Artepolítica | Ezequiel Meler

Una encuesta reciente revela que sólo el 35 por ciento de los adolescentes nacidos y criados en democracia la valoran como el mejor de los sistemas políticos existentes. Tras veinticinco años de vigencia ininterrumpida del Estado de Derecho, este sólo dato debería alertarnos sobre la necesidad de reflexionar acerca de aquello que damos por descontado: el futuro de una sociedad donde el régimen político no ha logrado parir una cultura consistente con su reproducción en el tiempo.

¿Qué se logró en estos veinticinco años? En primer lugar, la violencia política quedó descartada como método de resolución de conflictos de idéntica naturaleza. En un país con 30.000 detenidos desaparecidos, no deja de ser una buena noticia. En segundo lugar, se han asegurado mecanismos institucionales para la sucesión política, que, templados al calor de durísimas crisis económicas y sociales (1989, 2001), respondieron de manera aceptable. En tercer lugar, las Fuerzas Armadas, que históricamente fueron el relevo corporativo del inexistente Partido del Orden argentino, fueron gradualmente eliminadas como actor político. Dos hitos marcan este fenómeno: la decidida represión del último levantamiento militar, en diciembre de 1990, por parte de Carlos Menem, y el acto de entrega de la ESMA a los organismos de derechos humanos, por parte de Néstor Kirchner, en marzo de 2004. Podría agregarse la autocrítica del general Balza, en 1995, asumiendo la responsabilidad histórica por los crímenes de los uniformados.

En cuarto lugar, y tras un largo camino, la sociedad ha logrado finalmente cumplir con los anhelos de justicia de las víctimas del terrorismo de Estado. Este tópico, indeleblemente ligado a la victoria del alfonsinismo en 1983, por sobre un peronismo demasiado identificado con la represión ilegal, tuvo su primera epopeya en los históricos Juicios a las Juntas Militares, en 1985. Sobrevivió a los duros reveses de la Obediencia Debida y los Indultos, y volvió, después de 2003, como tema central de la lucha contra la impunidad, por la igualdad ante la ley.

¿Qué faltó? Es difícil dar una sola razón, pero diría que la gran deuda de la democracia argentina pasa menos por la exigencia –relativamente resuelta- de respeto institucional, que por su eficacia como sistema para garantizar un adecuado nivel de vida a la ciudadanía. En términos de Marshall, alcanzamos la ciudadanía política, pero todavía estamos lejos de la ciudadanía social. Expresado de modo más pedestre, es imposible hablar de plenas garantías democráticas cuando el 40 % de la población no tiene acceso a condiciones dignas de existencia, vive en la pobreza, en la indigencia, carece de servicios elementales –salud, educación, vivienda, agua potable-, o bien, teme perder lo poco que tiene. No es meramente imposible, no: es inaudito. ¿Cómo valoraría la democracia el lector, si viviese en tales condiciones? ¿Cómo valoraría la política, la participación, la República, las instituciones, etc.?

La democracia argentina, contrariamente a aquello que escuchamos con tanta insistencia, es todavía joven. Ha superado los desafíos inmediatos del corto plazo, principalmente derivados del juego de factores institucionales. Pero para que sea debidamente apreciada por la sociedad, debe contribuir a transformarla.

Un cuarto de siglo de vida democrática.

En estos días, se cumple un cuarto de siglo de vigencia ininterrumpida del régimen democrático en el país. Semejante número coincide de cerca con un aniversario mayor: los doscientos años de vida independiente de la Nación Argentina, que se festejarán en mayo de 2010.

A primera vista, se trata de libertades muy diferentes: si bien la fundación de la comunidad política argentina, escindida del poder español como parte de una amplia rebelión americana, se fundó tempranamente en la aspiración de una organización republicana, bajo el imperio formal de un sufragio masculino de amplio alcance –derecho consagrado para Buenos Aires en 1821-, el régimen imperante, netamente restrictivo, tardó largo tiempo en realizar dichas aspiraciones. Bajo la fórmula política predominante, de corte alberdiano, los habitantes del suelo nacional fueron agrupados en dos subconjuntos: los productores, que gozaban de derechos civiles, pero estaban excluidos, de facto, de la comunidad política, y los ciudadanos, que gozaban de las libertades políticas en la medida en que garantizasen el predominio de las elites tradicionales. Esa, y no otra, era la lógica subyacente a la “República Posible”: retener en manos de una minoría el control político de la comunidad.

Todavía en la Argentina del Primer Centenario, los dilemas inherentes a la constitución de una comunidad políticamente libre persistían. De hecho, el desencanto conservador con los resultados del experimento electoral consagrado por la Ley Saénz Peña -que consagraba el sufragio universal masculino, agregando los atributos de obligatorio y secreto- derivaría en una larga renuencia de la derecha política a competir dentro de un sistema electoral abierto. Quienes primero experimentaron las consecuencias prácticas de esta renuencia fueron los radicales, representantes por antonomasia de las clases medias sin abolengo patricio. Desde entonces, los períodos de vigencia plena de los derechos constitucionales alternaron con soluciones pretorianas impuestas por las dos corporaciones que garantizaron la hegemonía de la elite: Iglesia y Fuerzas Armadas.

A este cuadro ya complejo, se agregarían, con mayor fortaleza desde inicios de los años cuarenta, los reclamos sociales de las clases trabajadoras. En 1943, como en 1912, por fin parecía que el sitio a la ciudadela conservadora daría sus frutos: el golpe militar que derrocó al régimen fraudulento de Ramón Castillo contaría, inicialmente, con el apoyo del radicalismo, los sindicatos obreros y la embajada norteamericana. Muy pronto, no obstante, los dirigentes políticos y sociales percibieron que el objetivo del golpe los aleja, en lugar de acercarlos, a la “República Verdadera” de corte democrático.

Sin embargo, la iniciativa militar no se resumía, como mal intentó disimularlo la oposición, en formulaciones políticas propias del Viejo Continente. La ruptura generada por el peronismo quebró los atisbos de frente popular, que eran la verdadera inspiración de la Unión Democrática, y separó al movimiento obrero de la dirigencia y de las organizaciones políticas tradicionales. Dicha escisión llevó, a la postre, a un enfrentamiento político revestido por valores que, por los intereses que encarnaban, se presentaron como opuestos: la libertad política y la justicia social. Otra vez, se presentaba a las mayorías la misma antinomia: productores, o ciudadanos.

Este proceso, inevitablemente, devino en la restauración de fórmulas abiertamente restrictivas de la participación popular. Por supuesto, ahora el sesgo social de dichas fórmulas era abiertamente reaccionario, en la medida en que repudiaba proyectos alternativos efectivamente existentes e implementados.

El largo conflicto reseñado culminó, como sabemos, en la aniquilación de 30.000 argentinos. Con todas las dificultades del caso, el proyecto abierto en diciembre de 1983, encarnado en el alfonsinismo, consciente de su precariedad, ensayó una primera fórmula de síntesis: con la democracia, se nos dijo, se comía, se vivía, se trabajaba y se educaba.

El marasmo de 1989, que fue mucho más allá de la hiperinflación local, redefinió los términos del conflicto una vez más: si la democracia había fracasado, al parecer, en sintetizar los reclamos políticos y sociales, la responsabilidad era de un sistema estatal excesivamente ambicioso, incapaz de cumplir con las demandas de una sociedad que debía acostumbrarse a menos. Por ello, en vez de apelar a los argentinos en los términos de la dicotomía ciudadanía efectiva versus producción, el peronismo simplificó el segundo de estos ejes: expandió indefinidamente los parámetros formales de la libertad individual, para apelar al nuevo ciudadano, no como productor, sino como consumidor.

La utopía neoliberal de los mercados autorregulados, con todo, no podía durar para siempre, y explotó, de hecho, a fines de los años noventa, cuando más y más argentinos se descubrían innecesarios para los requerimientos del circuito de producción, distribución y consumo doméstico. La traducción política y social de esta catástrofe -esto es, las jornadas de diciembre de 2001- señalaría el grado cero de los consensos políticos acarreados desde 1984. La sociedad, lisa y llanamente, quería más: más trabajo, más transparencia, más y mejor gestión.

Retrospectivamente, la habilidad de una dirigencia política bastante poco talentosa para reencauzar institucionalmente la debacle política de la convertibilidad habla menos de ese talento ausente, como del compromiso tácitamente irreversible de la ciudadanía con la democracia política, compromiso que no se extendía, ciertamente, a las estructuras elementales del sistema -esto es, los partidos políticos-.

Asimismo, diciembre de 2001 fue la piedra fundacional de un nuevo clima político, cuyo emergente fue el kirchnerismo. Si bien éste fue capaz de responder con claridad a las demandas sociales vigentes en 2003, a través de un lento pero inexorable proceso de recuperación estatal, debió, para ello, realizar permanentes equilibrios entre lo nuevo y lo viejo, que le garantizasen la gobernabilidad tal cual era entendida, y le permitiesen, en consecuencia, generar el margen de maniobra para dirimir un programa consistente en el marco de una sociedad extremadamente polarizada.

Pero el pasado seguía allí, alimentado por el inesperado éxito del presente. En los conflictos que jalonaron este año, decisivo para el proyecto nacional inaugurado en 2003, lo verdaderamente preocupante no debe buscarse en supuestos artificios discursivos, o en incongruencias programáticas. Bien por el contrario, debe temerse que un importante sector de la ciudadanía continúe priorizando sus derechos individuales y el funcionamiento institucional, por sobre las problemáticas sociales heredadadas, o viceversa.

Intelectuales.

No sé muy bien qué es un intelectual, pero veo con interés que cada vez son más. En los últimos meses, y especialmente a partir del conflicto agropecuario, surgieron una gran cantidad de espacios definidos por esa pertenencia difusa. No sólo aparecieron: además, se pusieron a trabajar.

Ya es de rigor decir que Carta Abierta es el caso testigo. Sus Cartas, pero también sus debates sabatinos, en salones colmados, sacaron a la sociedad de un peligroso letargo. Pero no es el único anclaje de esas características. En especial, el Club Político Argentino, con resonantes presencias, como las de Vicente Palermo y Marcos Novaro, ha puesto en duda aquella afirmación jactanciosa, que por pudor dejaría sin citar, repecto de que “los mejores hombres y mujeres de la cultura de este país” están en cercanías del gobierno. Y hay otros, todavía: la lista sería incompleta, y los apellidos podrían superponerse, pero es claro que asistimos a un renacimiento de la figura del intelectual comprometido con la sociedad.

(Por eso, no se entiende muy bien a qué se refiere Piglia cuando, justo ahora, declara al entero campo intelectual en crisis).

