que están agarrados a él, se caen. Si con la truchada del IPC argentino pierden los pequeños y medianos ahorristas de Italia, con las truchadas de Standards & Poors o JPMorgan pierden los pobres de Latinoamérica.
Otro tema que también hizo levantar polvareda es el de la situación de las AFJP, y la obligación que tienen de mantener en su cartera Títulos Públicos inmovilizados.
Recordemos que las AFJP son entidades financieras. Reciben los aportes de los trabajadores que optaron por ellas, y los colocan en activos. A esta participación en el circuito financiero, les corresponden las generales de la ley en lo que respecta al multiplicador bancario. Para hacerlo breve, los fondos que las AFJP invierten, multiplican el dinero existente. Al igual que los bancos, realizan lo que se llama emisión secundaria de dinero (que es un efecto lógico y propio de las operaciones financieras). Para que esta multiplicación de medios de pago no afecte el desempeño de la economía, los Estados cuentan con mecanismos de política monetaria que permiten regular la emisión secundaria. La “obligación” de mantener inmovilizados en cartera una cierta cantidad de títulos de deuda pública, que afecta a las AFJP, es un instrumento de política monetaria que apunta en ese sentido. Y la compra compulsiva de estos Bonos por las entidades financieras hace que, al tiempo que se regula el funcionamiento de la política monetaria, se satisfagan las necesidades de financiamiento del Estado a tasas razonables, sin afectar recursos financieros que puedan destinarse a proyectos productivos.
De ninguna manera estas operatorias constituyen una estafa, ni una amenaza, ni nada de eso. Son comparables, por ejemplo, al encaje bancario.
Las finanzas son necesarias para el desarrollo de una economía capitalista. Pero más necesario aún es cuidarse de no generar desequilibrios entre “lo financiero” y la riqueza física. Por lo tanto, con todo este palabrerío, no intento hacer una condena del Sistema financiero (de las muy románticas que a veces se leen, emotivamente efectivas, pero que dejan en jaque la justificación de cualquier acción de la “vida real”, como pagar con tarjeta de crédito, por caso).
Simplemente, doy un pasito adelante, para dejar en off-side a algunos planteos (de uno y otro lado del mostrador, ojo) que se escandalizan por las acciones de algunos, y miran distraídos las acciones de los otros.
Espero comentarios, para saber si el Juez de Línea levanta la banderita, o deja seguir.
Los que hacemos Artepolitica estamos realmente muy contentos por el reciente lanzamiento de la comunidad. No sólo por la cantidad de registraciones, sino también por el muy buen nivel de los posteos que fueron apareciendo. Sin dudas, el sitio se ha enriquecido gracias a los aportes de los nuevos miembros y esperamos que los “artepoliticos” sean muchos más cada día. A modo de agradecimiento para todos ellos, y también como sutil motivación para los que vendrán, el post central de hoy es fruto del flamante espacio.
El clima político generado a partir del enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y los dirigentes de las entidades que representan al empresariado agropecuario ha dado pie a la aparición de distintos discursos que, subidos a la excesiva palabra crisis, intentan de modo eufórico, ante la inédita oportunidad que se presenta, ir horadando los pilares de la construcción discursiva kirchnerista, resaltando los problemas de gestión presentes.
Uno de los temas que han elegido (cierto es que bastante lateralmente) es el de la Deuda Pública. De la mano de la difusión de datos oficiales sobre el tema, se han divulgado interpretaciones “parciales” de los mismos, creando un clima de opinión adverso al Gobierno en un tema que hasta el momento era uno de los pilares de la gestión. Al menos, esto se ha patentizado, por ejemplo, en la participación de algunos comentaristas en los blogs que habitualmente visito.
El dato relevante y disparador es: el stock nominal de deuda pública no financiera del Estado Nacional ha aumentado un 6% durante 2007, hasta alcanzar los 144.728,6 millones de dólares. Este stock constituye de manera aproximada un 56% del PBI (los datos provienen del Boletín de Estabilidad Financiera, del BCRA).
Esta deuda es nominalmente tan alta como al principio de 2001 (U$S 144.222 millones, 54% del PBI, aunque no sé decir de dónde sacaron este dato los diarios que lo publicaron). De allí, conclusión apodíctica: estamos en una situación similar a la de 2001. Con el agravante de que Argentina tiene actualmente “cerrados” los mercados financieros (el FMI no le va a brindar planes exitosos como el Blindaje o el Megacanje).
Bien: hay un primer olvido en esta interpretación. El de vincular la Deuda pública, con las Reservas del BCRA, y con los montos de las exportaciones. Las ratios resultantes de hacer estos vínculos son mucho más “relajantes”, que las que se ofrecían en 2001.
Segunda diferencia (lapidaria para el argumento): la tendencia en el endeudamiento. En 2001 (repitiendo lo que vino ocurriendo a lo largo de todo el período de Convertibilidad), Argentina tuvo que endeudarse reiteradas veces con los Organismos Internacionales, debido, no sólo a los insalvables déficits fiscales, producto de políticas contractivas, sino a los problemas de Balanza de Pagos, registrados desde 1996 en adelante. Es importante tener en cuenta esto último, para refutar a los que señalan que la crisis de la Convertibilidad se evitaba con ajuste fiscal.
Después hay otras diferencias a tener en cuenta: el Estado está recaudando lo suficiente como para pagar los intereses y parte de los vencimientos de capital (el resto se refinancia); el Estado cuenta con 8 mil millones de dólares colocados en el Sistema Financiero, de los que puede echar mano si lo necesita (lo mismo para las reservas de libre disponiblidad del BCRA); la deuda está nominada en pesos en un 45% (en 2003 sólo el 10% se nominaba en pesos, todo el resto era en dólares u otras monedas); los Bancos y las financieras cuentan con exceso de liquidez (se puede emitir un bono para absorber esa liquidez).
A pesar de todo esto, es posible que haya una necesidad en el corto plazo de hacer algún nuevo canje. El motivo sería modificar la curva de vencimientos. Por los plazos de los distintos títulos de deuda, Argentina tiene vencimientos muy onerosos para los años que van entre 2008 y 2011 (entre 12 y 14 mil millones de dólares anuales). Después, no hay vencimientos tan pesados para afrontar por unos años (los plazos de la deuda argentina son o muy cortos o muy largos, debido a la forma irregular en que se fue contrayendo, incluidos dos defaults). Sería conveniente normalizar mediante un canje esta curva de vencimientos, para no sobre esforzarnos en estos años, y repartir un poco las cargas. Dicho sea de paso, un Estado que afronta cargas de 14 mil millones de dólares anuales durante varios años, cuando abruptamente se le presentan años de cargas muy menores, puede encontrarse con una cantidad de divisas “sueltas” que le pueden generar desequilibrios macroeconómicos. Este canje, podría abrirse para tenedores institucionales de bonos (no afectaría a ahorristas).
Pero la noticia de que la Secretaría de Finanzas analiza un canje no debería asustar a nadie. Hasta el hipotético canje podría servir para pasar algunos cupones (los que ajustan por CER –el 39% de la deuda ajusta así- o por PBI) a tasa fija, para evitar que la actualización de la tasa engrose el stock de deuda (que es eso lo que pasó en este último año).
Con todo esto, podemos decir que la gestión del kirchnerismo en materia de deuda pública ha sido prolijísima, y es, sin dudas, uno de los puntos más salientes de la gestión. Hay motivos para criticar, y muchos. No es necesario inventar.