En todo caso, lo que define este momento del acontecer intelectual no reside tanto en la suma de clubes y sociabilidades, ni tampoco en su posicionamiento respecto del gobierno, sino, me parece, en la índole de su inserción. Para ser más claro: en la actualidad, no existe ningún parámetro demasiado estricto que establezca coincidencias necesarias entre campo intelectual y campo político, entre intelectuales, organizaciones, movimientos y partidos. No sé si eso es bueno, malo o regular: no he venido aquí a juzgar, salvar y condenar. Lo que sí creo percibir es que ésta es la condición misma de la intervención intelectual, es decir, comprometerse con valores y con ideas, con proyectos en progreso, con el debate como práctica y con la intervención pública como corolario natural de la misma. Los intelectuales del Segundo Centenario podrán tener muchos colores, pero toman partido sin estar supeditados a uno. En un momento de crisis nacional, ellos eligieron hablar. Podemos escucharlos, o podemos dejarlos de lado. Pero ellos están allí, legitimados en su prestigio social, en defensa de valores, universales o no tanto, que consideran amenazados. Ante todo, el valor de la palabra, como decía, hace unas semanas, Alejandro.

Claro que hubo intelectuales en el pasado argentino: si no, me pregunto que sería de la vida de Carlos Altamirano. Pero, en general, salvo momentos excepcionales como la recuperación democrática, los intelectuales estaban ligados, de manera más o menos orgánica, a proyectos políticos definidos. Su condición era una función dentro de una organización determinada, no una instancia autónoma de legitimación. Su producción estaba relacionada antes con el poder y el Estado que con la sociedad y el mercado. Tal vez por ello, tenían, a menos que una buena fortuna señalase lo contrario, una mayor dependencia respecto de los avatares de la vida política. Por supuesto, incide decisivamente una cultura política donde la intervención pública tenía mediaciones tipificadas: el partido. Y lo contrario es cierto también: en la medida en que la crisis de representatividad se fue acentuando, cada vez se ha hecho más difícil intervenir desde una estructura de ese tipo.

Lo cierto es que, para bien o para mal -y yo creo que es un síntoma excelente-, los intelectuales están de vuelta. Rompieron el cerco simbólico del fin de las ideologías, y se pusieron a pensar. A ver qué pasa cuando se les ocurra algo.

¿Es posible reconstruir el frente político de 2002?

En una entrada anterior, elaboramos un primer balance de lo acaecido en el año. Concluimos que el gobierno, cercado a partir de la derrota política de mediados de año, había salido adelante merced a una gran audacia política, recuperando algunos componentes originales del período 2003 - 2005. La serie de eventos que concluye con la re - creación del Ministerio de la Producción y el anuncio de un Plan de Obras Públicas superior a los setenta mil millones de dólares -así como diversas medidas de política social altamente valorables- pone de manifiesto, a nuestro entender, un aspecto tranquilizador, que de seguro ha quedado como la gran lección del año que pasó: no hay posibilidad de una “normalización conservadora” en las circunstancias actualmente predominantes en la sociedad argentina. Antes bien, hay que seguir adelante.

Inhabilitado para buscar pactos con los factores tradicionales de poder, el gobierno sólo pudo volverse un socio interesante para ellos a costa de recuperar su poder de fuego, avanzar en la creación de un mercado de capitales, intervenir activamente en la política de ingresos, y establecer ambiciosos proyectos de inversión pública, que en buena medida implican una audaz profundización del camino algo mezquino iniciado en 2003. Todo esto, sin arriar media bandera, dando participación a las dos centrales sindicales del país, y con el apoyo, más o menos renuente, de buena parte del arco político progresista.

La pregunta, claro, estriba en saber si las medidas anunciadas pueden formar parte de algo distinto que un giro conservador. Me refiero, en concreto, a la viabilidad de un pacto social, que no sería exactamente el mismo que aquel proyectado por nuestra presidenta a fines del año pasado, pero se le parecería bastante. En ese sentido, las medidas anunciadas parecen buscar la reedición del frente político de 2002, concediendo a la UIA parte del armado en materia de política económica, emitiendo señales favorables a negocios de corto plazo a un sector financiero debilitado, consolidando la alianza estratégica con la CGT y evitando el tormento de una devaluación demasiado brusca.

Seguramente, habrá gestos y medidas para el sector agropecuario -se espera insistentemente una rebaja en los derechos de exportación- a fin de alentar su integración parcial, pero lo cierto es que, como en 2002, es probable que éste mantenga distancia crítica y autonomía política.

Los encuentros entre el gobierno y la Comisión Episcopal atraen al otro socio de aquel frente político: la Iglesia. La mera promesa de una convivencia tranquila, en un contexto amenazante, es vista como elemento de disuasión de una postura abiertamente opositora por parte del Episcopado.

Industriales, sindicalistas, fracciones del progresismo y la neutralidad eclesiástica son, entonces, algunos de los componentes de este renovado intento de pactar, desde una posición de mayor fuerza relativa, las condiciones de convivencia que permitan afrontar los momentos difíciles por venir, sobre todo en lo referente al sector externo.

Por un lado, los movimientos sociales. A ellos se dirige el subsidio a la niñez, especialmente implementado para el Gran Buenos Aires, y que seguramente será extensible a los grandes distritos urbanos en un plazo breve.

El otro actor son las clases medias de las grandes urbes, actualmente asociadas a la oposición corporativa, mediática y partidaria. De cuánto pueda “morder” el gobierno aquí depende, en buena medida, su sustentabilidad política en las Legislativas del año próximo.

Un buen año.

Cuando asumió, en diciembre, CFK dejó en claro rápidamente que quería enfriar las cosas. Bajarle un cambio a la lógica de la confrontación. No por casualidad, el primer referente social que la flamante presidenta recibió fue Monseñor Jorge Bergoglio, acérrimo opositor a la gestión de su marido. De ella, Bergoglio obtuvo la garantía personal de que no se avanzaría en ciertos temas urticantes -aborto, por ejemplo- bajo la nueva gestión. Para ese momento, Ginés González García estaba rumbo a Chile…

El tono general de esos primeros escarceos con el poder residía en la búsqueda de una fórmula que permitiera algún tipo de “pacto social” entre empresarios, sindicalistas, referentes opositores, etc., que fuese más allá de la coyuntura. La promesa de una mayor institucionalidad, en coincidencia con la trayectoria legislativa de Cristina Kirchner, era parte de esa promesa general de diálogo que debía garantizar al oficialismo un tiempo de calma, más propicio para la construcción de una base política sustentable en el tiempo.

El conflicto iniciado el 11 de marzo, con la promulgación de la resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones graníferas, se llevó puestas esas ilusiones de paz social. De ese conflicto, el gobierno salió desgastado, debilitado, con una base política fracturada, poco seguro de sus apoyos parlamentarios y menos seguro aún de las condiciones que harían posible su continuidad. La estructura política del peronismo, cuyo control fue imprescindible para pasar el chubasco sin una ruptura institucional, no alcanzó, sin embargo, para evitar una derrota monumental, en la calle y en el Parlamento, cuyo símbolo reside en el contraste entre la movilización opositora reunida en torno al Monumento a los Españoles y la más escueta y tradicional convocatoria del peronismo bonaerense.

Hacia fines de julio de este año, la sensación general dentro de las filas del progresismo, manifiesta, por ejemplo, en la intervención pública de Carta Abierta, era la de una irrefrenable e irresistible ofensiva de la derecha, que había capitalizado el descontento de los sectores medios urbanos, erosionando decisiva y definitivamente el bien más preciado del estilo kirchnerista de gestión: la capacidad de ejercer la iniciativa a la hora de establecer la agenda pública. Capacidad que había sintonizado bien con un amplio consenso social en torno de temas fundamentales, por lo menos, hasta 2005, para erosionarse, sin prisa pero sin pausa, desde entonces.

Hicimos toda clase de balances. El tono general, inclusive presente en mis apuntes de aquellos días, era de un marcado pesimismo hacia el futuro.

Sin embargo, desde aquel duro aterrizaje en la realidad de una sociedad políticamente partida, el gobierno supo, pudo y quiso recuperar, con sus modos, la sintonía con al menos una parte de la población. Y no lo hizo concediendo, entre otras cosas, porque no había ningún sector, partido o corporación, dispuesto a pactar con un socio tan débil y condicionado.

En vez de ello, asistimos a una gradual recuperación de la audacia oficial. La nacionalización de Aerolíneas, que ahora va camino a la expropiación, fue el primer paso. Había que superar el trauma del Senado. Luego, vinieron la movilidad jubilatoria y, finalmente, la reforma previsional. La mayoría parlamentaria no sólo fue recuperada, sino que se consolidó con nuevos e inesperados socios y aliados. El ala más dura de la oposición, incapaz de solucionar sus divisiones, se abroqueló en torno a posturas de bloqueo que le redituaron poco, y adoptó un rígido sentido común ortodoxo. Apuesta que se reveló problemática en la medida en que la creciente crisis internacional, devenida en crisis de un entero patrón de acumulación, ponía en duda los presuspuestos de dicho consenso antipolítico y antiestatal.

Ayer, el gobierno cerró políticamente el año al instalar la discusión de un paquete de medidas anticrisis que incluyen la creación de un Ministerio de la Producción, incentivos a la competitividad, a la repatriación de capitales en el exterior, y al sostenimiento de los niveles de empleo. Medidas que seguramente conoceremos mejor en el debate parlamentario, pero que marcan, sin lugar a dudas, el trazo final de un proceso de recuperación política sumamente exitoso y saludable, por lo menos, desde quienes creemos que la compulsa por la transformación de la realidad nacional debe continuar, y no renegar, del proceso abierto en 2003.

Pensando la región desde Chile y Brasil.

Mientras la política argentina sigue girando en torno de la controvertida decisión del gobierno nacional de estatizar los fondos privados de pensión, en Brasil y en Chile las coaliciones oficialistas afrontan la crisis posterior a los recientes comicios municipales. En el análisis de los resultados, se advierte un fuerte desplazamiento de los apoyos electorales, desde los proyectos oficiales, hacia una oposición que coincide de manera cada vez más clara con la derecha tradicional. Este desplazamiento, especialmente notorio en el electorado de clase media de las grandes ciudades, replica hasta cierto punto comportamientos políticos de alcance regional, y pone en riesgo severo las expectativas futuras de los experimentos antiliberales en curso.

En particular, la problemática relativa a la sucesión presidencial aparece, tanto en Brasil como en Chile, en el ojo de la tormenta. Sobre Brasil, este artículo de La Jornada me parece meridiano. En cuando a la lectura de Sader, no me satisface completamente. La derrota del PT y sus aliados en San Pablo puede resultar significativa, no tanto por el margen alcanzado, como por el compromiso público del presidente Lula con la candidata, Marta Suplicy. En Chile, en cambio, el enorme retroceso electoral de la Concertación afectó especialmente a la Democracia Cristiana, cuyo liderazgo, encarnado en la senadora Soledad Alvear, debió dar un paso al costado.

En todo caso, asistimos a una contraofensiva renovada, en la cual las corporaciones y los medios de comunicación han liderado y amalgamado muchas veces a una oposición no directamente identificada por organizaciones partidarias. Este fenómeno pone de relieve un rasgo ya secular de los procesos de transformación iniciados con la debacle regional de la hegemonía neoliberal, a saber, que dichos procesos han debido avanzar en el marco de una tensión permanente con el marco institucional heredado, tensión que ha derivado en complejos equilibrios entre lo viejo y lo nuevo, o, para expresarlo de otro modo, entre el poder constituido del statu quo económico y político, y el poder constituyente de la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales.

En esa modalidad de equilibrios, el desplazamiento de los sectores medios urbanos, así como la candente problemática de la sucesión de los liderazgos nacionales, aparecen como dos fenómenos indisociables.

Rucci, peronismo y derechos humanos.

En los últimos meses, se ha desatado una verdadera campaña en torno de la reapertura de la causa por el asesinato, el 25 de septiembre de 1973, de José Ignacio Rucci. Tomada como imagen del peronismo “auténtico”, su figura fue rescatada ya el año pasado por el Frente Justicia, Unión y Libertad, que aglutinaba a los peronistas disidentes del kirchnerismo –como Carlos Menem, Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, Héctor Maya, entre otros-. En medio de una campaña presidencial, los dirigentes mencionados aprovecharon el aniversario del homicidio de Rucci para realizar un homenaje al sindicalista en la Catedral metropolitana. La misa convocada, inevitablemente, devino acto opositor: terminada la misma, Adolfo Rodríguez Saá declaró al periodismo que no le sorprendía la ausencia de dirigentes del oficialismo, porque “ellos son del Frente para la Victoria, que es otra cosa, no es el peronismo.”

Este año, el aniversario ha coincidido con la publicación de un polémico libro, Operación Traviata, de Ceferino Reato, un periodista cercano al ex embajador argentino ante el Vaticano, Esteban Caselli, y a la extrema derecha peronista, fuertemente vinculada con la represión ilegal. En el libro, Reato señala como autores del atentado contra Rucci a dos responsables de la organización Montoneros, que no menciona.

El libro fue utilizado inmediatamente como ariete contra el relato sobre los setenta que predomina en el seno del kirchnerismo. En una sucesión de inédita velocidad, referentes tan diversos como el dirigente de la CGT, Hugo Moyano, el senador por Entre Ríos, Raúl Taleb, y el ex presidente Carlos Menem, abonaron en la necesidad de reabrir la causa judicial por el asesinato de Rucci. Lúcido como siempre, Artemio López fue uno de los primeros en señalar, en su blog, que se trataba de una maniobra para el retorno de la Teoría de los Dos Demonios a las esferas más altas del Estado.

Mientras tanto, por si no habíamos entendido el sentido de la jugada, el inefable Reato se encargaba de aclararla en un reportaje otorgado a La Nación. Para el periodista de Perfil, Operación Traviata debía servir como instrumento de reflexión y revisión sobre un aspecto de los setenta: el apriete:

“El estilo de los Kirchner, que es la lógica del apriete. Por ejemplo, la confección de la resolución 125 como instrumento ministerial, sin consultar a nadie sobre el cambio de la rentabilidad de un sector que es la columna vertebral del país. Es la consumación de la voluntad virtuosa. En algunos momentos, para salir de la crisis, para reconstruir la autoridad presidencial o para tratar con los acreedores fue bastante útil. La gente lo entendió así: eligió a Cristina por los méritos de Néstor, como una suerte de reelección velada. Pero cuando se trata de mostrar un juego más democrático de consenso, más institucional, no es tan funcional. Es molesto: activa protestas. Y esa lógica viene de la voluntad virtuosa de la guerrilla peronista, la lógica del apriete. El asesinato de Rucci fue un apriete”

Finalmente, el día viernes 25 de septiembre de este año, el Juez Lijo, por pedido de la fiscalía, reabrió la causa, aunque sin definir todavía si se trata de un delito de lesa humanidad –situación que permitiría juzgar a sus responsables- o de un delito común –en cuyo caso, estaría prescrito-.

Es interesante resaltar que, en los resúmenes periodísticos que habitualmente leemos sobre el tema, se omita sistemáticamente que, si esto fue siquiera posible, es porque el crimen de Rucci ya ha sido juzgado, y adjudicado a agentes que respondían al entonces Ministro de Bienestar Social, José López Rega. De hecho, en esa línea, el Estado argentino reconoció, en el año 1988, su responsabilidad jurídica, y ofreció a la familia una compensación económica. El historiador norteamericano Martin Anderssen, en su libro Dossier Secreto, reconstruyó la trama original de la investigación judicial, que arrojaba el mismo inequívoco resultado. Según Anderssen, quien por aquellos años se desempeñaba como corresponsal del Washington Post, las pericias realizadas por la Policía Federal a partir de un arma encontrada en la escena del crimen -una Magnum .357 Smith & Wesson- llevaron a una ardua pesquisa de los agentes locales, que, en colaboración con el FBI, lograron rastrear su compra en Estados Unidos por una azafata de Aerolíneas Argentinas, quien a su vez apuntó a un amigo militar. “Pero, llegada a este punto, la Policía Federal se topó con una muralla de granito en su investigación.”

En todo caso, la “Operación Traviata” va a todo vapor. Reato ha sido citado a declarar, a fin de que rompa el secreto periodístico y señale a los dos responsables que sobrevivieron a la represión militar. Una vez que esto suceda, no habrá marcha atrás: el peronismo disidente, con un mártir a la cabeza, y los sectores que, acaudillados por Cecilia Pando, reclaman “memoria completa” –esto es, la anulación de toda distinción política entre los crímenes cometidos por el Estado argentino en el marco de un plan sistemático de exterminio y los crímenes cometidos por organizaciones político – militares en esos mismos años- habrán ganado una decisiva batalla.

En este marco, es inevitable preguntarse dos cosas. Primero, qué relato sobre los acontecimientos de los años setenta ha de imponerse en el nuevo escenario. La visión actual, que enfatiza los crímenes de la dictadura, soslaya excesivamente el aspecto relativo al conflicto armado acaecido en esos años. La visión de relevo, ni más ni menos, propone el retorno a la Teoría de los Dos Demonios. ¿Será factible generar, en este contexto, una síntesis diferenciada y ponderada de los sucesos?

Segundo, qué papel ha de jugar esta operación en la lucha por el control del dispositivo simbólico del peronismo: ¿se reiterará al interior del justicialismo una alianza anti kirchnerista acaudillada por quienes buscan proyectar, en el seno de la misma, la sangrienta lucha interna de los años setenta?

Son temas de indudable interés, pero que superan largamente los objetivos de este primer acercamiento.

Carta Abierta IV (Borrador)

Retransmito el mail que me llega de los compañeros de prensa, para habilitar la discusión integral del borrador de un nuevo pronunciamiento por parte de los integrantes del espacio Carta Abierta.

les enviamos el borrador de la Carta Abierta Nº 4 para que circule entre nosotros y podamos discutirla el sábado 13 de septiembre en la asamblea.
Les aclaramos que los redactores no son las personas que contestan los correos de Carta Abierta, así que, por favor, todas las discusiones dejémoslas para el sábado.

Hay una excepcionalidad. Excepcionalidad que a pesar de todo se mantiene. El gobierno había surgido de una fuerte fisura en el sistema de representación y no venía –no debía venir- a restaurarla meramente.
Tenía conciencia de que vendría un tiempo original y lo recorrió con entusiasmo y vivaz espontaneidad. Avanzó por ciertos caminos inesperados, no esgrimió doctrinas revolucionarias –ni casi ninguna
otra-, pero mostró un rumbo fáctico propicio a una renovación de la vida colectiva. Quería significar que había llegado el momento de revisar las históricas falencias de una democracia carente de condiciones para cuestionar la injusticia social. La larga promesa de una democracia que se mire en el espejo de la justicia social sigue siendo el horizonte de nuestra época. Nada puede ser interpretado al margen de esta llamada genuina.
Medido en el ambiente histórico de este reclamo, el gobierno no ahorró audacias en ciertos temas y se mostró rutinariamente conservador en otros. Y aunque abundan las recaídas anodinas, no necesariamente
justificadas por el recio embate de las neoderechas que ha recibido y el que acaba de recibir del complejo agrariomediático, no dejó de invocar sobre la marcha una cuota significativa de espíritu militante.
Esta fuerza se mantiene, aunque en parte haya sido sofocada y en parte esté amenazada por trivialidades de ocasión. Continúa así el impulso reivindicativo ante los escollos presentes que hay que atravesar, y
que debe ser empalmado con el compromiso hacia las generaciones del pasado que, en la memoria, siguen alentando esta tarea.
Hay que advertir, en tanto, que muchas veces el gobierno no evidenció apartarse demasiado de las órmulas de retroceso más obvias luego de una ardua batalla de la que sale magullado. La excepcionalidad se mantiene porque ni puede volver a los cauces del orden conocido –allí lo repudian, esperan su caída-, ni debe dejar que naufraguen sus anteriores pasos adelantados en los refugios que ofrece una clase
política “normalizadora”, garante de una vuelta a la “neutralización política”. Esto no ha ocurrido, pero las tensiones que alientan las más variadas direcciones en que puede salirse de la crisis están a la orden del día.
No creemos equivocarnos si decimos que falta la elaboración, explicitación y proyección de algo previo a ciertas medidas importantes. Lo es la estatización de Aerolíneas, pero lo previo hubiese sido crear certezas mayores sobre su destino de empresa pública antes de enviar el proyecto de ley al parlamento; lo es el
pago de la deuda al Club de París, pero lo previo hubiera exigido mostrar esa medida en conexión a mejores argumentos sobre la economía pública y las deudas sociales internas; lo es el proyecto de ley de
jubilaciones, pero hubiera sido conveniente que se dijera previamente que se evitarían alquimias matemáticas sobre esta vital cuestión.

En cuanto a los incidentes ferroviarios en el Ferrocarril Sarmiento, ahí lo previo hubiera sido reconocer de inmediato las condiciones inaceptables en que viajan millones de personas que son víctimas así de una grave injusticia social. Y al par de repudiar la destrucción de los bienes públicos, examinar los graves sucesos a la luz de criterios más amplios, en el sentido de las orientaciones hacia el cambio
general de las pésimas condiciones de vida en vastas zonas del conurbano. Todo ello, antes de incurrir en un lenguaje de imputaciones que recuerdan tramos oscuros de la historia inmediata, cualquiera sea
la explicación ulterior de los condenables acontecimientos de violencia contra el equipamiento ferroviario.
Falta algo previo, decimos. Es la elaboración de bases más permanentes de acción y lenguaje en cuanto a las transformaciones que se le adeudan al pueblo argentino y a las acechanzas que se ciernen. Por eso
es necesario hablar del laberinto argentino, para que no se reitere la sensación de que medidas justificables se lanzan en la cabal ausencia de recursos de movilización cultural efectivos. Ante la reacción de
las fuerzas siempre renocibles de la reaccion conservadora –revestidas hoy de numerosos ropajes, incluso de los aparentemente contrarios a los que opacamente representan-, hay que evitar la tentación de parecérseles, aún si se piensa ésto para tomar un respiro. La salida del laberinto exige temas, análisis y decisiones que deben ser redescubiertos, sobre el fondo de una excepcionalidad que se mantiene.

Segunda parte
Nos cabe ahora una descripción sobre lo que ocurrió. Las nuevas bases sociales de la neoderecha se movían en un doble sentido: en el goce de sus reflejos desestabilizadores y en el pedido simultáneo de que se pusiera fin a tanta pasión desatada, “que cesara tanto conflicto”. Sordamente, amenazaban. Pero cuando terminaban de dejar su carga exonerativa, pasaban a empuñar la bandera de la armonía y del
“hartazgo por la disputa”. Era el gobierno el que aparecía como confrontativo y los realmente confrontativos aparecían como moderados, partidarios de la “democracia gris”. Si el conflicto es el centro de la política –esto es, si la democracia siempre agita colores encendidos- se le podría cuestionar al gobierno la dificultad para anclar ese conflicto en fuerzas sociales efectivamente reconocidas, esto es, no que existiese una comprensible confrontación sino que ésta fuera meramente estridente, vocinglera e imprecisa. Vulnerados los horizontes colectivos de creencias, un conservadorismo que no se molestaba en aparecer faccioso, conseguía hablar en nombre de intereses genéricos y de los símbolos compartidos. Entrábamos al laberinto argentino. El ámbito popular movilizado en defensa del gobierno era acusado de
encarnar al “pueblo cautivo” al que había que rescatar con una “ética autonomista”. Miles de personas cantaban frente al estanciero Luciano Miguens, en el Monumento a los Españoles, “si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está”. No se recordará con satisfacción este momento de la historia nacional. Por otra parte, un personaje exiguo, partiquino de momentos menores de la política, quedaba de repente en posición de decidir sobre el empate de votos en el senado, desatando un nudo –la forma inicial del laberinto- de manera imprevisible, agrietando severamente las máximas instancias institucionales, revelando la fragilidad esencial de todos los andamiajes políticos conocidos y originando un pobre folklore que podía expresarse en las fugaces y calculadas picarescas del minotauro Cleto.
Lo grave y lo trastocado corrían de la mano. El laberinto argentino, lo que en el siglo XIX textos de célebres autores denominaron la esfinge argentina, reaparece en la necesidad de investigar el núcleo
más íntimo de la vida popular, con muchas superficies y planos ocupados por el desvío de los legados y por una gran captura moral que reactiva bajo fantasmagorías conservadoras a los sectores medios, para
cuya crítica no alcanza el concepto de “zoncera” sino la pregunta crucial sobre el entrecruzamiento del activismo mediático, la ocupación masiva de calles en las zonas de la urbe socialmente más favorecidas y las épicas basadas en un reconstruido desprecio de clase, revestido ahora de populismo de derecha, todo ello contra un gobierno popular. Un gobierno que aún ensimismado en muchos obstáculos nacidos de sus propios laberintos, avanzó conceptos fundamentales para rehacer el sentido de lo democrático, lo público y lo justo.
El laberinto argentino contiene así a las nuevas derechas con base popular-mediática y esas propias marañas de las que las fuerzas populares deben extraer nuevos argumentos y convicciones. Sin duda, no
se esperaba que un camino que era dificultoso, contradictorio e intuitivo, aunque sustentado en una nueva discusión vigorosa sobre los destinos colectivos, quedara de repente tan expuesto y desnudo. No se
esperaba que el agrarismo y sus aledañas perspectivas comunicacionales recrearan un lenguaje movilizador, antes invocado por otros estilos y grupos sociales. Los activistas agrarios se dejaron barnizar por grupos eventuales de izquierda que al sumarse al cobertizo reaccionario hacían abandono de su propia historia para acrecentar lógicas de oportunidad y de error histórico, suceso nada extraño en la historia nacional. Confundían la masividad de las movilizaciones agraristas con una política popular y a las alianzas del nuevo poder conservador con una red social transformadora.
¿Sorprende este giro? Su explicación se encuentra en los variados déficits de interpretación que ya son alarmantes en los laberintos de la sociedad argentina. Se ha hecho abandono de los modos más rigurosos
de análisis político, lo que incluso pudo notarse en los propios descuidos con que se tomaron las medidas gubernamentales. Pero nada es más dramático que las encrucijadas acuciantes que deben resolver los
movimientos sociales, que no están cómodos siendo apéndices estatales o en contrapartida, desastrados agentes de acciones que favorecen intereses extrínsecos a los de las causas populares. No incluímos en
estos dilemas a personajes que desde el inicio ya fueron fundados como caricaturescos y que aprovecharon la oportunidad para acentuar su bufonería, pidiéndole algunas vacas a la Sociedad Rural, volviendo a
vergonzosas épocas de paternalismo social saludadas por las “notas de color” a cargo del movilero de turno.
El momento laberíntico que vive la sociedad argentina también se verificaba en pensamientos que se revestían de argumentaciones populistas o antiimperialistas, aunque para ofrecerse directamente como guardia de corps de la alianza de los agronegociantes. Véase la galería de fotos correspondientes. No era una defección episódica. Era un trastocamiento general de los significados. No se esperaba semejante inversión de los trazos habituales que unían las palabras con las cosas. Acciones que con otra ambientación eran declaradas ilegales por los labradores y los nuevos movilizados, ahora parecían
el non plus ultra del republicanismo ilustrado. En cambio, medidas de gobierno avaladas por la Constitución, se presentaban como ilegítimas o arbitrarias.
Un estallido interno de magnitud inesperada y difícil mensura recorre ahora la vida política argentina. El laberinto es también un jeroglífico en donde es menester encontrar los nuevos hilos constitutivos de una verdad histórico–social. Estamos en un momento donde se lucha por la verdad –la verdad en el lenguaje, en las cifras, en los significados, en las biografías- pero se ha extraviado lo que aún en épocas tan convulsas como éstas era la relación entre los signos y las cosas, las representaciones y las motivaciones básicas de
la sociedad. Se pelea por la verdad sin que importe la verdad. Vivimos un momento faccioso. ¿Cómo tratar la dislocación ocurrida entre hechos y símbolos? ¿Cómo considerar la relación entre la serie de la justicia
frente a los hechos del pasado y la de los hechos inequitativos del presente? ¿Cómo se ligan los lenguajes de la escisión y el conflicto social con composiciones heterogéneas de fuerzas? En general, estas
diferencias se tramitan con la velocidad de una vida social condicionada por la acción de los medios y su fuerte capacidad de articular la escena y los tiempos. Pero si el set y la agenda son constituidos por actores definidos de gran poder, eso no exime al resto de los actores de pensar en otra temporalidad que necesariamente supone una crítica a esa veloz adecuación de trincheras y paso por el guardarropas de las luchas pasadas. Las neoderechas gozan de este estado de volatilidad de las creencias y no dudan en “izquierdizar” sus embates cuando lo creen necesario para realmente decir otra cosa. Es el laberinto argentino. Entretanto, la izquierda real, aunque no tenga generalmente ese nombre, pues actúa en
gran medida con sus claves nacional-populares y sus legados humanísticos y sociales de pie, está en los filamentos realmente existentes del movimiento social. Ella fue a las plazas históricas a defender la democracia y con consignas propias, interpretó que el gobierno, aún moviéndose improvisadamente en la tormenta, encarnaba los trazos fundamentales de una voz popular que a su vez le reclamaba más afinación y claridad en los argumentos. Los hilos a veces tenues pero continuos de las memorias populares van tejiendo, como también lo supieron hacer en otras jornadas del pasado, los ideales emancipatorios y lo hacen en el interior de dificultades inéditas e, incluso, desprovistos, muchas veces, de señales luminosas que no suelen partir de un gobierno que no ha sabido, no ha podido y tal vez no ha querido profundizar una genuina base de sustentación popular. Luego del vendaval, las instituciones públicas golpeadas intentan
volver a los hechos. El gobierno afirma que frente a las palabras y las opiniones triunfarán los hechos. Hechos económicos, construcción de necesarias infraestructuras, y de un modo decisivo, la estatización
de Aerolíneas. Sin embargo, no puede olvidarse que los terrenos comunicacionales le fueron generalmente adversos y que es menester ahora descifrar los laberintos de la cultura. Los pueblos no comen símbolos pero los símbolos son parte esencial de las condiciones bajo las que se piensan los pueblos. Ninguna sociedad que reclama niveles más precisos de debate se orienta tan solo por realizaciones
económicas, teniendo en cuenta que lo de Aerolíneas es a la vez un hecho de la economía pública y también de fuerte simbolismo.
Asimismo, los condicionamientos y el cerco al que fue sometido el gobierno luego de las votaciones parlamentarias pueden justificar nuevas prudencias en el tratamiento de diversos temas pendientes, pero
eso no debe ser el motivo por el cual se instituyan decisiones políticas y económicas con concesiones a los sectores nacionales e internacionales que operan el sitio precisamente al aspecto más progresista de aquellas decisiones. Entre el pago total de la deuda al Club de París, la reestatización de Aerolíneas y la ley de jubilaciones móviles se desplaza, quizás con movimientos espasmódicos, un gobierno que sabe que el terreno por el que transita está rodeado de pantanos, de arenas movedizas y de seductores espejismos que no llevan, necesariamente, hacia políticas populares, políticas que requieren audacias no siempre disponibles y una voluntad sin la cual es muy difícil avanzar. Pero aún resulta más arduo ese avance si no se busca construir los puentes hacia las mayorías populares postergadas y empobrecidas que son una base social de sustentación imprescindible junto con otros actores sociales.
Por otro lado, prosiguen los juicios a los personajes de los gobiernos dictatoriales, se halla firme la conciencia de que no debe cederse una noción económica que excluye terminantemente el ajustismo neoliberal y no se ha entregado la creencia de que simultáneamente debe afirmarse un ideal latinoamericanista, que aún con titubeos, también se ejerce sabiendo que hoy más que nunca la suerte de nuestro país, de sus proyectos democráticos, está fuertemente unida a lo que está aconteciendo en otras repúblicas hermanas, particularmente la Bolivia de Evo, la Venezuela de Chávez, el Paraguay de Lugo, el Ecuador de Correa y, desde una perspectiva algo más compleja, el Brasil de Lula.
Todo esto mantiene un horizonte a partir del cual sigue valiendo la pena pensar en que hay una diferencia; hay una diferencia conceptual que sigue rechazando la paridad que muchos creen percibir entre el
actual gobierno y los procesos económicos habituales de coacción y dominación. Efectivamente, no vemos tal paridad. Vemos una diferencia que es necesario pensar cómo sostener y ahondar. Lo haremos examinando más de cerca el laberinto argentino.
Tercera parte
En primer lugar, desde hace cierto tiempo se intenta horadar el cimiento básico de la época, que es la promoción de actos jurídicos sobre los símbolos más significativos de un pasado de horror. Esto no
proviene solamente de los remanentes de las pasadas dictaduras. Se dice, en publicaciones periódicas diversas, que el gobierno trató de un modo inadecuado la cuestión de la memoria y los derechos humanos.
Algunos llegan a afirmar que el gobierno utiliza la política de derechos humanos –esto es, la política de la justicia en la memoria-, como un recurso a la impostura, pues mientras haría una política por lo menos descuidada en materia de derechos sociales y economía cabalmente distributiva, insiste en hablar sistemáticamente de las condenables violencias y atentados a la vida ocurridos en el pasado.
Solo una virulencia antes desconocida en el ataque a un gobierno democrático en el ciclo de este último cuarto de siglo –aunque fuertes dosis de neutralización destituyente habían acompañado el último tramo
del gobierno de Alfonsín-, permite el error al que lleva esta interpretación. No vamos a insistir una vez más sobre la manera en que esta política no es ni debe ser episódica, sino que constituye el nudo troncal de la
época, su estructura última de significados. Los desavisados que la atacan con sus catilinarias revelan hasta que punto representan el último escalón refinado para que se vuelva al orden antiguo. Postulan
que hay impostura en la política de la memoria asumida; postulan entonces, inevitablemente, un gesto de agravio gratuito que intenta desconectar el ciclo comenzado en el 2003 de sus más importantes bases
expresivas y sus más profundas raíces de legitimación.
En segundo lugar, es necesario dejar de heredar el país de la dictadura. Si acompañamos y apoyamos acciones del actual gobierno es porque aparecen como indicios de una efectiva búsqueda de modos más
equitativos y dignos de la vida social. En el laberinto argentino se halla también la política realizadora regida por un manojo de nuevos derechos –en esencia, la articulación entre derechos humanos, derechos
sociales y derechos democráticos-, de trazados convocantes, pero realizada con muchos balbuceos e ingenuidades. Y cuando decimos ingenuidad no es el modo del elogio moral que vería en el ingenuo lo
contrario del astuto, sino que lo decimos al modo de la crítica: la ingenuidad es ver menos de lo que es necesario, considerar menos dimensiones que aquellas que la acción política debe tener en cuenta
para no fracasar. Pasado un tiempo del rechazo parlamentario de las retenciones móviles, el gobierno sigue ceñido por el cerco de sus contrincantes avezados. Defienden sus intereses sectoriales y un tipo de articulación entre las instituciones estatales y las lógicas de mercado de clara subordinación de las primeras. Y del lado del gobierno no se logra pinzar con efectividad las dimensiones de esa
confrontación, para lo que se deben examinar nuevas y originales articulaciones políticas, un diagnóstico preciso de los modos en que funciona actualmente la economía y resignificaciones de los símbolos
en juego.
Esta confrontación tiene en la cultura –en el vivir social más amplio y en el vivir cotidiano- su territorio si no definitivo, sí de suma relevancia. Porque se trata de construir los conceptos, las teorías y los lenguajes con los cuales aprehenderla a la vez que tratar las memorias sociales en juego. No deja de haber en todo momento histórico un cierto laberinto. Siempre hay una guarida del Minotauro. Pero este laberinto, aquí y ahora en la Argentina, implica la paralización de las fuerzas activas de la sociedad, para lo cual comenzaron a convencerlas de que había que reconstruir las formas coactivas de la autoridad, salir de lo que llaman errático, volver al orden establecido, retomar lo que en el pasado muchos ensayistas latinoamericanos llamaron la “patria boba”, esto es, el desmonte del sentimiento colectivo para forjar nuevas leyendas inertes, controladas por empresarios del sofocamiento político y cultural. Así, sueñan en la Argentina con un retroceso que va desde una política internacional comandada por los acreedores hasta el disciplinamiento de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, metáfora ideal de la aldea global
autoritaria que se desea construir. ¿No actúa Macri en nombre de una indigente política del miedo con sus edictos ordenancistas, que tienen grandes apoyos, silenciosos y timoratos en una ciudad de Buenos Aires
en la que casi se precisarán las fuerzas morales del Eternauta para rescatarla de su intensiva indiferencia?
Una ciudad activa, reconocida sede de experiencias populares significativas, de grandes aventuras intelectuales y artísticas, de buena parte de la historia del movimiento obrero, desde las huelgas de
principio de siglo hasta –si queremos poner una fecha- los acontecimientos vinculados a la defensa del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, no puede quedar en manos de pensamientos que apuestan a
lo concreto –“la gente quiere soluciones”- pero son lo más abstracto concebible. Para oponerle una crítica imaginativa a estas visiones abstractas que pasa por ser lo concreto, es de lamentar la falta de una reflexión colectiva en el mundo cultural –la universidad pública habla quedamente sobre estos temas- o la falta de incisivas críticas más inspiradas que desnuden esas frases sobre “lo concreto”, que como
diría el gran Phillip Marlowe de un cartel aduanero en una frontera del país del Norte, “nunca se vio condensar tantas mentiras en tan pocas palabras”. Solo la disuasión, el cloroformo masivo que logró
impugnar la vitalidad de la cultura nacional y decretó el reinado de la indiferencia o la inmunización ante lo grave que se presenta a nuestros ojos, permitió llegar a esa fraseología vacía que sustituye la lengua política por el marketing y la lavativa de las ideas. Que ha logrado calar hondo en los imaginarios sociales allí donde cuestiona toda felicidad posible si no se la encarna en una felicidad sostenida sobre el consumo y la materialidad de la riqueza; donde parecen quedar en el ostracismo existencial quienes actúan fuera de las luces del shopping center o de la espectacularización amplificada por los lenguajes massmediáticos. Es la felicidad asociada sólo y únicamente a la figura demandante del ciudadano-consumidor, de aquel que vive con gusto el desmembramiento de lo público en nombre de lo privado, de esas intimidades protegidas de contaminaciones insoportables.
En tercer lugar, la renovación y el horizonte contemporáneo de la cultura no puede ser el de una actualidad con un único plano y un tiempo lineal, sin historicidad viva, entregándole a la televisión el control de las pedagogías educacionales, y en el otro extremo, un funcionariado que baja de las estanterías el festejo que corresponde una vez al año, sin valoración de las exigencias del lenguaje, sin preguntarse por las prácticas de lectura sociales y sin considerar que se muere la política si se muere el pensamiento creador en las artes y las ciencias. Peligra, incluso, la lectura argentina, el lector argentino, a pesar del éxito ferial de las convocatorias específicas en torno a esa práctica –la lectura- fundadora de sociedades y naciones. Se debe liberar al arte del modo en que las formas más crudas del mercado lo intentan anexar, tanto para generar nuevos fetichismos que de hecho han arriado “las banderas de la imaginación” como, en cuanto a la ciencia, asociándola a jugadas empresariales que ni siquiera se intentaron en el antepasado capítulo desarrollista de la historia de nuestro país.
No concebimos en el actual momento de la política nacional que estas cuestiones deban postergarse en el debate, porque son cuestiones del laberinto argentino. Del laberinto hay que salir con ideas estratégicas para este nuevo siglo. Parte del laberinto es una liviana consideración de las llamadas “políticas de la memoria” que finalmente la concede al conjunto de acciones permitidas por las centrales globalizadas de archivo de símbolos de los pueblos y a los nuevos enciclopedismos desmanteladores. Todos los conocimientos pueden ahora ser fijados, conservados y preservados, pero sin relaciones singulares
entre ellos, sin relieves que los articulen o que ponderen sus relaciones heterogéneas pero ligadas a la historia de cómo se han producido. Los efectos de la globalización –más allá que este nombre
apologético no es el adecuado y hay que crear otro-, permiten el singularismo desconectado de la historia, la construcción de una red sin cuerpos ni herencias significativas de lenguaje.
Se hace urgente entonces trazar nuevos planes culturales públicos que no resuelvan la relación entre la singularidad y los recursos de aprendizaje colectivo con proyectos reduccionistas que sustituyan
prácticas históricas por amuletos que muchas veces son versiones degradadas de las necesarias innovaciones tecnológicas. Éstas nunca ocurren al margen de grandes módulos de reflexión popular, cultural, intelectual, tanto espontánea como experta. No se trata ni de burocratizar el pasado festejando a los insurgentes pretéritos como si los reencontráramos en un mercado de ideas despegado de la vida, no se trata ni de vivir en sociedades regidas por la desmemoria de los medios de comunicación más concentrados ni por el modo en que éstos reorganizan el archivo social bajo impulsos del target, las audiencias fragmentadas, el estilo history channel y el divulgacionismo que aplana el relato crítico de las sociedades. De la misma manera que reducir las políticas culturales a operaciones de mercado, al glamour
heredado de desfiles de moda o convertirlas en escenificación espectacular y en sponsoreo de grandes empresas, suele ser el discurso que fascina a aquellos que desde hace mucho rebajan la cultura a su
exclusiva dimensión mercantil articulada a la lógica de lo cuantitativo.
Solo un nuevo humanismo de fundamentos críticos puede hacer pasar las culturas colectivas por el estatuto más riguroso de los conocimientos, fusionado entonces con los horizontes masivos genuinos. Están en nuestro pasado los muertos de muchas luchas que impulsaron la reconstrucción simultánea del presente y del pasado, como un único gesto inescindible de conocimiento político. Por eso, pensar la
justicia respecto del pasado resulta indesligable, finalmente, de los modos en que se imagina y materializan actos de justicia respecto del presente. Los símbolos requieren un trato cuidadoso, porque su mera invocación en un contexto que no les pertenece los deja al borde de la parodia o la indiferencia, y ésta no es una zona menor del laberinto argentino.
La discusión actual respecto de los íconos nacionales muestra ese rasgo de su conflictividad necesaria. Y que esa discusión suceda exige que no sean tratados con premura ni con consensos fáciles respecto de
creencias sociales que están profundamente delineadas por las fuerzas mediáticas. Es necesario situar los símbolos en su fragilidad. Ellos no siempre afirman lo mismo y si se los arroja desligados de una
materia experiencial profunda quedan a disposición de sus usos reaccionarios. Esto es: como negación o como inversión de aquello para los que se los había convocado.
No es sólo tarea de las instituciones estatales dar esa disputa, pero ellas tienen mucha responsabilidad al respecto. Deben hacerlo con tanta autonomía de los poderes culturales fosilizados –aunque se proclamen “independientes”- como con sensibilidad democrática frente a las diversas expresiones sociales. Deben hacerlo con sus redes cazadoras de mariposas de sentido, con ojos abiertos a lo que sucede, con perspicacia crítica respecto de sus límites, con azoramiento hacia lo que desconocen. Instituciones estatales de esa índole pueden librar la batalla cultural. La conmemoración del Bicentenario debe escapar del celebracionismo trivial, debe también ser festiva, pero sin privarse de movilizar el espíritu investigativo y la potencia crítica intelectual que permita que el laberinto argentino –la histórica complejidad de las luchas sociales- protagonice un nuevo capítulo nacional sin sentimiento de embotamiento, liberando y emancipando las fuerzas de la justicia, de la economía y del arte.
Carta Abierta así lo propugna, porque su vida política es un conjunto de decisiones simultáneas que surge de las asambleas abiertas, de la integración libre, del sentimiento emancipado del sujeto público, del antagonismo creador sin cierre conceptual posible, de la proliferación sin cartilla previa de la cultura crítica universal y nacional y del estado contingente de interrogación permanente. Si esto fuera así por obra de una multitud de voluntades, tendrá el efecto, la extrañeza y el valor que pudo tener la celebración de Castelli en las ruinas de Tiahuanacu el primer aniversario del 25 de Mayo de 1810.

Repasando un poco

Recuerdo que allá por 1995, en su porgrama de los jueves, Grondona, que era más respetado que ahora, decía, frente a una pizarra con la inscripción “15,5 %” de desocupación: “antes creíamos que estas cosas iban y venían. Pero parece que nos vamos a tener que acostumbrar a que es así”. Me parece que esa frase condensa una realidad más perdurable de lo que el kirchnerismo pudo soñar.

Antes, el capitalismo local o internacional atravesaba una crisis, el desempleo crecía, pero eventualmente pasaba el chubasco, y existían períodos de recuperación que permitían incrementar el empleo hasta situaciones de plenitud relativa.

En ese sentido, Argentina era un caso rarísimo en América Latina: teníamos una sociedad 80% urbana, con una clase obrera plenamente empleada, sindicalizada, que no tenía como contrapeso un campesinado marginal o sectores tradicionales, de empleo informal, de importancia. Este esquema, bastante burdo, vale hasta los años ochenta.

Con la quiebra del modelo de industrialízación del peronismo y del desarrollismo (la bendita “sustitución de importaciones”), debido principalmente al implante de un nuevo régimen de acumulación, basado en la valorización financiera, pero también a la quiebra del Estado post dictadura, la clase obrera se empezó a desdibujar.

En los ochenta, el empleo público se contrajo fuertemente, pero también quebraron fábricas, cooperativas, etc. que ya no podían contar con el impulso crediticio del Estado, empantanado en el pago de la deuda.

Los noventa fueron peores. De la opción “aceros o caramelos”, pasamos claramente a elegir. Y elegimos “caramelos”. La economía se sostuvo por el festival de inversiones que desató la venta de las empresas públicas, y los números macro siguieron creciendo, pese a que el cambio tecnológico y la imposibilidad de exportar (por el tipo de cambio, pero también por el atraso económico del país, que aún hoy sigue dependiendo de la explotación bruta de sus recursos naturales, casi sin agregación de valor), cada vez más tipos se quedaban afuera. Eran los excluidos: el nuevo paradigma no los consideraba, ni como productores, ni como consumidores.

Y ahí radica el problema para las sociedades surgidas de la modernización. Los derechos propios de la ciudadanía, los que nos permiten acceder a la salud, por ejemplo, pero también a la previsión social, al esparcimiento, a la vivienda, al crédito, etc. están diseñados para responder a un obrero que presenta un recibo de sueldo “en blanco”. Si no lo tiene, no existe. El sistema no lo registra. No tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene nada.

En vez de adaptarse a esa realidad modificando las instituciones para reconocer al tipo que se quedó afuera del circuito económico, acá avanzaron con el modelo privatizador. Le sacaron la educación, destruyeron la salud y garantizaron la legalidad del empleo en negro, precario, sin derechos. Legalizaron la exclusión. Solamente que la llaman “flexibilización”. Porque antes éramos muy rígidos, ¿viste? Queríamos y pensábamos que la gente tenía que comer todos los días (eso lo dábamos por descontado, ni lo pensábamos), que tenía que tener salud, que tenía que acceder a la educación para soñar con el ascenso social, que tenía que tener aunque sea un mínimo haber jubilatorio. Ahora somos de goma: arreglate como puedas. Ese era el mensaje, y ese es el obstáculo.

Retomo: quebrado el circuito productivo, cuando quiebra el neoliberalismo en 2001, la economía no se corresponde con la sociedad que tenemos. Sigue siendo 80% urbana, aglomerada en el 2% del territorio, pero:

1) Nuestra economía se basa en la explotación de recursos naturales y en su exportación en bruto.

2) Las actividades reseñadas requieren sólo de una porción escasa de mano de obra, y cada vez menos debido a la alta mecanización de las tareas.

3) La industria nacional no es ni un 30% de lo que fue.
Ergo, el país exportador sería viable, si en la Argentina vivieran, digamos, diez millones de personas. Sobran treinta. Ya lo dijo Harguindeguy, un visionario: “queremos un país chiquito” ¿?

Podemos esperar que la economía atempere esos números, y de hecho así ha sucedido, pero no contamos con los recursos para reindustrializar el país. Y aún si los tuviésemos, es decir, si pudiéramos armar una industria competitiva con la japonesa, la norteamericana o la alemana, posiblemente no lograríamos volver a integrar a todos los que se quedaron afuera. No en el plazo que podemos ver. Porque incluso en Estados Unidos y Alemania ya no funciona así. En Estados Unidos hay sesenta millones de personas (datos oficiales) sin cobertura médica, como muestra el documental de Michael Moore, Sicko. En Alemania, que hasta hace poco era el primer exportador industrial, la tasa de desempleo no baja del 12 al 17%, y sube la pobreza.

En este escenario, las viejas sociedades duales latinoamericanas, con un sector integrado en la economía de mercado, en general ligado al sector exportador y moderno, y otro que vive de changas, juntando cartón, parece que no son solamente el pasado: son el futuro, también, de la organización social del capitalismo tardío.

En ese marco, la peregrina creencia de que la Argentina, por el solo hecho de crecer un 50% en cinco años, iba a revertir el panorama social -lo que llevó a Kirchner a reconstruir el PJ pensando en la CGT, como si la CGT pudiera representar a la clase obrera de antaño- me parece una quimera.
El tema, entonces, no es tanto qué proyecto de país nos gusta, sino qué país se puede pensar y edificar a partir de esta realidad, y con qué instrumentos.

La República según los republicanos

En estos días, nos enteramos del concepto que el macrismo tiene de la división de poderes. Ante un allanamiento, ordenado por el juez Roberto Gallardo, para determinar responsabilidades por la muerte de un bebé en un centro de evacuados del gobierno de la ciudad, la estrategia del oficialismo cubrió dos pasos: desconocer la instancia de la audiencia convocada, a la que enviaron a un funcionario de planta de segunda línea, y recusar al juez, privándole el acceso a los expedientes que determinan el curso de la causa judicial.

“Nosotros no estamos dispuestos a que siga actuando políticamente desde un cargo de juez. La ciudad tiene derecho a que sus pleitos sean dispuestos por un juez imparcial y Gallardo no lo es. No es un ataque a la independencia del Poder Judicial”, argumentó el procurador porteño, Pablo Tonelli. Luego de presentar la querella, un funcionario de la Procuración, de apellido Radice, se comunicó al despacho de Gallardo y le advirtió a su secretaria: “Les vamos a vaciar el juzgado y los vamos a dejar sin jurisdicción”. Y así fue.

“El sistema no está constituido para recusaciones masivas ni para que vacíen un juzgado”, le planteó Gallardo a Página 12. “Lo que me preocupa más que esta cuestión procesal, que seguramente se va a resolver a mi favor, son los centenares de casos donde están en juego derechos humanos fundamentales. Todas las personas que necesitan una respuesta inmediata entraron en una dilación irreversible”, comentó. Deberán esperar, entre otros que habían presentado amparos, los habitantes del barrio Piedrabuena, los de los Piletones, los que denuncian la contaminación de plomo de la villa 20, los de las villas 21-24 y los refugiados en Parque Roca, además de vendedores ambulantes y sin techo.

El macrismo se basa en la quimera de que lo suyo no es política, es “gestión”. Aséptica, sin intereses, sin ideología. Pero cuando este tipo de armatostes conceptuales, que han tenido sus publicistas, no resisten la muerte de un bebé, la “gestión” denuncia: son los otros los que hacen política, son los otros los que actúan desde una ideología, son los otros los que obstaculizan nuestra tarea.

¿Qué tarea? ¿Suspender las becas escolares? ¿Dejar a los pobres sin acceso a la vivienda? ¿privatizar la salud? Eso, ¿no es política? Claro que lo es, es la peor de ellas, la más perversa, la política que se niega a sí misma, negando a la vez el disenso, reduciendo los problemas sociales a cuestiones “técnicas”, negando los derechos ciudadanos.

Y para eso, qué obstáculo mayor puede encontrar un gobierno que su propio sistema de justicia. Porque, a no olvidarlo: es la justicia la que debe garantizar la defensa de los derechos ciudadanos. No sorprende, entonces, que sea la justicia el blanco predilecto de los proyectos neoliberales. Lo fue en 1976, cuando la Junta declaró en comisión a todos los jueces. Lo fue, salvando las distancias, en los noventa, cuando el menemismo generó su propia “mayoría automática” en la Corte Suprema, una mayoría que, en ocasión del recorte salarial a los estatales, llegó a sostener que “no hay derechos adquiridos”. No, no los hay, si alguien te los puede quitar, y al mismo tiempo las instituciones que deben velar por tus intereses se encuentran impedidas para actuar.

PD: escribí esto con bronca. Espero que se note. La pasión es un ingrediente activo del pensamiento, no vaya a ser que neguemos eso también.

El nuevo PJ y los límites del proyecto K

“Derrotamos a los sindicatos. Les quitamos el partido”
José Luis Manzano, citado por Steven Levitsky: La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 147.

El legado más duradero de la llamada “renovación peronista”, allá por los ochenta, que decantaría luego en el liderazgo de Menem, fue, como señala Manzano, la exclusión de los sindicatos y la CGT, su desaparición como actores dentro del espacio político del peronismo. Este proceso encerraba complejas implicancias: si el peronismo, que durante treinta años había basado su presencia en la sociedad en su anclaje sindical, dejaba de lado a la CGT, ¿cuáles serían sus bases?

Manzano y Menem aportaron una respuesta clara: ya desde mediados de los ochenta puede verse cómo los dirigentes sindicales son gradualmente desplazados de los puestos más importantes en el PJ, reemplazados por intendentes y gobernadores que, gracias a su manejo discrecional de los fondos públicos, han edificado densas clientelas que los vuelven autónomos de las bases obreras del movimiento. Este proceso, desde luego, es inseparable de la ruina de la producción nacional, posibilitada por el avance neoliberal producido por la última dictadura, que mermó marcadamente la presencia social y la cultura obrera en el país.

Ahora bien, acerquemos la lupa al tiempo presente. ¿Cuál ha sido el eje, la novedad, si la hay, de la reconstrucción del PJ por parte de Néstor Kirchner? Pues, precisamente, se trata de devolverle a los sindicatos, no la abrumadora preeminencia del pasado, pero sí una presencia institucional, que obliga a todos los actores del renacido justicialismo -intendentes, gobernadores, y los propios dirigentes gremiales- a un delicado equilibrio de posiciones, disciplina y alianzas que, en última instancia, favorece y legitima un liderazgo vertical. Claro, la clase obrera argentina no es lo que era, y en esa medida la operación no supone entregar el control del aparato a sus viejos dueños, sino apenas unificar éste reforzando su crítico desgaste con la presencia de la CGT.

Hay, en esta lista, un convidado de piedra: las nuevas organizaciones sociales. Inexistentes en el partido sindical clásico, deben su existencia a la continua aplicación de políticas neoliberales desde el Estado durante los últimos treinta años. Son, podríamos decir, a la vez el fruto y la respuesta social a las políticas implementadas por los grandes grupos financieros.

En todo caso, los movimientos sociales, nacidos al calor de la resistencia al neoliberalismo menemista de los años noventa, y caracterizados en su momento, por algún trasnochado, como la vanguardia transformadora y revolucionaria de la sociedad argentina, se han consolidado como un actor más, que no releva, sino que complementa al sindicalismo tradicional, con el que ha rivalizado varias veces en los últimos años por el control de las “bases”.

En el diseño del kirchnerismo, los movimientos sociales -representados por D´Elía, Pérsico, Tumini y otros- no han recibido un espacio partidario e institucional propio. No debería sorprender: está claro que, a los ojos de Kirchner, la apuesta a futuro reside en la consolidación de la clase obrera y la continua erosión, por consiguiente, del peso social de estos actores. Sin embargo, es evidente asimismo que, aún aceptando como válida esa apuesta, existe un hiato temporal -el tiempo presente- en el cual dichos movimientos representan una proporción nada despreciable de los apoyos populares del kirchnerismo. En efecto, se trata de los únicos interlocutores territoriales de los sectores más pobres e indigentes de la sociedad. Sectores que, si nos atenemos a los resultados de octubre, han sido el apoyo más sólido y duradero de Kirchner en su aventura electoral.

Y aquí, es evidente, el kirchnerismo ha mostrado otra de sus debilidades (que son varias). Si bien ha impulsado con fuerza la recuperación del empleo -precario, es cierto-, del salario -erosionado por la inflación-, y de los derechos laborales, es evidente que dicho impulso, basado en el crecimiento económico posterior a la devaluación, no ha modificado, en lo sustancial, la matriz desigual de la sociedad. En efecto, la asimetría entre los más ricos y los más pobres, pese a lo dicho, se ha acentuado. Por ende, es claro que la pobreza y la indigencia, lejos de ser fenómenos transitorios, como pudo imaginar el oficialismo ante las descomunales cifras de crecimiento, son componentes perdurables de la actual estructura social. La exclusión, que le dicen.

Si esto es así, el kirchnerismo está cometiendo un error. Por convocatoria, construcción y liderazgo social, las organziaciones como FTV y Libres del Sur se han ganado largamente, a nuestro entender, un lugar dentro del dispositivo justicialista. Por ello, no sorprende que, luego del fracaso de la 125, hayan sido sus referentes los primeros en señalarle al gobierno que el estilo de acumulación política preexistente -aquello que, en otro trabajo, llamé “un duhaldismo a medida”- si bien permitió apropiarse del partido y vencer, consecutivamente, en dos elecciones nacionales, está hoy completa y absolutamente agotado. Lejos de interpretar los votos “no positivos” del bloque oficialista ambas Cámaras como una traición, creo que se trata del lógico proceso de defección por parte de quienes, en definitiva, se subieron al proyecto cuando las cosas iban bien, por oportunismo y circusntancias, respondiendo a una coyuntura concreta, y no como parte de un nuevo proyecto nacional.

Desde esta modesta tribuna, sostenemos que el “nuevo PJ” es una respuesta necesaria, como piso, para la edificación de un nuevo movimiento, capaz de sustentar políticamente las trasnformaciones que la Nación necesita. Necesaria, pero, al menos en su estructura actual, insuficiente. Peor aún, inconsistente, si no con la historia del peronismo -que interpreta relativamente bien- al menos con su presente. La fragmentación estructural de la sociedad exige otro tipo de estructura, capaz de integrar a quienes, antes que nadie y sin cálculo ni especulación, han saludado el nuevo rumbo del país. Organizaciones sociales, pero también jóvenes e intelectuales, reclaman hoy un ajuste del diseño institucional partidario a las realidades disímiles de una sociedad menos homogénea que en el pasado.

Contener y avanzar.

Los griegos lo hicieron, como tantas otras cosas. La guerra, una de las formaciones culturales que más nos dice respecto de cómo se organiza una sociedad, era para ellos asunto de organización colectiva. El campesino – ciudadano – soldado, que avanza con su lanza y su escudo, no lo hace solo. Un par, a su lado, protege su flanco izquierdo, a la vez que él protege el de otro compañero con su escudo. Finley dice en alguna parte que esa condición originaria de igualdad es una de las fuentes de la democracia griega: lo cierto es que fue una innovación decisiva en el arte de la guerra. Hoplitas griegos combatieron en las filas de Alejandro, en ese ejército que llegó hasta la India, y muchos ejércitos heredaron el concepto. Las legiones romanas, por ejemplo.

A estas alturas, señalar que la política es una forma de conflicto resulta un tanto remanido. Pero recuperar la noción de que ese conflicto se da entre colectivos organizados, en el presente de la cultura política argentina, no lo es tanto. Martín Rodríguez dice, con razón, que el lugar para discutir esto era el partido. Late además en su mirada cierta desazón por el lugar secundario de las formaciones organizadas en la política argentina de estos días. Pareciera que volvimos a los tiempos homéricos, donde los “héroes” modernos –si así cabe llamarlos- se baten solos, en combates personales espectaculares, que nada dicen, sin embargo, de las fuerzas que representan tales individuos, y que explican poco el por qué de la pelea.

Detrás de las imágenes narradas por los poetas antiguos, sin embargo, hoy sabemos que había ejércitos reales, que peleaban tan a muerte como los gloriosos Aquiles y Héctor. Guerreros sin voz, campesinos sin nombre, que diariamente caían en el campo de batalla. Sus relatos no nos han llegado, y es posible que nunca lleguemos a saber mucho de ellos. Pero sabemos que estaban. Me parece que otro tanto sucede hoy. La diferencia, claro está, estriba en que, en vez de un verso homérico, nos tenemos que comer un verso mediático. Y la diferencia no está sólo en el sabor…

En estos días, el gobierno pasó la primera prueba, la “amenaza fantasma”, al lograr una amplia aprobación en Diputados de su proyecto de ley para la nacionalización definitiva de Aerolíneas. Es importante. La ampliación del debate público, en la fase post – 125, tiene por arena privilegiada al Parlamento. No es mala idea: al fin y al cabo, el Parlamento es el lugar de la “política de cámaras”, abierta a la opinión, donde todos pueden –y algunos deben- participar, proponer, comunicar. Pero la condición de posibilidad de esta nueva etapa reside en que, de vez en cuando, el proyecto pase. Ningún gobierno puede perdurar sin un mínimo apoyo concreto en el Parlamento.

A sabiendas de ello, el kirchnerismo ha optado por privilegiar los reagrupamientos. Se sabe herido, nos dicen los analistas, y los disidentes huelen sangre. Eso tal vez valga para Duhalde: el resto sabe que, herido y todo, el gobierno es el gobierno. Que tiene la chapa del PJ. Que tiene la Caja. Que tiene aliados nuevos, ayer desconocidos. Y que controla buena parte del aparato partidario. Pero, por sobre todas las cosas, saben que está dispuesto a utilizar todos y cada uno de estos recursos, si es necesario. Entonces, mejor no alejarse demasiado…

En la semana que termina, Kirchner se reunió con Reutemann, Cristina con Binner, Das Neves y Schiaretti, y se ajustan ya las fechas para que se arrimen Solá y Busti. “Pero cómo”, se horrorizan los éticos, “entonces es más de lo mismo”. “¡Menemismo!”, gritaron por ahí, los desaforados. Curiosamente, algunos de los críticos son los mismos que antes pedían responsabilidad y diálogo. Pero cuando se dialoga, esto es sabido, se requiere de otro. Y el Otro, desde luego, piensa distinto, hace otra cosa. Si no, sería monólogo.

En la etapa que viene, el oficialismo sabe bien dos cosas. Primero, que debe actuar con cintura y cautela, dando la batalla sólo cuando tenga una certeza relativa respecto del resultado. Se puede perder, si se gana algo a cambio. Pero, en orden a la consigna de la hora –esto es, seguir politizando la esfera pública- es necesario reorganizar a la tropa. Contener, reagrupar, avanzar.

Comentario a Zloto y Ernesto.

Estimados:
Yo no suscribiría la acusación de “vendidos” que se les imputa. En general, hay una matriz bastante generalizada, que supongo se relaciona con las inevitables repercusiones de 2001, la BANELCO, etc, en el sentido de que quien piensa distinto a uno, lo hace por plata.
No es mi caso, por lo menos.
Sí puedo entender a los que se sienten “traicionados”, porque ustedes son su referencia periodística, y de pronto los ven en una línea de pensamiento, como mínimo, llamativa. Y, para colmo, de la vereda de enfrente. Pero bueno, algún día, frente a un gobierno que interpela en buena medida los significantes del progresismo post dictadura, iba a surgir esa diferencia de criterios oculta durante los años de resistencia al neoliberalismo.
En lo personal, tampoco los considero traidores. Sí debo decir que me llamó la atención, cuando en este artículo, Zloto concluyó, muy neoclásico él, que la causa última de la inflación podía encontrarse en el déficit fiscal.

Me pareció raro, digo, porque conozco otras notas suyas en esos mismos días, con un sentido de realidad altamente superior.
Justamente, en estos meses, esa búsqueda, tan típica de Ernesto, por el “justo medio” de Hillell, decantó en el latiguillo “estamos todos locos”, que anula la racionalidad inherente a la política, aún cuando se trate de una racionalidad perversa. No hace falta leerlo a Dri, o como Ernesto, ridiculizarlo a Feinmann: un colega que asumo ustedes respetan, como Aliverti, y que no es pro gobierno, supo tener una actitud y un análisis muy superior.
Notas como estas, todas de Ernesto, les restaron mucho, y no sumaron ni una idea al ruido. Parecieron más bien una autodefensa, y en muchos casos, una defensa de la corporación periodística, justo cuando era más evidente que algo andaba mal entre los medios y un sector amplio de la sociedad.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-103546-2008-05-04.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-104373-2008-05-18.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-104894-2008-05-26.html

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-109294-2008-08-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-103546-2008-05-04.html

No digo necesariamente que haya mala leche, y espero que no se entienda así. Convengamos en que dejarles un comentario en un post no es la forma ideal de expresar la lectura personal de un fenómeno complejo. Pero la matriz de análisis ético de la política, omitiendo relaciones de fuerza, marcos ideológicos, sentido histórico, etc., te sale mejor o peor según lo que piensa la Tribuna. Y a un amplio sector (no sé que tan amplio, pero lo suficientemente amplio como para que ustedes bajen a contestarle), no le pareció.
Reconozco que no son ustedes los que cambiaron. Somos nosotros. El relato progresista partió siempre de una impugnación ética de la realidad. Es su condición de surgimiento: cuando el Muro se nos cayó encima, cuando el mundo se hizo unipolar, cuando campeaba el pensamiento único, la ética era un refugio de resistencia.

Ustedes siguieron haciendo el mismo periodismo que aprendieron con Jorge, en los noventa, en otro contexto, totalmente distinto. Nosotros pedíamos una mayor politización, un reconocimiento de que las ideologías, mal que le pese a Ernesto, existen, y de que en la Argentina la derecha también. La historia no es solamente pasado a evocar: es el conjunto de determinaciones y condicionamientos que sirven para entender la realidad. Y la acción política moderna -organizada, de masas, con partidos y lucha por el poder- a veces se sirve a sí misma, como la guerra, pero en buena medida se entiende mejor registrando esas relaciones históricas de lucha que reeditando los relatos trascendentes de la ética liberal clásica.

¿Profundización de la democracia o avance de las corporaciones?

En estos días, casi todos los referentes de los principales espacios políticos, así como destacados intelectuales, han trazado bocetos parciales de lo que constituiría un primer balance respecto del saldo político arrojado por el conflicto agropecuario. Si bien en la mayoría de esos bocetos late una percepción común –a saber, que este es el comienzo de una nueva etapa-, debemos decir que es muy poco lo que comparten fuera de ello. Para una de las corrientes, representada por el economista y diputado Claudio Lozano, diputado de Movimiento por Buenos Aires, integrante de Proyecto Sur, el legado principal de los ciento veinte días de confrontación reside en la “profundización del proceso democrático”. En la misma línea, la socióloga Maristella Svampa fue todavía más allá, al señalar que la votación del jueves marca “el final de la era K”.

Sin dudas, buena parte de la lógica subyacente a tales interpretaciones refiere a las apuestas políticas de los autores. Lozano, en el artículo referido, deja en claro su percepción del kirchnerismo como un espacio agotado. De hecho, su entero análisis recuerda al realizado por quienes, desde la izquierda postularon, históricamente, la necesidad táctica de “agudizar las contradicciones”, para mostrar la “verdadera naturaleza” de la dominación. En esta clave interpretativa –el famoso “a peor, mejor”, la desaparición del kirchnerismo de la escena política abriría paso a la gestación de nuevos actores que su presencia obtura, actores más comprometidos con las transformaciones “estructurales” que requiere el país. Sólo de ese modo puede entenderse su llamado a construir, inmediatamente, “una nueva fuerza política”. Lo que no queda tan claro es cómo quien dice representar los ya bastardeados intereses de los pequeños y medianos productores puede votar por la derogación de las retenciones móviles –que, en el dictamen aprobado por Diputados, atenuaba, vía diferentes subsidios, el impacto de las mismas hasta llegar, en algunos casos, a guarismos menores al 25%- para forzar el retorno del esquema de retenciones fijas, del 35%, a todos los productos y para todos los productores. Pero bueno, eso queda entre Lozano, Buzzi y las “bases” de la Federación Agraria Argentina, que son, junto al gobierno, los grandes perdedores de esta coyuntura.

Pero la explicación basada en el expediente del oportunismo, con toda su relevancia, no agota la brecha interpretativa. Tal vez, el problema principal resida en una confusión corriente en el ideario progresista: la suposición de que todo fortalecimiento de la sociedad civil a costa del Estado es necesaria y directamente progresivo. Esta premisa, de añeja raigambre libertaria, debe no obstante cumplir con un segundo parámetro para ser en verdad correcta, esto es, el aspecto de las mediaciones políticas a través de las cuales se expresa la nueva ecuación de poder. En efecto, en estos ciento veinte días ha existido un fuerte avance de la sociedad civil sobre la autoridad estatal, pero ello no ha significado un fortalecimiento de los canales democráticos, como parece suponer Lozano, sino a la inversa. Los partidos, que son desde luego, junto al Parlamento, el eje de mediación política de la democracia moderna, no se han recuperado de la crisis de representación abierta en la coyuntura de 2001, y por ello no pudieron canalizar adecuadamente los intereses sectoriales, para traducirlos en términos de demandas de bien común. En su lugar, han reaparecido las asociaciones de interés, las corporaciones tradicionales, -o, como se las llama en la jerga política criolla, los “factores de poder”- dispuestas a luchar por intereses de definido sesgo sectorial, en un tipo de acción política que, lejos de fortalecer al régimen democrático, lo debilita.

Veamos: si la función central de los partidos en un régimen representativo consiste en el diálogo, en la negociación, en el consenso, y, en última instancia, en la resolución de los conflictos a través de reglas aceptadas por todos los participantes del juego político, la conducta de las corporaciones es completamente opuesta, pues se basa en el ejercicio de una forma perversa de acción política, esto es, aquella que se realiza negándose. Las corporaciones, carentes de representación política propia en el Parlamento, siempre presentan sus demandas en términos de relaciones de fuerza, de presión económica y de confrontación política.

En el caso que nos ocupa, el lock out agropecuario declarado en marzo se tradujo de inmediato en cortes de ruta, desabastecimiento o boicot al mercado interno, y diversos tipos y escalas de presión que implicaron que los representantes de un sector de la economía se arrogasen prerrogativas de derecho público por sobre el resto de la sociedad. La indudable complicidad de los medios masivos de comunicación, cuyos propietarios se mostraron solidarios con las necesidades de la fracción más concentrada de la clase dominante, permitieron a las corporaciones dar el salto cualitativo que identificó su defensa de intereses sectoriales con una causa “nacional”, inscripta tanto en las decisiones coyunturales como en la historia de la patria. Armados con este invalorable recurso, los representantes de la “mesa de enlace” pudieron incluso convocar a todos los sectores desafectos u opuestos al gobierno, pero incapaces de traducir su disidencia en una opción superadora desde las mediaciones partidarias propiamente dichas.

Esto no implica negar el papel de la oposición, o desconocer el devenir de los debates parlamentarios, sino analizar su papel exacto en la ocasión. Pues, si bien los liderazgos opositores adhirieron en bloque al reclamo sectorial, no pudieron canalizarlo ni supieron explotar el desgaste presidencial. Asimismo, si el mensaje de los partidos se traduce en un Parlamento capaz de procesar los intereses sectoriales y resolverlos a través de los procedimientos de la democracia, el fracaso del Poder Legislativo en esta tarea demuestra a las claras el cariz del proceso iniciado en marzo. En la medida en que, ni desde el partido gobernante, ni desde los sectores opositores, pudo implementarse una acabada representación de la totalidad de los intereses en disputa, la interpretación que sostiene Lozano resulta insostenible, puesto que su corolario ha sido el avance de los grandes grupos económicos ligados al negocio de la soja, sobrerrepresentados en las instancias corporativas, tanto por sobre una autoridad estatal incapaz de fijar los términos de su proyecto de regulación, como por sobre los intereses objetivos del resto de la población, carente en la coyuntura de una voz propia que le permitiese defender sus posiciones en el debate.

En efecto, en el núcleo del debate no se hallaban, pese a su ubicuidad discursiva, las retenciones a las exportaciones graníferas, sino la matriz política del actual régimen de acumulación. El ataque corporativo a la resolución aduanera 125 representó, en verdad, un cuestionamiento explícito a la intervención estatal en la economía, un rechazo al tenue intento de la autoridad pública de expandir –o, al menos, recuperar- aquellas funciones y posiciones abandonadas en el repliegue neoliberal de los años noventa, efectuado al calor de las políticas “solicitadas” por Washington y los organismos multilaterales de crédito. Si bien en lo inmediato se observa una derrota gubernamental, detrás de la misma se esconde el fracaso de un proyecto político para reconstruir un agente estatal capaz de modificar de modo eficaz, sea a través de una política tributaria, sea a través de una política de ingresos, las condiciones bajo las cuales funciona el régimen de acumulación heredado de la etapa posterior a 2001.

En suma: se fortaleció la sociedad civil a costa del Estado, pero, debido a las mediaciones en juego, ello debilitó la posibilidad de un control político y democrático del proceso económico. Y esa herencia será perdurable.

Ezequiel Meler

Memorias de la democracia, 1983 – 2008.